Sentencia EP-1650-22 — Registro 15766
Resumen
El Juez Ejecutor en base a sus investigaciones, Informes de la Autoridad recurrida, del Juzgado de Ejecución y entrevista con recurrente concluyó que el agraviado fue condenado a cumplir una pena de once años, tres meses de reclusión por el delito de Tráfico de Drogas y a la pena de dos años tres meses de reclusión por el delito de tenencia Ilegal de arma de fuego en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y la Seguridad del Estado de Honduras; Se constató que el recurrente no ha sufrido tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales por lo que declaró no ha lugar dicho recurso; La Sala considera que los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales por lo que procede declarar sin lugar la acción de mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras y la Seguridad del Estado de Honduras, a las penas de 11 años, 3 meses y 2 años, 3 meses de Reclusión respectivamente; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad José Eduardo Martínez, manifiesta que no ha sido víctima, de tormentos, torturas, vejámenes, que en el año 2020 se enfermó de covid, que estuvo enfermo 15 días y se controló el covid-19 con té de limón, jengibre y pastillas. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la señora TRINIDAD MARIA CERRATO, a favor del señor JOSE EDUARDO MARTINEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán. Manifestando el agraviado que fue detenido en fecha 27 de febrero del año 2019 y trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, el 28 de febrero del mismo año, que se le han violentado sus derechos privados constitucionales e internacionales, que con la reforma del Código Penal vigente ya cumplió su condena, estuvo mal de Covid-19, no se le dio el tratamiento correspondiente, por lo que solicita se ordene su excarcelación y que el Juzgado de Ejecución actualice el cómputo de la pena. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil veintidós, la señora TRINIDAD MARIA CERRATO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando Recurso de Hábeas Corpus a favor del señor JOSE EDUARDO MARTINEZ, contra actuaciones de del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán; manifestando el agraviado: (Sic) “se me han violado todos mis derechos privados constitucionales e internacionales, con la reforma del Código Procesal y el Código Penal Vigente ya cumplí su condena, la ley en materia penal tiene efectos retractivos la ley nueva es la que me da la libertad. Bastante mal estuve del Covid-19, no se me dio el tratamiento correspondiente necesario, se agotaron los medicamentos, tuve que mandarlos a comprar afuera; el Decreto 36-202, ya lo dice que cuando el ser humano esté en riesgo su vida hay que protegerlo.” Por lo que solicita su excarcelamiento y que el Juzgado de Ejecución actualice el cómputo de la pena. (Folio 01 de los autos) 2) Que en la misma fecha, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de exhibición personal de mérito, designando como Juez Ejecutor al Abogado LUIS MANUEL ROSALES, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por el recurrente, debiendo constituirse en el lugar donde se encuentra detenido el señor JOSE EDUARDO MARTINEZ, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo requerir a la autoridad recurrida el informe correspondiente de conformidad a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 03 de los autos) 3) Que el Abogado LUIS MANUEL ROSALES, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros extremos lo siguiente: a) Que el Juez ejecutor entrevistó al señor JOSE EDUARDO MARTINEZ, quien le manifestó que se encontraba detenido en la Penitenciaría Nacional de Támara, desde hacía tres años, nueve meses, por orden del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, por el delito de Tráfico de Drogas, siendo condenado a la pena de trece (13) años nueve (9) meses, y que no ha sufrido tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual e integridad física, agregando que a principios del año 2020 le dio COVID. b) Que, del Informe rendido por las autoridades de la Penitenciarías y el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se desprende que señor JOSE EDUARDO MARTINEZ, fue habido en fecha 26 de febrero de 2019, se le decretó detención judicial y mediante audiencia inicial celebrada en fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se le decretó Auto de Formal Procesamiento. Que en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, fue condenado a la pena once (11) años, tres (3) meses de reclusión por el delito de Tráfico de Drogas, y a la pena de dos (2) años, tres (3) meses de reclusión por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. Cumplirá la pena de reclusión en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil treinta y dos (2032) y podrá potar al beneficio de libertad condicional en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). Según informe médico el señor JOSE EDUARDO MARTINEZ es un paciente sano, sin evidencia de enfermedad aguda, ni crónica, en óptimo estado de salud. c) Que, conforme a la doctrina, a la Ley sobre Justicia Constitucional, de las investigaciones realizadas y de los informes brindados, se determina que no se cumple con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un Hábeas Corpus o Exhibición Personal; siendo del criterio del Juez Ejecutor, por las razones anteriormente expuestas que no procede la acción del presente recurso. d) Que el Juez Ejecutor resolvió: (Sic) “DECLARA: No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por la señora TRINIDAD MARIA CERRATO, a favor del señor JOSE EDUARDO MARTINEZ; …” (Folios 11 y 12 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”; asimismo el artículo 69 constitucional dispone que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. CONSIDERANDO (4): Que en fecha catorce de noviembre del presente año dos mil veintidós, se presentó ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor JOSE EDUARDO MARTINEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, según el peticionario se le han vulnerado sus derechos constitucionales privados e internacionales, con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigentes, ya cumplió la condena, que estuvo bastante mal por el Covid-19. Aunado a ello el Decreto 36-2020 dice que cuando el humano estuviese en riesgo su vida, lo primero es protegerlo, por lo que pide su excarcelación inmediata y la reforma al cómputo de la pena. CONSIDERANDO (5): Que en fecha dieciocho de noviembre del presente año dos mil veintidós, el Juez Ejecutor nombrado por esta Sala de lo Constitucional, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogado Luis Manuel Rosales Varela, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye DECLARAR NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesta por la señora TRINIDAD MARIA CERRATO, a favor del señor JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ, pues conforme a la doctrina, a la Ley sobre Justicia Constitucional, de las investigaciones realizadas y de los informes brindados, se determina que no se cumple con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un Hábeas Corpus o Exhibición Personal; siendo del criterio del Juez Ejecutor, por las razones anteriormente expuestas que no procede la acción del presente recurso. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Asimismo, el artículo 7 de la precitada Convención en relación a la libertad personal indica: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las acusas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…” CONSIDERANDO (7): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por el Juez Ejecutor nombrado, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras y la Seguridad del Estado de Honduras, a las penas de 11 años, 3 meses y 2 años, 3 meses de Reclusión respectivamente; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad José Eduardo Martínez, manifiesta que no ha sido víctima, de tormentos, torturas, vejámenes, que en el año 2020 se enfermó de covid, que estuvo enfermo 15 días y se controló el covid-19 con té de limón, jengibre y pastillas. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5]. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. No evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por el Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por la señora TRINIDAD MARIA CERRATO, a favor del señor JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Privado de Libertad señor JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1650-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.