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Sentencia RI-122-22 — Registro 17487

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en relación a reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero por vía de acción, recurrentes, en su condición de hondureños que contrajeron matrimonio en el extranjero con personas de su mismo sexo, al momento de solicitar la inscripción de su unión legal en el Registro Nacional de las Personas de nuestro país, fue denegada en aplicación del artículo 11 del Código de Familia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."“Articulo 76. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCION. Procede la Acción de Inconstitucionalidad: 1) . . . 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma Constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la Republica. . ..”. siendo que la reforma fue conforme a lo establecido en el artículo 373 Constitucional, obliga a declarar no ha lugar el primer motivo de Inconstitucionalidad invocado.” Es menester ratificar que el supuesto para declarar inconstitucional una reforma a la Constitución, pasa porque esta reforma se contraponga a la misma Constitución de la República al inobservar los requisitos que esa misma Norma Fundamental señala, en el artículo 373 de la Carta Magna, resultando que la reforma ha sido efectuada en observancia a la disposición constitucional, es decir se llevó a cabo en sesiones ordinarias, con más de dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros, señalándose el artículo 112 a reformarse, mismo que fue ratificado en la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, habiendo entrado en vigencia. CONSIDERANDO NUEVE (9): Se estima necesario compartir la transcripción de la fundamentación toral de aquella sentencia pues se reitera, contiene el basamento legal para desestimar por repetición la acción constitucional que acá se conoce. Así en el considerando 18 de la sentencia supra mencionada: “…El Congreso Nacional reformó en el mismo sentido, el contenido del artículo 112 constitucional[1], siempre en observancia al artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se reitera que a la vigencia de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha 23 de septiembre de 2005, la reforma al artículo 112 constitucional, era ya una norma aplicable desde el 4 de mayo del año 2005, habiendo transcurrido desde ese entonces, hasta la emisión de la Opinión Consultiva 24/17, más de doce años y seis meses, tiempo durante el cual, nuestro país no vulneró ningún derecho fundamental con dicha reforma, tampoco las leyes secundarias, como los artículos 11 y 45 del Código de Familia, contenidos en el Decreto 76-84 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.24, 394 de fecha 16 de agosto de 1984. El artículo 11 fue reformado mediante Decreto 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 de fecha 6 de septiembre de 2013, disposiciones, también señaladas de inconstitucionales, no obstante estar acorde a los estamentos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta reforma es precisamente la señalada de inconstitucional, añadiendo vulneración a derechos fundamentales con la omisión legislativa que regule, a saber: <sobre matrimonio igualitario; derecho de las personas transgénero a un cambio de nombre, según su percepción y preferencia, y a obtener los derechos de acuerdo con su propensión>. En la Opinión Consultiva en referencia, a la identidad de género e igualdad y no discriminación a las parejas del mismo sexo, la impetrante peticiona la aplicación de esta, por ordenarlo así el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y la jurisprudencia de esta misma Sala de lo Constitucional, relativa a la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala de lo Constitucional, observa que el contenido de esa Opinión Consultiva 24/17, producto de una interpretación solicitada por la República de Costa Rica, cambió la literalidad y el espíritu del artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “Articulo 17. Protección A La Familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. … 4. … 5. …” reformando el numeral 2 del artículo 17 de la CADH, utilizando un procedimiento inexistente para ello, no obstante, la redacción de la norma supra mencionada no cambió, su contenido sigue siendo un mandato concluyente, que no puede ni debe cambiarse a través de una interpretación. Esta Sala de lo Constitucional estima que no debe aplicarse y ejecutarse una normativa convencional distinta a lo pactado originalmente; ya que vulneraria la máxima internacional de pacta sunt servanda.[2] CONSIDERANDO (19): La interpretación hecha por la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos, no fue lo que se pactó, no constituye la obligación que de buena fe, el Estado de Honduras a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1982, aceptó respetar en aquel momento histórico, al incluir el contenido del artículo 112, que casi replica el contenido del artículo 17.2 constitucional, ni los legisladores derivados en el año 2004, al reafirmar el artículo 112 constitucional, siempre acorde al artículo 17.2 del tratado internacional tantas veces mencionado. Nos encontramos entonces ante el planteamiento consistente en que, el Congreso Nacional ha vulnerado la Convención, puesto que ésta, a través de la Opinión Consultiva 24/17, ha interpretado el artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señalando entre otros que, la parte del artículo señalado que dice: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los conyugues”, ahora debería entenderse, de manera diferente a su literalidad como lo dice la opinión consultiva que: “dicha formulación no estaría planteando una definición restrictiva de cómo debe entenderse, o dicho de mejor manera, “una explicación restrictiva del concepto de familia que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la [CADH]” el cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”, sin distinción alguna. CONSIDERANDO (20): Que continuando la idea anterior, la Sala de lo Constitucional observa, que uno de los temas torales de este recurso, es la efectividad del derecho al matrimonio igualitario, mediante un proceso de adaptación del estamento jurídico del país, es decir, es clara la pretensión de que Honduras adapte su legislación a efecto de que puedan contraer matrimonio dos personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres entre sí, precepto convencional relativo al tema del matrimonio igualitario, que así interpretado, conlleva un cambio estructural en la norma, que no fue lo suscrito por Honduras, comprometiéndose nuestro país, a observar el contenido del artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) de aquel momento histórico y vigente hasta la fecha, es decir, la garantía del derecho a contraer matrimonio brindada al hombre y a la mujer entre sí, <lo que no necesita interpretación y así se ha aplicado por décadas>, reiterando, que es lo que el pueblo de Honduras decidió a través de los legisladores constituyentes originarios, que aceptaron e incluyeron dicho derecho al matrimonio en nuestra Constitución, bajo los mismos preceptos del artículo 17.2 de la CADH, siendo reafirmado este derecho, por los legisladores derivados en la reforma que hicieran al artículo 112 constitucional, en el año 2004, reforma que, como quedó dicho, la recurrente peticiona sea expulsada del texto constitucional, teniendo como natural consecuencia, en caso de aprobarse la expulsión de la reforma al artículo 112, que la norma vuelva a su redacción original, pero que se entienda y aplique acorde a la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva ya indicada. CONSIDERANDO (21): Se reitera que la reforma que se efectuó al artículo 112 supra mencionada y señalada de inconstitucional, se hizo a la luz del artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la interpretación contenida en la Opinión Consultiva 24/17, a esta disposición convencional de manera diferente a su literalidad cambió radicalmente y consecuentemente los efectos jurídicos de su aplicación, ahora son otros. Ante el nuevo contexto, en el cual si bien la estructura normativa del articulo 17.2 en análisis no cambió, mediante la interpretación supra, ha surgido y de manera muy peculiar, una nueva disposición convencional, ante lo cual, cabe la interrogante, ¿esta opinión consultiva debe tomarse en “consideración” por parte de Honduras? La respuesta es que no debe tomarse en “consideración”. Si bien es cierto, nuestra ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 2 manda; “Regla De Interpretación Y Aplicación. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con lo tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.” En este caso, la Ley Sobre Justicia Constitucional, se refiere, en principio, a tomar en consideración interpretaciones normativas que coadyuven a un mejor entendimiento de determinado derecho fundamental y su alcance, pero nunca, el tomar en consideración una interpretación contenida en una Opinión Consultiva, debe significar una reforma Convencional que implicaría una reforma Constitucional.[3] Con esta decisión, Honduras se cobija en el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos, y determina no permitir la injerencia directa al otorgar poder para que se expulse una disposición del texto Constitucional a través de opiniones consultivas que reforman una disposición Convencional u otro procedimiento que no sea por el procedimiento establecido en los artículos 17 y 373 constitucionales. Ni aceptar modificaciones Convencionales por un procedimiento diferente al establecido en el artículo 31[4] en relación a los artículos 76 y 77 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[5] CONSIDERANDO (27): Con relación a lo expuesto en el tercer motivo de inconstitucionalidad, referido a la reforma constitucional en la que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, esta Sala ha argumentado y pronunciado su criterio jurisprudencial en las consideraciones anteriores, y siendo que está claramente razonado, la improcedencia de la expulsión de la reforma al artículo 112 constitucional, se debe acotar que, el permitir las condiciones de validez de un matrimonio celebrado en el extranjero por dos personas del mismo sexo, sea hombre/hombre o mujer/mujer, en Honduras, incitaría a que las parejas del mismo sexo se sometieran a aquellas jurisdicciones internacionales, cuyas legislaciones permitan la unión de matrimonios igualitarios, consintiendo y facilitando de esa manera un fraus legis facta[6]; lo que traería como consecuencia, la petición en nuestro país de la ejecución de los derechos jurídicos derivados de dichas uniones, inexistentes en Honduras, lo que constituiría un contrasentido legislativo, razón jurídica que impide declarar NO ha lugar este motivo de inconstitucionalidad.” CONSIDERANDO NUEVE (9): La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL a favor de los Señores EDWIN FERNANDO MARTINEZ, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, KENIA LIZZETH BONILLA RIVERA y MARIA DE LOS ANGELES PALMA MARADIAGA, contra el Decreto Legislativo no. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005 mediante el cual reforma por adición el artículo 112 constitucional y la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL en su condición de apoderado legal de los señores EDWIN FERNANDO MARTINEZ, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, KENIA LIZZETH BONILLA RIVERA y MARIA DE LOS ANGELES PALMA MARADIAGA, interponiendo recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción y por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo no. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005 mediante el cual reforma por adición el artículo 112 constitucional y la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero (Folios 01-44 del presente recurso)2) Que en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022), este Alto Tribunal dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado la recurrente que el presente recurso no va dirigido al procedimiento de su creación, sino al contenido de la citada Ley y de un artículo especifico contenido en la misma, se omite el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y de dispone dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (06) días hábiles. (Folios 47-48 del presente recurso) 3) Que en fecha veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada CLAUDIA MEJIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado, en los términos expresados por esta representación fiscal. (Folios 51-57 y 59 del presente recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): La Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, los recurrentes, en su condición de hondureños que contrajeron matrimonio en el extranjero con personas de su mismo sexo, al momento de solicitar la inscripción de su unión legal en el Registro Nacional de las Personas de nuestro país, fue denegada en aplicación del artículo 11 del Código de Familia; de esta manera los impetrantes cumplen con los requisitos de legitimación en cuanto al interés legítimo y directo, pues la ley secundaria que señalan de inconstitucional les ha sido de aplicabilidad directa a su pretensión. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que manifiestan los recurrentes que el recurso de inconstitucionalidad ha sido interpuesto por la vía Acción y por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo no. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005 mediante el cual reforma por adición el artículo 112 constitucional y la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 74, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución única y exclusiva de ser “el intérprete último y definitivo de la Constitución en los casos sometidos a su conocimiento” y la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de constitucionalidad de la ley. Ahora, con relación a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, brinda bajo el sistema de números clausus, los supuestos de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad, estableciendo que será procedente la acción cuando: 1.- se interponga contra leyes y normas de carácter y aplicación general no sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; 2.- Contra una reforma constitucional que se contraponga a la misma Constitución de la República al inobservar los requisitos que esa misma Norma Fundamental señala; 3.- Cuando se apruebe un Tratado Internacional que afecte disposiciones de la Constitución de la República y no se siga el procedimiento señalado en el artículo 17 constitucional; y, 4.- Cuando una ley ordinaria contraríe un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forma Parte.” CONSIDERANDO SEIS (6): Los recurrentes en fecha 20 de enero de este año dos mil veintidós, interpusieron acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 112 de la Constitución de la República, acción de inconstitucionalidad interpuesta contra esa misma disposición constitucional en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, registrada en la Secretaría de esta Sala de lo Constitucional bajo el Expediente No. SCO0233 y 942-2018 acumulados, en la cual se dictó sentencia en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO SIETE (7): En aplicación del artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se desestima por repetición el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto, en tanto la disposición legal manda que la Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad. Así las cosas, del estudio de la interposición del recurso, resulta que los motivos en los cuales el impetrante apoya su pretensión, son exactamente los mismos que los expuestos en los recursos de inconstitucionalidad No. SCO0233 y 942-2018 acumulados. En ambos recursos de inconstitucionalidad, se alega que las reformas al artículo 112 constitucional, vulnera a los que conforman la comunidad LGTBQ+, sus derechos a la autodeterminación, a la vida privada, a la igualdad ante la ley o no discriminación, se les vulnera sus derechos patrimoniales derivados del régimen económico patrimonial, el derecho de sucesión de adopción, de seguridad social y el derecho a formar una familia legalmente reconocida. En ambas acciones se peticiona la aplicación del artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional con relación a la Opinión Consultiva OC-24-2017 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición de Costa Rica, sobre identidad de género, e igualdad ante la ley y no discriminación a las parejas del mismo sexo. CONSIDERANDO OCHO (8): En la sentencia recaída en los recursos de inconstitucionalidad números No. SCO0233 y 942-2018 acumulados; en cuyos considerandos números 8, 10, 19, 20, 21 y 27, entre otros, se expone la fundamentación jurídica basada en la cual se determinó que las reformas al artículo 112 constitucional, no son inconstitucionales y por ende se declaró sin lugar el recurso interpuesto. Así los considerandos 8 y 10 se leen: “CONSIDERANDO (8): Que, en este como en todos los casos, un estudio responsable exige analizar la normativa en su conjunto, ya que toda Constitución se caracteriza por ser un cuerpo normativo integral, en ese sentido el artículo 373 establece: “La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalara al efecto el articulo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.” CONSIDERANDO (10): Que, siguiendo el orden de la interposición, la Sala de lo Constitucional hará referencia en principio al artículo 112 de la Constitución de la República de Honduras, publicado en el Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 20 de enero de 1982, que literalmente dice en su texto original: “Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Sólo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas legalmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio civil.” Esta disposición constitucional, fue reformada en observancia al procedimiento constitucional establecido en el artículo 373 Constitucional antes citado, por Decreto 176-2004 de fecha 28 de octubre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 de fecha 3 de enero de 2005 y ratificado por Decreto 36,2005 de fecha 29 de marzo de 2005, y publicado en el Diario oficial la Gaceta No. 30,687 de fecha 4 de mayo de 2005, disposición constitucional que ahora se lee así: “Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio Civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras.”. - Como se aprecia esta reforma no se enmarca en las establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional “Articulo 76. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCION. Procede la Acción de Inconstitucionalidad: 1) . . . 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma Constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la Republica. . ..”. siendo que la reforma fue conforme a lo establecido en el artículo 373 Constitucional, obliga a declarar no ha lugar el primer motivo de Inconstitucionalidad invocado.” Es menester ratificar que el supuesto para declarar inconstitucional una reforma a la Constitución, pasa porque esta reforma se contraponga a la misma Constitución de la República al inobservar los requisitos que esa misma Norma Fundamental señala, en el artículo 373 de la Carta Magna, resultando que la reforma ha sido efectuada en observancia a la disposición constitucional, es decir se llevó a cabo en sesiones ordinarias, con más de dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros, señalándose el artículo 112 a reformarse, mismo que fue ratificado en la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, habiendo entrado en vigencia. CONSIDERANDO NUEVE (9): Se estima necesario compartir la transcripción de la fundamentación toral de aquella sentencia pues se reitera, contiene el basamento legal para desestimar por repetición la acción constitucional que acá se conoce. Así en el considerando 18 de la sentencia supra mencionada: “…El Congreso Nacional reformó en el mismo sentido, el contenido del artículo 112 constitucional[1], siempre en observancia al artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se reitera que a la vigencia de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha 23 de septiembre de 2005, la reforma al artículo 112 constitucional, era ya una norma aplicable desde el 4 de mayo del año 2005, habiendo transcurrido desde ese entonces, hasta la emisión de la Opinión Consultiva 24/17, más de doce años y seis meses, tiempo durante el cual, nuestro país no vulneró ningún derecho fundamental con dicha reforma, tampoco las leyes secundarias, como los artículos 11 y 45 del Código de Familia, contenidos en el Decreto 76-84 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.24, 394 de fecha 16 de agosto de 1984. El artículo 11 fue reformado mediante Decreto 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 de fecha 6 de septiembre de 2013, disposiciones, también señaladas de inconstitucionales, no obstante estar acorde a los estamentos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta reforma es precisamente la señalada de inconstitucional, añadiendo vulneración a derechos fundamentales con la omisión legislativa que regule, a saber: <sobre matrimonio igualitario; derecho de las personas transgénero a un cambio de nombre, según su percepción y preferencia, y a obtener los derechos de acuerdo con su propensión>. En la Opinión Consultiva en referencia, a la identidad de género e igualdad y no discriminación a las parejas del mismo sexo, la impetrante peticiona la aplicación de esta, por ordenarlo así el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y la jurisprudencia de esta misma Sala de lo Constitucional, relativa a la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala de lo Constitucional, observa que el contenido de esa Opinión Consultiva 24/17, producto de una interpretación solicitada por la República de Costa Rica, cambió la literalidad y el espíritu del artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “Articulo 17. Protección A La Familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. … 4. … 5. …” reformando el numeral 2 del artículo 17 de la CADH, utilizando un procedimiento inexistente para ello, no obstante, la redacción de la norma supra mencionada no cambió, su contenido sigue siendo un mandato concluyente, que no puede ni debe cambiarse a través de una interpretación. Esta Sala de lo Constitucional estima que no debe aplicarse y ejecutarse una normativa convencional distinta a lo pactado originalmente; ya que vulneraria la máxima internacional de pacta sunt servanda.[2] CONSIDERANDO (19): La interpretación hecha por la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos, no fue lo que se pactó, no constituye la obligación que de buena fe, el Estado de Honduras a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1982, aceptó respetar en aquel momento histórico, al incluir el contenido del artículo 112, que casi replica el contenido del artículo 17.2 constitucional, ni los legisladores derivados en el año 2004, al reafirmar el artículo 112 constitucional, siempre acorde al artículo 17.2 del tratado internacional tantas veces mencionado. Nos encontramos entonces ante el planteamiento consistente en que, el Congreso Nacional ha vulnerado la Convención, puesto que ésta, a través de la Opinión Consultiva 24/17, ha interpretado el artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señalando entre otros que, la parte del artículo señalado que dice: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los conyugues”, ahora debería entenderse, de manera diferente a su literalidad como lo dice la opinión consultiva que: “dicha formulación no estaría planteando una definición restrictiva de cómo debe entenderse, o dicho de mejor manera, “una explicación restrictiva del concepto de familia que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la [CADH]” el cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”, sin distinción alguna. CONSIDERANDO (20): Que continuando la idea anterior, la Sala de lo Constitucional observa, que uno de los temas torales de este recurso, es la efectividad del derecho al matrimonio igualitario, mediante un proceso de adaptación del estamento jurídico del país, es decir, es clara la pretensión de que Honduras adapte su legislación a efecto de que puedan contraer matrimonio dos personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres entre sí, precepto convencional relativo al tema del matrimonio igualitario, que así interpretado, conlleva un cambio estructural en la norma, que no fue lo suscrito por Honduras, comprometiéndose nuestro país, a observar el contenido del artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) de aquel momento histórico y vigente hasta la fecha, es decir, la garantía del derecho a contraer matrimonio brindada al hombre y a la mujer entre sí, <lo que no necesita interpretación y así se ha aplicado por décadas>, reiterando, que es lo que el pueblo de Honduras decidió a través de los legisladores constituyentes originarios, que aceptaron e incluyeron dicho derecho al matrimonio en nuestra Constitución, bajo los mismos preceptos del artículo 17.2 de la CADH, siendo reafirmado este derecho, por los legisladores derivados en la reforma que hicieran al artículo 112 constitucional, en el año 2004, reforma que, como quedó dicho, la recurrente peticiona sea expulsada del texto constitucional, teniendo como natural consecuencia, en caso de aprobarse la expulsión de la reforma al artículo 112, que la norma vuelva a su redacción original, pero que se entienda y aplique acorde a la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva ya indicada. CONSIDERANDO (21): Se reitera que la reforma que se efectuó al artículo 112 supra mencionada y señalada de inconstitucional, se hizo a la luz del artículo 17.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la interpretación contenida en la Opinión Consultiva 24/17, a esta disposición convencional de manera diferente a su literalidad cambió radicalmente y consecuentemente los efectos jurídicos de su aplicación, ahora son otros. Ante el nuevo contexto, en el cual si bien la estructura normativa del articulo 17.2 en análisis no cambió, mediante la interpretación supra, ha surgido y de manera muy peculiar, una nueva disposición convencional, ante lo cual, cabe la interrogante, ¿esta opinión consultiva debe tomarse en “consideración” por parte de Honduras? La respuesta es que no debe tomarse en “consideración”. Si bien es cierto, nuestra ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 2 manda; “Regla De Interpretación Y Aplicación. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con lo tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.” En este caso, la Ley Sobre Justicia Constitucional, se refiere, en principio, a tomar en consideración interpretaciones normativas que coadyuven a un mejor entendimiento de determinado derecho fundamental y su alcance, pero nunca, el tomar en consideración una interpretación contenida en una Opinión Consultiva, debe significar una reforma Convencional que implicaría una reforma Constitucional.[3] Con esta decisión, Honduras se cobija en el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos, y determina no permitir la injerencia directa al otorgar poder para que se expulse una disposición del texto Constitucional a través de opiniones consultivas que reforman una disposición Convencional u otro procedimiento que no sea por el procedimiento establecido en los artículos 17 y 373 constitucionales. Ni aceptar modificaciones Convencionales por un procedimiento diferente al establecido en el artículo 31[4] en relación a los artículos 76 y 77 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[5] CONSIDERANDO (27): Con relación a lo expuesto en el tercer motivo de inconstitucionalidad, referido a la reforma constitucional en la que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, esta Sala ha argumentado y pronunciado su criterio jurisprudencial en las consideraciones anteriores, y siendo que está claramente razonado, la improcedencia de la expulsión de la reforma al artículo 112 constitucional, se debe acotar que, el permitir las condiciones de validez de un matrimonio celebrado en el extranjero por dos personas del mismo sexo, sea hombre/hombre o mujer/mujer, en Honduras, incitaría a que las parejas del mismo sexo se sometieran a aquellas jurisdicciones internacionales, cuyas legislaciones permitan la unión de matrimonios igualitarios, consintiendo y facilitando de esa manera un fraus legis facta[6]; lo que traería como consecuencia, la petición en nuestro país de la ejecución de los derechos jurídicos derivados de dichas uniones, inexistentes en Honduras, lo que constituiría un contrasentido legislativo, razón jurídica que impide declarar NO ha lugar este motivo de inconstitucionalidad.” CONSIDERANDO NUEVE (9): La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 18, 59, 60, 64, 80, 184, 185 No. 1, 205, 294, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321, de la Constitución de la República; 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 2.2, 3, 16, 17, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 3, 8, 11, 17, 18, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81, 91, 92 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: SOBRESEER el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL a favor de los Señores EDWIN FERNANDO MARTINEZ, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, KENIA LIZZETH BONILLA RIVERA y MARIA DE LOS ANGELES PALMA MARADIAGA, contra el Decreto Legislativo no. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005 mediante el cual reforma por adición el artículo 112 constitucional y la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero. Y MANDA: 1) Que se notifique la presente resolución a las partes impetrantes; y 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Notifíquese. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL a favor de los Señores EDWIN FERNANDO MARTINEZ, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, KENIA LIZZETH BONILLA RIVERA y MARIA DE LOS ANGELES PALMA MARADIAGA, contra la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), que sobreseyó el recurso de inconstitucionalidad incoado contra el Decreto Legislativo NO. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005 mediante el cual reformó por adición el artículo 112 constitucional y contra la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de Familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero. I.- ANTECEDENTES: 1. En el año dos mil veinte (2020), Osmín David Valle Castillo y Edwin Fernando Martínez contrajeron matrimonio en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos y solicitaron la inscripción del matrimonio ante el Registro Nacional de las Personas en fecha veinte (20) de noviembre de ese mismo año. El doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021), el Registro Nacional de las Personas emitió resolución declarando improcedente lo peticionado, en virtud de la prohibición constitucional contenida en la reforma al artículo 112 de la Constitución de la Republica. Este mismo caso ocurrió con Kenia Lizzeth Bonilea Rivera y María de los Ángeles Palma Maradiaga, quienes el 17 de abril del año 2021 contrajeron matrimonio en la ciudad de San José, Costa Rica, y en fecha veintinueve (29) de julio del dos mil veintiuno (2021), solicitaron la inscripción del matrimonio ante el Comisionado Permanente del Registro Nacional de las Personas de Honduras. En fecha 13 de septiembre del 2021, el Registro Nacional de las Personas determinó la improcedencia de la inscripción peticionada en aplicación a lo dispuesto en la reforma al artículo 112 de la Constitución de la República. Los impetrantes también solicitaron que se declare inconstitucional y se expulse del cuerpo legal el artículo 11 del Código de Familia. 2. Las respuestas negativas a las solicitudes de inscripción de matrimonios celebrados entre dos personas del mismo sexo, dio origen a la interposición del recurso de inconstitucionalidad en fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), por parte del Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL en su condición de apoderado legal de los señores EDWIN FERNANDO MARTINEZ, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, KENIA LIZZETH BONILLA RIVERA y MARIA DE LOS ANGELES PALMA MARADIAGA, recurso de inconstitucionalidad que por la vía de acción y por razón de contenido, fue interpuesto contra el Decreto Legislativo No. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005, mediante el cual reforma por adición el artículo 112 constitucional y la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contienen la prohibición de celebración de matrimonios a dos personas del mismo sexo, así como la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero. 3.- El nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional dictó sentencia sobreyendo el recurso de inconstitucionalidad antes referido, ello en aplicación de lo dispuesto en el del artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “…De la desestimación por repetición. La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad…”; en virtud de que en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional declaró Sin Lugar los Recursos de Inconstitucionalidad acumulados, interpuestos por vía de Acción y por razón de contenido registrados bajo el número SCO 233-2018 y SCO 942-2018, interpuestos por la Señora INDYRA MARIA MENDOZA AGUILAR, quien actúa en su condición personal y como representante de la RED LESBICA CATTRACHAS, y por los señores DONNY RAMON REYES VELASQUEZ Y ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ respectivamente, ambos contra la reforma constitucional por adición al texto originario del artículo 112 de la Constitución de la República, realizada mediante Decreto Legislativo NO. 176-2004 por el Congreso Nacional de la República en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil cuatro (2004), y publicado en el Diario Oficial la Gaceta no. 30,586 publicado en tres (3) de enero y ratificado por Decreto 36-2005 de fecha 29 de marzo de dos mil cinco, y contra la reforma al ARTICULO 45 del Código de Familia, publicada en La Gaceta No.30,687, el cuatro (4) de mayo del año dos mil cinco (2005), por considerar que dichas reformas violentan las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 17, 18, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 77, 80, 111, 121, 142, 144 y 323 de la Constitución de la República; 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 2.2, 3, 16, 17, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 3, 8, 11, 17, 18, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 4.- En fecha dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el Abogado Roger Mariano Silva Carbajal en su condición conocida, interpuso recurso de reposición contra el sobreseimiento dictado por la Sala de lo Constitucional el nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022). II.- INDICACIÓN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 112 SEÑALADA DE INCONSTITUCIONAL. - Artículo 112 de la Constitución de la República de Honduras en su Texto Original. - El artículo 112 de la Constitución de la República de Honduras, publicado en el Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 20 de enero de 1982, literalmente dice en su texto original: “Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Sólo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas legalmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio civil.”. - REFORMA AL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS DECLARADA CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA N°. SCO0233-942-2018 Acumulados. - Se ha subrayado la reforma por adición hecha al artículo 112 constitucional contenida en el Decreto 176-2004 supra mencionado y se lee así: “Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio Civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras.”. III.- ARGUMENTACIÓN EXPUESTA POR EL RECURRENTE EN SU PETICIÓN DE REPOSICIÓN. - En la interposición del recurso de reposición, el recurrente explica el primer concepto de la violación, y lo denomina “PRIMER AGRAVIO” manifestando que la norma impugnada en la presente acción, violenta derechos constitucionales como es el derecho a la igualdad, contenido en el artículo 60, el derecho a la igualdad ante la ley en el artículo 61, y el artículo 64 constitucional contentivo del derecho a que no se disminuyan, restrinjan o tergiversan las declaraciones derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República. Asimismo, hace una referencia de la Opinión Consultiva-OC-24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestando que el derecho al matrimonio y a formar una familia, contenidos en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se extiende a las personas de la comunidad LGTBI, y señala, entre otros que, dicha Corte apunta que el binomio hombre-mujer no es la única forma de matrimonio protegida bajo la Convención Americana, sino que incluye también a parejas homosexuales…”.- En el segundo agravio o segundo concepto de la violación, expone: “… El Decreto 184-2004 y reforma legislativa al código de familia mediante decreto 35-2013, modifica la norma constitucional y da como resultado la incoherencia de los derechos reconocidos como fundamentales en la misma, pero además causa agravio la inobservancia de la norma legislativa sobre el proceso de elaboración, sanción y ratificación a la reforma del código de familia, denotando en la violación del derecho a la familia, por no seguir los estándares de la heteronormatividad. Siendo pues que la reforma referida no cumplió con el carácter formal de creación, no son válidas y deben de ser excluidas pues una norma solo es válida cuando cumple todas las condiciones que el sistema establece para reconocer a las normas como pertenecientes al mismo. En este sentido, las condiciones de validez de una norma giran en torno a dos aspectos esenciales: la forma y el contenido. Por una parte, las condiciones formales pueden ser de tres tipos: En primer lugar, de competencia formal, es decir, que la norma haya sido creada por el órgano competente; en segundo lugar, de procedimiento, lo cual requiere que se haya observado el procedimiento establecido para la creación de las normas, ya que estas son la expresión de un acto de voluntad, “pero ese acto de voluntad no puede manifestarse de cualquier manera, sino sólo de aquella que está prescrita en la norma que regula la producción normativa”; y, en tercer lugar, de competencia material, que está referida el objeto de regulación de la norma. Por otra parte, solo existe una condición material de validez, la cual consiste en un examen del contenido de la norma para determinar su congruencia con normas superiores del ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.”. - IV.- ARGUMENTO JURIDICO. - En aras de la efectividad del derecho al recurso y consecuentemente al debido proceso, esta Sala de lo Constitucional ha admitido el recurso de reposición interpuesto y reitera que en la acción de inconstitucionalidad cuya sentencia peticiona sea repuesta, se solicita en primer lugar, la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 176-2004, tantas veces mencionado, contentivo de la reforma por adición al artículo 112 constitucional y en segundo lugar peticiona que se declare inconstitucional la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de familia. Se lee en el acápite anterior, que el impetrante desarrolla las violaciones que a su juicio existen realizando argumentos sobre el fondo del asunto en el cual se reconoce un conflicto entre las disposiciones de la [reforma] a la Constitución de la República que prohíbe, y la OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17,[7] emitida en fecha 24 de noviembre de 2017, por La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la República de Costa Rica, requiriendo la interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17.2, 18 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, referida a los derechos de personas LGBTI, como la identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, y la obligación estatal en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo; opinión que permite. Así las cosas, la Sala de lo Constitucional debe señalar que, en este caso, lo planteado en el recurso de reposición no debió versar sobre el fondo del asunto, pues como se dijo, este conflicto jurídico, es decir, la constitucionalidad o no, de la reforma al artículo 112 constitucional ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SCO233 y 942-2018, mediante la cual declaró la constitucionalidad de la reforma realizada al artículo 112 constitucional supra; es por ello que el sobreseimiento impugnado vía reposición, se fundamenta en una decisión desestimatoria, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, disposición que legitima a la Sala a desestimar en puertas, toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad…”.- En la argumentación jurídica o motivación del sobreseimiento recurrido, se señalan las razones de fondo por las cuales se estimó sobreseer el caso que hoy se recurre, pues es en el recurso de inconstitucionalidad N°. SCO233 y 942-2018 en el cual esta Sala desarrolló y dio respuesta al planteamiento toral, y se determinó que la reforma al artículo 112 de la Constitución es –constitucional-, por lo que al haber sido ratificada la constitucionalidad de la norma, es procedente desestimar cualquier recurso o acción que se interponga en contra de la misma; igual suerte correrá cualquier reforma de ley secundaria que implique un supuesto choque contra la reforma al artículo 112 contenido en el Decreto Legislativo No. 176-2004. Por las consideraciones antes expuestas, esta Sala de lo Constitucional ratifica la decisión tomada en la resolución que se recurre y en ese sentido RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL a favor de los Señores EDWIN FERNANDO MARTINEZ, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, KENIA LIZZETH BONILLA RIVERA y MARIA DE LOS ANGELES PALMA MARADIAGA, contra la resolución dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), que sobreseyó el recurso de inconstitucionalidad incoado contra el Decreto Legislativo NO. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 30,586 en fecha 3 de enero de 2005 mediante el cual reformó por adición el artículo 112 constitucional y contra la reforma por adición contenida en el último párrafo del artículo 11 del Código de Familia, realizada mediante Decreto Legislativo 35-2013, del 27 de febrero de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,222 el 6 de septiembre de 2013, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, reforma a la Constitución de la República y al Código de Familia, que contiene la prohibición de inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Lo anterior en aplicación de los artículos 15, 16, 80, 82, 90, 184, 303 y 321 de la Constitución de la República, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2 y 18 del Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; numeral 1 y numeral 2.h del artículo 8 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos y 1, 3.2, 4, 74, 75, 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un día del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas nueve de diciembre de dos mil veintidós, y reposición de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0122-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Decreto Legislativo no. 176-2004 emitido por el Congreso Nacional De La Republica en fecha 28 de octubre del año 2004, y publicado en el Diario Oficial la Gaceta no. 30,586 y 30,687, en fechas 3 de enero y 4 de mayo del año 2005.

[2] Este principio establece que los tratados deben ser cumplidos. Es considerado como el principio fundamental del derecho internacional. Es un principio incondicional, contemplado en la convención de Viena de 1969, sobre derecho de los tratados. En su artículo 26 dice: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”, también lo encontramos consagrado en el preámbulo de la carta de las naciones unidas, y el párrafo 2 del artículo 2 que dice:” sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con dicha carta”.

[3] Artículo 373 Constitución de la República de Honduras, establece el procedimiento de reforma constitucional.

[4] Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención Otros Derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.

[5] Artículo 76:

  1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

  2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Parte en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 77:

  1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Parte reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de esta otros derechos y libertades.

  2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Parte en el mismo.

[6] Es unánime la doctrina al exponer que el fraude a la ley consistente en burlar la aplicación de una norma desfavorable y buscar y obtener que sea otra disposición favorable la que se aplique. En otras palabras, el fraude a la ley consiste en la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito. Concepto de María Elena Mancilla Mejía, ex directora del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[7] En fecha 18 de mayo de 2016, la República de Costa Rica, con fundamento en los artículos 64.1 y 64.2 de la CADH y de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 72 del Reglamento de la CIDH, presentó una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17.2, 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo instrumento. Costa Rica consultó específicamente lo siguiente: 1. “Tomando en cuenta que la identidad de género es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en los numerales 11.2 y 18 de la Convención ¿contempla esa protección y la CADH que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una?”.

  1. “En caso que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, ¿se podría considerar contrario a la CADH que la persona interesada en modificar su nombre de pila solamente pueda acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en vía administrativa?”.

  2. “¿Podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, debe ser interpretado, de acuerdo con la CADH, en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de género no están obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano?”.

  3. “Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención ¿contempla esa protección y la CADH que el Estado 5 reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo?”.

  4. “En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación?”.