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Sentencia EP-901-22 — Registro 15026

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la resolución que declaró sin lugar el recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Juzgado de Ejecución con Competencia Nacional en Materia Penal, manifestando el peticionario que dicha autoridad no había resuelto sobre el cómputo de la pena multa a la que fueron condenados los agraviados, quienes han cumplido un tercio de la pena impuesta sin haber podido optar a beneficios, con relación a la causa instruida contra los señores Carlos Roberto Cárcamo Miranda y Carlos Geovany Guerrero Hernández por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido con Clave “EF-873”, por lo cual considera el peticionario que sus representados se encuentran detenidos ilegalmente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (4): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte del Juez Ejecutor violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que en relación a las privaciones de libertad que se consideran ilegales enumera taxativamente tres presupuestos a saber: “DE LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD QUE SE CONSIDERAN ILEGALES Y ARBITRARIAS. Es ilegal y arbitraria: 1). Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2). Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3). Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.”, presupuestos éstos que no se dan en los hechos denunciados, acreditando en consecuencia, con el informe emitido, que los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, no se encuentran detenidos ilegalmente, pues se encuentran cumpliendo una pena impuesta por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por haberse sometido a la figura del Procedimiento Abreviado, en el proceso incoado en su contra por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF-873, estando a la fecha de presentación de la acción de Habeas Corpus, a la espera del cumplimiento del plazo para poder optar al beneficio de libertad condicional; por tanto para esta Sala, resulta apegada a derecho la aprobación del informe emitido y la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención o prisión ilegal, en contra de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, por todo lo cual, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorción. CONSIDERANDO (5): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorción y del Informe emitido por el Juez Ejecutor designado, se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, por parte del Juzgado de Ejecución con Competencia Nacional en Materia Penal, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis del mes de julio del año dos mil veintidós. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha dos de junio del dos mil veintidós, que declaró SIN LUGAR el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Montes Chirinos, a favor de los señores Carlos Roberto Cárcamo Miranda y Carlos Geovany Guerrero Hernández, contra actuaciones del Juzgado de Ejecución con Competencia Nacional en Materia Penal, manifestando el peticionario que dicha autoridad no había resuelto sobre el cómputo de la pena multa a la que fueron condenados los agraviados, quienes han cumplido un tercio de la pena impuesta sin haber podido optar a beneficios, con relación a la causa instruida contra los señores Carlos Roberto Cárcamo Miranda y Carlos Geovany Guerrero Hernández por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido con Clave “EF-873”, por lo cual considera el peticionario que sus representados se encuentran detenidos ilegalmente. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, recibió mediante correo electrónico, el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Montes Chirinos, a favor de los señores Carlos Roberto Cárcamo Miranda y Carlos Geovany Guerrero Hernández, contra actuaciones del Juzgado de Ejecución con Jurisdicción Nacional, manifestando el peticionario que dicha autoridad no había resuelto sobre el cómputo de la pena multa a la que fueron condenados los agraviados, quienes han cumplido un tercio de la pena impuesta sin haber podido optar a beneficios, con relación a la causa instruida contra los señores Carlos Roberto Cárcamo Miranda y Carlos Geovany Guerrero Hernández por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido con Clave “EF-873”. (Folios 1-2 vuelto del antecedente) 2) En fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se declaró incompetente para seguir conociendo del recurso de mérito, asimismo, dispuso remitir de inmediato las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones Penal en Materia de Extorsión, del Departamento de Francisco Morazán, designado como Juez Ejecutor, el Abogado Fredy Fuentes Rivera, defensor público de Tegucigalpa. (Folio 3 vuelto del antecedente) 3) En fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de Exhibición Personal presentado por el Abogado Carlos Roberto Montes Chirinos, a favor de los señores Carlos Roberto Cárcamo Miranda y Carlos Geovany Guerrero Hernández. (Folio 7 del antecedente) 4) En fecha dos de junio de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, tuvo por recibido el informe emitido por el Juez Ejecutor designado, en el cual se consignó entre otros extremos lo siguiente: “…CUARTO: Siendo que la garantía de HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, tiene como propósito fundamental tutelar el derecho constitucional de la libertad personal en su más amplio sentido, teniendo como finalidad una función reparadora, correctiva o preventiva, encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal buscando con ello la reintegración al orden constitucional cuando este ha sido desconocido o violado por la autoridad pública o persona de cualquier índole, no siendo ello el caso que nos ocupa, ya que el suscrito Juez Ejecutor constató los extremos que de acuerdo al informe obtenido, del JUZGADO DE EJECUCIÓN CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para establecer la condición jurídica de los señores: CARLOS ROBERTO CÁRCAMO MIRANDA y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, donde se constata que sí efectivamente, los imputados antes mencionados fueron condenados por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF-873 a la pena de SIETE (07) AÑOS SEIS (06) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DIAS (375), A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (L.20) POR DIA, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.7,500.00), Y LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, siendo que en fecha 20 de enero del año (2022), fue presentada solicitud de libertad condicional por los Abogados CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS Y HUGO RODOLFO AYES ACOSTA, ambos en su condición de defensores privados de los señores CARLOS ROBERTO CÁRCAMO MIRANDA, con identidad 1804-1990-02689 y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, con identidad 1804-1995-00942, sin documentación requisito para optar a dicho beneficio solicitado, por lo que el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, procedió a señalar el correspondiente previo, mismo que fue notificado en legal y debida forma, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022), a los defensores privados, y que de acuerdo al cómputo de la pena de reclusión los señores CARLOS ROBERTO CÁRCAMO MIRANDA con identidad 1804-1990-02689 y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ con identidad 1804-1995-00942 condenados por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF-873, a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, a la pena de multa de trescientos setenta y cinco días (375) a razón de veinte lempiras L.20 por día, equivalente a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L 7,500.00), a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena, cumplen su pena de reclusión en fecha VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISIETE (27/5/2027), y pueden optar al beneficio de libertad condicional hasta en fecha VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (27/05/2022), tal como consta en el cómputo que fue notificado en fecha 27 de mayo del año 2022, por la receptora del JUZGADO DE EJECUCIÓN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, si bien es cierto los abogados privados, CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS y HUGO RODOLFO AYES ACOSTA, solicitaron el beneficio de libertad condicional, pero sin la documentación requerida, razón por la cual el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, procedió a señalar el correspondiente previo, mismo que fue notificado en legal y debida forma, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022), a los defensores privados, y los mismos hicieron caso omiso a no volver a presentar la solicitud del beneficio de libertad condicional, ya con los requisitos que exige la norma penal, siguiendo los mecanismos procesales, procedimiento que está dentro del proceso y que es de mera legalidad procesal, estos extremos fueron constatados por el suscrito Juez Ejecutor, siendo que desde el punto de vista procesal, no es con la interposición de un recurso de exhibición personal que se resuelve…. POR TANTO: El Juez Ejecutor…DECLARA NO HA LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL…” (Folios 12-17 vuelto del antecedente) 5) En fecha dos de junio del año dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, falló: “…ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, a favor de los señores CARLOS ROBERTO CÁRCAMO MIRANDA y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNÁNDEZ…” (Folios 42-45 del antecedente) 6) En fecha ocho de junio del año dos mil veintidós, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el Abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, a favor de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCIÓN CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en relación a la posible detención ilegal de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Considera la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que de acuerdo al informe, en el presente caso no se ha constatado violación de alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que los señores los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, se encuentran detenidos por orden escrita de Juez Competente, expedida con las formalidades legales, por motivos previamente establecidos en la ley y se encuentran cumpliendo una pena en un centro destinado para el efecto por el Estado y la causa argumentada por la defensa, es susceptible de ser debatida ante el Juez de Ejecución y resuelta por el mismo, sobre lo cual cabe la interposición de recursos de reposición y apelación, por lo que su detención no se considera ilegal, ni es susceptible de ser recurrida por la vía de un recurso de habeas Corpus. CONSIDERANDO (3): Que consta en autos el informe rendido por el Juez Ejecutor Abogado FREDY FUENTES RIVERA, que en fecha veinticinco de mayo del corriente año se recibió informe del Juez de Ejecución con competencia territorial nacional en materia penal, informándole lo siguiente: 1) Que el expediente No. 07-2022, contiene las diligencias instruidas en contra de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, condenados por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF-873, a una pena de Siete (7) años, seis (6) meses de prisión, a la pena de multa de trescientos setenta y cinco días (375) a razón de veinte lempiras por día, equivalente a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS, (L. 7,500.00), a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLTUTA, por el tiempo que dure la condena. 2) Que en fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, fue presentada solicitud de libertad condicional a favor de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, sin documentación requisito para optar a dicho beneficio, por lo cual se le señalo un previo, el cual fue notificado a los defensores privados. 3) Que en fecha 3 de mayo del dos mil veintidós se realizó computo de pena y pueden gozar del beneficio de libertad condicional hasta el veintisiete de mayo del dos mil veintidós. 4) Que cuando se solicitó el beneficio de libertad condicional a los sentenciados, aún no podían optar a dicho beneficio, por lo cual no se les ha mantenido detenidos en forma arbitraria, en virtud de que los mismos se encuentran en espera del cumplimiento de un tercio de la pena de reclusión. Afirma el Juez ejecutor que constató que los imputados CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, fueron condenados por el delito de EXTORSIÓN; que en fecha veinte de enero del año dos mil veintidós, solicitaron el beneficio de libertad condicional pero sin documentación requerida, haciendo caso omiso los defensores privados, a volver a presentar la solicitud de libertad condicional con los requisitos que exige la norma penal, siguiendo los mecanismos procesales y desde el punto de vista procesal no es con el recurso de Exhibición personal que se resuelve el beneficio de libertad condicional, siendo que la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 13 establece cuales son los motivos por los cuales procede dicho recurso. POR TANTO: El Juez ejecutor declara NO HA LUGAR LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL. CONSIDERANDO (4): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte del Juez Ejecutor violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que en relación a las privaciones de libertad que se consideran ilegales enumera taxativamente tres presupuestos a saber: “DE LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD QUE SE CONSIDERAN ILEGALES Y ARBITRARIAS. Es ilegal y arbitraria: 1). Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2). Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3). Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.”, presupuestos éstos que no se dan en los hechos denunciados, acreditando en consecuencia, con el informe emitido, que los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, no se encuentran detenidos ilegalmente, pues se encuentran cumpliendo una pena impuesta por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, por haberse sometido a la figura del Procedimiento Abreviado, en el proceso incoado en su contra por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF-873, estando a la fecha de presentación de la acción de Habeas Corpus, a la espera del cumplimiento del plazo para poder optar al beneficio de libertad condicional; por tanto para esta Sala, resulta apegada a derecho la aprobación del informe emitido y la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención o prisión ilegal, en contra de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, por todo lo cual, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorción. CONSIDERANDO (5): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorción y del Informe emitido por el Juez Ejecutor designado, se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de los señores CARLOS ROBERTO CARCAMO MIRANDA Y CARLOS GEOVANY GUERRERO HERNANDEZ, por parte del Juzgado de Ejecución con Competencia Nacional en Materia Penal, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 12, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-901-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL