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Sentencia RI-1047-20 — Registro 14583

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad por vía de excepción interpuesto contra Decreto Legislativo No. 266-2013 que contiene la Ley Para Optimizar La Administración Publica, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno el cual en el artículo 4, mediante el cual se reformó el Articulo 39 (entre otros) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (caución de 20%) y que posteriormente fue reformado mediante Decreto Legislativo No 170-2016, mediante Artículo 211 del Código Tributario Vigente en relación a la demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en su caso se anule un acto administrativo de carácter particular, y que se reconozca un situación jurídica individualizada, contra el Estado de Honduras a través, de la entonces Secretaria de Estado en los despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."13): Que si bien es cierto el primer párrafo del Artículo tildado de inconstitucional lee así: “ARTÍCULO 39.- La cuantía de la acción se fijará en la demanda sobre la base del daño efectivamente causado. La acción únicamente puede ser admitida si el demandante rinde una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado.”; también es cierto, que seguida a esta regla general, el Artículo señala la excepción: “Esta caución no es requerida en el caso de las materias de personal regladas por esta Ley, a las cuales también se les puede reconocer los daños y perjuicios y las demás indemnizaciones legales y convencionales previstas.”; lo que implica que en el presente caso en particular causa perjuicio al recurrente en inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que por todo lo anteriormente el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se contrapone contra el acceso a la justicia, ni a la gratuidad de la misma, a la salud, a la igualdad de las partes; puesto que este Artículo hace uso de la figura procesal de las cauciones; las que no solamente en este cuerpo legal son exigidas como condición previa para una actuación judicial, crea un gravamen o tasa para acceder a las instancias jurisdiccionales; lo que se traduce en una desigualdad para acceder a la justicia por que la falta de medios económicos impide a las personas de escasos recursos poder cubrir estas tasas, esto se convierte en una desigualdad entre los ciudadanos al momento de hacer efectivos sus derechos; en caso que nos ocupa se exime de la caución a los que exigen acciones personales, que por lo general son asalariados que pretenden una indemnización de daños y perjuicios. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el Artículo 59 Constitucional establece que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial[1].” CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; reglas que al ser aplicadas nos lleva a la siguiente conclusión: el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno viola las Garantías Constitucionales citadas por el recurrente en inconstitucionalidad. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.” CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma “que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Que a la luz de lo anteriormente expuesto Decreto Legislativo No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,336 en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, se promulgó la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; entre otras situaciones se reformó el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; entra en conflicto, con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, quien actúa en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil INGENIERIA UNO, S. DE R.L., contra el Decreto Legislativo No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,336 en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, que contiene la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, en el artículo 4, mediante el cual se reformó el Articulo 39 (entre otros) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (caución de 20%) y que posteriormente fue reformado mediante Decreto Legislativo No 170-2016, mediante Artículo 211 del Código Tributario Vigente; con relación a la demanda con orden de ingreso en dicho Juzgado No. 330-14 promovida por la Sociedad Mercantil INGENIERIA UNO S. DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través, de la entonces SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil INGENIERIA UNO, S DE R.L., presentando demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en su caso se anule un acto administrativo de carácter particular, y que se reconozca un situación jurídica individualizada, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través, de la entonces SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA. (Folios 2-8 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020), el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil INGENIERIA UNO, S DE R.L., presentó ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, recurso de inconstitucionalidad por vía excepción, contra el Decreto Legislativo No 266-2013 emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), por razón de Fondo y su inaplicabilidad al caso concreto. (Folios 220 al 229 de los antecedentes) 3) Que en fecha dieciséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020), esta Sala, recibió el recurso de inconstitucionalidad vía excepción, interpuesto por el Abogado CARLOS ENRIQUE GOMEZ BURGOS, del que se hace referencia en el numeral anterior, mismo que fue admitido mediante auto de esa misma fecha, omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, y en consecuencia se dispuso conceder traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera su opinión en el asunto de mérito. (Folio 18 del expediente contentivo del recurso) 4) Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la opinión porque “SE DECLARE CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado”. (Folios 27 al 42 del expediente contentivo del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente señala que el Artículo 39 reformado mediante Artículo 4 del Decreto Legislativo 266-2013, de fecha 16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial “La Gaceta” No.33,336 el 23 de enero de 2014, reformado mediante Decreto legislativo No.170-2016, mediante Artículo 211 del Código Tributario vigente, que reformó la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contenida en el Decreto 189-87 de fecha 20 de noviembre de 1987, en lo referente a la reforma del párrafo primero y segundo del Artículo 39, infringe flagrantemente el Artículo 1 de la Constitución de la República, que declara que: Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente, constituida para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; y en tal sentido, al aprobarse la reforma citada, se infringe dicha declaración en vista de que el Congreso Nacional, no tiene atribuciones para afectar estas normas constitucionales, lo que acarrea responsabilidad. Es claro que el Poder Legislativo, tiene dentro de sus atribuciones la de poder reformar la Constitución de la República siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 373 Constitucional, lo que está previsto para acompañar de alguna forma la dinámica de éstos; pero sobre el Congreso Nacional recae la absoluta prohibición de reformar de cualquier manera y restrictivamente las declaraciones y derechos fundamentales como en efecto lo ha hecho con la reforma que ahora se impugna porque afecta las declaraciones y derechos constitucionales reconocidos también en tratados internacionales, cuya naturaleza es evolutiva y jamás restrictiva, como igualmente lo indica el Artículo 61 contentivo de igualdad ante la Ley, de manera que al exigir un requisito de exigir caución a la parte demandante; es decir, a la persona que presenta demanda contra el Estado de Honduras, constituye una violación al principio de igualdad ante la ley puesto que esa exigencia no se le exige al Estado en caso de que se pretendiera por éste, la nulidad de un acto propio dictado a favor de una persona natural o jurídica.- Por otra parte en un proceso debe existir tratamiento igualitario para las partes, y que en este caso en un proceso contencioso administrativo, el Estado como parte demandada o demandante, debe ser en igualdad de condiciones. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en su exposición el impetrante sostiene que, el Articulo 39 reformado de la Ley de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contenido del Decreto 266-2013, es lesiva a los derechos constitucionales de su representada, en cuanto a la garantía de asegurarle el goce de la justicia y el principio de igualdad en este caso de Igualdad Procesal y es visto que el Artículo 5 del Código Procesal Civil vigente, establece además que por partes entendiéndose que podría ser el Estado son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones y cargas. Entre otros es importante referirse a los siguientes: Violenta el derecho de petición, establecido en el Artículo 80 de la Constitución de la República, ya que la exigencia de la Caución como requisito de admisibilidad de la demanda impide o limita el ejercicio de del derecho de petición y acción ante esa autoridad judicial, que imposibilita demandar al Estado, el cual no debe tener ese privilegio en menoscabo del derecho de las personas particulares. Si la Constitución de la República garantiza que todos los habitantes y en igualdad procesal tienen el libre acceso a los Tribunales, esta reforma al Artículo 39 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: La cuantía de la demanda sobre la base del daño efectivamente causado. La acción únicamente puede ser admitida sí el demandante rinde una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado, constituye una franca infracción al precepto constitucional del Artículo 82 que constituye un derecho fundamental que se encuentra dentro de las garantías constitucionales y convencionales, ya que al establecerse la exigencia de la caución como requisito de admisibilidad de la demanda, equivale una clara violación al derecho de defensa, puesto que es una limitante económico de mi representado para poder defenderse frente a las arbitrarias e ilegales actuaciones y actos de los órganos administrativos del Estado, como es nuestro caso. Consecuente, con las anteriores infracciones se suma la garantía del debido proceso, consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, que establece: Nadie puede ser Juzgado sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que establece la ley. - Por lo que si su representado no tiene dinero para la caución como es el caso, no puede acceder a la justicia para que sus pretensiones sean admitidas ante Juez competente; y, de acuerdo a formalidades, derechos y garantías constitucionales, limitando con ello la posibilidad de que a través de órganos judiciales imparciales, se revise la legalidad de los actos administrativos del Estado, que como es del conocimiento muchos de ellos son ilegales como arbitrarios al establecer este requisito también de impedir el acceso a la Justicia desconociendo el mandato constitucional de la gratuidad ante la justicia, consignados en el Artículo 303 de la Constitución de la República. Todo lo antes expuesto debe ser debidamente valorado y acatado por la Honorable Sala de lo Constitucional y por los jueces de lo Contencioso Administrativo en estricto cumplimiento al mandato establecido por el Artículo 320 de la Constitución de la República que manda:” En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la primera” CONSIDERANDO SEIS (6): Que el recurrente señala que el interés directo, personal y legítimo de su representado, la vulneración al libre acceso a los Tribunales, que constituyen infracciones a los derechos y garantías fundamentales que quedan explicados anteriormente, en razón de que se está aplicando concretamente a su representado lo dispuesto en el Artículo 39 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reformado mediante el Artículo 4 del Decreto Legislativo 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial “La Gaceta No.33,336 el 23 de enero de 2014, y reformado mediante Decreto Legislativo No.170-2016, mediante Artículo 211 del Código Tributario vigente al haberse notificado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el Auto que literalmente dice: “NOTIFICACION. El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, HACE CONSTAR: Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020), se procedió a notificar de oficio al abogado CARLOS ENRIQUE GÓMEZ BURGOS, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil INGENIERÍA UNO, S. de R.L., de C.V, el auto de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014) de la demanda con orden de ingreso 330-14 juez 5, que literalmente dice "GADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de Septiembre del dos mil catorce.-VISTO: La presentación de la demanda Contenciosa Administrativa vía procedimiento en materia ordinaria, presentada por el … PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: Previo a resolver sobre la admisibilidad de la presente demanda este Juzgado aprecia que la misma no reúne los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, por lo que se otorga a la parte actora el plazo de cinco (5) días hábiles a efecto de que subsane lo siguiente: 1) Que rinda caución del veinte por ciento (20%) del valor reclamado. 2) Que acompañe la certificación o copia autorizada del acto impugnado.-SEGUNDO: Haciéndole la advertencia que de no subsanar el defecto señalado, la secretaria del despacho informará de tales circunstancias teniéndose por no presentado el escrito de demanda si no subsana en tiempo y forma los defectos señalados.-TERCERO: Téngase al compareciente con el carácter con que actúa, con las facultades del mandato judicial y especiales a él conferidas.- Hasta la fecha se resuelve en vista que hasta ahora se ponen en conocimiento las presentes diligencias al suscrito.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLOS.- ABOG.- ROMAN PINEDA MENDOZA.-JUEZ.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la opinión porque “SE DECLARE CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado”. Por considera que el Artículo 39 reformado contraviene el derecho de la Constitución, ya que el requisito de rendir caución previo a la admisión de la demanda, no es compatible con las garantías constitucionales establecidas tanto en la Constitución de la República, como en instrumentos internacionales de los cuales hemos hecho alusión en el presente libelo, puesto que se estaría rechazando sin más trámites las demandas, ya que se está condicionando el acceso a la administración de justicia ante la consignación de un determinado valor monetario en concepto de caución y aquí se observa que aunque persigue una finalidad, aquí la inconstitucionalidad se aprecia de la forma como fue prevista por el legislador, es decir, el momento en que exige la rendición de la mencionada caución, no así lo que se pretende regular; por lo tanto a nuestro criterio el Artículo 39 es inconstitucional desde el momento en que se exige la rendición de la caución, no así que se exigiese una vez calificada la demanda en determinados tipos de casos ya que así si se estarían respetando los derechos constitucionales que hoy se consideran vulnerados. Del análisis anterior, siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de las mismas encontramos que existe una contradicción con el derecho de la Constitución, en consecuencia encontramos que el Artículo 39 reformado por Decreto Legislativo número 266-2013, emitido el dieciséis (16) de Diciembre de 2013 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” número 33,336 de fecha 23 de Enero de 2014, que contiene la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en su Artículo 4 mediante el cual se reformó la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (caución del 20%) y que posteriormente fue reformado mediante Decreto No 170-2016 mediante el Artículo 211 del Código Tributario vigente, que reforma entre otros el Artículo 39 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contenida en el Decreto No.189-87 de fecha 20 de noviembre del mil novecientos ochenta y siete, es inconstitucional al existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo cual resulta la inaplicabilidad del artículo del Decreto en mención CONSIDERANDO OCHO (8): Que mediante Decreto Legislativo No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,336 en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, se promulgó la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; entre otras situaciones se reformó el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; el que se lee así: “ARTÍCULO 39.- La cuantía de la acción se fijará en la demanda sobre la base del daño efectivamente causado. La acción únicamente puede ser admitida si el demandante rinde una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado. Esta caución no es requerida en el caso de las materias de personal regladas por esta Ley, a las cuales también se les puede reconocer los daños y perjuicios y las demás indemnizaciones legales y convencionales previstas. Cuando no se fijare cuantía, el Juzgado, de oficio o a instancia de parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto un plazo de tres (3) días hábiles, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estará a la que fije el Juez, previa audiencia del demandado, debiendo rendir la caución indicada en el presente Artículo. Si el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por el demandante, lo expondrá por escrito ante el Juez dentro de los tres (3) primeros días hábiles del plazo concedido para contestar la demanda, tramitándose el incidente con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el acceso a la justicia es un derecho reconocido constitucionalmente en nuestro entorno, se encuentra hoy en día nuevamente en el centro del debate, por efecto de su reconocimiento como un derecho humano de tercera generación. Este derecho tiende a aliviar una de las expresiones más dramáticas de la pobreza, la “pobreza legal” producto de la ignorantia iuris de amplios sectores de la ciudadanía, que les impide hacer uso material de la ley y de sus instituciones. Este derecho exige, en su concreción, que no sólo se proporcione una asistencia judicial que garantice un debido proceso por la vía de la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos, sino que además se entregue un servicio formativo e informativo que permita al cliente adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos. Siendo así, la calidad de los servicios del profesional jurídico se medirá no sólo por sus destrezas de gestión, sino también de acuerdo con su desempeño como formador de una conciencia jurídica tal que, frente a una problemática legal, cada ciudadano sea capaz de adoptar decisiones informadas y responsables en aquellos temas que le afecten. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta resignificación del concepto de acceso a la justicia implica que, al momento de definir las condiciones mínimas de satisfacción del servicio, este debe ser asequible (geográfica e ideológicamente), dar respuesta a las necesidades de justicia en forma integral, oportuna, eficiente y eficaz, y promover la participación, la capacidad de discernimiento jurídico de las personas y el desarrollo de relaciones de confianza. También se debería prestar asistencia jurídica y judicial gratuita sólo a las personas de más escasos recursos y respecto del resto su satisfacción queda entregada a los actores privados, quienes deben prestar el servicio en condiciones tales que respondan a los parámetros básicos de calidad o condiciones mínimas de satisfacción de los imperativos constitucionales en juego. En esta tarea, los colegios profesionales y las Facultades de Derecho deben asumir un rol fundamental como certificadores de calidad, atendida su legitimación ante la sociedad, hasta que llegue el día en que la ciudadanía informada sea la que esté en condiciones de discriminar. CONSIDERANDO ONCE (11): Que las cauciones judiciales amparan el perjuicio patrimonial que se pueda causar al demandante o al demandado por el cumplimiento de obligaciones legales. Lo que fue tomando en consideración por el legislador al aprobar la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, al señalar en su segundo Considerando: “Que es necesario racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado, de las cuales muchas resultan ser manifiestamente infundadas pero que ocasionan grandes gastos al Estado. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el principio de gratuidad supone que la administración de justicia no es onerosa, es decir no tiene costo, de tal manera que toda persona, sin necesidad de dinero, puede acceder a la misma. Este principio, que a muchos les puede parecer una broma porque saben que participar de un litigio supone gastar mucho dinero, es uno de los principios fundantes de la noción misma de justicia. La gratuidad no se basa en un sistema de intercambio, es decir no se da una cosa por otra. Por ejemplo, no se da dinero a cambio de una decisión ajustada a la Constitución y las leyes. El ejercicio de derechos no puede tener costo, de lo contrario, habría ciudadanos de primera (los que pueden pagar para ejercer derechos) y de segunda (los que no pueden pagar). En el sistema del intercambio se pretende ganar lo más posible; entonces, si una persona realiza un intercambio con otra lo hace, generalmente, con el fin de ganar algo, de obtener un plus que lo motive al intercambio. En el mercado si no hay ganancia, no hay intercambio. Por ello no es posible relacionar la justicia con el intercambio, pues ésta no es objeto de mercado. No se puede buscar ganar más y lucrar con ella. La justicia está tan alejada del intercambio, que la posibilidad de que una transacción pueda ser calificada de justa o no depende de que la justicia misma sea gratuita. Entonces, si la justicia no es un bien de intercambio, debe ser pensada bajo la lógica del don. El dar justicia no puede estar condicionado a un pago, a una contraprestación. Por ello la administración de justicia debe ser concebida de manera gratuita, como un servicio a la población y no como una fuente de financiamiento o un agenciamiento de las relaciones de poder. La justicia es siempre un don. No se puede cobrar por dar el derecho o por permitir que el mismo sea ejercido, lo contrario sería implantar un sistema de intercambio, un mercado de valores, pero no un sistema de justicia. Pero, el recurrir a la justicia no es enteramente gratuito, sino que continúa siendo costoso. En efecto, el litigante tiene que pagar, como antes, los costos de los actos y de las notificaciones realizados por auxiliares de la justicia (escribanos y procuradores de justicia), los honorarios de los abogados más los costos de investigación y tasación periciales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que si bien es cierto el primer párrafo del Artículo tildado de inconstitucional lee así: “ARTÍCULO 39.- La cuantía de la acción se fijará en la demanda sobre la base del daño efectivamente causado. La acción únicamente puede ser admitida si el demandante rinde una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado.”; también es cierto, que seguida a esta regla general, el Artículo señala la excepción: “Esta caución no es requerida en el caso de las materias de personal regladas por esta Ley, a las cuales también se les puede reconocer los daños y perjuicios y las demás indemnizaciones legales y convencionales previstas.”; lo que implica que en el presente caso en particular causa perjuicio al recurrente en inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que por todo lo anteriormente el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se contrapone contra el acceso a la justicia, ni a la gratuidad de la misma, a la salud, a la igualdad de las partes; puesto que este Artículo hace uso de la figura procesal de las cauciones; las que no solamente en este cuerpo legal son exigidas como condición previa para una actuación judicial, crea un gravamen o tasa para acceder a las instancias jurisdiccionales; lo que se traduce en una desigualdad para acceder a la justicia por que la falta de medios económicos impide a las personas de escasos recursos poder cubrir estas tasas, esto se convierte en una desigualdad entre los ciudadanos al momento de hacer efectivos sus derechos; en caso que nos ocupa se exime de la caución a los que exigen acciones personales, que por lo general son asalariados que pretenden una indemnización de daños y perjuicios. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el Artículo 59 Constitucional establece que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial[1].” CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Artículo 69 Constitucional, manda: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; reglas que al ser aplicadas nos lleva a la siguiente conclusión: el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno viola las Garantías Constitucionales citadas por el recurrente en inconstitucionalidad. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.” CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma “que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Que a la luz de lo anteriormente expuesto Decreto Legislativo No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,336 en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, se promulgó la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; entre otras situaciones se reformó el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; entra en conflicto, con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los Artículos 1, 18, 60, 62, 63, 64, 77, 78, 80, 151, 152, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1.- DECLARAR HA LUGAR DE MANERA PARCIAL para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de excepción, por razón de contenido, del Artículo 4 del Decreto Legislativo No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,336 en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, mediante el cual se reformó el Artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2.- QUE LA PRESENTE SENTENCIA TIENE EFECTOS EX NUNC, es decir, a partir de la fecha en que adquiera firmeza; Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada a los recurrentes personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos a más tardar al día siguiente de su fecha. 2) Que se proceda a certificar el presente fallo; 3) Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; 4) Archívense las presentes diligencias en la Secretaría del Tribuna; y, 5) Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-1047-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Copiado en los términos del Decreto Número 191-94, de fecha 15 de diciembre de 1994, que contiene la reforma al Artículo 59 Constitucional; y, ratificado constitucionalmente mediante Decreto Número 2-95, de fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 27595, del 4 de marzo de 1995.