Sentencia EP-1623-22 — Registro 15931
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, expone el peticionario que: “…se le han violentado todos sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió su condena, estuvo bastante mal por el Covid-19, no se le dio el tratamiento correspondiente, por lo que solicita excarcelamiento inmediatamente y al Juzgado de Ejecución que le actualice el cómputo de pena…”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “(7): Que consta del informe presentado por la Juez Ejecutora, ante esta Sala de lo Constitucional, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son constitutivos de vulneración al derecho de libertad personal, ni hace relación al sufrimiento de tormentos, torturas o vejámenes que este sufriendo LUIS GONZALES CASTRO; esta Sala al igual que la Juez Ejecutora, concluye que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, los argumentos del peticionario es en relación a que con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió su condena, ya que la ley en materia penal tiene efecto retroactivo y es la ley nueva que le da la libertad; argumenta también que estuvo mal con la pandemia de Covid 19 y no se le dio el tratamiento correcto; situaciones que no son propias de resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, sino mediante la garantía constitucional de Revisión Penal, esto, en cuanto a la retroactividad de la Ley penal y en cuanto a su estado de salud, es ante la autoridad administrativa correspondiente cuando la salud del privado de libertad así lo requiera y en caso de negativa del funcionario correspondiente, solicitar protección al derecho a la salud por medio de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor del beneficiario de la presente garantía, LUIS GONZALES CASTRO; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ello porque el señor LUIS GONZALES CASTRO, se encuentra cumpliendo penas decretadas por distintos órganos jurisdiccionales, en el Expediente número 937-94, condenado a la pena de Ocho años de reclusión por el delito de Robo Agravado; Expediente número 18447-02 condenado por el delito de ASESINATO a la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Robo a la pena de 6 años de reclusión; Expediente 8118-2002, condenado por el delito de Asesinato a la pena de 18 años de reclusión; Expediente 102-95, condenado por el delito de Robo a la pena de 9 años de reclusión y Homicidio en su grado de ejecución de tentativa a la pena de 10 años de reclusión. Teniendo hasta la fecha de estar en reclusión veintisiete (27) años, once (11) meses y quince (15) días.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTA: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la señora Ivonne Fugón Vásquez, a favor del señor Luis Gonzales Castro, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, expone el peticionario que: “…se le han violentado todos sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió su condena, estuvo bastante mal por el Covid-19, no se le dio el tratamiento correspondiente, por lo que solicita excarcelamiento inmediatamente y al Juzgado de Ejecución que le actualice el cómputo de pena…”. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, la señora Ivonne Fugón Vásquez, interponiendo recurso de exhibición personal a favor del Luis Gonzales Castro, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, expone el peticionario que: “…se le han violentado todos sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió su condena, estuvo bastante mal por el Covid-19, no se le dio el tratamiento correspondiente, por lo que solicita excarcelamiento inmediatamente y al Juzgado de Ejecución que le actualice el cómputo de pena…” (Folio 1 del recurso) 2) En fecha ocho de noviembre del año dos mil veintidós, esta Sala, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Juez Ejecutor al Abogado Julio Francisco Baca, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, quien deberá constatar los extremos narrados por la recurrente, a efecto de determinar la procedencia del recurso intentado. (Folio 3 del recurso) 3) En fecha dos de diciembre del año dos mil veintidós, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…CONSIDERANDO: En fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós en las instalaciones de la penitenciaría nacional se entrevistó con el señor LUIS GONZALES CASTRO, a quien se le pregunto si esta siendo objeto de tormento, torturas, vejámenes, exacción ilegal, restricción o molestia? Manifestó que no. Manifiesta que lo condenaron a una pena de 51 años en 1994 y tiene de estar recluido hace 28 años, es hipertenso y toma medicamentos controlados y manifiesta que no le han notificado el computo de pena. CONSIDERANDO: Según el Informe rendido por la Juez de Ejecución de la sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 11 de Noviembre rindió informe de la siguiente forma: 1.- Se encuentra privado de libertad desde el 30 de diciembre 1994 2.-Expediente 937-94, el 13 de abril 1999 en recurso de apelación de la corte reforma la sentencia de fecha 13 de abril 1999, y condena por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Jhon y Nana, ambos de apellidos Gil l Ernest Edward Gustafson a la pena de 8 años de reclusión. 3.- Exp 18447-02 Viejo Código 11-95 13 de agosto 1999 el Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal dicto sentencia por el delito de ASESINATO en perjuicio de Tulio Ricardo Cardona condenado a la pena de 20 años de reclusión, Robo en perjuicio de Tulio Ricardo Cardona a la pena de 6 años de reclusión. 4.- Exp 8118-2002, el 15 de mayo 2006 Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dictó sentencia por el delito de Asesinato en perjuicio de José Noel Hernández Nieto, condenado a la pena de 18 años. 5.- Expediente 102-95, Cert 16, 981-2002, el 20 de abril 2006 el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, condenó por el delito de Robo en perjuicio de Eulalio Euceda Martínez a la pena de 9 años de reclusión, Homicidio en su grado de ejecución de tentativa a la pena de 10 años de reclusión. 6.- El 05 de enero del 2010 se practicó cómputo de pena, en el cual se resolvió que cumple la pena de (8) años de reclusión por los delitos de Robo Agravado en perjuicio de Jhony y Nana Gil el 30 de diciembre del 2002, la pena de dieciocho 18 años de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de José Noel Hernández Nieto el 31 de diciembre el año 2020, por el delito de Asesinato en perjuicio Tulio Ricardo Córdova, a la pena de 20 años de reclusión la cumple el uno de enero el año 2040, por el delito de Robo en perjuicio de Tulio Ricardo Córdova a la pena seis 6 años de reclusión cumple dos de enero el año 2046, por el delito de Robo en perjuicio de Eulalio Euceda Martínez, a la pena de 09 años de reclusión los cumple el tres de enero del año 2055 y por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Eulalio Euceda Martínez a la pena de diez 10 años de reclusión los cumple el cuatro enero del año 2065, no se consigna fecha para optar al beneficio de la libertad condicional. CONSIDERANDO: Que el recurrente en el escrito establece que se le han violentado todos sus derechos Constitucionales, privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, que estuvo enfermo del covid 19, por lo que solicita el Excarcelamiento inmediato.- En ese sentido se debe establecer que el artículo 172 del Código Procesal Penal regula la imposición de medidas cautelares, que tienen como finalidad asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de pruebas, entendiéndose esto, que esas circunstancias se aplican durante la sustanciación del proceso hasta llegar a juicio, donde finalmente se ratifica la inocencia o se declara la culpabilidad de la persona acusada, que durante todo ese proceso deben imponérsele al acusado medidas cautelares, ya sean estas restrictivas de la libertad o no, porque debe enfrentar la imputación, sin perjuicio de la Garantía Universal y Constitucional de Inocencia que le asiste, y que los efectos de las medidas cautelares se cumplen mientras llega el momento de emitir una sentencia, ya es de conocimiento que en la causa que nos ocupa ya se realizaron los Juicios Orales y Públicos contra el señor LUIS GONZALES CASTRO, donde lo declaran culpable y fallan con varias Sentencias Condenatorias según informes rendidos y expuestos anteriormente, asimismo se le impone varias penas unas por ROBO AGRAVADOS ASESINATOS Y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, siendo diferente víctimas, misma que ya se encuentran plasmados anteriormente en los considerandos, donde en uno de los informes establece que para optar a uno de los beneficios será hasta en el año 2065, y como medida idónea la Reclusión en un centro.- En cuanto a que manifiesta el recurrente que estuvo grave con el covid 19, este en la entrevista a el Juez Ejecutor manifiesta que se le brindo atención medica en la penitenciaria, en la sala covid mínima, donde se le aplicó el tratamiento indicado y se le hacían hisopados, que estuvo en control médico por parte del Doctor, por lo que se colige que en ningún momento se le violentó ninguna Garantía Constitucional y esto fue confirmado al hacerle la evaluación médica, donde se establece en su DIAGNOSTICO que es un paciente sano.-… POR TANTO: El suscrito Juez Ejecutor después de haber realizado las diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, los extremos comprobados al momento de entrevistar al Señor LUIS GONZALES CASTRO, el Informe rendido tanto por la el Director de la Penitenciaría Nacional de Támara y asimismo, por la señora Juez de Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Constitucional, se establece que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, EN CONSECUENCIA: DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACION DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL número SCO-1623-2022 interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la Señora IVONNE FUGON VASQUEZ a favor del señor LUIS GONZALES CASTRO.- NOTIFIQUESE.” (Folios 10-15 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.[1] CONSIDERANDO (3): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral” y el artículo 69 cuando indica que: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintidós, la señora IVONNE FUGON VASQUEZ, interpuso Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del señor LUIS GONZALES CASTRO, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA NACIONAL “MARCO AURELIO SOTO”, ubicada en Tamara, según el peticionario “…se le han violentado todos sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió su condena. La ley en materia penal tiene efectos retroactivos y es la nueva ley la que le da la libertad, estuvo bastante mal por el Covid-19, no se le dio el tratamiento correspondiente, por lo que solicita excarcelamiento inmediatamente y al Juzgado de Ejecución que le actualice el cómputo de pena…”. CONSIDERANDO (5): Que en la misma fecha ocho de noviembre del presente año dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor al Abogado JULIO FRANCISCO BACA, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, quien deberá constatar los extremos narrados por la recurrente, a efecto de determinar la concurrencia del recurso intentado; haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del señor JULIO FRANCISCO BACA, asimismo para requiera a la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que el Abogado JULIO FRANCISCO BACA, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), consignando entre otros extremos los siguientes: a) En fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós en las instalaciones de la penitenciaría nacional se entrevistó con el señor LUIS GONZALES CASTRO, a quien se le pregunto si está siendo objeto de tormento, torturas, vejámenes, exacción ilegal, restricción o molestia? Manifestó que no. Manifiesta que lo condenaron a una pena de 51 años en 1994 y tiene de estar recluido hace 28 años, es hipertenso y toma medicamentos controlados y manifiesta que no le han notificado el computo de pena. b) Según el Informe rendido por la Juez de Ejecución de la sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha 11 de Noviembre rindió informe de la siguiente forma: 1.- Se encuentra privado de libertad desde el 30 de diciembre 1994 2.-Expediente 937-94, el 13 de abril 1999 en recurso de apelación de la corte reforma la sentencia de fecha 13 de abril 1999, y condena por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Jhon y Nana, ambos de apellidos Gil l Ernest Edward Gustafson a la pena de 8 años de reclusión. 3.- Expediente 18447-02 Viejo Código 11-95 13 de agosto 1999 el Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal dicto sentencia por el delito de ASESINATO en perjuicio de Tulio Ricardo Cardona condenado a la pena de 20 años de reclusión, Robo en perjuicio de Tulio Ricardo Cardona a la pena de 6 años de reclusión. 4.- Expediente 8118-2002, el 15 de mayo 2006 Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, dictó sentencia por el delito de Asesinato en perjuicio de José Noel Hernández Nieto, condenado a la pena de 18 años. 5.- Expediente 102-95, Cert 16, 981-2002, el 20 de abril 2006 el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, condenó por el delito de Robo en perjuicio de Eulalio Euceda Martínez a la pena de 9 años de reclusión, Homicidio en su grado de ejecución de tentativa a la pena de 10 años de reclusión. 6.- El 05 de enero del 2010 se practicó cómputo de pena, en el cual se resolvió que cumple la pena de (8) años de reclusión por los delitos de Robo Agravado en perjuicio de Jhony y Nana Gil el 30 de diciembre del 2002, la pena de dieciocho 18 años de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de José Noel Hernández Nieto el 31 de diciembre el año 2020, por el delito de Asesinato en perjuicio Tulio Ricardo Córdova, a la pena de 20 años de reclusión la cumple el uno de enero el año 2040, por el delito de Robo en perjuicio de Tulio Ricardo Córdova a la pena seis 6 años de reclusión cumple dos de enero el año 2046, por el delito de Robo en perjuicio de Eulalio Euceda Martínez, a la pena de 09 años de reclusión los cumple el tres de enero del año 2055 y por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Eulalio Euceda Martínez a la pena de diez 10 años de reclusión los cumple el cuatro enero del año 2065, no se consigna fecha para optar al beneficio de la libertad condicional. c) En cuanto a que manifiesta el recurrente que estuvo grave con el covid 19, este en la entrevista al Juez Ejecutor manifiesta que se le brindo atención medica en la penitenciaria, en la sala covid mínima, donde se le aplicó el tratamiento indicado y se le hacían hisopados, que estuvo en control médico por parte del Doctor, y esto fue confirmado al hacerle la evaluación médica, donde se establece en su DIAGNOSTICO que es un paciente actualmente en buen estado general, con patologías (HTA, prediabetes) controladas. POR TANTO: El suscrito Juez Ejecutor DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACION DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL interpuesto por la Señora IVONNE FUGON VASQUEZ a favor del señor LUIS GONZALES CASTRO. CONSIDERANDO (7): Que consta del informe presentado por la Juez Ejecutora, ante esta Sala de lo Constitucional, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que el pedidor de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, relaciona hechos que no son constitutivos de vulneración al derecho de libertad personal, ni hace relación al sufrimiento de tormentos, torturas o vejámenes que este sufriendo LUIS GONZALES CASTRO; esta Sala al igual que la Juez Ejecutora, concluye que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, los argumentos del peticionario es en relación a que con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió su condena, ya que la ley en materia penal tiene efecto retroactivo y es la ley nueva que le da la libertad; argumenta también que estuvo mal con la pandemia de covid 19 y no se le dio el tratamiento correcto; situaciones que no son propias de resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, sino mediante la garantía constitucional de Revisión Penal, esto, en cuanto a la retroactividad de la Ley penal y en cuanto a su estado de salud, es ante la autoridad administrativa correspondiente cuando la salud del privado de libertad así lo requiera y en caso de negativa del funcionario correspondiente, solicitar protección al derecho a la salud por medio de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido-CONSIDERANDO (9): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor del beneficiario de la presente garantía, LUIS GONZALES CASTRO; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe emitido por la Juez Ejecutor nombrada y en consecuencia declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ello porque el señor LUIS GONZALES CASTRO, se encuentra cumpliendo penas decretadas por distintos órganos jurisdiccionales, en el Expediente número 937-94, condenado a la pena de Ocho años de reclusión por el delito de Robo Agravado; Expediente número 18447-02 condenado por el delito de ASESINATO a la pena de 20 años de reclusión, por el delito de Robo a la pena de 6 años de reclusión; Expediente 8118-2002, condenado por el delito de Asesinato a la pena de 18 años de reclusión; Expediente 102-95, condenado por el delito de Robo a la pena de 9 años de reclusión y Homicidio en su grado de ejecución de tentativa a la pena de 10 años de reclusión. Teniendo hasta la fecha de estar en reclusión veintisiete (27) años, once (11) meses y quince (15) días. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 69, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el ciudadano LUIS GONZALES CASTRO, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la magistrada Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EWDIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1623-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.