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Sentencia RI-1212-22 — Registro 17489

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad en oposición según refiere la recurrente a la aplicación del artículo 240 numeral uno constitucional por contravenir los artículos 1, 37 y 40 constitucionales referentes a los derechos y deberes de los ciudadanos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que analizado el escrito de interposición del presente recurso, se advierte la inobservancia de la accionante de los requisitos esenciales cuya inconstitucionalidad pretende, y que determina el artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto intenta la derogación de un precepto constitucional no de una ley o alguno(s) de sus artículos, así mismo no se advierte de lo que expuesto la peticionaria, una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción. CONSIDERANDO: Que la legislación Hondureña, con claridad establece que está legitimada para servirse de La Acción de Inconstitucionalidad, toda persona que se considere lesionada en su interés directo, personal y legítimo; para servirse de esta gracia que concede, La Constitución de la República de Honduras en su Artículo 185 y luego en los Artículos 77 y 79 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe analizar, el significado de estos tres vocablos: a)Interés Directo: El actual o existente, no eventual o futuro; b)Interés Personal: El derivado de una situación individual; c)Interés Legítimo: El interés particular que se beneficia de la observancia de la ley, o sea aquel que nace de una relación de derecho protegida individualmente por la ley al tutelar los intereses públicos. Despejado el significado de los tres intereses, concluye este estudio que la persona que los reúne, está sobradamente legitimada para servirse del recurso de Inconstitucionalidad, dado que para ser parte es menester tener interés que es el requisito no solo de esta acción, sino también de todos los derechos procesales. En la búsqueda de una mejor comprensión del significado de los tres intereses que deben asistir al recurrente para tener éxito con La acción de Inconstitucionalidad, se agrega lo siguiente: 1) El interés directo del impetrante que impugna la ley que estima inconstitucional se presenta, cuando al censor se le quiere aplicar una ley que para él es inconstitucional. Precisamente en este momento es que emerge el interés directo del recurrente para intentar la inexequibilidad de la ley y con ello su inaplicabilidad. Es así que solo puede invocarlo aquel, cuando a su consideración en su aplicación se causa daño a la Constitución de la República o se lesiona su interés personal; 2) Para que surja el interés personal de alguien, se requiere que la situación se individualice jurídicamente, por ende, para que ocurra la individualización, deviene la aplicación de la norma y es ahí cuando el que es molestado por la ley que considera inaplicable por inconstitucional, debe preparar el recurso para ser presentado; con ello, de prosperar la acción, el impugnante se beneficiará porque la ley demandada de inconstitucional, no le será aplicada; y 3) Al imponer la Constitución de la República, a todos los ciudadanos, el deber de cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, nos está legitimando para que sirviéndonos de los medios legales, cumplamos con este deber y es eso, lo que sirve para saber que se está legitimado o legalmente autorizado para servirse del recurso de Inconstitucionalidad cuando una disposición pone en precario un interés personal y directo; sin embargo cuando el interés es general, será a través de las instituciones creadas por la Constitución de la República (Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos). CONSIDERANDO: Que al exigir este requisito de admisión al Recurso de Inconstitucionalidad, nuestra ley sigue el razonamiento que determina que la función jurisdiccional del Estado, entendida en este caso como el control constitucional, debe estar debidamente justificado y no puede provocarse, sino resulta claramente establecido el daño jurídico y actual que se ocasiona en la situación del recurrente. Esta Sala comparte lo que en su momento determinó en su jurisprudencia el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, al establecer que su actuación debía resultar de la defensa de un interés jurídico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del ordenamiento. De acuerdo con la profesora Ruíz Lapeña, lo que tutelaba el referido Tribunal, era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera derivarse una lesión jurídica concreta”. CONSIDERANDO: Que en sustento de lo expuesto anteriormente con respecto al interés directo, personal y legítimo de las acciones constitucionales que conciernen a los particulares, esta Sala ha dictado reiterados precedentes que confirman estos asertos[1], mediante los cuales, se ha dejado establecido doctrinariamente la amplitud de sus criterios en la aplicación concreta a los casos o procedimientos específicos en los cuales se ha solicitado su intervención, dando una respuesta pertinente, que atiende a los mecanismos y modalidades de tutela procesal constitucional ejercidos por los particulares y que son garantizados por nuestra norma interna (Constitución y Ley Sobre Justicia Constitucional), específicamente, mediante las acciones de habeas corpus, amparo y extraordinariamente mediante la acción de Inconstitucionalidad; en todos los casos, avalándose mediante éstas garantías desarrolladas por la norma Procesal Constitucional, los mecanismos idóneos, para que un ciudadano particular inste ante la Corte Suprema, el estudio objetivo concreto de los diferentes