Sentencia RI-299-19 — Registro 15889
Resumen
Decreto Legislativo No. 266-2013, contentivo de la Ley Para Optimizar La Administración Pública, Mejorar Los Servicios A La Ciudadanía Y Fortalecimiento A La Transparencia En El Gobierno, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que, en un sentido formal o estrictamente conceptual, el principio stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”.-CONSIDERANDO (8): Que, siguiendo esa línea de ideas, si bien el fallo referido declara la inconstitucionalidad de la norma, contrario sensu lo establecido en el artículo 91 ut supra, lo cierto es que este Alto Tribunal ya se pronuncio sobre la inconstitucionalidad en forma parcial por razón de contenido del Decreto No. 266-2013. En este contexto y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis[2], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley[3]. De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra una norma que ha sido declarada su inconstitucionalidad, mediante fallo de fecha trece de enero del año dos mil veintidós, con registro de expediente No. SCO-1347-2014, se estima procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce.-CONSIDERANDO (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. SCO-1347-2014, al ser estimatoria de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, ello en relación al principio stare decisis supra relacionado, pues bien es necesario evitar que las sentencias de los jueces sean totalmente imprevisibles, o que se dicten sentencias contradictorias, o de forma caótica; conforme al principio stare decisis, al estar o seguir lo decidido, las decisiones precedentes sobre idénticas cuestiones deben ser seguidas por los tribunales, por ello obligados a cumplir con los asuntos resueltos. Es una máxima general que cuando un punto se ha resulto mediante una decisión, que forma un precedente que no podrá dejar de aplicarse salvo que otras circunstancias modifiquen la cuestión que se ha resuelto, situación que no ocurre en el caso bajo examen, pues los argumentos expuestos por el recurrente son los mismos ya resueltos en la acción de inconstitucionalidad relacionada. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada al existir un pronunciamiento de la Sala, mediante el cual ya se ha realizado un examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República; siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNAMIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 91, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1° Que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Sala de lo Constitucional, en sentencia dictada en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción con registro No. SCO-1347-2014, mismo que es estimatorio de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por tratarse de los mismos motivos alegados en la presenta acción de inconstitucionalidad, en relación al referido Decreto Legislativo, declarando este Alto Tribunal en la sentencia correspondiente Con Lugar la inconstitucionalidad planteada. y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva del recurso Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado HERMINIO PINEDA BAUTISTA quien actúa en su condición personal, contra el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que, en un sentido formal o estrictamente conceptual, el principio stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”.-CONSIDERANDO (8): Que, siguiendo esa línea de ideas, si bien el fallo referido declara la inconstitucionalidad de la norma, contrario sensu lo establecido en el artículo 91 ut supra, lo cierto es que este Alto Tribunal ya se pronuncio sobre la inconstitucionalidad en forma parcial por razón de contenido del Decreto No. 266-2013. En este contexto y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis[2], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley[3]. De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra una norma que ha sido declarada su inconstitucionalidad, mediante fallo de fecha trece de enero del año dos mil veintidós, con registro de expediente No. SCO-1347-2014, se estima procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce.-CONSIDERANDO (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. SCO-1347-2014, al ser estimatoria de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, ello en relación al principio stare decisis supra relacionado, pues bien es necesario evitar que las sentencias de los jueces sean totalmente imprevisibles, o que se dicten sentencias contradictorias, o de forma caótica; conforme al principio stare decisis, al estar o seguir lo decidido, las decisiones precedentes sobre idénticas cuestiones deben ser seguidas por los tribunales, por ello obligados a cumplir con los asuntos resueltos. Es una máxima general que cuando un punto se ha resulto mediante una decisión, que forma un precedente que no podrá dejar de aplicarse salvo que otras circunstancias modifiquen la cuestión que se ha resuelto, situación que no ocurre en el caso bajo examen, pues los argumentos expuestos por el recurrente son los mismos ya resueltos en la acción de inconstitucionalidad relacionada. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada al existir un pronunciamiento de la Sala, mediante el cual ya se ha realizado un examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República; siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNAMIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 91, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1° Que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Sala de lo Constitucional, en sentencia dictada en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción con registro No. SCO-1347-2014, mismo que es estimatorio de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por tratarse de los mismos motivos alegados en la presenta acción de inconstitucionalidad, en relación al referido Decreto Legislativo, declarando este Alto Tribunal en la sentencia correspondiente Con Lugar la inconstitucionalidad planteada. y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva del recurso Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado HERMINIO PINEDA BAUTISTA quien actúa en su condición personal, contra el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.-VISTA Para dictar sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vía de Acción y por razón de contenido por el Abogado HERMINIO PINEDA BAUTISTA, actuando en su condición personal, contra el Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha uno de abril del año dos mil diecinueve, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado HERMINIO PINEDA BAUTISTA, actuando en su condición Personal, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción y por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, mediante el cual se reforma el Decreto Legislativo No. 189-87 que contiene la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, específicamente el artículo 39, que establece una caución del 20% sobre la cuantía demandada en contra del Estado de Honduras en concepto de indemnización de daños y perjuicios.- 2) Que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, este Alto Tribunal dictó providencia mediante el cual resolvió admitir el recurso de inconstitucionalidad relacionado y al indicar el impetrante que el recurso va dirigido por razón de fondo contra el citado Decreto, se dispuso omitir el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República, asimismo se ordenó el traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 20 de los autos).-3) Que en fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, emitió dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “SE DECLARE CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado en los términos expresados por esta representación fiscal por razón de contenido de manera parcial.” Al estimar que existe contradicción entre la norma primaria (Constitución de la República) y la secundaria ya que considera que el artículo 39 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contraviene el derecho constitucional de acceso a la justicia, ya que el requisito de rendir caución previo a la admisión de la demanda no es compatible con las garantías constitucionales establecidas, puesto que se estaría rechazando sin más trámites las demandas, con ello se está condicionando el acceso a la administración de justicia ante la consignación de un determinado valor monetario en concepto de caución. En fecha diez de junio del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuado y emitido el dictamen del Ministerio Público, a través de la Fiscal del Despacho. (Folios del 23 al 35 de los autos).-4) Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad por parte del Abogado HERMINIO PINEDA BAUTISTA quien actúa en su condición personal; se interpuso ante este mismo órgano constitucional un recurso de inconstitucionalidad con el mismo objeto de control constitucional, registrado con el número de expediente SCO-1347-2014, contra el Decreto Legislativo No.266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el cual fue interpuesto en aquella oportunidad por el Abogado LEONEL DE JESÚS ÁVILA, en su condición de Apoderado Legal de los señores MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA también conocida como MARIA ISABEL ANTONIA VELASCO LAINEZ y ROBERTO AUGUSTO PADILLA VELASCO quien a su vez actúa como Apoderado Legal de las Sociedades Mercantiles denominadas ALCAZAR PANAMA, S.A. y HEATHERWOOD CONTINENTAL, INC..-5) Que en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, los Magistrados y Magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Inconstitucionalidad antes referido, dictaron por unanimidad de votos sentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de la señora MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, por vía de excepción y por razón de contenido, de manera PARCIAL del DECRETO LEGISLATIVO No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,33 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los efectos de la presente sentencia son de ejecución inmediata y de efectos derogatorios erga omnes; asimismo su eficacia es “ex nunc” es decir a partir de esta fecha. Y MANDA. 1) Que se ponga en conocimiento y se certifique al recurrente el presente fallo; 2) Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; 3) Que en su oportunidad se archiven las presentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”-CONSIDERANDO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Constitución de la República; determinando la ley adjetiva que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán la norma inconstitucional.-CONSIDERANDO (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO (4): Que el Artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el Artículo 184 de la Constitución de la República. Lo anterior, señala la función de la Sala de lo Constitucional, que no es sino, la concreción de la Constitución mediante su interpretación; sin limitarse a una intervención restrictiva y reguladora, sino más bien a vincular los derechos fundamentales al proceso permanente de la transformación social.-CONSIDERANDO (5): Que en el fallo constitucional dictado por esta Sala en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, en el examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República se concluyó inter alía y de relevancia en la resolución de la presente acción las siguientes consideraciones:CONSIDERANDO: (12) Que la Sala de lo Constitucional después de un exhaustivo estudio del recurso de inconstitucionalidad interpuestos en contra del Decreto 266-2013 estima lo siguiente: En cuanto al PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, planteado por el impetrante respecto de la vulneración de los siguientes artículos constitucionales: Artículo 60 “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otras lesiva a la dignidad humana”. Artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Entendiendo La igualdad de tratamiento como el principio fundamental del Derecho, que se encuentra estrechamente unido al axioma de justicia. “Se vulnera el principio de igualdad cuando, para una variación de la norma jurídica, no cabe hallar motivación lógica resultante de la naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o cuando desde la perspectiva de la justicia debe caracterizarse de arbitraria tal regulación”. El Principio de igualdad tiende a solucionar desigualdades jurídicas y desigualdades positivas, en la participación de los beneficios sociales, al mismo tiempo trata de impedir que la situación social y económica, constituya un privilegio o un monopolio de ventajas económicas y sociales. El principio de Igualdad en aplicación de la ley, implica el trato igual en situaciones iguales, que no excluye el tratamiento diferenciado, siempre y cuando haya fundamentación suficiente y razonable que excluya la arbitrariedad, o bien el tratamiento desigual en situaciones diferentes. Analizado el primero motivo expuesto por el recurrente donde señala que la reforma al artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante Decreto 266-2013 del 16 de diciembre del 2013, vulnera disposiciones constitucionales y normas contenidas en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, cuando dispone: “Artículo 39. La cuantía de la acción se fijará en la Demanda. Cuando así no se hiciere, el Juzgado, de oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto el plazo de tres días hábiles, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Juez, previa audiencia del demandado. Si el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante lo expondrá por escrito al Juez dentro de los tres días hábiles del plazo concedido para contestar la demanda tramitándose el incidente con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procesal Civil”. Del contenido de la norma resulta claro y determinante que confronta la norma constitucional de los artículos 60, 61 y 63; las partes que deben gozar de igualdad ante la ley, ya no son iguales ante la misma, se crea una clase privilegiada enmarcada en el Estado, que además de ser demandado al existir la probabilidad de realización de algún acto no conforme a derecho que resulta en un probable perjuicio al demandante, éste (demandante) debe rendir caución para poder acceder a la justicia. La vulneración al artículo 64 Constitucional viene por la aplicación de esta norma al disminuir o restringir el acceso a la justicia de los demandantes. Quebrantando de esta manera los postulados de la igualdad ante la ley, donde ambas partes deben gozar de los mismos derechos, obligaciones, garantías, de las mismas armas procesales, recursos, oportunidades entre otras. En consecuencia, del estudio del impugnado artículo 39 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se aprecia que confronta con los artículos constitucionales invocados por el recurrente, por lo que se estima que la referida reforma del artículo 39, vulnera los 60, 61 y 64 constitucionales. Por ende vulnera las disposiciones contenidas en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos: artículo 7 referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna, igualdad de protección de la ley; artículo 10 del derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus artículos: 8 de las Garantías Judiciales, 24 de la igualdad ante la ley relacionados con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención, en consideración a que la normativa internacional una vez que es ratificada por el Estado forma parte del ordenamiento jurídico nacional, por ende debe existir armonía entre ambas normativas, para que el Estado cumpla con la obligaciones que contráela suscribir y ratificar un tratado o convención. CONSIDERANDO: (13) Que el Segundo Motivo expuesto por los recurrentes, señala que la reforma al artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo confronta el artículo 82 Constitucional al irrespetar el derecho constitucional de Defensa y libre acceso a los Tribunales para ejercitar acciones en la forma que señalan las leyes, la norma impugnada aplica una carga económica al demandante sin previo haberlo oído y vencido en juicio. El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones[1]. El derecho de acceso a la justicia implica que ninguna controversia quede sin resolver, diversos factores, situaciones o razones pueden obstaculizar el acceso a la justicia, permitiendo el quebranto del derecho de todo ciudadano de acceder a los órganos jurisdiccionales y exponer su caso para obtener una respuesta conforme a derecho. Del estudio del reformado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es claro que la referida caución que debe rendir el demandante contra el Estado, es un factor que impide el acceso a la justicia, por cuanto representa una erogación monetaria de ninguna manera justificable, por el derecho de acceder a la justicia presentando sus acciones y peticiones, cuando se considere perjudicado por algún acto realizado por la administración pública. De tal manera que confrontado el artículo 82 constitucional y el artículo 39 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, (tantas veces referido) se quebrante el artículo 82 constitucional en su segundo párrafo que dispone: “Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalen las leyes”. De igual manera se quebrantan instrumentos de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1., de Las Garantías Judiciales. CONSIDERANDO:(14) Que el tercer Motivo de inconstitucionalidad invocado por el impetrante señala que del reformado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, confronta los artículos 303 párrafo primero en relación con el artículo 103, refiriendo la obligación de la cuantía de la caución para que una demanda contra el Estado pueda ser presentada. En cuanto a este Motivo, la Sala aprecia, que el órgano jurisdiccional solo debe estar sometido a la Constitución y las Leyes, visto desde la Justicia Constitucional debe efectuarse un análisis acerca de las actuaciones de las autoridades judiciales, en relación a la aplicación de la ley. En el caso que nos ocupa, si la norma impugnada confronta los derechos de igualdad, ante la ley, de protección de la ley para las partes, la creación de una clase privilegiada en este caso el Estado, la restricción y/o vulneración del derecho de acceso a la justicia, entonces nos encontramos, que la aplicación de tal norma por el órgano jurisdiccional correspondiente quebranta el principio de legalidad, al confrontar normas constitucionales, que además vuelven oneroso el acceso a la justicia causando perjuicio al patrimonio de quienes demanden el Estado, en consecuencia la gratuidad de la justicia desaparece con la caución obligatoria que debe rendir la persona que pretenda demandar el Estado. CONSIDERANDO:(15) Que el Cuarto Motivo de Inconstitucionalidad invocado por el impetrante se refiere a la confrontación del artículo 90 constitucional, señala que el reformado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quebranta el Debido Proceso al modificar el proceso contencioso administrativo, relacionando este derecho con los demás derechos fundamentales que han sido confrontados con la mencionada norma reformada. El Debido Proceso como garantía-Derecho es uno de los pilares que sostienen una transparente administración de justicia, así se pretende respetar, garantizar y permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las partes que llegan a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia, de esta manera se resguarde la tutela judicial efectiva de las partes en conflicto, de no solo de poder acceder a la justicia, sino resolver el conflicto. En ese orden de ideas esta Sala aprecia que la norma impugnada confronta el artículo 90 constitucional. CONSIDERANDO:(16) Que el quinto motivo de inconstitucionalidad invocado por el recurrente señala que la norma impugnada confronta el artículo 16 y 17 constitucionales referidos a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho interno de la nación. Tal como ha quedado dicho en los considerando que anteceden, cuando se confrontan las normas constitucionales que reconocen, respetan, garantizan el libre ejercicio de los derechos fundamentales, de igual manera se quebrantan los Derechos reconocidos a nivel internacional como Derechos Humanos, contenidos en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como: artículos 7, referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna, igualdad de protección de la ley; artículo 10 del derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículos 8 de las Garantías Judiciales, 24 de la igualdad ante la ley de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relacionados con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención, es decir los Estados deben cumplir las normas de dichos tratados y convenciones porque se ha obligado a ello, debiendo crear los mecanismos o medios idóneos para armonizar la legislación nacional y la normativa internacional sobre derechos humanos.- CONSIDERANDO (6): Que las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso por la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Sala o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución.-CONSIDERANDO (7): Que, en un sentido formal o estrictamente conceptual, el principio stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”.-CONSIDERANDO (8): Que, siguiendo esa línea de ideas, si bien el fallo referido declara la inconstitucionalidad de la norma, contrario sensu lo establecido en el artículo 91 ut supra, lo cierto es que este Alto Tribunal ya se pronuncio sobre la inconstitucionalidad en forma parcial por razón de contenido del Decreto No. 266-2013. En este contexto y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis[2], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley[3]. De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra una norma que ha sido declarada su inconstitucionalidad, mediante fallo de fecha trece de enero del año dos mil veintidós, con registro de expediente No. SCO-1347-2014, se estima procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce.-CONSIDERANDO (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. SCO-1347-2014, al ser estimatoria de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, ello en relación al principio stare decisis supra relacionado, pues bien es necesario evitar que las sentencias de los jueces sean totalmente imprevisibles, o que se dicten sentencias contradictorias, o de forma caótica; conforme al principio stare decisis, al estar o seguir lo decidido, las decisiones precedentes sobre idénticas cuestiones deben ser seguidas por los tribunales, por ello obligados a cumplir con los asuntos resueltos. Es una máxima general que cuando un punto se ha resulto mediante una decisión, que forma un precedente que no podrá dejar de aplicarse salvo que otras circunstancias modifiquen la cuestión que se ha resuelto, situación que no ocurre en el caso bajo examen, pues los argumentos expuestos por el recurrente son los mismos ya resueltos en la acción de inconstitucionalidad relacionada. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada al existir un pronunciamiento de la Sala, mediante el cual ya se ha realizado un examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República; siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNAMIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 91, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1° Que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Sala de lo Constitucional, en sentencia dictada en fecha trece de enero del año dos mil veintidós, del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción con registro No. SCO-1347-2014, mismo que es estimatorio de la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39, al establecer una caución del 20% de la cuantía de la demanda en contra del estado de Honduras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por tratarse de los mismos motivos alegados en la presenta acción de inconstitucionalidad, en relación al referido Decreto Legislativo, declarando este Alto Tribunal en la sentencia correspondiente Con Lugar la inconstitucionalidad planteada. y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva del recurso Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado HERMINIO PINEDA BAUTISTA quien actúa en su condición personal, contra el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 266-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, que reformó el Decreto Legislativo No. 189-87, contentivo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el artículo 39. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma al Recurrente para los efectos legales que le sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. Redactó la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0299-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] La ONU y el Estado de Derecho. Acceso a la Justicia.
[2] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.
[3] Artículos 80, 84 y 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional