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Sentencia EP-364-22 — Registro 14447

Resumen

En revisión la sentencia que declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal en la que el impetrante denunciaba que: “… el agraviado se encuentra ilegalmente preso en la penitenciaría “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, Francisco Morazán, en virtud de no existir ningún expediente conocido en que se le siga causa alguna…”. (Folio 1 del antecedente). contra actuaciones del Juzgado de Ejecución de la sección Judicial de Puerto Cortés.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que procede dictar sentencia confirmatoria en relación con la dictada por la honorable corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés en fecha once de febrero de dos mil veintidós. Como bien señala la honorable corte de apelaciones, procede declarar no ha lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal, en virtud de los resultados obtenidos con la investigación realizada por el juez ejecutor nombrado, abogado Jesús Mejía Hernández, quien al investigar el objeto de la presente garantía constitucional interpuesta a favor del ciudadano Juan Carlos Santos Arias, constató que dicho ciudadano se encuentra privado de libertad en virtud de varias condenas por delitos, así: “… el señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS se encuentra cumpliendo condena por sentencia de fecha dos de abril del año … por los delitos de: 1) ILEGAL DE ARMA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS a una pena de SEIS AÑOS. 2) ROBO, en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS, a la pena de NUEVE AÑOS. 3) ASESINATO CONSUMADO, en perjuicio de THOMAS FRANCIAS GIBLINS y otro, a la pena de CUARENTA AÑOS: y, 4) SECUESTRO en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS y otro, a la pena de CINCUENTA AÑOS. Extremos estos que se encuentran debidamente documentados. Por otro lado, la corte consigna que dicho juez ejecutor comprobó mediante auxilio judicial, recaído en la defensora pública Irma Lizet Aguilar, que el ciudadano Juan Carlos Santos Arias se encuentra en buen estado de salud y que nunca ha sido objeto de ningún maltrato, vejamen o tortura alguna, estableciendo además que según pudo observar se encuentra en buen estado de salud y que no presenta golpes visibles. En virtud de todo lo cual, la corte concluyó que de conformidad con la averiguación realizada in situ por el juez ejecutor, no concurren ninguno de los supuestos señalados en los artículos 13 y 14 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que resulta procedente denegar la presente garantía de exhibición personal. Esta Sala de lo Constitucional verifica que con todo lo actuado por el juez ejecutor, es correcto lo expuesto por la corte de apelaciones de mérito, por lo que corresponde confirmar la denegatoria declarada en la presente garantía constitucional de exhibición personal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintidós. VISTA: En revisión la sentencia dictada por la honorable Corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés en fecha once de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado Juan Fernando Andrade Martínez a favor del señor Juan Carlos Santos Arias, contra actuaciones del Juzgado de ejecución de la sección judicial de Puerto Cortés. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés, el abogado Juan Fernando Andrade Martínez, interponiendo garantía constitucional de exhibición personal a favor del señor Juan Carlos Santos Arias, contra actuaciones del Juzgado de ejecución de la sección judicial de Puerto Cortés. 2. En fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tuvo por recibido el recurso de mérito, asimismo, nombró al Juez Ejecutor Jesús Mejía Hernández Arias. (Folio 3 vuelto del antecedente). 3. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés, tuvo por recibido el informe emitido por el juez ejecutor designado, en el cual se dispuso declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal. (Folios 35-37 del antecedente). 4. En fecha once de febrero de dos mil veintidós, la Corte de apelaciones de lo penal de la sección judicial del departamento de Cortés, falló: “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR, EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL O HÁBEAS CORPUS interpuesto por el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTÍNEZ, a favor del señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS, contra actuaciones del JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PUERTO CORTÉS, CORTÉS…” (Folios 83-91 del antecedente). 5. En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene la garantía constitucional de exhibición personal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley sobre justicia constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal denuncia que: “… el agraviado se encuentra ilegalmente preso en la penitenciaría “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, Francisco Morazán, en virtud de no existir ningún expediente conocido en que se le siga causa alguna…”. (Folio 1 del antecedente). CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por el juez ejecutor en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. El juez ejecutor Jesús Mejía Hernández, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a informar lo siguiente: “…ÚNICO: Que en fecha 27 de enero del año dos mil dieciséis, fue recibido el expediente número 39. 16 en el Juzgado de letras penal de Puerto Cortés, conteniendo la causa del señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS y otro, por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA; ROBO; ASESINATO CONSUMADO y SECUESTRO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; THOMAS FRANCIS GIBLINS y GERARDO RIVERA; THOMAS FRANCIS GIBLINS y MARTHA LETICIA VILLANUEVA. Asimismo, con las diligencias realizadas mediante auxilio judicial por la abogada GABRIELA MARÍA MEJÍA CASTELLANOS, defensora pública asignada a San Pedro Sula, pude constatar que la misma causa, bajo el número de 39-16 de JUAN CARLOS SANTOS ARIAS y MANUEL ARMANDO MESA por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, fue asignada al Juzgado de ejecución de San Pedro Sula, Cortés, el cual por encontrar inconsistencias en dicho expediente, lo remitió al Juzgado de letras penal de Puerto Cortés en fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, esto en virtud de haberse ordenado por parte de la corte de apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, que“…ÚNICO: Que en fecha 27 de enero del año dos mil dieciséis, fue recibido el expediente número 39. 16 en el Juzgado de letras penal de Puerto Cortés, conteniendo la causa del señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS y otro, por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA; ROBO; ASESINATO CONSUMADO y SECUESTRO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; THOMAS FRANCIS GIBLINS y GERARDO RIVERA; THOMAS FRANCIS GIBLINS y MARTHA LETICIA VILLANUEVA. Asimismo, con las diligencias realizadas mediante auxilio judicial por la abogada GABRIELA MARÍA MEJÍA CASTELLANOS, defensora pública asignada a San Pedro Sula, pude constatar que la misma causa, bajo el número de 39-16 de JUAN CARLOS SANTOS ARIAS y MANUEL ARMANDO MESA por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, fue asignada al Juzgado de ejecución de San Pedro Sula, Cortés, el cual por encontrar inconsistencias en dicho expediente, lo remitió al Juzgado de letras penal de Puerto Cortés en fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, esto en virtud de haberse ordenado por parte de la corte de apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, que el juez proceda a emitir nueva sentencia definitiva, porque al momento de emitir la sentencia por tal delito no se pronunció sobre la causa de los señores JUAN CARLOS SANTOS ARIAS y MANUEL ARMANDO MESA, pude también constatar que el señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS se encuentra cumpliendo condena por sentencia de fecha dos de abril del dos mil trece, la cual tuve a la vista, por los delitos de: 1) PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS condenado a una PENA DE SEIS AÑOS; 2) ROBO, en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS condenado a PENA DE NUEVE AÑOS; 3) ASESINATO CONSUMADO, en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS y GERARDO RIVERA, condenado a una PENA DE CUARENTA AÑOS; 4) SECUESTRO en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS Y MARTHA LETICIA VILLANUEVA condenado a PENA DE CINCUENTA AÑOS, asimismo, solicité en el Juzgado de letras de Puerto Cortés, el expediente número 282-01 de la causa que se le siguió al señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS, HENRY GARMENDIA FLORES y ANAEL GUARDADO HERNÁNDEZ para verificar si existe algún hecho violatorio de los derechos y garantías al señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS, y se puede deducir que hubo retardo en el cumplimiento de lo ordenado por la corte de apelaciones de San Pedro Sula, (Se adjunta informe de las diligencias realizadas, en las que consta el movimiento cronológico del expediente de mérito y certificación de sentencia emitido por las autoridades del Juzgado de Letras Penal), también esta juzgadora constató que el señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS, no se encuentra detenido ilegalmente, pues pesan varias condenas sobre él por la comisión de varios delitos según consta en expediente de mérito, lo cual pude constatar en la copia autenticada del expediente 39-16 entregado por la secretaria general del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto honorable corte de apelaciones penal, se puede deducir que al señor, JUAN CARLOS SANTOS ARIAS, no se le han violentado los derechos ni las garantías constitucionales contenidas en los artículos 69, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 94 de la Constitución de la República; 13 y 14 de la Ley sobre justicia constitucional, dado que al señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS se le ha seguido un debido proceso en el que fue declarado culpable de los delitos que se le imputaron, que si bien es cierto en su momento la sentencia fue recurrida por la defensa del señor ANAEL GUARDADO HERNÁNDEZ, no es menos cierto que sólo fue recurrida únicamente, en cuanto a la sentencia condenatoria por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS con una pena de SEIS AÑOS, siendo admitido el recurso y ordenando la corte de apelaciones, al Juzgado Penal de Puerto Cortés, que se emitiera nueva sentencia sobre ese delito por ser una pena errónea y no estar conforme a derecho y en aquel momento el tribunal no se pronunció en la sentencia sobre los señores JUAN CARLOS SANTOS ARIAS y MANUEL ARMANDO MESA por lo que se comete retardo al emitir la sentencia, pero eso no vuelve inocentes a los encausados mencionados. POR TANTO: Esta juez ejecutora resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL presentado por el señor JUAN FERNANDO ANDRADE MARTÍNEZ a favor del señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS en virtud de que el estudio de los antecedentes resulta que no se han restringido ni violentado sus derechos y garantías constitucionales, por lo que esta juez ejecutora, no está facultada para dirimir sobre las peticiones planteadas por el impetrante. Por lo consiguiente ordena que la causa siga su curso hasta el cumplimiento de la sentencia condenatoria…” CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, determina que procede dictar sentencia confirmatoria en relación con la dictada por la honorable corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés en fecha once de febrero de dos mil veintidós. Como bien señala la honorable corte de apelaciones, procede declarar no ha lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal, en virtud de los resultados obtenidos con la investigación realizada por el juez ejecutor nombrado, abogado Jesús Mejía Hernández, quien al investigar el objeto de la presente garantía constitucional interpuesta a favor del ciudadano Juan Carlos Santos Arias, constató que dicho ciudadano se encuentra privado de libertad en virtud de varias condenas por delitos, así: “… el señor JUAN CARLOS SANTOS ARIAS se encuentra cumpliendo condena por sentencia de fecha dos de abril del año … por los delitos de: 1) ILEGAL DE ARMA, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS a una pena de SEIS AÑOS. 2) ROBO, en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS, a la pena de NUEVE AÑOS. 3) ASESINATO CONSUMADO, en perjuicio de THOMAS FRANCIAS GIBLINS y otro, a la pena de CUARENTA AÑOS: y, 4) SECUESTRO en perjuicio de THOMAS FRANCIS GIBLINS y otro, a la pena de CINCUENTA AÑOS. Extremos estos que se encuentran debidamente documentados. Por otro lado, la corte consigna que dicho juez ejecutor comprobó mediante auxilio judicial, recaído en la defensora pública Irma Lizet Aguilar, que el ciudadano Juan Carlos Santos Arias se encuentra en buen estado de salud y que nunca ha sido objeto de ningún maltrato, vejamen o tortura alguna, estableciendo además que según pudo observar se encuentra en buen estado de salud y que no presenta golpes visibles. En virtud de todo lo cual, la corte concluyó que de conformidad con la averiguación realizada in situ por el juez ejecutor, no concurren ninguno de los supuestos señalados en los artículos 13 y 14 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por lo que resulta procedente denegar la presente garantía de exhibición personal. Esta Sala de lo Constitucional verifica que con todo lo actuado por el juez ejecutor, es correcto lo expuesto por la corte de apelaciones de mérito, por lo que corresponde confirmar la denegatoria declarada en la presente garantía constitucional de exhibición personal. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 3 No. 1, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre justicia constitucional, FALLA: CONFIRMA la sentencia dictada por la honorable Corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés en fecha once de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual declaró no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el abogado Juan Fernando Andrade Martínez a favor del señor Juan Carlos Santos Arias, contra actuaciones del Juzgado de ejecución de la sección judicial de Puerto Cortés. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-364-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL