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Sentencia RI-1336-21 — Registro 16296

Resumen

Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía acción y por razón de contenido, contra el decreto legislativo No.31-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta”, No.35,199 de fecha trece de marzo de dos mil veinte, contentivo de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que esta Sala no estima que la norma autorice la reserva de informaciones de ningún tipo o que impida su escrutabilidad por parte de los ciudadanos o de cualquier organización que la procure o exija. Se advierte que la norma se limita a reconocer a estas instituciones como “veedoras” pero no les otorga la potestad de ordenar la reserva, restricción, manejo privilegiado o exclusivo de información de cualquier tipo o clase y tampoco se les releva del deber de informar, permitir el acceso o brindar la información que les sea solicitada. En el denunciado artículo 1º el legislador tampoco ha previsto ni ha delegado en forma alguna estas facultades a estas instituciones, como tampoco ha restringido o sustituido en estos organismos las potestades legales de los órganos contralores del Estado o de los encargados de ordenar en su caso el acceso a la información que los ciudadanos requieran. Tampoco se aprecia que la norma transgreda el derecho a la defensa de los derechos humanos, pues no limita, coarta ni obstaculiza la función que pueden desempeñar en este respecto. CONSIDERANDO (10): Que dicho lo anterior, la Sala asiente con el parecer externado en su dictamen por la representante del Ministerio Público, en cuanto a que “…la veeduría establecida en el cuestionado Decreto no limita, ni restringe a ninguna persona o asociación de personas a solicitar información sobre la rendición de cuentas y transparencia en la gestión que desarrollan las instituciones obligadas a brindar información de carácter público. De ahí que se advierte que lo reprochado por los censores no resulta procedente a través del recurso de inconstitucionalidad…”. CONSIDERANDO (11): Que los alegatos de los impetrantes no alcanzan a demostrar incompatibilidad de la norma cuestionada con los preceptos constitucionales que ha invocado, requerimientos fundamentales en la formalización de un recurso de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (12): Que de todo lo anterior, esta Sala concluye que con los argumentos presentados en la presente acción de inconstitucionalidad no se ha logrado confrontar ni demostrar que la norma debatida se oponga a los preceptos constitucionales o convencionales citados, y en tal virtud, así como por los razonamientos anteriormente relacionados y expuestos, se aprecia que la acción de inconstitucionalidad que se conoce carece de procedencia, por lo que debe ser desestimada y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción y por razón de contenido, por las Abogadas Karla Ninoska Escalante Alegría y Juny Won Choi Banegas; y por los señores Carlos Humberto Reyes y Edwin Edgardo Hernández Zerón, quienes actúan en sus condiciones personales y como integrantes de la “La Vida Campesina”, “Coalición contra la Impunidad” y “Convergencia contra el Continuismo”, respectivamente, contra el decreto legislativo No.31-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta”, No.35,199 de fecha trece de marzo de dos mil veinte, contentivo de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, comparecieron ante esta Sala, las Abogadas Karla Ninoska Escalante Alegría y Juny Won Choi Banegas; y los señores Carlos Humberto Reyes y Edwin Edgardo Hernández Zerón, quienes actúan en sus condiciones personales y como integrantes de la “La Vida Campesina”, “Coalición contra la Impunidad” y “Convergencia contra el Continuismo”, respectivamente, interponiendo recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo No.31-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta”, No.35,199 de fecha trece de marzo de dos mil veinte, contentivo de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19. (Folios 1-19 del recurso de mérito) 2) Esta Sala, en fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por admitido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las Abogadas Karla Ninoska Escalante Alegría y Juny Won Choi Banegas; y por los señores Carlos Humberto Reyes y Edwin Edgardo Hernández Zerón, quienes actúan en sus condiciones personales y como integrantes de la “La Vida Campesina”, “Coalición contra la Impunidad” y “Convergencia contra el Continuismo”, respectivamente, contra el decreto legislativo No.31-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta”, No.35,199 de fecha trece de marzo de dos mil veinte, contentivo de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19, asimismo, habiendo indicado los recurrentes que el presente recurso no va dirigido contra el procedimiento de su creación, sino, al contenido de la citada ley y de artículos específicos contenidos en la misma, se omite el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y dispone dar traslado de los antecedentes a la Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días para emitir el correspondiente dictamen. (Folio 20 vuelto del recurso de mérito) 3) Que en fecha veintidós de julio de dos mil veintidós, esta Sala, tuvo evacuada la vista y tenido por recibido el informe emitido por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada Sandra Lorena Zúniga, desprendiéndose del mismo las consideraciones siguientes: “…VI ANÁLISIS JURÍDICO: Analizado los argumentos señalados por los recurrentes, para solicitar la inconstitucionalidad del cuestionado Decreto 31-2020, se determina que si bien se otorgó a través del artículo 1 del supra referido Decreto Legislativo, la veeduría a las siguientes Instituciones: Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST), Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); tal circunstancia no denota vulneración al derecho de Acceso a la Información Pública, así como tampoco transgrede el derecho a defender los Derechos Humanos; en virtud que el Derecho de Acceso a la Información, no solo se encuentra consagrado constitucionalmente, sino que se encuentra debidamente desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico, a través del instrumento legal como ser la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantiza que los ciudadanos puedan exigir en cualquier momento, cualquier información en poder de las instituciones obligadas que tengan el carácter de pública o administren fondos públicos y no se hayan declarado sobre las mismas reservas de ley debidamente justificadas, por lo que dicha herramienta jurídica contribuye a la vigilancia del cumplimiento de la función pública, promoviendo y facilitando el acceso de los ciudadanos de la información pública; y en caso de ser indebidamente denegada puedan accesar a la misma mediante la interposición de las acciones que correspondan ante el Instituto de Acceso a la Información Pública ente encargado de regular, y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas; consecuencia de lo anterior, los recurrentes y cualquier persona que así lo requiera, tiene expedita la vía de requerir la información que estime pertinente a las instituciones obligadas a efecto de velar por la correcta administración de los bienes del Estado, y actuar como garantes contra la impunidad y por ende defender derechos a favor de la colectividad, al contribuir a la promoción, respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales, fortaleciendo el Estado de Derecho. Que del Estudio realizado a la luz de los Convenios y Tratados traídos a estudio, la Constitución de la República y sus demás Leyes, no encontramos que las disposiciones contenidas en el Decreto hoy tachado de inconstitucional, contravengan o afecten disposiciones de carácter Constitucional o de los Tratados Internacionales señalados, considerando que esta honorable Sala, como garante de la Justicia Constitucional, ha establecido su obligación ineludible de garantizar el cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución de la República, asegurando en la interpretación de las normas legales, una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento del orden jurídico constitucional, y en el caso sub-judice resulta claro que la veeduría establecida en el cuestionado Decreto, no limita, ni restringe a ninguna persona o asociación de personas a solicitar información sobre la rendición de cuentas y transparencia en la gestión que desarrollan las instituciones obligadas a brindar información de carácter público. De ahí que se advierte que lo reprochado por los censores no resulta procedente a través del recurso de inconstitucionalidad planteado. VII. OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado de forma parcial, por vía de acción por razón de contenido, por las razones señaladas.” (Folios 27-35 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la jurisdicción constitucional corresponde a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la cual, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1) por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia y 2) por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial. También el Juez o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución. CONSIDERANDO (3): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la Republica, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que únicamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 184, 313. 5 y 316 de la Constitución de la República, y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la misma. CONSIDERANDO (5): Que se afirma por parte de los recurrentes, la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto Legislativo 31-2020 anteriormente relacionado, que contiene la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los efectos del Coronavirus COVID19. Según los reclamantes, el artículo 1 de la precitada ley violenta el derecho de libre acceso a la información reconocido por el artículo 13.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, mismo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. A su vez se sostuvo por parte de los impetrantes que el censurado artículo se contrapone con el artículo 72 de la Constitución de la República, que reconoce la libre emisión del pensamiento, así como el derecho a defender los derechos humanos reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (6): Que examinando la argumentación presentada por los accionantes, esta Sala advierte que, si bien la misma es amplia en cuanto a explicar la naturaleza y alcance de los derechos que se consideran afectados, los exponentes no logran establecer, con la debida precisión y análisis, de qué manera estos derechos son contrarios a la Constitución de la República, puesto que si bien se alega su inconstitucionalidad ésta no resulta de las argumentaciones que han presentado ante esta Sala. La fundamentación jurisprudencial y convencional del recurso está a su vez debidamente citada y bien desarrollada en cuanto a sus conceptos, pero tampoco se exponen suficientes razonamientos jurídicos que lleguen a demostrar la manera en la que la norma ordinaria que se cuestiona contrasta con el texto constitucional anunciado o con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (7): Que los recurrentes exponen y explican con claridad, los preceptos autorizantes de su recurso, la descripción de la ley recurrida, lo referente al interés directo personal y legítimo y los aspectos relevantes a su acción, sin embargo, cuando se desarrollan los hechos que motivan su recurso, los peticionarios se limitan a ilustrar a la Sala el entorno en el que se autorizó la legislación denunciada y su contenido esencial, pero al momento de justificar o explicar en todo caso como el artículo 1 de la ley contraviene la Constitución o el derecho de acceso a la información pública, lo que se presenta son una serie de señalamientos particulares y subjetivos sobre la credibilidad y/o imparcialidad de las instituciones que la norma cuestionada designa como “veedores” en la adquisición de bienes y servicios a las instituciones