escenarios o conflictos intersubjetivos Constitucionales que pueden ser planteados por los recurrentes en sus acciones, resolviendo los mismos dentro de los procesos administrativos o judiciales en los que son promovidos. Pudiéndose determinar de estos precedentes (referidos a la gama de derechos que conciernen al debido proceso), que en lo que atañe al interés personal y legitimación de un particular, es únicamente mediante un análisis objetivo de un caso concreto que se puede determinar, tanto, la complejidad requerida para resolver cada caso en particular, como la posibilidad real que las partes han tenido para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad. Dando la Sala de esta manera, una efectiva respuesta a los derechos de los particulares, garantizando mediante el mecanismo procesal Constitucional elegido, una respuesta o tutela efectiva para proveer garantía, en cada caso concreto, de la estricta observancia por parte de la autoridad al debido proceso, y con ello a la igualdad de armas procesales, o bien en su caso, el conocimiento del asunto observando las reglas mínimas requeridas, dentro de un plazo razonable. De todo lo anteriormente expuesto se desprende que la recurrente no ha logrado acreditar su interés directo y personal en lo atinente a la acción planteada. CONSIDERANDO: Que al hilo del razonamiento expuesto en este auto podemos afirmar, que la presente acción constitucional ha sido presentada inobservando las formalidades mínimas que exige la Ley Sobre Justicia Constitucional. En consecuencia, al darse dicha circunstancia en el caso que ahora nos ocupa, lo procedente en Derecho es declarar la inadmisibilidad del presente recurso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: CERTIFICA :La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la ciudadana KARLA CAROLINA MORENO, en su condición personal, en oposición según refiere la recurrente a la aplicación del artículo 240 numeral uno constitucional por contravenir los artículos 1, 37 y 40 constitucionales. CONSIDERANDO: Que tal y como lo estipula la Constitución de la República en su Artículo 185, la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse vía de acción, debiendo entablarse la misma ante la Corte Suprema de Justicia.CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 76 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la acción de inconstitucionalidad inter alia, contra “las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidas al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales”.CONSIDERANDO: Que en este sentido la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 79, determina: “La demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener: 1) Suma y designación de la Sala de lo Constitucional; 2) El nombre y apellidos, profesión u oficio, domicilio y dirección para recibir notificaciones del solicitante o de su mandatario o representante legal; 3) El señalamiento de la ley o alguno(s) de sus preceptos, cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende; 4) Los motivos que le sirven de fundamento a la pretensión; 5) Explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción; así como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad; y, 6) El lugar, fecha de la demanda y la firma del solicitante.CONSIDERANDO: Que el artículo 184 de la Constitución de la República expresa, que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de tal manera que dicho precepto consagra dos categorías o clases de inconstitucionalidad, esto es, la formal o de procedimiento y la material o sustancial.CONSIDERANDO: Que analizado el escrito de interposición del presente recurso, se advierte la inobservancia de la accionante de los requisitos esenciales cuya inconstitucionalidad pretende, y que determina el artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto intenta la derogación de un precepto constitucional no de una ley o alguno(s) de sus artículos, así mismo no se advierte de lo que expuesto la peticionaria, una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción. CONSIDERANDO: Que la legislación Hondureña, con claridad establece que está legitimada para servirse de La Acción de Inconstitucionalidad, toda persona que se considere lesionada en su interés directo, personal y legítimo; para servirse de esta gracia que concede, La Constitución de la República de Honduras en su Artículo 185 y luego en los Artículos 77 y 79 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe analizar, el significado de estos tres vocablos: a)Interés Directo: El actual o existente, no eventual o futuro; b)Interés Personal: El derivado de una situación individual; c)Interés Legítimo: El interés particular que se beneficia de la observancia de la ley, o sea aquel que nace de una relación de derecho protegida individualmente por la ley al tutelar los intereses públicos. Despejado el significado de los tres intereses, concluye este estudio que la persona que los reúne, está sobradamente legitimada para servirse del recurso de Inconstitucionalidad, dado que para ser parte es menester tener interés que es el requisito no solo de esta acción, sino también de todos los derechos procesales. En la búsqueda de una mejor comprensión del significado de los tres intereses que deben asistir al recurrente para tener éxito con La acción de Inconstitucionalidad, se agrega lo siguiente: 1) El interés directo del impetrante que impugna la ley que estima inconstitucional se presenta, cuando al censor se le quiere aplicar una ley que para él es inconstitucional. Precisamente en este momento es que emerge el interés directo del recurrente para intentar la inexequibilidad de la ley y con ello su inaplicabilidad. Es así que solo puede invocarlo aquel, cuando a su consideración en su aplicación se causa daño a la Constitución de la República o se lesiona su interés personal; 2) Para que surja el interés personal de alguien, se requiere que la situación se individualice jurídicamente, por ende, para que ocurra la individualización, deviene la aplicación de la norma y es ahí cuando el que es molestado por la ley que considera inaplicable por inconstitucional, debe preparar el recurso para ser presentado; con ello, de prosperar la acción, el impugnante se beneficiará porque la ley demandada de inconstitucional, no le será aplicada; y 3) Al imponer la Constitución de la República, a todos los ciudadanos, el deber de cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, nos está legitimando para que sirviéndonos de los medios legales, cumplamos con este deber y es eso, lo que sirve para saber que se está legitimado o legalmente autorizado para servirse del recurso de Inconstitucionalidad cuando una disposición pone en precario un interés personal y directo; sin embargo cuando el interés es general, será a través de las instituciones creadas por la Constitución de la República (Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos). CONSIDERANDO: Que al exigir este requisito de admisión al Recurso de Inconstitucionalidad, nuestra ley sigue el razonamiento que determina que la función jurisdiccional del Estado, entendida en este caso como el control constitucional, debe estar debidamente justificado y no puede provocarse, sino resulta claramente establecido el daño jurídico y actual que se ocasiona en la situación del recurrente. Esta Sala comparte lo que en su momento determinó en su jurisprudencia el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, al establecer que su actuación debía resultar de la defensa de un interés jurídico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del ordenamiento. De acuerdo con la profesora Ruíz Lapeña, lo que tutelaba el referido Tribunal, era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera derivarse una lesión jurídica concreta”. CONSIDERANDO: Que en sustento de lo expuesto anteriormente con respecto al interés directo, personal y legítimo de las acciones constitucionales que conciernen a los particulares, esta Sala ha dictado reiterados precedentes que confirman estos asertos[1], mediante los cuales, se ha dejado establecido doctrinariamente la amplitud de sus criterios en la aplicación concreta a los casos o procedimientos específicos en los cuales se ha solicitado su intervención, dando una respuesta pertinente, que atiende a los mecanismos y modalidades de tutela procesal constitucional ejercidos por los particulares y que son garantizados por nuestra norma interna (Constitución y Ley Sobre Justicia Constitucional), específicamente, mediante las acciones de habeas corpus, amparo y extraordinariamente mediante la acción de Inconstitucionalidad; en todos los casos, avalándose mediante éstas garantías desarrolladas por la norma Procesal Constitucional, los mecanismos idóneos, para que un ciudadano particular inste ante la Corte Suprema, el estudio objetivo concreto de los diferentes escenarios o conflictos intersubjetivos Constitucionales que pueden ser planteados por los recurrentes en sus acciones, resolviendo los mismos dentro de los procesos administrativos o judiciales en los que son promovidos. Pudiéndose determinar de estos precedentes (referidos a la gama de derechos que conciernen al debido proceso), que en lo que atañe al interés personal y legitimación de un particular, es únicamente mediante un análisis objetivo de un caso concreto que se puede determinar, tanto, la complejidad requerida para resolver cada caso en particular, como la posibilidad real que las partes han tenido para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad. Dando la Sala de esta manera, una efectiva respuesta a los derechos de los particulares, garantizando mediante el mecanismo procesal Constitucional elegido, una respuesta o tutela efectiva para proveer garantía, en cada caso concreto, de la estricta observancia por parte de la autoridad al debido proceso, y con ello a la igualdad de armas procesales, o bien en su caso, el conocimiento del asunto observando las reglas mínimas requeridas, dentro de un plazo razonable. De todo lo anteriormente expuesto se desprende que la recurrente no ha logrado acreditar su interés directo y personal en lo atinente a la acción planteada. CONSIDERANDO: Que al hilo del razonamiento expuesto en este auto podemos afirmar, que la presente acción constitucional ha sido presentada inobservando las formalidades mínimas que exige la Ley Sobre Justicia Constitucional. En consecuencia, al darse dicha circunstancia en el caso que ahora nos ocupa, lo procedente en Derecho es declarar la inadmisibilidad del presente recurso. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185, 205 numeral 19, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la señora KARLA CAROLINA MORENO, en su condición personal, en oposición según refiere la recurrente a al artículo 240 numeral uno constitucional; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-1212-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid fallos relacionados al Derecho de Igualdad de Armas Procesales y Plazo Razonable, recaídos en acciones de amparo con registro de este Tribunal Nos. Ap713-09, ap570-08, apc468-08, ap2281-03, apc482-06, ap662-09, RI719-05, AC584-03, APC134-06, AA398-03, AA869-01, AA1237-03 y ACCIONES DE Inconstitucionalidad registros RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08, RI41-09 y RI847-11 que obran en los archivos de la Sala.