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Sentencia RI-106-22 — Registro 15146

Resumen

Artículo 129 del Decreto Legislativo No. 107-2021 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio 2022; La Sala advirtió que la acción presenta defectos de forma en el planteamiento por lo que se impone declararla inadmisible

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por los recurrentes, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, su artículo 59, establece en su primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual y al ser este un principio fundamental, que podría legitimar a los recurrentes para acudir ante esta Sala, pues los impetrantes en su recurso exponen que el Decreto cuya inconstitucionalidad pretenden, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarles que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[2], en caso de considerar, al igual que ahora lo pretenden los recurrentes (No obstante no ostentar esta condición), que un Decreto Legislativo cuestionado de inconstitucional, vulnera los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. Sin embargo, dado su rango Constitucional, es evidente que a diferencia de lo que sucede con la intención de un particular, este ente legitimado para los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, al actuar a favor de una generalidad, no requiere, como si sucede con la acción intentada por un particular, de dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad..."..."es preciso indicar a los recurrentes, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República..."..."por los motivos expuestos, aunados a la jurisprudencia emanada de esta Sala[4], se determina, que el Ministerio Público al igual que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, son los órganos legitimados para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes, toda vez que al estar investidos de la autoridad propia conferida por el legislador, son los únicos entes que reúnen las condiciones necesarias para acreditar su legitimación al interponer acciones de inconstitucionalidad por la vía de acción a favor de los intereses generales de toda la población, aún y cuando no exista una vinculación concreta de la violación denunciada a procedimientos judiciales o administrativos concretos, por razón de ser en esencia el obrar en defensa y garantía de los derechos fundamentales de nuestra población su función esencial, además de haberlo reconocido así esta Sala en los precedentes ya referidos, sin requerir para ello, como si sucede en el caso de los particulares de una necesaria vinculación, entre su acción y una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto..."..."el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de acción, se aprecia que si bien los recurrentes han expuesto los motivos que les sirven de fundamento a su pretensión y han señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, esta Sala advierte que no se han referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción, sin perjuicio de que estas acciones puedan ser interpuestas por los entes legitimados..."..."por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICIACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTOS los recursos de inconstitucionalidad interpuestos vía acción por razón de contenido, por los Abogados: 1) JARI DIXON HERRERA HERNÁNDEZ, en su condición de Diputado al Congreso Nacional y MARIO HERNÁN SORTO DERAS, en su condición de Diputado al Parlamento Centroamericano (Exp. No. SCO-106=22), y 2) JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ROSALES, en su condición personal y en representación del pueblo como Diputado electo al Congreso Nacional (Exp. No. SCO-116=22), contra el Artículo 129 del Decreto Legislativo No. 0107-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, que contiene el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO 2022. CONSIDERANDO: Que por disposición de la ley, el Juez o Tribunal podrá decretar de oficio la acumulación de los autos, con el propósito de mantener la unidad o continencia de las diligencias y que éstas sean resueltas por una misma sentencia. CONSIDERANDO: Que para decretar la acumulación de los autos, precisa que éstos se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento, que la substanciación o trámite de los mismos esté en circunstancias análogas, acumulando el más moderno al más antiguo. CONSIDERANDO: Que se aprecia de los antecedentes que los recursos de inconstitucionalidad arriba señalados se dirigen contra un mismo Decreto y se contraen a relacionar los mismos hechos, por lo que se ordena su acumulación, para producir una sola sentencia y así mantener la unidad y continencia de la causa. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su artículo 185 establece el control de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer la Garantía de Inconstitucionalidad de una ley que considere contraria a la Norma Fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogarán dicha norma. CONSIDERANDO: Que en este sentido la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 79, determina, entre otros, como requisitos fundamentales para pronunciarse sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vía de acción, la “Explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva su acción; así como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad; y…”. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO: Que la legislación Hondureña, con claridad establece que está legitimada para servirse de La Acción de Inconstitucionalidad, toda persona que se considere lesionada en su interés directo, personal y legítimo; para servirse de esta gracia que concede, La Constitución de la República de Honduras en su Artículo 185 y luego en los Artículos 77 y 79 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe analizar, el significado de estos tres vocablos: a)Interés Directo: El actual o existente, no eventual o futuro; b)Interés Personal: El derivado de una situación individual; c)Interés Legítimo: El interés particular que se beneficia de la observancia de la ley, o sea aquel que nace de una relación de derecho protegida individualmente por la ley al tutelar los intereses públicos. Despejado el significado de los tres intereses, concluye este estudio que la persona que los reúne, está sobradamente legitimada para servirse del recurso de Inconstitucionalidad, dado que para ser parte es menester tener interés que es el requisito no solo de esta acción, sino también de todos los derechos procesales. En la búsqueda de una mejor comprensión del significado de los tres intereses que deben asistir al recurrente para tener éxito con La acción de Inconstitucionalidad, se agrega lo siguiente: 1) El interés directo del impetrante que impugna la ley que estima inconstitucional se presenta, cuando al censor se le quiere aplicar una ley que para él es inconstitucional. Precisamente en este momento es que emerge el interés directo del recurrente para intentar la inexequibilidad de la ley y con ello su inaplicabilidad. Es así que solo puede invocarlo aquel, cuando a su consideración en su aplicación se causa daño a la Constitución de la República o se lesiona su interés personal; 2) Para que surja el interés personal de alguien, se requiere que la situación se individualice jurídicamente, por ende, para que ocurra la individualización, deviene la aplicación de la norma y es ahí cuando el que es molestado por la ley que considera inaplicable por inconstitucional, debe preparar el recurso para ser presentado; con ello, de prosperar la acción, el impugnante se beneficiará porque la ley demandada de inconstitucional, no le será aplicada; y 3) Al imponer la Constitución de la República, a todos los ciudadanos, el deber de cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes, nos está legitimando para que sirviéndonos de los medios legales, cumplamos con este deber y es eso, lo que sirve para saber que se está legitimado o legalmente autorizado para servirse del recurso de Inconstitucionalidad cuando una disposición PONE en precario un interés personal y directo; sin embargo cuando el interés es general, será a través de las instituciones creadas por la Constitución de la República (Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos). CONSIDERANDO: Que al exigir este requisito de admisión al Recurso de Inconstitucionalidad, nuestra ley sigue el razonamiento que determina que la función jurisdiccional del Estado, entendida en este caso como el control constitucional, debe estar debidamente justificado y no puede provocarse, sino resulta claramente establecido el daño jurídico y actual que se ocasiona en la situación del recurrente. Esta Sala comparte lo que en su momento determinó en su jurisprudencia el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, al establecer que su actuación debía resultar de la defensa de un interés jurídico y actual, y no de un interés genérico y abstracto en la constitucionalidad del ordenamiento. De acuerdo con la profesora Ruíz Lapeña, lo que tutelaba el referido Tribunal, era “la constitucionalidad de las normas legales sólo en tanto que de ellas pudiera derivarse una lesión jurídica concreta”. CONSIDERANDO: Que en sustento de lo expuesto anteriormente con respecto al interés directo, personal y legítimo de las acciones constitucionales que conciernen a los particulares, esta Sala ha dictado reiterados precedentes que confirman estos asertos[1], mediante los cuales, se ha dejado establecido doctrinariamente la amplitud de sus criterios en la aplicación concreta a los casos o procedimientos específicos en los cuales se ha solicitado su intervención, dando una respuesta pertinente, que atiende a los mecanismos y modalidades de tutela procesal constitucional ejercidos por los particulares y que son garantizados por nuestra norma interna (Constitución y Ley Sobre Justicia Constitucional), específicamente, mediante las acciones de habeas corpus, amparo y extraordinariamente mediante la acción de Inconstitucionalidad; en todos los casos, avalándose mediante éstas garantías desarrolladas por la norma Procesal Constitucional, los mecanismos idóneos, para que un ciudadano particular inste ante la Corte Suprema, el estudio objetivo concreto de los diferentes escenarios o conflictos intersubjetivos Constitucionales que pueden ser planteados por los recurrentes en sus acciones, resolviendo los mismos dentro de los procesos administrativos o judiciales en los que son promovidos. Pudiéndose determinar de estos precedentes (referidos a la gama de derechos que conciernen al debido proceso), que en lo que atañe al interés personal y legitimación de un particular, es únicamente mediante un análisis objetivo de un caso concreto que se puede determinar, tanto, la complejidad requerida para resolver cada caso en particular, como la posibilidad real que las partes han tenido para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad. Dando la Sala de esta manera, una efectiva respuesta a los derechos de los particulares, garantizando mediante el mecanismo procesal Constitucional elegido, una respuesta o tutela efectiva para proveer garantía, en cada caso concreto, de la estricta observancia por parte de la autoridad al debido proceso, y con ello a la igualdad de armas procesales, o bien en su caso, el conocimiento del asunto observando las reglas mínimas requeridas, dentro de un plazo razonable. De todo lo anteriormente expuesto se desprende que los recurrentes no han logrado acreditar su interés directo y personal en lo atinente a la acción planteada. CONSIDERANDO: Que además de lo anterior, específicamente en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por los recurrentes, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, su artículo 59, establece en su primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual y al ser este un principio fundamental, que podría legitimar a los recurrentes para acudir ante esta Sala, pues los impetrantes en su recurso exponen que el Decreto cuya inconstitucionalidad pretenden, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarles que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[2], en caso de considerar, al igual que ahora lo pretenden los recurrentes (No obstante no ostentar esta condición), que un Decreto Legislativo cuestionado de inconstitucional, vulnera los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. Sin embargo, dado su rango Constitucional, es evidente que a diferencia de lo que sucede con la intención de un particular, este ente legitimado para los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, al actuar a favor de una generalidad, no requiere, como si sucede con la acción intentada por un particular, de dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad. Señalando a este respecto la Jurisprudencia Española, que este ente está legitimado para plantear el recurso de inconstitucionalidad, y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, es el sujeto legitimado menos activo en el control constitucional de las leyes, cuya legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación les ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO: Que asimismo, es preciso indicar a los recurrentes, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que por los motivos expuestos, aunados a la jurisprudencia emanada de esta Sala[4], se determina, que el Ministerio Público al igual que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, son los órganos legitimados para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes, toda vez que al estar investidos de la autoridad propia conferida por el legislador, son los únicos entes que reúnen las condiciones necesarias para acreditar su legitimación al interponer acciones de inconstitucionalidad por la vía de acción a favor de los intereses generales de toda la población, aún y cuando no exista una vinculación concreta de la violación denunciada a procedimientos judiciales o administrativos concretos, por razón de ser en esencia el obrar en defensa y garantía de los derechos fundamentales de nuestra población su función esencial, además de haberlo reconocido así esta Sala en los precedentes ya referidos, sin requerir para ello, como si sucede en el caso de los particulares de una necesaria vinculación, entre su acción y una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto. CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de interposición contentivo del recurso de inconstitucionalidad planteado por vía de acción, se aprecia que si bien los recurrentes han expuesto los motivos que les sirven de fundamento a su pretensión y han señalado en forma expresa el decreto cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, esta Sala advierte que no se han referido en forma clara y precisa al interés directo, personal y legítimo que motiva su acción, requisito sine qua non para su admisión, lo que torna difusa e imprecisa su acción, sin perjuicio de que estas acciones puedan ser interpuestas por los entes legitimados. CONSIDERANDO: Que por tal razón y vistos los defectos de forma en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada, se impone declarar inadmisible el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 184, 185 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 74, 79 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: DECRETAR DE OFICIO LA ACUMULACION de los recursos de Inconstitucionalidad interpuestos por los abogados JARI DIXON HERRERA HERNÁNDEZ, MARIO HERNÁN SORTO DERAS y JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ROSALES; SEGUNDO: Declarar INADMISIBLES los recursos de inconstitucionalidad de mérito interpuestos vía acción por razón de contenido, contra el Artículo 129 del Decreto Legislativo No. 0107-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, que contiene el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO 2022, por no estar legitimados los recurrentes para interponer los presentes recursos; y TERCERO: Se tiene por conferido el poder por parte del Abogado JARI DIXON HERRERA HERNÁNDEZ en el Abogado MARIO HERNÁN SORTO DERAS, poder que será efectivo una vez notificado personalmente éste o personado en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda al archivo de los autos. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de abril de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MARIO HERNÁN SORTO DERAS, contra la resolución dictada por esta Sala el ocho de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos por los abogados JARI DIXON HERRERA HERNÁNDEZ, MARIO HERNÁN SORTO DERAS y JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ROSALES, contra el Artículo 129 del Decreto Legislativo No. 0107-2021, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, que contiene el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO 2022. CONSIDERANDO: Que el recurrente en su escrito de reposición, arremete contra las razones por las que la Sala estimó procedente declarar la inadmisión de las presentes acciones de inconstitucionalidad, aún y cuando esta Sala aclaró en forma motivada del porque inadmitió la misma, ya que se estableció que los recurrentes no se encontraban legitimados para interponerlas y que tanto el Ministerio Público como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, eran los órganos legitimados para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes. CONSIDERANDO: Que al haber motivado la Sala, las razones por la que dictó la resolución ahora recurrida, encontrando que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho, no advierte que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MARIO HERNÁN SORTO DERAS, contra la resolución dictada por esta Sala el ocho de marzo de dos mil veintidós, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva de archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fechas ocho de marzo de dos mil veintidós y veintiuno de abril de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-106 y 116=2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid fallos relacionados al Derecho de Igualdad de Armas Procesales y Plazo Razonable, recaídos en acciones de amparo con registro de este Tribunal Nos. Ap713-09, ap570-08, apc468-08, ap2281-03, apc482-06, ap662-09, RI719-05, AC584-03, APC134-06, AA398-03, AA869-01, AA1237-03 y ACCIONES DE Inconstitucionalidad registros RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08, RI41-09 y RI847-11 que obran en los archivos de la Sala.

[2] Vid. sentencia de fecha siete de mayo del dos mil tres, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad No. 2895=02.

[3] STC 274/2000/2

[4] Vid. entre otras, fallos recaídos en acciones de inconstitucionalidad interpuestas vía acción por el Ministerio Público Nos. RI20-99, RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08, RI41-09 y RI847-11 entre otras.