autorizadas con ocasión de la pandemia del COVID19, a algunas de las cuales, como el COHEP o el FONAC, se les denuncia de tener conflictos de interés por integrar el Consejo Directivo del ente conocido como INVEST-H, que si bien es innegable que ha sido notoriamente cuestionado por el manejo de fondos públicos y por la contratación directa de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria (entre otros), esta Sala encuentra que estos señalamientos podrían ser útiles si el propósito fuese cuestionar su legitimidad o la integridad de sus miembros o representantes, o podría resultar favorable para denunciar sus acciones, rendición de cuentas o exigir investigaciones sobre su desempeño o proceder pero no advierte esta Sala que estos argumentos puedan llegar a demostrar puntualmente una transgresión o un conflicto de índole constitucional o convencional. En resumen, los cuestionamientos con respecto a la credibilidad de organizaciones o de sus representantes, así como su accionar o desprestigio en el ámbito nacional, válidos como puedan ser, no conllevan necesariamente a una limitación de los derechos constitucionales invocados por los recurrentes. CONSIDERANDO (8): Que el cuestionado artículo 1 de la llamada “Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social” no otorga a las instituciones que designa como “veedoras” exclusividad en el manejo de la información y tampoco les confiere poderes de discrecionalidad o reserva en el uso o divulgación de la información relacionada con la adquisición de bienes y servicios, pues tampoco les dispensa de que puedan estar sujetas a acciones o a la rendición de cuentas en su caso, por los canales y recursos legales correspondientes. Esta Sala comparte la crítica expuesta en el escrito por parte de los recurrentes en cuanto a que el legislador sí debió tomar en cuenta a las demás organizaciones de la sociedad civil como veedoras de los procesos que regula la legislación que examinamos, que pudo ser más inclusiva, pero esto dista mucho de ser un motivo irrefutable de inconstitucionalidad pues la norma no limita o excluye a los ciudadanos de su derecho de acceder a la información relevante o su libertad de pensamiento o expresión, puesto que la norma, como ya se dijo, no le concede a las instituciones veedoras ninguna exclusividad en el manejo o distribución de la información y tampoco se desprende de su texto o interpretación que la restrinja, limite o circunscriba de manera alguna. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala no estima que la norma autorice la reserva de informaciones de ningún tipo o que impida su escrutabilidad por parte de los ciudadanos o de cualquier organización que la procure o exija. Se advierte que la norma se limita a reconocer a estas instituciones como “veedoras” pero no les otorga la potestad de ordenar la reserva, restricción, manejo privilegiado o exclusivo de información de cualquier tipo o clase y tampoco se les releva del deber de informar, permitir el acceso o brindar la información que les sea solicitada. En el denunciado artículo 1º el legislador tampoco ha previsto ni ha delegado en forma alguna estas facultades a estas instituciones, como tampoco ha restringido o sustituido en estos organismos las potestades legales de los órganos contralores del Estado o de los encargados de ordenar en su caso el acceso a la información que los ciudadanos requieran. Tampoco se aprecia que la norma transgreda el derecho a la defensa de los derechos humanos, pues no limita, coarta ni obstaculiza la función que pueden desempeñar en este respecto. CONSIDERANDO (10): Que dicho lo anterior, la Sala asiente con el parecer externado en su dictamen por la representante del Ministerio Público, en cuanto a que “…la veeduría establecida en el cuestionado Decreto no limita, ni restringe a ninguna persona o asociación de personas a solicitar información sobre la rendición de cuentas y transparencia en la gestión que desarrollan las instituciones obligadas a brindar información de carácter público. De ahí que se advierte que lo reprochado por los censores no resulta procedente a través del recurso de inconstitucionalidad…”. CONSIDERANDO (11): Que los alegatos de los impetrantes no alcanzan a demostrar incompatibilidad de la norma cuestionada con los preceptos constitucionales que ha invocado, requerimientos fundamentales en la formalización de un recurso de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (12): Que de todo lo anterior, esta Sala concluye que con los argumentos presentados en la presente acción de inconstitucionalidad no se ha logrado confrontar ni demostrar que la norma debatida se oponga a los preceptos constitucionales o convencionales citados, y en tal virtud, así como por los razonamientos anteriormente relacionados y expuestos, se aprecia que la acción de inconstitucionalidad que se conoce carece de procedencia, por lo que debe ser desestimada y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, de acuerdo con el parecer del Ministerio Público y con fundamento en los Artículos 1, 13, 60, 62, 63, 64, 80, 184, 185 No. 2, 221, 303, 304, 313 y 316 No. 1, de la Constitución de la República; 1, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 3), 4, 5, 7, 74, 75, 76 numeral 1), 77 numeral 2), 78, 79, 82, 83, 86, 89 y 92 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR la acción de inconstitucionalidad promovida vía acción y por razón de contenido, por las Abogadas Karla Ninoska Escalante Alegría y Juny Won Choi Banegas; y por los señores Carlos Humberto Reyes y Edwin Edgardo Hernández Zerón, quienes actúan en sus condiciones personales y como integrantes de la “La Vida Campesina”, “Coalición contra la Impunidad” y “Convergencia contra el Continuismo”, respectivamente, contra el decreto legislativo No.31-2020, publicado en el diario oficial “La Gaceta”, No.35,199 de fecha trece de marzo de dos mil veinte, contentivo de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-1336-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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