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Sentencia HD-1284-22 — Registro 18938

Resumen

Peticionario acude ante este alto tribunal sin indicar qué derecho ejercita mediante la interposición de la acción de Habeas Data, ni hace referencia a los derechos que estima han sido infringidos directamente y porque estima se ha visto lesionado personalmente. Por lo cual, en primera instancia no se logró colegir la urgencia para el inmediato nombramiento de un Juez Ejecutor, la Sala Constitucional sostiene que no estableció impetrante que alguno de los órganos jurisdiccionales que denuncia hayan denegado su acceso al expediente que refiere para efectos de la tutela directa de su derecho de acceso a la información pública, pues éste no ha acudido ante dichas instancias a exigir el derecho específico que pide sea tutelado como se ha indicado en esta resolución inadmitiendo la acción.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós, el Instituto de Acceso a la Información Pública, presentó el informe requerido mediante el cual indica que en los archivos de la Secretaría General y en la Oficina del Oficial de Información Pública no existe solicitud ni recurso de revisación de solicitudes presentadas por el agraviado o su representado. CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal, dispone el trámite pertinente a la pretensión del reclamante. En dicho texto normativo se establece que la persona imputada, tiene derecho “… 11) A requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa, y que no haya sido dispuesto por aquél. En este caso, el Ministerio Público resolverá motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si denegare la práctica de la actuación requerida, el Defensor de la persona imputada, podrá solicitar al Juez de Letras competente que ordene su ejecución y, este, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, decidirá lo conveniente. Si estima procedente dicha actuación, ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica. …” CONSIDERANDO: Que por todo lo anteriormente expuesto, al existir una norma mediante la cual se establece el procedimiento ordinario para resolver la problemática expuesta por el solicitante y siendo que en lo pertinente a la acción de habeas Data, la propia Constitución de la República, en su artículo 182 reformado, establece que ésta garantía específica en cuanto a la acción de la Justicia Constitucional, tiene como objeto inmediato la tutela de los derechos al honor, intimidad personal o familiar y a la propia imagen. Resulta evidente, que al no indicar el peticionario una violación directa de estos derechos, y omitir el reclamante la observancia del procedimiento establecido por la ley ordinaria, para garantizar el acceso a la información, se manifiesta como un imperativo, que esta Sala deje establecida la improcedencia en el conocimiento de la acción Constitucional de Habeas data intentada, toda vez que el planteamiento del recurrente, no se ajusta dentro del objeto específico de la tutela inmediata garantizada Constitucionalmente por el Habeas. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, en estricta aplicación del criterio de discrecionalidad con que faculta la Ley Sobre Justicia Constitucional a esta Sala y en concordancia con el contenido esencial de los artículos 182 de la Constitución, 13, 40 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; es procedente declarar inadmisible la acción constitucional de Habeas Data intentada, por las razones que se han dejado expuestas en la presente resolución

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós, el Instituto de Acceso a la Información Pública, presentó el informe requerido mediante el cual indica que en los archivos de la Secretaría General y en la Oficina del Oficial de Información Pública no existe solicitud ni recurso de revisación de solicitudes presentadas por el agraviado o su representado. CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal, dispone el trámite pertinente a la pretensión del reclamante. En dicho texto normativo se establece que la persona imputada, tiene derecho “… 11) A requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa, y que no haya sido dispuesto por aquél. En este caso, el Ministerio Público resolverá motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si denegare la práctica de la actuación requerida, el Defensor de la persona imputada, podrá solicitar al Juez de Letras competente que ordene su ejecución y, este, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, decidirá lo conveniente. Si estima procedente dicha actuación, ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica. …” CONSIDERANDO: Que por todo lo anteriormente expuesto, al existir una norma mediante la cual se establece el procedimiento ordinario para resolver la problemática expuesta por el solicitante y siendo que en lo pertinente a la acción de habeas Data, la propia Constitución de la República, en su artículo 182 reformado, establece que ésta garantía específica en cuanto a la acción de la Justicia Constitucional, tiene como objeto inmediato la tutela de los derechos al honor, intimidad personal o familiar y a la propia imagen. Resulta evidente, que al no indicar el peticionario una violación directa de estos derechos, y omitir el reclamante la observancia del procedimiento establecido por la ley ordinaria, para garantizar el acceso a la información, se manifiesta como un imperativo, que esta Sala deje establecida la improcedencia en el conocimiento de la acción Constitucional de Habeas data intentada, toda vez que el planteamiento del recurrente, no se ajusta dentro del objeto específico de la tutela inmediata garantizada Constitucionalmente por el Habeas. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, en estricta aplicación del criterio de discrecionalidad con que faculta la Ley Sobre Justicia Constitucional a esta Sala y en concordancia con el contenido esencial de los artículos 182 de la Constitución, 13, 40 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; es procedente declarar inadmisible la acción constitucional de Habeas Data intentada, por las razones que se han dejado expuestas en la presente resolución

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., dieciséis de septiembre del año dos mil veintidós. VISTA la acción de habeas data interpuesta por el señor JOSÉ ROBERTO LUNA SOTO, a favor de SI MISMO, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, con relación a la solicitud de evidencias relacionadas con el señor JOSÉ ROBERTO LUNA SOTO, a quien se le acusa por parte del Ministerio Público por el delito de lavado de activos. CONSIDERANDO: Que nuestra Constitución en su artículo 182, reformado por decreto legislativo número 237-2012, de fecha 23 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 y ratificado mediante decreto No. 10-2013, del 30 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,086, contiene la reforma al artículo 182 Constitucional, en la cual, en cuanto a la acción de Habeas Data, se determina además de lo pertinente al derecho genérico de acceso a la información, lo conducente al objeto de tutela fundamental que concierne a esta garantía específica, que “… la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, … tiene la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y a la propia imagen”. (Las negritas y el subrayado son nuestros). CONSIDERANDO: Que esta Sala, analizado el escrito de interposición logró establecer, que el peticionario acude ante este alto tribunal sin indicar qué derecho ejercita mediante la interposición de la acción de Habeas Data, ni hace referencia a los derechos que estima han sido infringidos directamente y porque estima se ha visto lesionado personalmente. Por lo cual, en primera instancia no se logró colegir la urgencia para el inmediato nombramiento de un Juez Ejecutor. CONSIDERANDO: Que en lo tocante a la acción de HABEAS DATA, la Ley Sobre Justicia Constitucional, se constituye como el ordenamiento adjetivo vigente y aplicable a su tramitación para garantizar este mecanismo de defensa Constitucional específico, estableciendo en su artículo 40, que la acción de Hábeas Data será interpuesta ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando se haya agotado el trámite administrativo correspondiente. CONSIDERANDO: Que para el anterior efecto (determinar el trámite administrativo agotado), en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veintidós, ésta Sala dispuso que previo a emitir pronunciamiento sobre la admisión de la presente acción que el Instituto de Acceso a la Información Pública rindiera informe como autoridad administrativa encargada directamente y en primera instancia de la tutela exclusiva al derecho de acceso a la información pública, que haga constar sobre la existencia o no de una solicitud presentada ante él, de conformidad a lo previsto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO: Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil veintidós, el Instituto de Acceso a la Información Pública, presentó el informe requerido mediante el cual indica que en los archivos de la Secretaría General y en la Oficina del Oficial de Información Pública no existe solicitud ni recurso de revisación de solicitudes presentadas por el agraviado o su representado. CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal, dispone el trámite pertinente a la pretensión del reclamante. En dicho texto normativo se establece que la persona imputada, tiene derecho “… 11) A requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa, y que no haya sido dispuesto por aquél. En este caso, el Ministerio Público resolverá motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si denegare la práctica de la actuación requerida, el Defensor de la persona imputada, podrá solicitar al Juez de Letras competente que ordene su ejecución y, este, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, decidirá lo conveniente. Si estima procedente dicha actuación, ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica. …” CONSIDERANDO: Que por todo lo anteriormente expuesto, al existir una norma mediante la cual se establece el procedimiento ordinario para resolver la problemática expuesta por el solicitante y siendo que en lo pertinente a la acción de habeas Data, la propia Constitución de la República, en su artículo 182 reformado, establece que ésta garantía específica en cuanto a la acción de la Justicia Constitucional, tiene como objeto inmediato la tutela de los derechos al honor, intimidad personal o familiar y a la propia imagen. Resulta evidente, que al no indicar el peticionario una violación directa de estos derechos, y omitir el reclamante la observancia del procedimiento establecido por la ley ordinaria, para garantizar el acceso a la información, se manifiesta como un imperativo, que esta Sala deje establecida la improcedencia en el conocimiento de la acción Constitucional de Habeas data intentada, toda vez que el planteamiento del recurrente, no se ajusta dentro del objeto específico de la tutela inmediata garantizada Constitucionalmente por el Habeas. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, en estricta aplicación del criterio de discrecionalidad con que faculta la Ley Sobre Justicia Constitucional a esta Sala y en concordancia con el contenido esencial de los artículos 182 de la Constitución, 13, 40 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; es procedente declarar inadmisible la acción constitucional de Habeas Data intentada, por las razones que se han dejado expuestas en la presente resolución. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación de los artículo 1, 80, 90, 182, 303, 313, 316 y demás aplicables de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4 numerales 3 y 5, 9, 13, 40, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 8, 12 y demás aplicables del reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional; SE RESUELVE: Declarar INADMISIBLE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA interpuesta por el señor JOSÉ ROBERTO LUNA SOTO, a favor de SI MISMO, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, con relación a la solicitud de evidencias relacionadas con el señor JOSÉ ROBERTO LUNA SOTO, a quien se le acusa por parte del Ministerio Público por el delito de lavado de activos; por resultar evidente la improcedencia de la acción intentada, toda vez, que el planteamiento del recurrente no se ha enmarcado dentro del objeto específico de la tutela inmediata a los derechos al honor, intimidad personal o familiar y a la propia imagen, garantizados Constitucionalmente por el Habeas Data, ni estableció que alguno de los órganos jurisdiccionales que denuncia hayan denegado al agraviado su acceso al expediente que refiere para efectos de la tutela directa de su derecho de acceso a la información pública, pues éste no ha acudido ante dichas instancias a exigir el derecho específico que pide sea tutelado como se ha indicado en esta resolución; Y MANDA: Que se notifique la presente providencia al recurrente y una vez firme la misma se certifique lo resuelto tanto a las autoridades denunciadas como al solicitante. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Habeas Data bajo el número SCO-1284-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL