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Sentencia EP-1744-22 — Registro 15767

Resumen

Autoridad recurrida no ha dado cumplimiento a la resolución de traslado emitida por el Juez de primera instancia a favor de recurrente quien manifiesta estar recibiendo en el Módulo de Comisariato del Centro Penal tratos crueles, inhumanos y abuso psicológico; La Juez Ejecutora concluyó es procedente la acción de mérito, considerando que ésta es correctiva por parte de la Autoridad recurrida para hacer todas las diligencias a fin de corregir e investigar la situación de recurrente y se le garantice su integridad física

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"según motivara la Juez Ejecutora nombrada, Abogada ADELA MIRANDA, se dio tal vulneración a los derechos fundamentales del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, en vista al peligro que corre su vida en dicho Centro Penal, particularmente en el lugar conocido como el Comisariato (área de anexos a los módulos de reclusión) de dicha Penitenciaria; lo cual corroboró mediante entrevista al beneficiario del presente recurso y el informe rendido por las autoridades penitenciarias en cumplimentación de la presente garantía constitucional; razones por las cuales consideró debía declararse CON LUGAR la presente EXHIBICION PERSONAL, con carácter expreso de acción correctiva, a fin de investigar a fondo la situación del privado de libertad, sujeto de la presente garantía constitucional y para que se le garantice en su integridad personal..."..."del análisis del informe precitado, sin embargo, resulta pertinente la declaratoria sin lugar de la acción constitucional bajo estudio, al no haberse constatado fehacientemente, para la Sala de lo Constitucional, la prisión ilegal o arbitraria del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, o que en el sitio en que está recluido reciba tratos crueles e inhumanos y abuso sicológico por parte del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; ni transgresión alguna, por parte de autoridad competente, a la protección y garantía que le es debida a su vida, libertad e integridad personal, a través del recurso constitucional de Exhibición Personal; en los supuestos que taxativamente establecen los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."no obstante lo anteriormente determinado, resulta imperativo el cumplimiento de las recomendaciones ínsitas en la acción correctiva instruidas por la señora Juez Ejecutora, con relación a la ejecución efectiva del mandato judicial librado; debiendo adoptar el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), todas las medidas necesarias para preservar la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO; deduciendo, como efecto útil que dimana del presente fallo, el cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales competentes, realizando las coordinaciones necesarias entre las autoridades administrativas concernidas, a efecto cumplimentar el traslado del privado de libertad a su cargo y bajo su directa responsabilidad: “… de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley”.[3]..."..."en recapitulación, se desprende la improcedencia formal del informe rendido por la Juez Ejecutora del habeas corpus, únicamente en cuanto su parte resolutiva, no así en cuanto al contenido sucinto del informe rendido por la Juez Ejecutora, el cual debe observarse con el objeto de preservar la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO; cumpliendo así su mandato constitucional, desarrollado en la legislación penitenciaria, de salvaguardar la vida e integridad personal de los privados de libertad, garantizando condiciones requeridas para impedir la vulneración de los derechos fundamentales, e incluso, de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra éstos;[4] asegurando así la protección reforzada y seguridad individual del beneficiario del presente recurso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"según motivara la Juez Ejecutora nombrada, Abogada ADELA MIRANDA, se dio tal vulneración a los derechos fundamentales del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, en vista al peligro que corre su vida en dicho Centro Penal, particularmente en el lugar conocido como el Comisariato (área de anexos a los módulos de reclusión) de dicha Penitenciaria; lo cual corroboró mediante entrevista al beneficiario del presente recurso y el informe rendido por las autoridades penitenciarias en cumplimentación de la presente garantía constitucional; razones por las cuales consideró debía declararse CON LUGAR la presente EXHIBICION PERSONAL, con carácter expreso de acción correctiva, a fin de investigar a fondo la situación del privado de libertad, sujeto de la presente garantía constitucional y para que se le garantice en su integridad personal..."..."del análisis del informe precitado, sin embargo, resulta pertinente la declaratoria sin lugar de la acción constitucional bajo estudio, al no haberse constatado fehacientemente, para la Sala de lo Constitucional, la prisión ilegal o arbitraria del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, o que en el sitio en que está recluido reciba tratos crueles e inhumanos y abuso sicológico por parte del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; ni transgresión alguna, por parte de autoridad competente, a la protección y garantía que le es debida a su vida, libertad e integridad personal, a través del recurso constitucional de Exhibición Personal; en los supuestos que taxativamente establecen los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."no obstante lo anteriormente determinado, resulta imperativo el cumplimiento de las recomendaciones ínsitas en la acción correctiva instruidas por la señora Juez Ejecutora, con relación a la ejecución efectiva del mandato judicial librado; debiendo adoptar el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), todas las medidas necesarias para preservar la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO; deduciendo, como efecto útil que dimana del presente fallo, el cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales competentes, realizando las coordinaciones necesarias entre las autoridades administrativas concernidas, a efecto cumplimentar el traslado del privado de libertad a su cargo y bajo su directa responsabilidad: “… de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley”.[3]..."..."en recapitulación, se desprende la improcedencia formal del informe rendido por la Juez Ejecutora del habeas corpus, únicamente en cuanto su parte resolutiva, no así en cuanto al contenido sucinto del informe rendido por la Juez Ejecutora, el cual debe observarse con el objeto de preservar la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO; cumpliendo así su mandato constitucional, desarrollado en la legislación penitenciaria, de salvaguardar la vida e integridad personal de los privados de libertad, garantizando condiciones requeridas para impedir la vulneración de los derechos fundamentales, e incluso, de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra éstos;[4] asegurando así la protección reforzada y seguridad individual del beneficiario del presente recurso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal presentado por la Abogada TANIA JULISSA MATUTE PALMA, a favor del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”. Manifestando la peticionaria que la citada autoridad no ha acatado la resolución de traslado emitida por el Juez A-quo, por medidas de seguridad, sanitarias de enfermedad y de grave peligro de muerte de su representado, ya que se encuentra en el Módulo de Comisariato del dicho centro penal, donde recibe tratos crueles e inhumanos y abuso sicológico. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, la Abogada TANIA JULISSA MATUTE PALMA, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”, manifestando la peticionaria: “que la citada autoridad no ha acatado la resolución de traslado emitida por el Juez A-quo, por medidas de seguridad, sanitarias de enfermedad y de grave peligro de muerte de su representado, ya que se encuentra en el Módulo de Comisariato del dicho centro penal, donde recibe tratos crueles e inhumanos y abuso sicológico. (Folio 01-05 del recurso) 2) Que en la misma fecha, la Sala admitió el recurso de exhibición personal de mérito, designando como Juez Ejecutora a la Abogada ADELA MIRANDA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara los extremos narrados por el recurrente, y determinar la procedencia del recurso, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, asimismo requerir a la autoridad recurrida el informe correspondiente dentro del plazo establecido en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 25 del recurso) 3) Que la Abogada ADELA MIRANDA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, la Juez Ejecutora se personó en las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, a efecto de requerir al Director de ese Centro Penal para que rindiera el informe correspondiente, el cual fue rendido por el Área Legal del Centro Penitenciario, en el cual establecen que el señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, anteriormente estaba ubicado en la Capilla del centro penal y aislado de los otros privados de libertad. Asimismo, se hace mención que el señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, en esos momentos se encontraba recluido en el área de comisariato anexos a los módulos de reclusión, en virtud de que fue recluido por medidas de seguridad, pero que se iba a pedir el traslado ya que estaba en una zona de conflictos de Maras y Pandillas. Siguen manifestando que el mencionado privado de libertad es miembro de la pandilla MS-13, de lo cual una declaración jurada de parte de ellos, con lo que acreditan su estructura criminal. Asimismo, que los privados de libertad fueron trasladados a La Tolva por estrictas medidas de seguridad por parte del Director de la Penitenciaría de Siria; siguen manifestando en su informe que el Juez en Materia de Extorsión solicitó de manera urgente el traslado ya que están siendo amenazados en La Tolva, y se ordenó el traslado a Támara del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO. b) Que se realizó la entrevista al señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, en donde manifestó que está en peligro de muerte y amenazas, y que de manera urgente necesitaba que los trasladaran a otro centro penal, ya que lo han intentado ahorcar y pidió auxilio, ya que si fueran miembros de la MS-13, estaría en el módulo de la misma estructura criminal, ya que en las condiciones en que lo tenían estaba más vulnerable para que lo mataran. c) Que la Juez Ejecutora fue del criterio: “DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICION PERSONAL, SIENDO ESTA CORRECTIVA EN EL SENTIDO DE QUE SE HAGAN TODAS LAS DILIGENCIAS POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, A FIN DE CORREGIR E INVESTIGAR A FONDO LA SITUACIÓN DEL PRIVADO DE LIBERTAD, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, Y QUE AL MISMO SE LE GARANTICE SU INTEGRIDAD FISICA,…” (Folios 29 al 32 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Carta Magna en el artículo 182, precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia, en el Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla (…): a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (3): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (4): Que, acorde a la foliada, en fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, compareció ante el Honorable Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, la Abogada TANIA JULISSA MATUTE PALMA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, manifestando que la citada autoridad no ha acatado la resolución de traslado emitida por el Juez A-quo, por medidas de seguridad, sanitarias de enfermedad y de grave peligro de muerte de su representado; ya que se encuentra en el Módulo de Comisariato del dicho centro penal, donde recibe tratos crueles e inhumanos y abuso sicológico. Reitera, asimismo, la peticionaria, que fue ordenado el traslado del beneficiario del presente recurso, por parte del Juzgado Penal de Letras Penal con competencia nacional en materia de Extorsión, a la Penitenciaria Nacional de Tamara, departamento de Francisco Morazán. Sin embargo, siguen las autoridades penitenciarias del Centro Penal de Morocelí, departamento de El Paraíso, hasta el día de hoy, sin darle debido cumplimiento a lo ordenado judicialmente, trasladándole a las instalaciones del Centro Penal de Támara. CONSIDERANDO (5): Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutora, a la Abogada ADELA MIRANDA, Defensora Pública de esta ciudad; a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados por el garantista en el presente recurso, ordenando a la autoridad recurrida rinda el informe pertinente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional,[1] tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual estaría integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios; teniendo como fines primordiales, inter alia, los siguientes: “… la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad”;[2] determinando, en el artículo 2, que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales; mientras que, en el artículo 3 expresamente prohíbe someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. Mientras tanto, el artículo 8, autoriza las atribuciones conferidas al INP, entre las cuales, la del numeral 17): “Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley”. CONSIDERANDO (7): Que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) es el responsable de la guardia y custodia de los privados de libertad que se encuentran recluidos en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, por lo cual, se le asigna responsabilidad por velar por la salvaguarda de la vida e integridad personal de los privados de libertad; tomando las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar incidencias en los derechos que goza la población penitenciaria. Por otra parte, establece el artículo 93 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que toda persona interna puede ser trasladada urgentemente a otro establecimiento, individualmente, o en grupo, y sin distinción de condición procesal, para proteger su seguridad e integridad personal, la de otras personas internas, terceros y la del establecimiento mismo; debiendo tales traslados ser autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), informando por los canales correspondientes y a la brevedad al Juez de Ejecución competente. Sin embargo, no consta de las diligencias seguidas en la presente garantía constitucional, que tal proceder haya sido seguido en cuanto a informar inmediatamente al órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO (8): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos privados de libertad; o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se cumple la medida privativa de libertad legalmente impuesta. CONSIDERANDO (9): Que, según motivara la Juez Ejecutora nombrada, Abogada ADELA MIRANDA, se dio tal vulneración a los derechos fundamentales del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, en vista al peligro que corre su vida en dicho Centro Penal, particularmente en el lugar conocido como el Comisariato (área de anexos a los módulos de reclusión) de dicha Penitenciaria; lo cual corroboró mediante entrevista al beneficiario del presente recurso y el informe rendido por las autoridades penitenciarias en cumplimentación de la presente garantía constitucional; razones por las cuales consideró debía declararse CON LUGAR la presente EXHIBICION PERSONAL, con carácter expreso de acción correctiva, a fin de investigar a fondo la situación del privado de libertad, sujeto de la presente garantía constitucional y para que se le garantice en su integridad personal. CONSIDERANDO (10): Que del análisis del informe precitado, sin embargo, resulta pertinente la declaratoria sin lugar de la acción constitucional bajo estudio, al no haberse constatado fehacientemente, para la Sala de lo Constitucional, la prisión ilegal o arbitraria del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, o que en el sitio en que está recluido reciba tratos crueles e inhumanos y abuso sicológico por parte del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; ni transgresión alguna, por parte de autoridad competente, a la protección y garantía que le es debida a su vida, libertad e integridad personal, a través del recurso constitucional de Exhibición Personal; en los supuestos que taxativamente establecen los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (11): Que, no obstante lo anteriormente determinado, resulta imperativo el cumplimiento de las recomendaciones ínsitas en la acción correctiva instruidas por la señora Juez Ejecutora, con relación a la ejecución efectiva del mandato judicial librado; debiendo adoptar el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), todas las medidas necesarias para preservar la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO; deduciendo, como efecto útil que dimana del presente fallo, el cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales competentes, realizando las coordinaciones necesarias entre las autoridades administrativas concernidas, a efecto cumplimentar el traslado del privado de libertad a su cargo y bajo su directa responsabilidad: “… de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley”.[3] CONSIDERANDO (12): Que, en recapitulación, se desprende la improcedencia formal del informe rendido por la Juez Ejecutora del habeas corpus, únicamente en cuanto su parte resolutiva, no así en cuanto al contenido sucinto del informe rendido por la Juez Ejecutora, el cual debe observarse con el objeto de preservar la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO; cumpliendo así su mandato constitucional, desarrollado en la legislación penitenciaria, de salvaguardar la vida e integridad personal de los privados de libertad, garantizando condiciones requeridas para impedir la vulneración de los derechos fundamentales, e incluso, de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra éstos;[4] asegurando así la protección reforzada y seguridad individual del beneficiario del presente recurso. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 1, 3, 4, 59, 60, 68, 70, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a., 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL promovido a favor del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, sin perjuicio del efecto útil relacionado. 2) Que la autoridad recurrida proceda inmediatamente a tomar las medidas necesarias para hacer cesar las violaciones a los derechos humanos del referido interno ya sea procediendo al traslado del mismo a otro centro penal o en su defecto sea reubicado a una celda que reúna las condiciones necesarias para el cumplimiento de su condena. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a la profesional del derecho que ha promovido la presente garantía constitucional. 2.- Que notificado que sea el presente fallo se certifique y comunique al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) para los efectos preventivos de la integridad personal del señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SALGADO, como queda expresado; 3.- Procediéndose, ulteriormente al archivo de las presentes diligencias, en sede de la Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes enero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1744-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Creada por Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012.

[2] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[3] Aplicando la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en lo conducente y en analogía pro homine a la garantía de amparo, según relacionado por Raúl Gustavo FERREIRA, en: Notas sobre derecho constitucional y garantías. Buenos Aires. EDIAR, 2008. Pág. 308 (Cita jurisprudencial al caso “Mases de Díaz Colodrero”), en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Argentina deja asentado que la exclusión del amparo, por existir otros medios ordinarios para la solución de las controversias, no puede fundarse en una apreciación meramente ritualista: “… toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación de competencias”.

[4] Ver: Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (CorteIDH). Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia del dos de septiembre de 2004, párr. 156.