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Sentencia EP-900-22 — Registro 14910

Resumen

Sentencia en revisión declaró sin lugar acción de mérito a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia de extorsión por suponerlos responsables de delitos de extorsión, porte ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio del testigo protegido EF-315 y la seguridad interior del Estado de Honduras; ; La Corte de apelaciones considera que la alegación de vencimiento de medida cautelar de prisión preventia no constituye causal de detención ilegal y arbitraria por lo que no existe violación alguna; además, el simple trancurso del tiempo no es suficiente para dejar en libertad a la persona acusada, será el órgano jurisdiccional que analizará las circunstancias legales que accedan a su libertad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que procede dictar sentencia confirmatoria en relación con la dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión en fecha uno de mayo de dos mil veintidós..."..."7. El tribunal de sentencia señaló audiencia de revisión y sustitución de medidas para el tres de febrero de dos mil veintidós. Llegado ese día se celebró dicha audiencia de revisión y sustitución de medidas en la que dicho tribunal de sentencia resolvió denegar la sustitución de las medidas impuestas bajo el argumento de atrasos provocados por la defensa de los encausados. Esta decisión fue adoptada por mayoría en virtud de haber disentido la jueza Greisy Zelaya Pineda quien fue del criterio de que la prisión se encuentra vencida..."..."Si bien es cierto, en el presente caso la medida cautelar de prisión preventiva fue decretada en su momento cumpliendo con los requisitos formales, su continuación resulta insostenible, en virtud de que el tiempo que la ley permite su mantenimiento ha transcurrido. En otras palabras, el Estado de Honduras, conforme a sus propias normas ya no se encuentra legitimado para continuar manteniendo la prisión preventiva que decretó a los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua. Por otra parte, este alto tribunal de justicia ejerciendo control de convencionalidad en el caso de mérito atiende lo que establece la Convención americana sobre derechos (CADH), en el numeral 5 del artículo 7[7]..."..."la Sala de lo Constitucional estima que en virtud del control constitucional y convencional que hace del presente caso, es imperioso dejar en inmediata libertad a los encausados, ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, en virtud de que el plazo dispuesto para mantenerles privados de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva ha expirado, de manera que no existe fundamento legal para mantenerles privados del derecho de libertad personal, en virtud de que la Constitución de la República les garantiza a estos en su artículo 69, su inviolabilidad; y, dado que ya no se encuentran privados de libertad con arreglo a la ley que dispone la duración máxima de la prisión preventiva, procede revocar la sentencia que se conoce en revisión, en virtud de que no es dable continuar con el procedimiento que la ley dispone dentro del proceso penal para que los órganos jurisdiccionales de instancia ordenen la libertad de los encausados, siendo precisamente la garantía constitucional de habeas corpus el recurso idóneo para devolver la inmediata libertad en casos similares..."..."ordena: 1. La inmediata libertad de los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, para lo cual es imperativo que el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia de extorsión sin más trámite ni dilación expida la orden de liberación o carta de libertad, e imponer otras medidas cautelares, salvo que para este momento se haya dictado la sentencia definitiva y ésta sea condenatoria, en cuyo caso deberá seguirse el trámite correspondiente para calcular el plazo que dispone el Código procesal penal para este momento procesal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintidós. VISTA: En revisión la sentencia de fecha uno de junio de dos mil veintidós, dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión mediante la cual declaró sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la abogada Anabel Lizette de León Hernández a favor del joven Juan Daniel Varela Murcia y el señor José Pineda Discua, y en contra de las actuaciones del Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia de extorsión, con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y el señor José Pineda Discua, se les sigue proceso penal por suponerlos responsables de los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio del testigo protegido EF-315 y la seguridad interior del Estado de Honduras. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la abogada Anabel Lizette de León Hernández interpone exhibición personal ante la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor del joven Juan Daniel Varela Murcia y el señor José Pineda Discua, por suponerlos responsables de los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio del testigo protegido EF-315 y la seguridad interior del Estado de Honduras. (Folios 1–5 de la pieza de los antecedentes). 2. En esa misma fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la Sala se declaró incompetente para conocer de la garantía constitucional de mérito y ordenó la remisión inmediata de las presentes diligencias a la corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, designando a prevención a la defensora pública, abogada Ivonne Díaz Mass, como juez ejecutora, para efectos de constatar los extremos narrados por la recurrente y constituirse de manera inmediata al lugar donde se encuentran detenidos los señores Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua. Dándole también instrucciones de emitir sus conclusiones e informe sobre lo actuado, dentro de un plazo prudencial a la corte de apelaciones competente. (Folio 6 de la pieza de los antecedentes). 3. En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, la juez ejecutora nombrada abogada Ivonne Díaz Mass, rindió su informe y declaró sin lugar la excarcelación de los señores Juan Daniel Varela Murcia, José Manuel Pineda Discua, pero ordena al tribunal de sentencia con competencia nacional en materia de extorsión, que de inmediato celebre audiencia de revisión de medida, en virtud de que la prisión preventiva y su ampliación, a la fecha está vencida. (Folios 15-101 de la pieza del antecedente). 4. En fecha uno de junio de dos mil veintidós, la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló lo siguiente: “ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de habeas corpus o exhibición personal, interpuesto por la abogada ANABEL LIZETTE de LEÓN HERNANDEZ, a favor de los señores Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, a quienes se les instruye proceso por suponerles responsables de los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de uso prohibido, en perjuicio de testigo protegido EF-315 y la seguridad interior del Estado de Honduras.” (Folios 103-105 de la pieza del antecedente). 5. En fecha ocho de junio de dos mil veintidós, este alto tribunal de justicia recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. (Folio 1 de la pieza de la revisión). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal denuncia que los agraviados llevan tres años y catorce días de estar guardando prisión en el centro penal de Morocelí, El Paraíso (La Tolva) y aun no se ha llevado acabo su juicio oral y público, por lo que en dos ocasiones solicitó el cambio de dicha medida, pero sus solicitudes fueron denegadas, por lo que la prisión preventiva ya está más que violentada. CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por el juez ejecutor en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La juez ejecutora Ivonne Díaz Mass, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a informar lo siguiente: “PRIMERO: … SEGUNDO: Argumenta el impetrante que su acción reside esencialmente en el vencimiento de la prisión, dispensado a su patrocinado en el contexto de una prisión preventiva vencida. En ese sentido, la posición de garante que el Estado de Honduras debe adoptar en el marco de sus obligaciones y garantizar una debida protección a los derechos de la libertad, de los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Manuel Pineda Discua. TERCERO: En fecha veinticinco de mayo del año en curso requerí a la secretaria del Tribunal de sentencia con competencia territorial en materia de extorsión para que en el término de veinticuatro horas me rinda un informe sobre el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los señores Juan Daniel Varela Murcia y José Manuel Pineda Discua, así como de su situación jurídica. CUARTO: En fecha viernes veintisiete de mayo del presente año me comunique vía telefónica con la secretaria del Tribunal de sentencia con competencia territorial en materia de extorsión, quien me manifestó que aún no me tenía el informe respectivo. Nuevamente en fecha treinta de mayo me comunique vía telefónica con dicha secretaria manifestándome que la juez titular de la causa estaba de gira en Choluteca y venia el viernes, siendo esta última quien firma el informe. Por lo que me persone a dicho tribunal a recoger el informe que tenían con lo que tenían hasta esa fecha. QUINTO: El informe rendido por la secretaria del Tribunal de sentencia con competencia territorial en materia de extorsión desglosa la fecha de efectiva prisión de los señores Juan Daniel Varela Murcia y José Manuel Pineda Discua, la cual es SIETE DE MAYO DEL AÑO 2019, TENIENDO MÁS DE TRES AÑOS EN EFECTIVA PRISIÓN LOS IMPUTADOS MENCIONADOS. EN FECHA TRECE DE MAYO DEL AÑO 2019 LES DICTARON AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO EN AUDIENCIA INICIAL, EL DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO 2021 SE AMPLIA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR SEIS MESES MÁS ESTANDO HASTA LA FECHA VENCIDA LA AMPLIACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. SEXTO: En relación a lo anterior la normativa procesal penal establece en el artículo 174: “Las medidas…”. SÉPTIMO: Anexo a manera de ilustración… POR TANTO: una vez cumplimentada; Esta juez ejecutora, haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 182, de la Constitución de la República de Honduras; 172, 174, 178, 181, 184, 188 del Código procesal penal; 1, 2, 8 y 25 de la Convención americana de derechos humanos; y 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR LA EXCARCELACIÓN DE LOS SEÑORES JUAN DANIEL VARELA MURCIA, JOSÉ MANUEL PINEDA DISCUA por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley sobre justicia constitucional. PERO ORDENA AL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN SE INTEGRE DE MANERA INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA EN VIRTUD QUE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU AMPLIACIÓN A LA FECHA ESTA VENCIDA.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión, objeto de la revisión que realiza la Sala de lo Constitucional. El honorable tribunal de apelaciones, señala en su motivación que la abogada Anabel Lizette de León Hernández, denuncia que la detención de los señores Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, se ha convertido en una detención ilegal, por haberse vencido el plazo establecido en el artículo 181 del Código procesal penal. Seguidamente, la corte de apelaciones consigna que, la jueza ejecutora, abogada Ivonne Díaz Mass, concluyó que en el caso de mérito no se cumplía con lo preceptuado en el literal a) del artículo 13 de la Ley sobre justicia constitucional, por lo que declaró, la no procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, pero señalando que debía de realizarse una audiencia de revisión de medidas. En virtud de lo anterior, el tribunal aclara que la medida cautelar de prisión preventiva es una medida restrictiva del derecho a la libertad, contemplada en el numeral 3) del artículo 173 del Código procesal penal. Asimismo, señala que en este caso fue impuesta a partir del momento en que se llevó a cabo la audiencia inicial y que se decretó el auto de formal procesamiento por parte del juez a quo, al tenor de los artículos 174, 178, 179, 180 y 184 numeral 13) del mismo cuerpo legal, en lo que a los delitos de extorsión se refiere. Por otra parte, la corte de apelaciones continúa manifestando que, en el artículo 181 del Código procesal penal se establece el tiempo de duración de la prisión preventiva, detallando además que, en aquellos casos, cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años. Dicha corte agrega que, excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis meses los plazos a que dicho artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. Teniendo en cuenta todos los anteriores elementos, la corte de apelaciones expresa que comparte el criterio establecido por la jueza ejecutora, en el sentido que, corresponde al tribunal de sentencia el dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar y, verificar en audiencia si se ha vencido o no, el término de la medida cautelar de prisión preventiva, conforme lo alegado por la defensa. Siempre en relación con lo expuesto por la jueza ejecutora, la corte de apelaciones señala que concuerda con el informe rendido por esta funcionaria judicial y su decisión de denegar la exhibición personal de mérito, luego de estimar que la privación de libertad no es ilegal porque no se subsume en ninguno de los casos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre justicia constitucional, en virtud de que los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, se encuentran detenidos en un centro destinado por la ley para el cumplimiento de la medida precautoria de prisión preventiva, la cual fue ordenada de manera escrita, por juez competente y expedida con las formalidades legales, cumpliéndose asimismo que obedece a motivos previamente establecidos en la ley. Por lo que, la causa que sirve de motivo para interponer esta garantía constitucional de exhibición personal (transcurso de plazo máximo para mantener prisión preventiva) deberá ser argumentada por la defensa en audiencia pública y ante el órgano jurisdiccional que instruye la causa penal. La corte de apelaciones actuante, indica además que la alegación de vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva no constituye una causal comprendida en el artículo 24 de la Ley sobre justicia constitucional, por lo que no existe violación alguna. Explica además que, lo anterior le resulta lógico por cuanto el vencimiento de la prisión preventiva por el simple transcurso de los plazos establecidos en los primeros tres párrafos del artículo 181 del Código procesal penal, no puede operar en forma automática; y que, el simple transcurso del tiempo no es suficiente para dejar en libertad a la persona acusada, sino que, el órgano jurisdiccional debe analizar si concurre o no, alguna de las circunstancias que se aprecian en los demás párrafos de dicho artículo, como, por ejemplo, que dentro de dicho plazo no hayan existido demoras producidas por gestiones de la defensa y que hayan sido declaradas sin lugar, o si ya se ha realizado el juicio oral y público y se encuentra pendiente la emisión de la correspondiente sentencia; o bien, que el encausado ya haya sido condenado y la sentencia se esté revisando mediante el recurso de casación, ocurriendo en estos dos últimos casos que, a criterio del tribunal, ya se haya quebrantado la presunción de inocencia del imputado y, por ende, su situación jurídica ha cambiado, computándose un nuevo plazo de duración de la prisión preventiva que puede prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra la sentencia pueda interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. No obstante, dicho tribunal recalca siempre que, todas las anteriores circunstancias deben ser analizadas por el órgano jurisdiccional que tiene conocimiento de la causa, por lo cual la audiencia debe realizarse y seguirse el trámite consignado en el artículo 189 del Código procesal penal, quedando su decisión sujeta a la posibilidad de ser recurrida en reposición y apelación. En virtud de todo lo anterior, la corte de apelaciones declara con unanimidad de votos, sin lugar la exhibición personal de mérito. CONSIDERANDO CINCO (5): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que procede dictar sentencia confirmatoria en relación con la dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión en fecha uno de mayo de dos mil veintidós. Para la decisión anterior, este alto tribunal de justicia toma en cuenta los hechos procesales que a continuación se exponen: 1. La prisión preventiva de los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, comenzó el siete de mayo de dos mil diecinueve, cumpliendo para el momento del cómputo[1] más de tres años de haber sido privados de su libertad. 2. La prisión preventiva fue ampliada por seis meses más el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 3. En fecha once de junio de dos mil diecinueve se celebró decreto el auto de apertura a juicio y se remitió el asunto al Tribunal de sentencia con competencia nacional en materia de extorsión. 4. En fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno la secretaría de dicho tribunal recibió el oficio número 706-2021-SP-CSJ mediante el cual la Sala de lo Penal resolvió ampliar la medida por seis meses más. 5. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de proposición de prueba señalando para el martes veinticinco de enero de dos mil veintidós la celebración del juicio oral y público; sin embargo, no se realizó dicha audiencia debido a que la defensora privada Anabel de León no se hizo presente a la misma. 6. En fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós la defensora privada Anabel de León solicitó por escrito la reprogramación del juicio oral y público. El tribunal señaló la audiencia del día martes ocho de febrero de dos mil veintidós a las nueve de la mañana; sin embargo, la misma no se realizó en virtud de que dicha audiencia no fue oportunamente notificada. 7. El tribunal de sentencia señaló audiencia de revisión y sustitución de medidas para el tres de febrero de dos mil veintidós. Llegado ese día se celebró dicha audiencia de revisión y sustitución de medidas en la que dicho tribunal de sentencia resolvió denegar la sustitución de las medidas impuestas bajo el argumento de atrasos provocados por la defensa de los encausados. Esta decisión fue adoptada por mayoría en virtud de haber disentido la jueza Greisy Zelaya Pineda quien fue del criterio de que la prisión se encuentra vencida. 8. Nuevamente se señaló audiencia para celebrar el juicio oral y público en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, pero nuevamente se pospuso en virtud de no haberse presentado la defensa, por lo que dicho juicio fue reprogramado para el doce de marzo de dos mil veintidós. 9. El doce de marzo no se realizó el juicio oral y público porque no se pasó a notificar a la defensa. 10. La defensa presentó sendos escritos en fechas catorce y veintidós de marzo, en el primero se solicitó nueva fecha para celebrar el juicio oral y público y el segundo para solicitar audiencia de revisión y cambio de medidas cautelares. El tribunal, en relación con esta última, fijó audiencia para el día treinta y uno de mayo del presente año dos mil veintidós. 11. El tribunal de sentencia decidió en fecha tres de mayo de dos mil veintidós denegar por unanimidad de votos la sustitución de la medida de prisión preventiva y señaló el día seis de abril para celebrar el juicio oral y público, pero ésta nuevamente no se pudo celebrar en virtud de la incomparecencia de la defensa. 12. En fecha tres de mayo de dos mil veintidós se celebró audiencia de proposición de pruebas y se citó para el día veintiséis de mayo de dos mil veintidós la audiencia del juicio oral y público. Llegado ese día no se celebró dicha audiencia debido a que los imputados no fueron remitidos al tribunal, por lo que se citó nuevamente para el ocho de junio reciente. El marco jurídico que se debe tomar en cuenta para decidir la presente garantía constitucional de exhibición personal lo brinda el artículo 181 del Código Penal, así: “Artículo 181. Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar. Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. Cuando dentro del plazo indicado no se dé fin al proceso, los funcionarios y empleados que hayan dado lugar al retraso por malicia, culpa o negligencia, serán sancionados de conformidad con la ley de la Carrera Judicial, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hayan incurrido. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, velarán por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo.” De acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, la Sala de lo Constitucional entiende que la mens legislatoris tuvo a bien regular la duración de la prisión preventiva y su ampliación, de la manera siguiente[2]: 1. Dicho artículo establece dos momentos procesales a distinguir para determinar el plazo de ampliación de la prisión preventiva, así: A. Primer momento: Antes de que se dicte sentencia condenatoria. B. Segundo momento: Una vez que se dicta la sentencia condenatoria. 2. Con el primer momento deben observarse las reglas generales siguientes: A. Cuando la pena aplicable sea inferior a seis años, la duración de la prisión preventiva será de hasta un año. B. Cuando la pena aplicable sea superior a seis años, la duración de la prisión preventiva será de hasta dos años. 3. Con el segundo momento, o sea, una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. 4. Excepcionalmente, la Corte Suprema de Justicia a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá ampliar hasta por seis meses más los plazos anteriores, (primer y segundo momento). 5. El nuevo plazo se debe señalar tomando en cuenta los siguientes elementos: a) grado de dificultad; y b) dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. 6. Siempre en relación con la ampliación que dicte la Corte Suprema de Justicia, (tanto en el primer momento como en el segundo) la ley establece otras reglas importantes, a la sazón: a) la prisión preventiva no podrá exceder en ningún caso de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito; b) cuando el plazo máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado; y d) dentro del plazo[3], no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar. 7. Si vencidos los plazos anteriormente dispuestos no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. 8. Cuando dentro del plazo indicado no se dé fin al proceso, los funcionarios y empleados que hayan dado lugar al retraso por malicia, culpa o negligencia, serán sancionados de conformidad con la ley de la carrera judicial, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hayan incurrido. Para el estricto cumplimiento de esta última disposición, la ley impone dicha obligación a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público. Conforme a lo que dicta entonces el artículo 181 del Código procesal penal, el tiempo máximo que la ley permite mantener privados de libertad a los encausados Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, bajo la medida de prisión preventiva, ya se encuentra vencido en virtud de los siguientes puntos: 1. La prisión preventiva comienza a partir del siete de mayo de dos mil diecinueve. Habiendo transcurrido dos años desde entonces (siete de mayo de dos mil veintiuno) sin haberse dictado sentencia, la Sala de lo Penal amplió la prisión preventiva por seis meses más (el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno), venciéndose dicho plazo en noviembre de dos mil veintiuno. 2. Desde el mes de noviembre de dos mil veintiuno finalizó el plazo máximo que la ley permite para mantener la prisión preventiva sin que se haya dictado aun sentencia. 3. En virtud de lo cual, ha transcurrido un lapso de más de seis meses desde que se alcanzó el tiempo máximo para mantener la prisión preventiva. Por otra parte, también es cierto que existen numerosos intentos de realizar el juicio oral y público, sin lograrlo por diversas razones, en su inmensa mayoría por la incomparecencia de la defensa técnica de los imputados. Al respecto cabe mencionar que corresponde al juzgador la dirección del proceso, teniendo como objetivo la realización pronta y efectiva de la justicia penal.[4] En virtud de lo cual, dicho juzgador debe diligenciar lo que resulte necesario para agilizar y lograr la eficacia del proceso. Los órganos jurisdiccionales inclusive, rechazarán fundadamente las pretensiones, incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley sustantiva o procesal.[5] Es decir, el juzgador deberá poner orden en el proceso, pudiendo de acuerdo a la ley, imponer a las partes el deber que deben observar a la lealtad procesal y a la buena fe procesal, Asimismo, debiendo evitar retrasos innecesarios y aletargamientos que afecten el curso pronto y eficiente del proceso. En ese mismo sentido, la ley procesal en su artículo 12 faculta al juzgado para aplicar sanciones a la parte que infrinja de manera dolosa su deber de lealtad a la justicia, esa misma norma le faculta para suspender del ejercicio profesional hasta por un término de un año, atendiendo a la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que se incurra. En el presente caso, consta que el juzgador ha intentado infructuosamente la realización del juicio oral y público, afectándose la realización pronta y oportuna de la justicia penal. En virtud de lo cual, el juzgador, observando siempre la inviolabilidad del derecho a la defensa, debió proveer lo necesario para lograr la celebración del juicio oral y público, es decir que, el imputado y su defensor o defensora comparecieran a la audiencia del juicio oral y público, sea ejercitando su poder disciplinario, o bien ordenar lo necesario para adelantar el proceso haciendo acopio de un defensor público, tal como lo ordena nuestro ordenamiento procesal. El derecho de defensa exige que la persona encausada elija libremente el profesional del derecho de su entera confianza, es decir que no se le imponga en contra de su voluntad o sin consentimiento quien deba defenderle de manera técnica. Esto obviamente parte del más elemental principio de confianza que todo contrato de mandato trae consigo. Sin embargo, este derecho no debe ser un obstáculo para la efectiva realización del proceso penal, porque también debe tomarse en cuenta, en primer término, el derecho que tiene la víctima del delito y sus familiares de acceder a la justicia; y después, el deber que tiene el Estado de proteger y garantizar a la sociedad la erradicación del delito y la impunidad. Ante esta contradicción de intereses, el juzgador debe ponderar la situación y procurar ser garante de derechos fundamentales, tanto los que corresponden a la persona encausada como los de la víctima del delito y sus familiares, debiendo encontrar el equilibrio necesario para no incurrir en actos arbitrarios y abusivos, en perjuicio de ninguna de estas partes. El Código procesal penal brinda reglas en relación con la garantía de un debido ejercicio y acceso a la defensa técnica y profesional. Para el caso, el artículo 116 dispone la obligación que tiene el abogado defensor de no abandonar su cargo mientras éste no le informa debidamente a su sustituto el estado del proceso, y mientras este último no haya aceptado el cargo. Si bien es cierto en el caso de autos la representante procesal privada de los encausados no está en situación de abandonar el cargo, ocurre que sus ausencias a las audiencias programadas y debidamente citadas por el órgano jurisdiccional causan perjuicio a la justicia en general, debiendo el juzgador ordenar las prevenciones que sean del caso para anticipar situaciones como las ocurridas. Por otra parte, es importante tomar en consideración que se debe entender por “abandonar el cargo”, debiéndose admitir que una vez citado el día y hora para que se verifique una audiencia el defensor debe hacer todo lo que se encuentre bajo su alcance para evitar que el juicio se postergue, debiendo velar que su poderdante cuente con una defensa técnica adecuada, de lo contrario, el juzgador podrá verse en la situación de llamar un profesional de la Defensa Pública. Tal como lo demanda el artículo 118 que dispone: “Artículo 118. Abandono de la defensa. Defensor emergente. Si el defensor del imputado abandona la defensa y éste no nombra otro defensor, el juez ordenará su inmediata sustitución por un defensor público o de oficio. El responsable del abandono no podrá intervenir de nuevo en el proceso. En casos complejos o prolongados el órgano jurisdiccional podrá nombrar en la etapa de preparación del debate, o antes, si lo considera necesario, un defensor público sustituto para que asista a todos los actos del proceso. este último, sin embargo, solo podrá intervenir si el defensor en propiedad abandona el proceso. El profesional del derecho que abandone la defensa sin causa justificada, deberá ser suspendido por el juez en el ejercicio de la profesión por tres meses. Para los efectos correspondientes, se dará cuenta al Colegio de Abogados de Honduras.” Por supuesto que, la decisión que adopte el juez debe ser bien fundamentada y fruto de un análisis bien concienzudo de las circunstancias que le orillan a tomar tal decisión, en virtud de que debe ponderar la situación y contrastarlo con el derecho inviolable a la defensa técnica. En este caso, debe tomarse en cuenta, el momento procesal, es decir que se trata del juicio oral y público (etapa estelar del proceso), comportamiento de la defensa o veces y causas de incomparecencia, tiempo de duración máxima de la prisión preventiva, etcétera. Se menciona el momento procesal en virtud de que el juicio oral y público es el momento en donde el estándar de defensa técnica debe ser mayor, debiéndose preferir el defensor que sea de la confianza del encausado, debiendo seguirse en confianza con el defensor que sea sustituido por la misma defensa[6]; y, por último el defensor público o de oficio que nombre el tribunal de sentencia. Como puede constatarse en autos, al tribunal le ha faltado diligencia para diligenciar debidamente el proceso penal de mérito, permitiendo el transcurso del tiempo máximo que la ley permite para realizar el juicio oral y público. Al respecto, cabe señalar que para este alto tribunal de justicia la procedencia de la acción de habeas corpus, según el artículo 38 de la Ley sobre justicia constitucional, corresponde ser declarada cuando se constate la violación de alguno(s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de dicha ley. Atendiendo lo anterior, el artículo 13 de la Ley sobre justicia constitucional, dispone que el Estado debe conceder la garantía de hábeas corpus o exhibición personal cuando la persona privada de libertad se encuentre ilegalmente presa. La ilegalidad de la privación de libertad en el presente caso se subsume en el supuesto del artículo 24 de la Ley sobre justicia constitucional, que dicta que es ilegal y arbitraria toda orden de prisión o que no haya sido expedida con las formalidades legales. Si bien es cierto, en el presente caso la medida cautelar de prisión preventiva fue decretada en su momento cumpliendo con los requisitos formales, su continuación resulta insostenible, en virtud de que el tiempo que la ley permite su mantenimiento ha transcurrido. En otras palabras, el Estado de Honduras, conforme a sus propias normas ya no se encuentra legitimado para continuar manteniendo la prisión preventiva que decretó a los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua. Por otra parte, este alto tribunal de justicia ejerciendo control de convencionalidad en el caso de mérito atiende lo que establece la Convención americana sobre derechos (CADH), en el numeral 5 del artículo 7[7], así: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que se continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.” Por su parte, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con relación a la norma anteriormente transcrita, ha señalado entre otros puntos los siguientes: 1. En el caso contra Perú relacionado con la detención de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera[8], ocurridas por su orden en los días 14 y 15 de febrero de 1986, a manos de efectivos de la Dirección contra el terrorismo la Corte IDH dictó sentencia mediante la cual condenó al Estado por haber violado inter alia el artículo 7.5 de la Convención, debido a que el señor Durand Ugarte fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente el 4 de marzo de 1986, es decir, dieciocho días después de la detención, y el señor Ugarte Rivera ese mismo día, esto es, diecisiete días después de la detención, en ambos casos después de transcurrir el término permitido de quince días según lo dispone la Constitución política del Perú. 2. En el caso Bayarri versus Argentina,[9] la Corte IDH dispuso de manera categórica lo siguiente: “70. El artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad. La tarea de este Tribunal es examinar si la prisión preventiva a que fue sometido Juan Carlos Bayarri excedió los límites de lo razonable. En el mismo sentido: Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 120; Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párr. 129.” 74. La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable. En este caso, el Tribunal entiende que la Ley No. 24.390 establecía el límite temporal máximo de tres años luego del cual no puede continuar privándose de la libertad al imputado […]. Resulta claro que la detención del señor Bayarri no podía exceder dicho plazo.” Lo subrayado pertenece a la Sala de lo Constitucional. 3. En muy parecidos términos se refirió la Corte IDH en el caso Argüelles y otros versus Argentina.[10] 4. La Corte IDH en fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dispuso en el caso Jenkins Vs. Argentina[11] lo siguiente: “84. En este sentido, el artículo 7.5 de la Convención impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. Es decir, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquélla sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable.”[12] 5. Posteriormente, en el caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay[13], la Corte IDH argumentó su sentencia en los siguientes términos: “229. Al respecto, este Tribunal observa que la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos.” En virtud de todo lo anterior expuesto, la Sala de lo Constitucional estima que en virtud del control constitucional y convencional que hace del presente caso, es imperioso dejar en inmediata libertad a los encausados, ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, en virtud de que el plazo dispuesto para mantenerles privados de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva ha expirado, de manera que no existe fundamento legal para mantenerles privados del derecho de libertad personal, en virtud de que la Constitución de la República les garantiza a estos en su artículo 69, su inviolabilidad; y, dado que ya no se encuentran privados de libertad con arreglo a la ley que dispone la duración máxima de la prisión preventiva, procede revocar la sentencia que se conoce en revisión, en virtud de que no es dable continuar con el procedimiento que la ley dispone dentro del proceso penal para que los órganos jurisdiccionales de instancia ordenen la libertad de los encausados, siendo precisamente la garantía constitucional de habeas corpus el recurso idóneo para devolver la inmediata libertad en casos similares. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 7.5 y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 3 No. 1, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre justicia constitucional, FALLA: REVOCA la sentencia dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión mediante la cual declaró sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por la abogada Anabel Lizette de León Hernández a favor del joven Juan Daniel Varela Murcia y el señor José Pineda Discua, y en contra de las actuaciones del Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia de extorsión, con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y el señor José Pineda Discua, se les sigue proceso penal por suponerlos responsables de los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio del testigo protegido EF-315 y la seguridad interior del Estado de Honduras. En virtud de lo cual se ordena: 1. La inmediata libertad de los ciudadanos Juan Daniel Varela Murcia y José Pineda Discua, para lo cual es imperativo que el Tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia de extorsión sin más trámite ni dilación expida la orden de liberación o carta de libertad, e imponer otras medidas cautelares, salvo que para este momento se haya dictado la sentencia definitiva y ésta sea condenatoria, en cuyo caso deberá seguirse el trámite correspondiente para calcular el plazo que dispone el Código procesal penal para este momento procesal. Y MANDA: Que, una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0900-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

[2] La Sala de lo Constitucional procede a la interpretación de este artículo, debido a que, si se sigue la idea conforme al orden de lo contenido en los párrafos, es posible llegar a varias reglas distintas.

[3] La Sala entiende o interpreta que, estas reglas y especialmente la referida a las actuaciones de la defensa, no solamente aplican para los plazos que operan para el segundo momento, o sea cuando se haya dictado la sentencia condenatoria, sino que operan en todo cálculo de plazo adicional.

[4] Vid. Artículo 8 del Código procesal en relación con la finalidad del proceso penal.

[5] Vid. Artículo 12 del Código procesal el cual demanda que el juzgador actúe con absoluta lealtad a la justicia.

[6] Vid. Artículo 122 del Código procesal penal: “Defensores sustitutos. Con el consentimiento del imputado, cada defensor podrá designar un sustituto para que intervenga, si el defensor titular tiene algún impedimento. A falta del defensor, el profesional del derecho sustituto asumirá las obligaciones de aquél. Su participación no modificará en forma alguna el procedimiento, a menos que la ley expresamente lo permita. Si el titular abandona la defensa, lo reemplazará definitivamente el sustituto.”

[7] Debe tomarse muy en cuenta que, la Corte IDH en su jurisprudencia hace una distinción del contenido del numeral 5 del artículo 7, con relación al numeral 3 del mismo artículo. El numeral 3 refiere la prohibición de la detención o encarcelamiento arbitrarios. Pues bien, la Corte IDH ha desarrollado que entiende por arbitrariedad y ha aplicado este concepto a casos de prisión preventiva, cuando ésta no se encuentra justificada en parámetros de razonabilidad. Si bien es cierto, aunque este caso podría subsumirse en este apartado, debido a que es una prisión preventiva que se mantiene aun cuando ya no se encuentre de conformidad con la ley y por ende la privación de libertad es arbitraria, pues carece de justificación legal, la Sala de lo Constitucional sigue el camino trazado por la Corte IDH, según el cual este tribunal internacional ha preferido subsumir la arbitrariedad en la prolongación de la prisión preventiva durante el juicio, en el numeral 5 del artículo 7 convencional.

[8] Vid. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68. Párrafo 91.

[9] Vid. Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187. Párrafos 70 y 74.

[10] Vid. Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288. Párrafo 122.

[11] Vid. Corte IDH. Caso Jenkins Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2019. Serie C No. 397. Párrafo 84.

[12] La razonabilidad en este caso es impuesta por el imperio de la ley hondureña, en la que el legislador consideró suficiente el plazo máximo que manda el artículo 181 del Código procesal penal para adelantar los procesos penales y obtener una sentencia definitiva que cause ejecutoria.

[13] Vid. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. Párrafo 284.