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Sentencia EP-530-22 — Registro 14703

Resumen

Se interpuso recurso de revisión mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal a favor de los solicitantes alegando que estos tienen treinta meses de estar en detención preventiva en la penitenciaria de Olanchito, departamento de Yoro, en virtud de auto de formal procesamiento dictado en su contra.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CUARTO: El suscrito juez ejecutor después de revisar el contenido del expediente número SCO-0919-2020, el informe presentado por el secretario de la Sala de lo Constitucional y las demás información proporcionada en la secretaría de la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, concluye que la denuncia planteada por el recurrente no se subsume en los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre justicia constitucional, pues sostiene que sus representados están privados de libertad en obediencia a una decisión impugnada mediante amparo que fue declarada con lugar por la Sala Constitucional, pero si bien consta en las diligencias que este juez ejecutor tuvo a la vista la sentencia dictada por la Sala Constitucional, sin embargo, por mandato de la propia sala, dicha resolución deberá hacérseles saber a las autoridades concernidas mediante la correspondiente certificación y devolución de los antecedentes para que cumplan de manera sucesiva el fallo pronunciado, resolución que forma parte de las diligencias de mérito y que a través de los canales dispuestos están siendo devueltas a dichos órganos jurisdiccionales, por lo que el juez natural hasta que legalmente reciba la certificación del fallo y las diligencias de mérito podrá conocer lo resuelto por la Sala Constitucional y darle el debió cumplimiento; por lo antes expuesto hasta el momento no se aprecia ningún tipo de abuso por parte del juez natural competente. QUINTO: Se acompañan al presente informe los documentos siguientes: … POR TANTO: El juez ejecutor, considerando lo antes expuesto, en uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República y la Ley sobre justicia constitucional, DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto a favor de los señores JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO CRUZ y ORBIN NAHÚN HERNÁNDEZ.” CONSIDERANDO CINCO (5): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por sendos jueces ejecutores, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que procede dictar sentencia revocatoria en relación con la dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La Sala de lo Constitucional fija su atención en la sentencia AP-0919-2020 dictada por este alto tribunal de justicia en fecha diez de febrero del año en curso. En dicha sentencia recayó el decisum siguiente: “FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado EDY ALEXANEER TÄBORA GONZALES a favor de los señores JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTÍNEZ, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWE ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHÚN HERNÁNDEZ y ARNOLD JAVIER ALEMÁN SORIANO, contra la resolución emitida por la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, en fecha tres de marzo del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los antes mencionados como autores de los delitos de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD E INCENDIO AGRAVADO, ROBO en perjuicio de SANTOS HERNÁNDEZ COREA ;así como el delito de INCENDIO AGRAVADO en perjuicio de la empresa Los Pinares S.A. de C. V., ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTA: Para dictar sentencia en revisión en relación con la sentencia de fecha dieciséis de marzo dos mil veintidós, dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚM HERNÁNDEZ. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS, compareció ante la Corte segunda de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ, alegando que estos tienen treinta meses de estar en detención preventiva en la penitenciaria de Olanchito, departamento de Yoro, en virtud de auto de formal procesamiento dictado en su contra. (Folios 1-28 de la pieza de la garantía de exhibición personal). 2. En fecha quince de febrero de dos mil veintidós, la corte antes citada, nombró como jueces ejecutores a los abogados HENRY OMAR MANZANARES, defensor Público de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón y MARIO AMADOR, defensor público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto que rindieran un informe sobre los extremos consignados en la presente garantía constitucional. (Folio 29 de la pieza de la garantía de exhibición personal). 3. El abogado HENRY OMAR MANZANARES, en su condición de juez ejecutor rindió el informe correspondiente con el cual finaliza declarando no ha lugar, la garantía constitucional de exhibición personal, interpuesta por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ, ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ. (Folios 42-64 de la pieza de la garantía de exhibición personal). 4. El abogado MARIO AMADOR en su condición de juez ejecutor rindió su informe, el cual finaliza declarando la no procedencia de la acción de exhibición personal interpuesto a favor de los señores JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO CRUZ y ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ. (Folios 71-91 de la pieza de la garantía de exhibición personal). 5. En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la Corte segunda de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida emitió su sentencia en la cual falló: “PRIMERO: APROBAR los informes y las actuaciones rendidas por los jueces ejecutores. SEGUNDO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto en fecha catorce de febrero del año dos mil veintidós, por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Trujillo, COLÓN, impetrado a favor de los JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHUN HERNÁNDEZ; TERCERO: REMITIR A LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el expediente contentivo de los autos, a efecto de que la sentencia dictada sea revisada por la honorable Sala de lo Constitucional.” (Folios 95–99 de la pieza de la garantía de exhibición personal). 6. En fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal, denuncia que los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHUN HERNÁNDEZ se encuentran en la penitenciaria de Olanchito, departamento de Yoro, privados de libertad en forma preventiva por más de treinta meses, en virtud del auto de formal procesamiento dictado en su contra. Asimismo, el compareciente señala que de acuerdo con la sentencia de amparo SCO-0919-2020 dictada por la Sala de lo Constitucional el diez de febrero de dos mil veintidós, la interposición del requerimiento fiscal y la resolución del auto de formal procesamiento, así como todas las demás actuaciones del proceso se hicieron violentando derechos fundamentales al ser realizados por juez incompetente, por lo que la Sala ordena que sean restituidos los derechos violentados , específicamente lo relacionado con la privacion de libertad, la cual según dicha sentencia es ilegal y arbitraria. CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por el juez ejecutor en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. El juez ejecutor, abogado HENRY OMAR MANZANARES, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a informar lo siguiente: “PRIMERO: … SEGUNDO: En el municipio de Tocoa, Colón a los quince días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las dos de la tarde, constituido el suscrito juez ejecutor en las instalaciones físicas del Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón, siendo atendido por la secretaria adjunta María Magdalena Jiménez, a quien le informé que la Corte segunda de apelaciones de La Ceiba, Atlántida y el Juzgado de letras seccional de Tocoa, Colón, me habían nombrado juez ejecutor en el habeas corpus interpuesto por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ, contra EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, COLÓN, proporcionándole copia del recurso de exhibición personal y manifestándole, que me rinda un informe de los hechos que motivaron la detención de estas personas dentro del plazo de veinticuatro horas y posteriormente siendo las 2:30 p.m. me traslade a las instalaciones del centro penal de Olanchito, Yoro, llegando a las cuatro de la tarde en punto, con el objeto de notificar el habeas corpus, en el cual fui atendido por la abogada Victoria Alejandra Puerto, asesora del centro penal, el cual le manifesté que había sido nombrado por la Corte segunda de apelaciones de La Ceiba, Atlántida y del Juzgado de letras de Tocoa, Colón, juez ejecutor en el habeas corpus o exhibición personal a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ, contra del Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón, proporcionándole copia del habeas corpus, así mismo solicitando que se me pusieran a la vista a los imputados ya antes mencionados y que me rindieran un informe respectivo dentro del plazo de veinticuatro horas y solicitándole copia de los oficios a efecto de constatar la legalidad de la detención de los imputados se me ponen a la vista los imputados entrevistando a cada uno por separado procediendo a entrevistarme con el señor ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, manifiesta los presentamos voluntariamente al Juzgado de jurisdicción nacional penal en Tegucigalpa en fecha 26 de agosto del 2019 con la jueza Lisseth Vallecillo por protestar contra la empresa Pinares porque está dañando el rio Guapinol y el rio San Pedro de Zamora, los siete nos presentamos porque había una acusación por los delitos de incendio, robo, asociación ilícita y privación injusta de la libertad, me presenté porque soy persona de bien y quería arreglar el problema legal, celebraron audiencia y nos dejaron detenidos, el primero de septiembre del 2019, a mi criterio sin pruebas porque las acusaciones hace a través de mentiras de los testigos, en el encierro he vivido de todo ya que estuve en Támara, en la Tolva y hoy en Olanchito, la confrontación entre los internos, el encierro me ha afectado, físicamente estoy bien no me han torturado, pero si psicológicamente, el encierro me ha afectado, sólo pido que se me restituyan los derechos y la libertad que quiero ya que sé que hay un amparo a favor de nosotros que anula el proceso finalizando la entrevista a las 4:19 P.M. Seguidamente entrevisté al señor KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTINEZ, el 26 de agosto los presentamos por tercera vez al juzgado de jurisdicción nacional con la jueza Lisseth Vallecillo, presentación voluntaria ya que no quería andar huyendo ya que sabía que tenía una orden de captura por un requerimiento fiscal por protestar a favor del Parque Nacional Carlos Escalera por la defensa del Rio Guapinol donde los abastecemos de agua la protesta vino en contra de la mina de la empresa Inversiones de Los Pinares por lo que me di cuenta que tenía orden de captura por un requerimiento que presentaron en contra de mi persona por los delitos de incendio agravado, privación injusta de la libertad, robo y asociación ilícita sin haber cometido los delitos, por lo que le pido al Estado de Honduras que respete nuestros derechos por la defensa del medio ambiente, físicamente estoy bien no me han golpeado ni torturado me han tratado muy bien dentro de lo que cabe, pero si he sido objeto de burlas, le pido al Gobierno que nos permita regresar a nuestra casa debido que los miembros de mi familia nos esperan en casa finalizando la entrevista 4:49 p.m. Seguidamente me entrevisté con el Señor PORFIRIO SORTO CEDILLO dice: Nosotros nos presentamos voluntariamente en fecha 26 de agosto del 2019 en el Juzgado de jurisdicción nacional de Tegucigalpa, ese mismo día celebraron audiencia lo cual quedamos detenidos enviándolos a Támara, ya estando en Támara solicitamos ante juez Lisseth Vallecillo para que nos trasladara al centro penal de Olanchito, Yoro, pero nos trasladaron a la Tolva y a los dos meses nos trasladan al centro penal de Olanchito, Yoro, nuestra detención es por la protesta en contra de la empresa Pinares defendiendo los ríos Guapinol y rio San Pedro. EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ dice por defender el medio ambiente y nuestros derechos no es ningún delito y basado a la llegada de un proyecto minero a la aldea de Guapinol el cual está dañando nuestras fuentes de agua y el área protegida parque Nacional Carlos Escalera las comunidades protestaron y la empresa nos presenta requerimiento fiscal. JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ yo me presenté voluntariamente ante un juez de jurisdicción nacional en Francisco Morazán el 26 de agosto del 2019, en la primera audiencia nos dejaron en prisión por unos delitos que el Ministerio Público se inventó y que ante un Tribunal de sentencia de Trujillo no pudieron comprobar ningún delito, mas así los jueces nos encontraron culpables por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio y daños. JOSÉ AVELINO CEDILLO CANTARERO me presenté el 26 de septiembre del 2019 a un juzgado de jurisdicción nacional en Tegucigalpa para arreglar mi situación legal porque nos acusan de delitos inventados y no podía andar huyendo de la justicia por algo que no he hecho todo por oponerme a un proyecto minero que la empresa minera inventaron para criminalizarnos y callar nuestra lucha inventando los delitos que hasta la vez no pudieron demostrar en juicio. Luego me trasladé a las instalaciones del Ministerio Público con el objeto de notificar el habeas corpus, el cual fui atendido por el fiscal de turno Veiron Salinas. TERCERO: En fecha dieciséis de febrero del 2022, en la oficina de la Defensa Pública de Tocoa, Colón, recibí de un custodio el informe del centro penal de Olanchito junto con las copias de los oficios del Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón, las órdenes de detención de los imputados, posteriormente me trasladé al Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón, pero la carretera que conduce estaba tomada por manifestantes, me comuniqué con la secretaria del tribunal Belkis Bustillo para que me hiciera llegar el informe y llegando el receptor del tribunal Gibrán Lozano entregándome el informe respectivo, ambos informes fueron recibidos antes de las 24 horas. CUARTO: En fecha dieciocho de febrero de 2022 me trasladé a la sede del Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón, con el objeto de que se me pusieran a la vista el expediente TSTC-20-2021 constatando en fecha diecisiete de enero de 2019, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en el Juzgado de letras con competencia territorial en materia penal de San Pedro Sula, Cortés, expediente No. 03-2019, admitiendo dicho juzgado el requerimiento fiscal y ordena librar orden de captura contra todos los imputados por los delitos antes mencionados. En fecha 26 de agosto de 2019 se celebra la audiencia de declaración de imputado contra los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ, ORVIN NAHUN HERNÁNDEZ y ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO, por los delitos de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, INCENDIO AGRAVADO y ROBO en perjuicio de SANTOS HERNÁNDEZ COREA, por los delitos de INCENDIO AGRAVADO en perjuicio de la EMPRESA PINARES y por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en la cual se les decreta detención judicial medida que cumplieron en la Penitenciaría Nacional de Támara, señalando fecha para audiencia inicial para el 29 de agosto de 2019. CONCLUSIONES: CONSIDERANDO (1): El suscrito juez ejecutor teniendo a la vista resolución de sentencia de recurso de amparo penal SCO-919-2020 dictada en fecha 10 de febrero de 2022, por la Sala de lo Constitucional que por unanimidad de votos falla OTORGANDO el recurso de amparo, interpuesto por el abogado EDY ALEXANDER TÁBORA GONZALES a favor de los señores JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTINEZ, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO CRUZ, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ y ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO, contra la resolución emitida por la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán, con competencia territorial nacional en materia penal, en fecha 3 de marzo de 2020, con relación a la causa instruida contra los antes mencionados como autores de los delitos de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, INCENDIO, ROBO, en perjuicio de SANTOS HERNÁNDEZ COREA, así como por el delito de INCENDIO AGRAVADO en perjuicio de la EMPRESA PINARES S.A. de C.V. y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (2): La novel Ley sobre justicia constitucional, Ley de garantías constitucionales vigentes en nuestro país observa en sus artículos 1, 3, 4, 10, 13, 17, 18, 21, 24, 25 y 34 las garantías constitucionales que todo ciudadano tiene derecho, así como en nuestra carta magna. . . CONSIDERANDO (3): . . . CONSIDERANDO (4): El suscrito juez ejecutor después del estudio del presente caso concluye que el recurso de exhibición personal interpuesta por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTINEZ, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ, ORVIN HERNÁNDEZ, de quienes se dice se encuentran en una privación de libertad ilegal y arbitraria por el Tribunal se sentencia de Trujillo, Colón, con respecto a una sentencia de amparo SCO-0919-2020, emitida por la Sala de lo Constitucional que fue declarada con lugar, por lo que la denuncia planteada por el recurrente no se subsume en los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues sostiene que sus representados están privados de libertad en obediencia a una decisión impugnada mediante un recurso de amparo que fue declarado con lugar por la Sala de lo Constitucional, sin embargo por mandato de la propia Sala dicha resolución deberá hacérseles saber a las autoridades concernidas mediante correspondiente certificación y devolución de los antecedentes para que cumplan de manera sucesiva el fallo pronunciado, resolución que forma parte de las diligencias de mérito y que a través de los canales dispuestos están siendo devueltas a dichos órganos jurisdiccionales por lo que el Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón, hasta que legalmente reciba la certificación del fallo y las diligencias de mérito podrá conocer lo resuelto por la Sala de lo Constitucional y darle el debido cumplimiento; por lo que hasta este momento no se aprecia ningún tipo de abuso por parte del Tribunal de sentencia de Trujillo, Colón. CONSIDERANDO (5): . . . POR TANTO: Este juez ejecutor, considerando lo antes expuesto, en uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR, el recurso de exhibición personal interpuesto por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ, ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ, sirviendo de fundamento a la presente decisión de los artículos 1, 69, 80, 182 y 321 de la Constitución de la República; 1, 13, 24, 26, 34, 35, 37, 38 de la Ley sobre justicia constitucional.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Diligencias efectuadas por el juez ejecutor en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. Por su parte, el juez ejecutor, abogado MARIO AMADOR, cumpliendo con el mandato de su cargo, procedió a informar lo siguiente: “PRIMERO: … SEGUNDO: Cumpliendo con lo ordenado por la Corte de apelación de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, el mismo día 16 de febrero de 2022 comparecí a la Sala de lo Constitucional donde me entrevisté con el abogado Almendarez, secretario de la Sala, a quien hice saber mi nombramiento y requerí para que me proporcionara por escrito la información relacionada con el expediente de amparo penal SCO-919-2020, cuyos datos confirmé en el referido expediente… TERCERO: El 16 de febrero de 2022 acudí a la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, en donde me confirmaron que este mismo día, en la secretaría de dicho tribunal, recibieron las diligencias procedentes de la Sala de lo Constitucional referidas al amparo interpuesto por el abogado Edy Alexander Tábora Gonzales a favor de Kevin Alejandro Romero y otros, diligencias que, con las inversiones pertinentes y cumpliendo el fallo pronunciado por la Sala Constitucional, próximamente serán devueltas al juez natural competente, para que siga conociendo de las indicadas diligencias y resuelva conforme a derecho. CUARTO: El suscrito juez ejecutor después de revisar el contenido del expediente número SCO-0919-2020, el informe presentado por el secretario de la Sala de lo Constitucional y las demás información proporcionada en la secretaría de la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, concluye que la denuncia planteada por el recurrente no se subsume en los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre justicia constitucional, pues sostiene que sus representados están privados de libertad en obediencia a una decisión impugnada mediante amparo que fue declarada con lugar por la Sala Constitucional, pero si bien consta en las diligencias que este juez ejecutor tuvo a la vista la sentencia dictada por la Sala Constitucional, sin embargo, por mandato de la propia sala, dicha resolución deberá hacérseles saber a las autoridades concernidas mediante la correspondiente certificación y devolución de los antecedentes para que cumplan de manera sucesiva el fallo pronunciado, resolución que forma parte de las diligencias de mérito y que a través de los canales dispuestos están siendo devueltas a dichos órganos jurisdiccionales, por lo que el juez natural hasta que legalmente reciba la certificación del fallo y las diligencias de mérito podrá conocer lo resuelto por la Sala Constitucional y darle el debió cumplimiento; por lo antes expuesto hasta el momento no se aprecia ningún tipo de abuso por parte del juez natural competente. QUINTO: Se acompañan al presente informe los documentos siguientes: … POR TANTO: El juez ejecutor, considerando lo antes expuesto, en uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República y la Ley sobre justicia constitucional, DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto a favor de los señores JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO CRUZ y ORBIN NAHÚN HERNÁNDEZ.” CONSIDERANDO CINCO (5): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por sendos jueces ejecutores, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que procede dictar sentencia revocatoria en relación con la dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós. La Sala de lo Constitucional fija su atención en la sentencia AP-0919-2020 dictada por este alto tribunal de justicia en fecha diez de febrero del año en curso. En dicha sentencia recayó el decisum siguiente: “FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado EDY ALEXANEER TÄBORA GONZALES a favor de los señores JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTÍNEZ, JOSÉ ABELINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWE ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHÚN HERNÁNDEZ y ARNOLD JAVIER ALEMÁN SORIANO, contra la resolución emitida por la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, en fecha tres de marzo del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los antes mencionados como autores de los delitos de PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD E INCENDIO AGRAVADO, ROBO en perjuicio de SANTOS HERNÁNDEZ COREA ;así como el delito de INCENDIO AGRAVADO en perjuicio de la empresa Los Pinares S.A. de C. V., ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, a fin de que a su vez devuelva las presentes diligencias al juez natural competente para que siga conociendo de las presentes diligencias y resuelva conforma a derecho, respetando el debido proceso y por ende el principio de legalidad, tal y como se ha fundamentado en los acápites anteriores de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.” En dicha sentencia, este alto tribunal de justicia dejó expresado que la resolución de fecha tres de marzo de dos mil veinte dictada por la corte de apelaciones de lo penal del departamento de Francisco Morazán con competencia territorial nacional en materia penal, violentó el principio-derecho del juez natural, inobservando que la Ley especial de órganos jurisdiccionales con competencia territorial nacional en materia penal crea órganos jurisdiccionales especiales, para que conozcan una serie de delitos cometidos por organizaciones o grupos criminales, siendo esta la base para decidir la competencia de tales tribunales, sin embargo, la Sala de lo Constitucional observó en aquella oportunidad que, esto no fue objeto de análisis por parte de la autoridad judicial denunciada, quien no tomó en cuenta: el contexto de los hechos, los principios, requisitos y exigencias del debido proceso, que contiene el principio de legalidad, por lo que eta Sala consideró en aquella oportunidad que, no hubo tutela judicial efectiva. La Sala finalizó dicha sentencia, señalando que en la causa penal se quebrantó el principio-derecho de juez natural y en consecuencia el debido proceso, negándole así a los acusados una tutela judicial efectiva.[1] En el considerando 19 de esa misma sentencia dictada por la Sala y que se cita en la presente exhibición personal, este alto tribunal dejó sentado que: “… sólo el juez natural podrá dictar resoluciones encaminadas a resolver el conflicto penal sometido a su conocimiento.” Siempre en ese mismo sentido, la Sala de lo Constitucional dejó constancia en dicha sentencia que, el artículo 2 de la Ley especial de órganos jurisdiccionales con competencia territorial nacional en materia penal, dispone de una serie de delitos que, por su alto impacto en la sociedad, son materia de conocimiento de órganos jurisdiccionales especializados, debido a que son cometidos por organizaciones criminales. De igual manera, la Sala tomó en consideración que en el artículo 12 de la misma ley, se faculta a que dichos órganos jurisdiccionales conozcan de otros delitos distintos a los contenidos en el catálogo del artículo 2, atendiendo a un criterio de conexidad, tal como lo dispone el artículo 68 del Código procesal penal. Siendo así las cosas, es claro que la decisión contenida en la sentencia AP-0919-2020 de esta Sala, y que fuera citada por el garantista en esta exhibición personal, fue parte de sendos informes de los jueces ejecutores nombrados en las diligencias de mérito. También es claro que dicha sentencia dictada por la Sala, tiene como propósito dejar sentado que, en la causa criminal que se les sigue a los ciudadanos KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ, se violentó el debido proceso por vía de falta de conocimiento del caso por juez natural competente y además tutela judicial efectiva. Como consecuencia de lo anterior, es claro que la decisión en dicho amparo conlleva a señalar que, no se ha cumplido en relación con los indiciados el requisito de ser privados de la libertad por juez natural competente, razón suficiente para declarar con lugar la presente exhibición personal o habeas corpus, debiéndose por ende ordenar la libertad inmediata de los ciudadanos sujetos a la presente garantía constitucional. Se toma en cuenta que, el artículo 69 constitucional declara por una parte que la libertad personal es inviolable y que únicamente puede ser restringida o suspendida de manera temporal con arreglo a las leyes. Además, si bien es cierto el artículo 84 constitucional se refiere específicamente a la detención y al arresto, su contenido dispositivo es totalmente aplicable según el brocardo latino pari ratione aequali (a igual razón igual derecho), para la decisión de privar la libertad mediante auto de formal procesamiento. El artículo 84 en mención dispone inter alia que la orden sea por escrito y además que, sea dictada por autoridad competente. Más claro aún, el artículo 90 constitucional demanda que nadie puede ser juzgado sino por autoridad judicial competente. En este caso también es de aplicación directa el numeral 2 del artículo 24 de la Ley sobre justicia constitucional, el cual declara ilegal y arbitrario toda orden de prisión que no emane de autoridad competente. Por todo lo anterior, este alto tribunal de justicia es del parecer que procede declarar con lugar la presente garantía de habeas corpus o exhibición personal, por mandato literal del artículo 38 de la Ley sobre justicia constitucional. En consecuencia, se ordena la inmediata libertad de los ciudadanos KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚN HERNÁNDEZ. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 3 No. 1, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre justicia constitucional, FALLA: REVOCANDO la sentencia dictada por la honorable Corte segunda de apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, en consecuencia DECLARA CON LUGAR la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado EFRAÍN RAMÍREZ CISNEROS, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚM HERNÁNDEZ. En consecuencia, ORDENA: La INMEDIATA LIBERTAD de los ciudadanos KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO CONTRERAS, EWER ALEXANDER CEDILLO CRUZ y ORVIN NAHÚM HERNÁNDEZ, contra actuaciones de los órganos jurisdiccionales, con competencia territorial nacional en materia penal. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda a poner en conocimiento esta sentencia a los órganos jurisdiccionales, para que proceden de inmediato a su cumplimiento, notifique al impetrante el fallo y seguidamente se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de exhibición personal venido en revisión registrada en este Tribunal con el número SCO-0530-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Texto parafraseado, extraído de la sentencia de amparo AP-0919-2020.