Sentencia EP-515-22 — Registro 15023
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, manifestando el peticionario que interpone acción de Hábeas Corpus a favor de la privada de libertad “para que se constate si le están dando alimentación adecuada, un lugar adecuado para dormir y si se le da la atención y evaluación médica constante y que se ordene sea evaluada por psicólogos y psiquiatras de Medicina Forense para que emitan dictamen legal del estado de salud de la privada de libertad, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.”
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal de la Privada de Libertad YURI PAOLA JUAREZ BONILLA, ello se desprende de las diligencias de investigación realizadas por la Juez Ejecutor. De la entrevista realizada a la Privada de Libertad y los informes brindados por la autoridad requerida la Juez Ejecutor concluye que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque se pudo constatar que dicha persona privada de libertad señora Yuri Paola Juárez Bonilla no se encuentra siendo objeto de tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal ni ninguna coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual. Evidenciándose que no ha existido violación alguna de derechos y garantías constitucionales; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, a favor de la señora Yuri Paola Juárez Bonilla, contra actuaciones de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, manifestando el peticionario que interpone acción de Hábeas Corpus a favor de la privada de libertad Yuri Paola Juárez Bonilla: “para que se constate si le están dando alimentación adecuada, un lugar adecuado para dormir y si se le da la atención y evaluación médica constante y que se ordene sea evaluada por psicólogos y psiquiatras de Medicina Forense para que emitan dictamen legal del estado de salud de la privada de libertad Yuri Paola Juárez Bonilla, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.” A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de la privada de libertad Yuri Paola Juárez Bonilla, contra actuaciones de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, manifestando el peticionario que interpone el presente recurso: “…para que se constate si le están dando alimentación adecuada, un lugar adecuado para dormir y si se le da la atención y evaluación médica constante y que se ordenen sea evaluada por psicólogos y psiquiatras de medicina forense para que emitan dictamen legal del Estado de salud de la privada de libertad Yuri Paola Juárez Bonilla.” (Folio 1 de los autos) 2) En fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió declararse incompetente para seguir conociendo del recurso de mérito, asimismo, ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional, designando a prevención como Jueza Ejecutora, a la Abogada Blanca Sarahí Izaguirre Lozano, en su condición de Comisionada Nacional de Derechos Humanos, quien debería de manera inmediata constituirse al lugar donde se encuentra recluida la supuesta agraviada, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional y examinar los antecedentes relativos al caso de mérito. (Folios 2-3 de los autos) 3) En fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintidós, esta Sala de lo Constitucional, tuvo por recibidas las diligencias que contienen el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, a favor de la señora Yuri Paola Juárez Bonilla, quien se encuentra privada de libertad en el Centro Femenino de Adaptación Social de Támara. (Folio 5 de los autos) 4) En fecha siete de abril del año dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, la Abogada Blanca Sarahí Izaguirre Lozano, en su condición antes mencionada, presentando informe de actuaciones, mediante el cual se concluye: “Practicado el Recurso de Exhibición Personal, ordenado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, a solicitud del abogado Cesar Arturo Heller Portillo en su condición personal, a favor de la señora YURY PAOLA JUÁREZ BONILLA y en contra de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, este Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, concluye que la privada de Libertad YURY PAOLA JUÁREZ BONILLA, no se encuentra siendo objeto de tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y ninguna coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual…” (Folios del 9-11 de los autos) 5) En fecha veintiuno de abril del año dos mil veintidós, esta Sala de lo Constitucional apreció que el informe presentado por la Juez Ejecutor, no cumple a cabalidad con los deberes que su nombramiento le impone, pues no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que una vez concluidos los trámites indicados en la Sección III, declare sin dilación alguna, si ha o no lugar la acción, quedando inconclusas sus actuaciones, además, debe acreditar los documentos de soporte de todo lo actuado (entrevistas, expediente clínico, etc., mediante las cuales se pueda avalar las diligencias realizadas, por lo que se hace procedente ordenarle a la jueza ejecutora que amplié su informe a fin de concluir con las omisiones que se señalan en la resolución y otras que considere necesarias para la correcta sustanciación del presente Recurso de Hábeas Corpus. (Folio 12fv de los autos) 6) En fecha treinta de mayo del año dos mil veintidós, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Jueza Ejecutora nombrada, cumplimentando su informe, desprendiéndose del mismo lo siguiente: “…Ubicados en el Centro Penitenciario, se entrevistó a la señora YURI PAOLA JUÁREZ BONILLA, con documento de identidad No.1502-1988-00294, de 33 años de edad, constatando que, se encuentra en el Módulo denominado “La Plancha”, quien nos puso a la vista su alacena, la cual se encuentra abastecida con buena cantidad de víveres (frutas, verduras, platos y vasos desechables, entre otros). Además, puso a la vista un refrigerador lleno, conteniendo carnes, embutidos y demás productos refrigerados. Asimismo, manifestó que: “sus apoderados legales son los Abogados Percy Elvir y Julio Herrera; quienes no han presentado ningún recurso, ni su familia, ni ella”. Enfatiza la señora Juárez Bonilla que quiere dejar constancia que ni ella ni su familia conocen al Abogado César Arturo Heller Portillo, que no es su apoderado legal y no tiene ninguna relación con él y desconoce quien se está prestando para realizar esas acciones en su caso. Adicionalmente, la señora Juárez Bonilla expresó que: “En cuanto a la atención y condiciones no se queja de nada, todo está muy bien y tampoco se queja del trato de las Custodios, todos la tratan bien, en cuanto a su estado de salud aparte de que se observa saludable, expresa claramente que no padece de ninguna enfermedad”. Después de levantar el acta de la inspección personal a ella, firmó la constancia, a las 2:30 p.m. del 25/3/2022. Seguidamente se realizó inspección en la clínica del centro penitenciario, donde nos atendió la Doctora Bessy Ávila, quien nos puso a la vista el expediente clínico de la privada de libertad, constatando que ingresó a PNFAS el 21 de febrero de 2022, sin antecedentes patológicos; mencionado como antecedente haberse sometido a las siguientes cirugías: 1) Peritonitis. 2) Cesárea. 3) Cálculos en la vesícula; todo de hace varios años. Al momento de ingresar al centro penitenciario se encontraba contagiada de COVID-19, sin presentar síntomas, siendo evaluada durante la enfermedad, manteniéndose asintomática y su última evaluación médica fue el 1 de marzo de 2022, como seguimiento a la enfermedad, contando con dos (2) dosis de vacunas contra COVID-19. Todo lo cual, consta en la constancia respectiva, refrendada con la firma de la Doctora Ávila… este Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) concluye declarando NO HA LUGAR el recurso presentado, por constatar que dicha persona privada de libertad no se encuentra siendo objeto de tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal ni ninguna coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual…” (Folios del 15-17 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Ley Suprema declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintitrés de marzo del presente año dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, interponiendo Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de la Privada de Libertad señora YURI PAOLA JUAREZ BONILLA, contra actuaciones de las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, peticionando el garantista que se constate si a la privada de libertad le están dando alimentación adecuada, un lugar adecuado para dormir y si se le brinda la atención y evaluación médica constante, ya que el fin supremo del Estado es la vida humana. CONSIDERANDO (5): Que en fecha veinticuatro de marzo del presente año dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se declaró incompetente para seguir conociendo del recurso de mérito y a prevención designó como Juez Ejecutor a la Abogada BLANCA SARAHI IZAGUIRRE LOZANO, en su condición de Comisionada Nacional de Derechos Humanos, a efecto de requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que la Abogada BLANCA SARAHI IZAGUIRRE LOZANO, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe y ampliación de informe en fechas siete (07) de abril y treinta (30) de mayo del presente año dos mil veintidós (2022), consignando entre otros extremos los enunciados en los numerales cuatro y seis de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que es importante relacionar que el Hábeas Corpus es una institución jurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la persona, como estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. El hábeas corpus, tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a la libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos. CONSIDERANDO (8): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3 que consiste en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (10): Que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[6], brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”. CONSIDERANDO (11): Que tanto la Declaración de Naciones Unidas de 1975 como la Convención contra la Tortura de 1984, definen la tortura como aquella cuyo propósito es conseguir: a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) un medio de castigo, por un hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido; c) como medio para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por razón de discriminación. Para la Abogada Liliana Galdámez[7] La Convención Interamericana, por su parte, amplia los criterios anteriores, teniendo como finalidad: a) servir como “medio de investigación criminal”; b) “castigo”; c) “medida preventiva”; d) como “pena”, o, e) “con cualquier otro fin”. También considera como tortura aquella cuya finalidad es: f) “anular la personalidad de la víctima” o, g) “disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Afirma la autora que, a diferencia de la Declaración y la Convención en contra de la Tortura del Sistema de Naciones Unidas, en el Sistema interamericano se introduce un tipo abierto: “cualquier otro fin” que implica que la conducta debe tener una finalidad, sin que sea determinante su contenido. CONSIDERANDO (12): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[8]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[9] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (13): Que consta del informe y ampliación de informe presentado por la Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionados con lo establecido en el artículo 15[10] de la misma normativa legal, en virtud que, al momento de realizar las diligencias de investigación a efecto de constatar los hechos denunciados por el impetrante, la supuesta agraviada expresó en la entrevista brindada a la Juez Ejecutor que sus apoderados legales son los Abogados Percy Elvir y Julio Herrera, quienes no han presentado ningún recurso, ni su familia, ni ella; además expresó que en cuanto a la atención y condiciones no se queja de nada, todo esta muy bien y tampoco se queja del trato de las Custodias, todos la tratan bien, en cuanto a su estado de salud, expresó que no padece de enfermedad alguna. (folios 16f de los autos contentivo del recurso de Hábeas Corpus) CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal de la Privada de Libertad YURI PAOLA JUAREZ BONILLA, ello se desprende de las diligencias de investigación realizadas por la Juez Ejecutor. De la entrevista realizada a la Privada de Libertad y los informes brindados por la autoridad requerida la Juez Ejecutor concluye que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque se pudo constatar que dicha persona privada de libertad señora Yuri Paola Juárez Bonilla no se encuentra siendo objeto de tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal ni ninguna coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual. Evidenciándose que no ha existido violación alguna de derechos y garantías constitucionales; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO a favor de la Privada de Libertad YURI PAOLA JUAREZ BONILLA, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redacto la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-515-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Artículo 1, último párrafo de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[6] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.
[7] www.corteidh.or.cr. Revista CEJL Debates sobre Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Artículo “La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Abogada. En ese entonces de publicación del articulo en el año 2006, cursando estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, España.
[8] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.
[9] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[10] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.