Sentencia EP-196-22 — Registro 14442
Resumen
Se interpuso recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, expone el peticionario que: “… se me han violado mis derechos constitucionales privados e internacionales, no se me permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y el Código Penal vigente estoy pasado de la sentencia, estuve bastante mal por la Pandemia del Covid-19, no se me dio el tratamiento correspondiente necesario, ya que los medicamentos se agotaron y tuve que mandar a comprar dichos medicamentos afuera…” por lo que solicita el excarcelamiento inmediato.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por el Juez Ejecutor nombrado, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por el delito Robo, en perjuicio de Steven Jezabel Álvarez Gámez, a una pena de 5 años de Reclusión; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Jorge Alfredo Sierra, manifiesta que no padece de enfermedades base, que estuvo con Covid-19, pero que lo supero y no fue necesario un internamiento. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de la privada de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5]. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por el Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesto por la señora SANDRA PADILLA, a favor del señor JOSE ALFREDO SIERRA SIERRA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, departamento de Francisco Morazán, expone el peticionario que: “… se me han violado mis derechos constitucionales privados e internacionales, no se me permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y el Código Penal vigente estoy pasado de la sentencia, estuve bastante mal por la Pandemia del Covid-19, no se me dio el tratamiento correspondiente necesario, ya que los medicamentos se agotaron y tuve que mandar a comprar dichos medicamentos afuera…” por lo que solicita el excarcelamiento inmediato. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Señora SANDRA PADILLA, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus a favor del señor JOSE ALFREDO SIERRA SIERRA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, departamento de Francisco Morazán, exponiendo el peticionario que: “…se me han violado mis derechos constitucionales privados e internacionales, no se me permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y el Código Penal vigente estoy pasado de la sentencia, estuve bastante mal por la Pandemia del Covid-19, no se me dio el tratamiento correspondiente necesario, ya que los medicamentos se agotaron y tuve que mandar a comprar dichos medicamentos afuera…”, por lo que solicita el excarcelamiento inmediato. (Folio 01 de los autos) 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el recurso de mérito, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor al Abogado JACOBO NOEL REYES MATUTE, Defensor Público de la Ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por la recurrente, debiendo constituirse al lugar en donde se encuentra detenido el señor Jorge Alfredo Sierra Sierra, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo ordenar a dichas autoridades que rindan su informe de conformidad a lo establecido en el articulo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 03 de los autos) 3) Que en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintidós (2022), el Juez Ejecutor JACOBO NOEL REYES MATUTE compareció de esta Sala de lo Constitucional y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: (Sic) “CONSIDERANDO: Recibida la comunicación, el suscrito Juez Ejecutor en fecha tres (3) de febrero del año dos mil veintidós (2022) en horas de la mañana me constituí en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de Tamara a efecto de requerir personalmente, en legal y debida forma al señor Director de dicha institución quien recibió el respectivo requerimiento para rendir el informe respectivo en base a lo que establece el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, así también le solicite me exhibiera al señor Jorge Alfredo Sierra Sierra, con quien tuve una entrevista explicándole el motivo de mi visita como se puede observar en el documento o acta redacta al efecto.- El señor Jorge Alfredo Sierra Sierra establece dentro de su entrevista que recuerda estar detenido en esa Penitenciaria desde fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019) y que se encontraba preso por un delito de robo y quien lo asistió en la causa fue un Defensor Público y que lo condenaron por ese delito, que antes también había estado detenido en dos ocasiones, que no padece de ninguna enfermedad de base hasta el momento y se encontraba bien de salud o dentro de lo normal, que si estuvo con Covid 19 pero que lo supero y no fue necesario un internamiento, también expreso que no ha recibido visita del Juez de ejecución o que por lo menos no sabe nada dl tiempo que va estar en detención cumpliendo condena.- CONSIDERANDO: Que el día cuatro de febrero del año dos mil veintidós (2022) y debido a lo manifestado por el señor Jorge Alfredo Sierra Sierra me constituí en el Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a efecto de verificar si el señor Sierra Sierra tenia causas pendientes de ejecutar, a lo que según libro de entradas tiene dos: según certificaciones de sentencias con números 342-2015 y 1233-2019, intente requerir a los jueces encargados de esas causas y no fue posible en ese momento, por lo cual requerí personalmente, en lega y debida forma al señor Secretario General del Juzgado a efecto de que rindiera un informe sobre las causas pendientes del Señor Jorge Alfredo Sierra Sierra en base a lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Los informes presentados por las autoridades requeridas establecen lo siguiente:… CONSIDERANDO: Que el recurrente en el escrito establece que al exhibido se le han violentado todos sus derechos constitucionales, privados e internacionales,… CONSIDERANDO: Haciendo una relación y análisis de lo solicitado en el escrito de Habeas Corpus y los informes rendidos por las autoridades requeridas se puede colegir que el señor Jorge Alfredo Sierra Sierra se encuentra recluido cumpliendo una sentencia condenatoria según expediente número Certificación número 1233-2019 J-3, del expediente originario número F-251-2019, debido a un requerimiento Fiscal presentado en el Juzgado de Letras Penal en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por un delito de robo en perjuicio de Steven Jezabel Álvarez Gámez sobre el cual recayó sentencia condenatoria de Cinco (5) años de reclusión mas las penas accesorias, por el que ingreso al Centro Penitenciario Nacional de Tamara en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por orden del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, que si bien al día de la entrega del informe otorgado por el Secretario General del Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, no se ha elaborado el computo de pena respectivo, el señor Jorge Alfredo Sierra se encuentra privado de libertad dentro del tiempo de cumplimiento de la condena impuesta de cinco (5) años contados a partir de su detención o privación de libertad, aproximadamente esto seria hasta el día veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), será en el computo de pena que deberá establecerse con precisión esta circunstancia, sin embargo, el funcionario antes mencionado establece en su informe que según expediente con Certificación de Sentencia número 342-2015 j-4 ya se le había otorgado el beneficio de libertad condicional y dentro del tiempo en que debía cumplir la libertad Condicional cometió este delito por el cual ingreso a la Penitenciaria en el año dos mil diecinueve (2019), motivo por el cual en esta causa está pendiente de revisar según el informe respectivo y de realizar audiencia para decidir sobre la revocación o no del beneficio que se le otorgo en el expediente 342-2015 J-4, lo cual podría originar que la pena a cumplir pueda incrementarse por tener que cumplir la primera condena en caso de que se le revoque el beneficio que se le había otorgado en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). CONSIDERANDO: El Estado reconoce la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal... CONSIDERANDO: Que el artículo 24 de la Ley de Justicia Constitucional establece que es ilegal y arbitraria… CONSIDERANDO: El suscrito Juez Ejecutor después de haber realizado diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de la solicitud de Exhibición Personal, los extremos comprobados al momento de entrevistar al señor Jorge Alfredo Sierra Sierra, el informe rendido por el Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, el informe rendido por el Secretario del Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se establece que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, POR TANTO: El suscrito Juez Ejecutor en uso de las facultades que le confiere la ley,… 1) DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS número SCO-0196-2022 interpuesto ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, por la señora Sandra Padilla a favor del señor Jorge Alfredo Sierra Sierra contra las actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara.- 2) Debidamente cumplimentada la presente Comunicación devuélvase al Órgano Jurisdiccional de su procedencia.- NOTIFIQUESE…” (Folios del 20-25 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”; asimismo el artículo 69 constitucional dispone que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. CONSIDERANDO (4): Que en fecha dos de febrero del presente año dos mil veintidós, se presentó ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor JORGE ALFREDO SIERRA SIERRA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, según el peticionario se le han vulnerado sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigentes, asimismo expone que se ha pasado el tiempo de su sentencia, que estuvo bastante mal por la pandemia del Covid-19. Aunado a ello el Decreto 36-2020 dice que cuando el humano estuviese en riesgo su vida, lo primero es protegerlo, por lo que pide su excarcelación inmediata. CONSIDERANDO (5): Que en fecha catorce de febrero del presente año dos mil veintidós, el Juez Ejecutor nombrado por esta Sala de lo Constitucional, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogado Jacobo Noel Reyes Matute, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar la no procedencia de la acción de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que después de realizado las diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de Exhibición Personal, los extremos comprobados al momento de entrevistar al señor Jorge Alfredo Sierra Sierra, el informe rendido por el Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, el informe rendido por el Secretario del Juzgado de Letras de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán y haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley sobre Justicia Constitucional, se establece que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Asimismo, el artículo 7 de la precitada Convención en relación a la libertad personal indica: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las acusas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…” CONSIDERANDO (7): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por el Juez Ejecutor nombrado, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por el delito Robo, en perjuicio de Steven Jezabel Álvarez Gámez, a una pena de 5 años de Reclusión; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Jorge Alfredo Sierra, manifiesta que no padece de enfermedades base, que estuvo con Covid-19, pero que lo supero y no fue necesario un internamiento. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de la privada de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5]. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por el Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por la señora SANDRA PADILLA, a favor del señor JORGE ALFREDO SIERRA SIERRA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Privado de Libertad señor JORGE ALFREDO SIERRA SIERRA; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-196-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.