Sentencia RI-166-16 — Registro 14795
Resumen
Decreto Legislativo No. 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; con relación a demanda ordinaria por incumplimiento de contrato de arrendamiento promovida por WAGAP S de R L de C V, Susana Guadalupe Galdamez Prieto, María del Rosario Galdamez Prieto contra la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cortés; La Sala considera que el Decreto Legislativo cuestionado entra en conflicto con disposiciones constitucionales, normas Internacionales sobre Derechos Humanos; Además, relaciona la presente acción con el anterior caso No. 1347-2014 que falló ha lugar el recurso de inconstitucionalidad contra el mismo artículo 3 recurrido por lo que emitir una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente desconocer indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el caso que nos ocupa, si la norma impugnada confronta los derechos de igualdad, ante la ley, de protección de la ley para las partes, la creación de una clase privilegiada en este caso el Estado, la restricción y/o vulneración del derecho de acceso a la justicia, entonces nos encontramos, que la aplicación de tal norma por el órgano jurisdiccional correspondiente quebranta el principio de legalidad, al confrontar normas constitucionales, que además vuelven oneroso el acceso a la justicia causando perjuicio al patrimonio de quienes demanden el Estado, en consecuencia la gratuidad de la justicia desaparece con la caución obligatoria que debe rendir la persona que pretenda demandar el Estado..."..."a la luz de lo antes expuesto, el Decreto Legislativo 266-2013, del 16 de diciembre del 2013, que contiene la reforma del artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ENTRA en conflicto con las disposiciones contenidas en los artículos: 16, 17, 60, 61, 64, 82 90, 103, 303 de la Constitución de la República, en consecuencia entra en conflicto las normas Internaciones sobre Derechos Humanos contenidas en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos: 7, referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna, igualdad de protección de la ley; artículo 10 del derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal..."..."como ha quedado relacionado en la presente acción de inconstitucionalidad de fecha trece de enero de dos mil veintidós, registrado bajo número 1347-2014, observando la motivación ya expuesta, por unanimidad de votos en la resolución definitiva se falló declarando HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad promovido de oficio, contra el articulo 3 último párrafo de la Ley de Contratación, del Estado, reformada mediante decreto 266-2013 (LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO), emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 33, 336 de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014)..."..."no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número 1347-2014, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós..."..."en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes..."..."una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en la acción registrada bajo numero 1347-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de la señora MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, por vía de excepción y por razón de contenido, de manera PARCIAL del DECRETO LEGISLATIVO No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,33 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 17 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad promovido De Oficio por la Abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO, quien actúa en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra el ARTICULO 3 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO REFORMADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 266-2013,(LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO), emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce; con relación al proceso ordinario que está conociendo dicho órgano jurisdiccional contentivo de una demanda ordinaria por incumplimiento de contrato de arrendamiento promovida por la Sociedad Mercantil denominada WAGAP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el señor WALTERIO GALDAMEZ PRIETO, asimismo, por las señoras SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETO Y MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho de enero del año dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, el Abogado OSCAR HERNAN ROMERO GARCIA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada WAGAP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el señor WALTERIO GALDAMEZ PRIETO, asimismo, por las señoras SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETO Y MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, promoviendo demanda ordinaria por incumplimiento de contrato de arrendamiento contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. 2) Que una vez seguido el procedimiento de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, celebró audiencia preliminar y una vez escuchados los argumentos de ambas partes en el proceso, y atendiendo lo estipulado en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos respecto a las garantías judiciales, siendo que la Constitución de la República en su artículo 82 determina que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales y que además de ello los artículos 15 y 16 de la misma, disponen que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, la Juzgadora fundamenta su criterio de que la Ley Ordinaria denominada: “LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO”, que reforma a su vez el ARTICULO 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO disponiendo que: “Para acogerse a cualesquiera de los mecanismos judiciales o extrajudiciales de resolución de controversias el particular interesado debe rendir una caución equivalente al 20% del valor reclamado”, lo que a criterio de la recurrente, difiere con el derecho del libre acceso a los Tribunales, argumento éste, en que se basa para solicitar de Oficio la declaración de Inconstitucionalidad de la disposición legal antes referida, por considerar que dicho precepto al aplicarlo al caso concreto, es contrario a la Constitución de la República, Tratado o Instrumento Internacional, y que de su aplicación depende el fallo que debe dictar, resolviendo como consecuencia, suspender el procedimiento judicial a efecto de formalizar el recurso de Inconstitucionalidad respectivo y elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, en espera de la resolución sobre dicha acción. 3) Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, este Sala, recibió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía Oficiosa por la Abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO, quien actúa en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra el ARTICULO 3 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO REFORMADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 266-2013,(LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO), emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce. 4) Que la Sala de lo Constitucional, mediante auto de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, admitió a trámite el recurso de mérito, ordenando librar comunicación al Congreso Nacional de la República, a efecto que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles remitiera los antecedentes correspondientes al proceso de formación del decreto impugnado, procediendo el Congreso Nacional de la República, remitir a esta Sala la información requerida en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, consecuentemente, mediante auto de fecha doce de abril del mismo año, dispuso dar traslado de los antecedentes por el término de seis (6) días al Fiscal del Despacho para que emitiera su opinión en el asunto de mérito. (Folio 8-46 del expediente contentivo del recurso). 5) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque SE DECLARE CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folios 49-55 del expediente contentivo del recurso). CONSIDERANDO (1): Que el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el artículo 185, numeral 3) de la Constitución de la República, autoriza la inconstitucionalidad promovida de oficio por los órganos jurisdiccionales: “1) … 2) …3) También el Órgano Jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento Judicial, puede solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación antes de dictar resolución. En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se debe elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo cual se debe suspender el procedimiento judicial de la cuestión parcial en espera de la resolución sobre la inconstitucionalidad”.[1] En el caso de autos, la abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO, actuando en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula interpone de oficio el recurso de inconstitucionalidad contra el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado reformado mediante decreto número 266-2013 en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad por la vía de acción ha promovido la Juez recurrente Abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO, quien actúa en su condición precitada, con relación al proceso ordinario que está conociendo dicho órgano jurisdiccional contentivo de una demanda ordinaria por incumplimiento de contrato de arrendamiento promovida por la Sociedad Mercantil denominada WAGAP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el señor WALTERIO GALDAMEZ PRIETO, asimismo, por las señoras SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETO Y MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO; ha señalado que su interés y legitimación radica en la existencia de inconstitucionalidad material en la norma impugnada, de la cual se solicita su inaplicabilidad previo a conocer las demás excepciones y conocer el fondo del asunto; en vista a que procede solicitarla de oficio, por el órgano jurisdiccional competente, en cualquier procedimiento judicial antes de dictar resolución; lo cual conlleva a cuestionar constitucionalmente, por dicha la vía de oficio, que autoriza la Norma Fundamental con el objeto de que se proceda por la Sala de lo Constitucional a la supresión de dicha infracción al ordenamiento jurídico, representada por la reforma normativa, que ahora se somete a enjuiciamiento constitucional. CONSIDERANDO (4): Que la motivación del ya referido fallo declarando la inconstitucionalidad impetrada, y que fuera dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece de enero de dos mil veintidós recaído en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo numero SCO-1347-2014, interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de los señores MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, también conocida como MARIA ISABEL ANTONIA VELASCO LAINEZ Y ROBERTO AUGUSTO PADILLA VELASCO, quien a su vez actúa como Apoderado Legal de las sociedades mercantiles denominadas ALCAZAR PANAMA S.A. Y HEATHERWOOSD CONTINENTAL INC. Establece en su parte conducente lo siguiente: (sic)…” CONSIDERANDO: (12) Que la Sala de lo Constitucional después de un exhaustivo estudio del recurso de inconstitucionalidad interpuestos en contra del Decreto 266-2013 estima lo siguiente: En cuanto al PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, planteado por el impetrante respecto de la vulneración de los siguientes artículos constitucionales: Artículo 60 “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otras lesiva a la dignidad humana”. Artículo 64 “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Entendiendo La igualdad de tratamiento como el principio fundamental del Derecho, que se encuentra estrechamente unido al axioma de justicia. “Se vulnera el principio de igualdad cuando, para una variación de la norma jurídica, no cabe hallar motivación lógica resultante de la naturaleza de las cosas o de otras causas adecuadas, o cuando desde la perspectiva de la justicia debe caracterizarse de arbitraria tal regulación”. El Principio de igualdad tiende a solucionar desigualdades jurídicas y desigualdades positivas, en la participación de los beneficios sociales, al mismo tiempo trata de impedir que la situación social y económica, constituya un privilegio o un monopolio de ventajas económicas y sociales. El principio de Igualdad en aplicación de la ley, implica el trato igual en situaciones iguales, que no excluye el tratamiento diferenciado, siempre y cuando haya fundamentación suficiente y razonable que excluya la arbitrariedad, o bien el tratamiento desigual en situaciones diferentes. Analizado el primero motivo expuesto por el recurrente donde señala que la reforma al artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante Decreto 266-2013 del 16 de diciembre del 2013, vulnera disposiciones constitucionales y normas contenidas en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, cuando dispone: “Artículo 39. La cuantía de la acción se fijará en la Demanda. Cuando así no se hiciere, el Juzgado, de oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto el plazo de tres días hábiles, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Juez, previa audiencia del demandado. Si el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante lo expondrá por escrito al Juez dentro de los tres días hábiles del plazo concedido para contestar la demanda tramitándose el incidente con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procesal Civil”. Del contenido de la norma resulta claro y determinante que confronta la norma constitucional de los artículos 60, 61 y 63; las partes que deben gozar de igualdad ante la ley, ya no son iguales ante la misma, se crea una clase privilegiada enmarcada en el Estado, que además de ser demandado al existir la probabilidad de realización de algún acto no conforme a derecho que resulta en un probable perjuicio al demandante, éste (demandante) debe rendir caución para poder acceder a la justicia. La vulneración al artículo 64 Constitucional viene por la aplicación de esta norma al disminuir o restringir el acceso a la justicia de los demandantes. Quebrantando de esta manera los postulados de la igualdad ante la ley, donde ambas partes deben gozar de los mismos derechos, obligaciones, garantías, de las mismas armas procesales, recursos, oportunidades entre otras. En consecuencia, del estudio del impugnado artículo 39 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se aprecia que confronta con los artículos constitucionales invocados por el recurrente, por lo que se estima que la referida reforma del artículo 39, vulnera los 60, 61 y 64 constitucionales. Por ende vulnera las disposiciones contenidas en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos: artículo 7 referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna, igualdad de protección de la ley; artículo 10 del derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus artículos: 8 de las Garantías Judiciales, 24 de la igualdad ante la ley relacionados con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención, en consideración a que la normativa internacional una vez que es ratificada por el Estado forma parte del ordenamiento jurídico nacional, por ende debe existir armonía entre ambas normativas, para que el Estado cumpla con la obligaciones que contráela suscribir y ratificar un tratado o convención. CONSIDERANDO: (13) Que el Segundo Motivo expuesto por los recurrentes, señala que la reforma al artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo confronta el artículo 82 Constitucional al irrespetar el derecho constitucional de Defensa y libre acceso a los Tribunales para ejercitar acciones en la forma que señalan las leyes, la norma impugnada aplica una carga económica al demandante sin previo haberlo oído y vencido en juicio. El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones[2]. El derecho de acceso a la justicia implica que ninguna controversia quede sin resolver, diversos factores, situaciones o razones pueden obstaculizar el acceso a la justicia, permitiendo el quebranto del derecho de todo ciudadano de acceder a los órganos jurisdiccionales y exponer su caso para obtener una respuesta conforme a derecho. Del estudio del reformado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es claro que la referida caución que debe rendir el demandante contra el Estado, es un factor que impide el acceso a la justicia, por cuanto representa una erogación monetaria de ninguna manera justificable, por el derecho de acceder a la justicia presentando sus acciones y peticiones, cuando se considere perjudicado por algún acto realizado por la administración pública. De tal manera que confrontado el artículo 82 constitucional y el artículo 39 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, (tantas veces referido) se quebrante el artículo 82 constitucional en su segundo párrafo que dispone: “Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalen las leyes”. De igual manera se quebrantan instrumentos de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1., de Las Garantías Judiciales. CONSIDERANDO:(14) Que el tercer Motivo de inconstitucionalidad invocado por el impetrante señala que del reformado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, confronta los artículos 303 párrafo primero en relación con el artículo 103, refiriendo la obligación de la cuantía de la caución para que una demanda contra el Estado pueda ser presentada. En cuanto a este Motivo, la Sala aprecia, que el órgano jurisdiccional solo debe estar sometido a la Constitución y las Leyes, visto desde la Justicia Constitucional debe efectuarse un análisis acerca de las actuaciones de las autoridades judiciales, en relación a la aplicación de la ley. En el caso que nos ocupa, si la norma impugnada confronta los derechos de igualdad, ante la ley, de protección de la ley para las partes, la creación de una clase privilegiada en este caso el Estado, la restricción y/o vulneración del derecho de acceso a la justicia, entonces nos encontramos, que la aplicación de tal norma por el órgano jurisdiccional correspondiente quebranta el principio de legalidad, al confrontar normas constitucionales, que además vuelven oneroso el acceso a la justicia causando perjuicio al patrimonio de quienes demanden el Estado, en consecuencia la gratuidad de la justicia desaparece con la caución obligatoria que debe rendir la persona que pretenda demandar el Estado. CONSIDERANDO:(15) Que el Cuarto Motivo de Inconstitucionalidad invocado por el impetrante se refiere a la confrontación del artículo 90 constitucional, señala que el reformado artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quebranta el Debido Proceso al modificar el proceso contencioso administrativo, relacionando este derecho con los demás derechos fundamentales que han sido confrontados con la mencionada norma reformada. El Debido Proceso como garantía-Derecho es uno de los pilares que sostienen una transparente administración de justicia, así se pretende respetar, garantizar y permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las partes que llegan a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia, de esta manera se resguarde la tutela judicial efectiva de las partes en conflicto, de no solo de poder acceder a la justicia, sino resolver el conflicto. En ese orden de ideas esta Sala aprecia que la norma impugnada confronta el artículo 90 constitucional. CONSIDERANDO:(16) Que el quinto motivo de inconstitucionalidad invocado por el recurrente señala que la norma impugnada confronta el artículo 16 y 17 constitucionales referidos a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho interno de la nación. Tal como ha quedado dicho en los considerando que anteceden, cuando se confrontan las normas constitucionales que reconocen, respetan, garantizan el libre ejercicio de los derechos fundamentales, de igual manera se quebrantan los Derechos reconocidos a nivel internacional como Derechos Humanos, contenidos en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como: artículos 7, referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna, igualdad de protección de la ley; artículo 10 del derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículos 8 de las Garantías Judiciales, 24 de la igualdad ante la ley de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relacionados con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención, es decir los Estados deben cumplir las normas de dichos tratados y convenciones porque se ha obligado a ello, debiendo crear los mecanismos o medios idóneos para armonizar la legislación nacional y la normativa internacional sobre derechos humanos. CONSIDERANDO: (17) Que a la luz de lo antes expuesto, el Decreto Legislativo 266-2013, del 16 de diciembre del 2013, que contiene la reforma del artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ENTRA en conflicto con las disposiciones contenidas en los artículos: 16, 17, 60, 61, 64, 82 90, 103, 303 de la Constitución de la República, en consecuencia entra en conflicto las normas Internaciones sobre Derechos Humanos contenidas en los Tratados y Convenciones Internacionales de los que Honduras es signatario tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos: 7, referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna, igualdad de protección de la ley; artículo 10 del derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en sus artículos: 8 de las Garantías Judiciales, 24 de la igualdad ante la ley de relacionados con las obligaciones de los Estados establecidos en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida Convención, es decir los Estados deben cumplir las normas de dichos tratados y convenciones, debiendo crear los mecanismos o medios idóneos para armonizar la legislación nacional y la normativa internacional sobre derechos humanos”. CONSIDERANDO (5): Que como ha quedado relacionado en la presente acción de inconstitucionalidad de fecha trece de enero de dos mil veintidós, registrado bajo número 1347-2014, observando la motivación ya expuesta, por unanimidad de votos en la resolución definitiva se falló declarando HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad promovido de oficio, contra el articulo 3 último párrafo de la Ley de Contratación, del Estado, reformada mediante decreto 266-2013 (LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO), emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 33, 336 de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014). CONSIDERANDO (6): Que ante lo expuesto y no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número 1347-2014, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós. CONSIDERANDO (7): Que en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO (8): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en la acción registrada bajo numero 1347-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de la señora MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, por vía de excepción y por razón de contenido, de manera PARCIAL del DECRETO LEGISLATIVO No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,33 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los artículos 1, 8, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 18, 60, 62, 63, 64, 80, 184, 185 No. 3, 205 No. 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Que al ser firme el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad No.1374-14 interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de los señores MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, también conocida como MARIA ISABEL ANTONIA VELASCO LAINEZ Y ROBERTO AUGUSTO PADILLA VELASCO, quien a su vez actúa como Apoderado Legal de las sociedades mercantiles denominadas ALCAZAR PANAMA S.A. Y HEATHERWOOD CONTINENTAL INC., mismo que declara LA INCONSTITUCIONALIDAD del articulo 3 último párrafo de la LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO reformado mediante decreto número 266-2013 emitido por el Congreso Nacional de República en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, y publicado en el Diario oficial La Gaceta en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado; razón por la cual SE SOBRESEE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto de oficio, por la abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO, en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, por constituirse en similares motivos a los ya plasmados en el supramencionado precedente. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma para los efectos legales pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-166-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Normativizan ámbito y alcance de esta vía para la promoción de la garantía de inconstitucionalidad, los artículos 87 y 88 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (Decreto No. 244-2003).
[2] La Onu y el Estado de Derecho. Acceso a la Justicia.
[3] Ver en igual sentido al caso que se resuelve, sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98, y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras, las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306-13.