Sentencia EP-1618-22 — Registro 17820
Resumen
con el propósito de que se indique el lugar exacto en que se encuentran los cadáveres exhumados ilegalmente del cementerio comunitario de Azacualpa, La Unión, Copán…,y que se ordene el retorno de los mismos al lugar de descanso espiritual, exigiendo la tutela a la dignidad de las personas Maya Chortí fallecidas y exhumadas ilegalmente con paradero desconocido,que se ordene el retorno de los mismos al lugar de descanso espiritual, exigiendo la tutela a la dignidad de las personas Maya Chortí fallecidas y exhumadas ilegalmente con paradero desconocido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, se conceptualiza generalmente como un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos (as); frente a las conductas afirmativas u omisivas de la autoridad que, la perturben, restrinjan o priven con infracción, violación o inobservancia de las normas convencionales, constitucionales y legales; así como también, frente a aquellos actos u omisiones de la autoridad que, en igualdad de circunstancias, atenten, o pongan en precario, la integridad física, síquica y moral de la persona humana en situación de detención. Sin embargo, resulta notorio que los alcances del hecho denunciado como violatorio, por parte de los letrados recurrentes, excede el ámbito normativo, de facticidad y de legitimación que las normas jurídicas atinentes confieren a la garantía de exhibición personal o habeas corpus; si bien tienen por campo común la garantía de los derechos humanos y, por objeto, la protección de la dignidad esencial de la persona humana, en los múltiples niveles de protección que ésta amerita. CONSIDERANDO (8): Que, constando lo anterior del informe requerido y presentado ante esta alta Sala de Justicia Constitucional por parte de los Jueces Ejecutores, no resulta acreditada la argumentación garantista, por no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria de la libertad para los beneficiarios del presente recurso; y/o que se hubiere transgredido, por la autoridad denunciada, la protección, respeto y garantía que le es debida a su integridad personal; por lo cual, no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento; debiendo procederse a dictar fallo denegatorio a la presente acción constitucional de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 84, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por los Abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN Y PEDRO ANTONIO MEJÍA GODOY a favor de los señores JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ, HÉCTOR ANTONIO TRIGUEROS Y MARIA ESPERANZA MIRANDA Y OTROS EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD MAYA CHORTÍ DE AZACUALPA, contra actuaciones del JEFE DE LA REGIÓN SANITARIA DE OCCIDENTE (COPÁN) y del SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, JOSÉ MANUEL MATHEU. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, accionando en representación de pobladoras y pobladores Maya Chortí de Azacualpa, la Unión Copán; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que falla DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL, impetrado por los Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY a favor de los señores JOSE ANGEL LOPEZ, HECTOR ANTONIO TRIGUEROS, MARIA ESPERANZA MIRALDA Y OTROS EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD MAYA CHORTI DE AZACUALPA, contra actuaciones del JEFE DE LA REGION SANITARIA DE OCCIDENTE (COPAN) y del SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, JOSE MANUEL MATHEU. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes que los Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, accionando en representación de pobladoras y pobladores Maya Chortí de Azacualpa, la Unión Copán; comparecieron ante esta Sala en fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022), interponiendo recurso de Habeas Corpus. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), declarando sin lugar dicho Recurso de Exhibición Personal. CONSIDERANDO: Que los recurrentes, Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, accionando en representación de pobladoras y pobladores Maya Chortí de Azacualpa, la Unión Copán, en fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, elevan a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insisten en que en este caso la Sala de lo Constitucional, al aplicar leyes a pueblos indígenas tiene el deber ineludible de hacerlo revisando y respetando su cultura y religión, y sobre todo, la dignidad inherente a ellos. Es decir, la aplicación de la Institución Habeas Corpus debe hacerse en este caso conforme a la dignidad, costumbre y espiritualidad del pueblo indígena maya chorti que le atribuye vida a los cuerpos de sus familiares que yacían en el cementerio.- Continua manifestando que nuestra Constitución y el Convenio 169 de la OIT imponen un deber de respeto a las costumbres, creencias y espiritualidad indígena, que implica, respetar la concepción del pueblo Maya Chorti de que las personas que fueron arrancadas violentamente en el cementerio comunitario de Azacualpa están revestidas de energía y están conexos a la vida de la comunidad, de la naturaleza y de sus familias. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por los recurrentes, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que del estudio del informe rendido por los Jueces Ejecutores, no resulta acreditada la argumentación garantista, por no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria de la libertad para los beneficiarios del presente recurso; y/o que se hubiere transgredido por la autoridad denunciada, la protección, respeto y garantía que le es debida a su integridad personal; por lo cual no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento, decisión que aún mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán y Pedro Antonio Mejía Godoy, manifestando los peticionarios que: “…recurren en sus condiciones de apoderados de los señores José Ángel López, HÉCTOR ANTONIO TRIGUEROS Y MARIA ESPERANZA MIRANDA Y OTROS EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD MAYA CHORTÍ DE AZACUALPA, contra actuaciones del Jefe de la Región Sanitaria de Occidente (COPÁN) Y DEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, JOSÉ MANUEL MATHEU…,con el propósito de que se indique el lugar exacto en que se encuentran los cadáveres exhumados ilegalmente del cementerio comunitario de Azacualpa, La Unión, Copán…,y que se ordene el retorno de los mismos al lugar de descanso espiritual, exigiendo la tutela a la dignidad de las personas Mata Chortí fallecidas y exhumadas ilegalmente con paradero desconocido…” A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán y Pedro Antonio Mejía Godoy, manifestando los peticionarios que: “…recurren en sus condiciones de apoderados de los señores José Ángel López, HÉCTOR ANTONIO TRIGUEROS Y MARIA ESPERANZA MIRANDA Y OTROS EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD MAYA CHORTÍ DE AZACUALPA, contra actuaciones del Jefe de la Región Sanitaria de Occidente (COPÁN) Y DEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, JOSÉ MANUEL MATHEU…,con el propósito de que se indique el lugar exacto en que se encuentran los cadáveres exhumados ilegalmente del cementerio comunitario de Azacualpa, La Unión, Copán…,y que se ordene el retorno de los mismos al lugar de descanso espiritual, exigiendo la tutela a la dignidad de las personas Mata Chortí fallecidas y exhumadas ilegalmente con paradero desconocido…” (Folios 2-10 del recurso de mérito) 2) En fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió declarándose incompetente para conocer de la presente acción de hábeas corpus o exhibición personal promovida por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán y Pedro Antonio Mejía Godoy, ordenando la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional. (Folio 15-16 vuelto del recurso de mérito) 3) En fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala, tuvo por recibidas las diligencias que contienen la acción de hábeas corpus o exhibición personal promovida por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán y Pedro Antonio Mejía Godoy. (Folio 19 del recurso de mérito) 4) En fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, esta Sala, tuvo por admitido el presente recurso de exhibición personal, asimismo, nombró como Juez Ejecutor Jacobo Noel Reyes, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa. (Folio 21 vuelto del recurso de mérito) 5) En fecha once de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Ejecutor nombrado, Abogado Jacobo Noel Reyes, compareció ante esta Sala, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…SEGUNDO: Analizando el libelo se desprende que la pretensión del recurrente tiene el propósito: 1) que se indique el lugar en que se encuentran los cadáveres exhumados ilegalmente del cementerio comunitario de Azacualpa, La Unión, departamento de Copan, y 2) que se ordene el retorno de los mismos al lugar de descanso espiritual, exigiendo la tutela a la dignidad de las personas Maya Chorti Fallecidas y exhumadas ilegalmente con paradero desconocido; en ese sentido, la acción planteada, queja o la finalidad que persiguen los recurrentes no corresponde su resolución a través de esta garantía Constitucional, recurso o esta vía, por cuanto el objetivo de una Habeas Corpus o Exhibición Personal es detener o frenar la arbitrariedad de alguna autoridad por la ilegalidad de la detención o en su caso de un individuo o grupo de personas, o cuando siendo legal la detención se apliquen torturas, vejámenes, tratos crueles e inhumanos o degradantes, exacciones ilegales etc... o incluso para lograr la corrección de excesos de autoridad en esas vías, obligatoriamente necesita la detención ilegal o molestias de la persona determinada, lo cual no acontece en el caso planteado, y aunque sea un recurso que no necesita tanta formalidad para su interposición, pero si la obligación del recurrente en indicar como presupuesto mínimo alguna de estas dos circunstancias para el inicio de la investigación del Juez Ejecutor, y que si bien no puede desecharse su entrada la solicitud, debe analizarse si es posible la tramitación… SEXTO: El suscrito Juez Ejecutor una vez analizados los argumentos y pretensiones expuestas en la interposición de la solicitud de Exhibición Personal o Habeas Corpus, y las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se logra establecer que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales indicadas para declarar procedente la acción, por cuanto no existe violación de algunos de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la ley indicada, POR TANTO: El suscrito Juez Ejecutor en uso de las facultades que le confiere La Constitución de La República y la Ley Sobre Justicia Constitucional, DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS interpuesta por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán y Pedro Antonio Mejía Godoy en su condición de apoderados de los señores José Ángel López, Héctor Antonio Trigueros, María Esperanza Miranda y otros en nombre de la Comunidad Maya Chortí de Azacualpa, contra las actuaciones del Jefe de la Región Sanitaria de Occidente (Copan) y del Secretario del Estado en el Despacho de Salud.-…” (Folios 36-38 del recurso de mérito)
- En fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Juez Ejecutora nombrada, Abogada Carla Patricia Monge Arita, compareció ante esta Sala, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…SEGUNDO: Analizando el libelo se desprende que la pretensión del recurrente en este caso tiene el propósito: 1) que se indique el lugar en que se encuentran los cadáveres exhumados ilegalmente del cementerio comunitario de Azacualpa, La Unión, departamento de Copan, y 2) que se ordene el retorno de los mismos al lugar de descanso espiritual, exigiendo la tutela a la dignidad de las personas Maya Chorti Fallecidas y exhumadas ilegalmente con paradero desconocido; en ese sentido, la acción planteada, queja o la finalidad que persiguen los recurrentes no corresponde su resolución a través de esta garantía Constitucional, recurso o esta vía, por cuanto el objetivo de una Habeas Corpus o Exhibición Personal es detener o frenar la arbitrariedad de alguna autoridad por la ilegalidad de la detención o en su caso de un individuo o grupo de personas, o cuando siendo legal la detención se apliquen torturas, vejámenes, tratos crueles e inhumanos o degradantes, exacciones ilegales etc... o incluso para lograr la corrección de excesos de autoridad en esas vías, obligatoriamente necesita la detención ilegal o molestias de la persona determinada, lo cual no acontece en el caso planteado, y aunque sea un recurso que no necesita tanta formalidad para su interposición, pero si la obligación del recurrente en indicar como presupuesto mínimo alguna de estas dos circunstancias para el inicio de la investigación del Juez Ejecutor, y que si bien no puede desecharse su entrada la solicitud, debe analizarse si es posible la tramitación… SEXTO: La suscrita Juez Ejecutor una vez analizados los argumentos y pretensiones expuestas en la interposición de la solicitud de Exhibición Personal o Habeas Corpus, y las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, logra establecer que los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales indicadas para declarar procedente la acción, por cuanto no existe violación de algunos de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la ley indicada, POR TANTO: El suscrito Juez Ejecutor en uso de las facultades que le confiere La Constitución de La República y la Ley Sobre Justicia Constitucional, DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCION DE EXHIBICION PERSONAL o HABEAS CORPUS interpuesta por los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzmán y Pedro Antonio Mejía Godoy en su condición de apoderados de los señores José Ángel López, Héctor Antonio Trigueros, María Esperanza Miranda y otros en nombre de la Comunidad Maya Chortí de Azacualpa, contra las actuaciones del Jefe de la Región Sanitaria de Occidente (Copan) y del Secretario del Estado en el Despacho de Salud.-…”. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Carta Magna en el artículo 182, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia, en el Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla (…): a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (3): Que, en el plano de la legalidad secundaria, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (4): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CorteIDH,) ha señalado, por su parte, que el hábeas corpus que la tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes para que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad.[1] También ha establecido tan alto órgano interamericano de protección de derechos humanos, que el objetivo de esta garantía sobre la verificación de la legalidad de un detención exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada.[2] CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CorteIDH) ha hecho también mención sobre el concepto y alcance de la garantía de hábeas corpus, en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, de obligatorio acatamiento para nuestro país, como parte del Bloque de Convencionalidad: “De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o hábeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad”.[3] CONSIDERANDO (6): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma ilegal y arbitraria el derecho a la libertad individual, en contravención a las normas legales, constitucionales y convencionales. Asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten por acción u omisión contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos privados de libertad, o bien, contra la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que cumplen la medida privativa de libertad impuesta; lo cual no se cumple estrictamente en el presente caso, como bien señalan en forma congrua los informes rendidos por los Jueces Ejecutores nombrados: Abogado JACOBO NOEL REYES, en fecha once de noviembre de dos mil veintidós, y, Abogada CARLA PATRICIA MONGE ARITA, en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós; en las actuaciones realizadas en cumplimentación de la presente garantía constitucional, las cuales se reconducen a que: “… la acción planteada, queja o la finalidad que persiguen los recurrentes no corresponde su resolución a través de esta garantía Constitucional, recurso o esta vía, por cuanto el objetivo de una Habeas Corpus o Exhibición Personal es detener o frenar la arbitrariedad de alguna autoridad por la ilegalidad de la detención o en su caso de un individuo o grupo de personas, o cuando siendo legal la detención se apliquen torturas, vejámenes, tratos crueles e inhumanos o degradantes, exacciones ilegales etc... o incluso para lograr la corrección de excesos de autoridad en esas vías (…)”.[4] CONSIDERANDO (7): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, se conceptualiza generalmente como un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos (as); frente a las conductas afirmativas u omisivas de la autoridad que, la perturben, restrinjan o priven con infracción, violación o inobservancia de las normas convencionales, constitucionales y legales; así como también, frente a aquellos actos u omisiones de la autoridad que, en igualdad de circunstancias, atenten, o pongan en precario, la integridad física, síquica y moral de la persona humana en situación de detención. Sin embargo, resulta notorio que los alcances del hecho denunciado como violatorio, por parte de los letrados recurrentes, excede el ámbito normativo, de facticidad y de legitimación que las normas jurídicas atinentes confieren a la garantía de exhibición personal o habeas corpus; si bien tienen por campo común la garantía de los derechos humanos y, por objeto, la protección de la dignidad esencial de la persona humana, en los múltiples niveles de protección que ésta amerita. CONSIDERANDO (8): Que, constando lo anterior del informe requerido y presentado ante esta alta Sala de Justicia Constitucional por parte de los Jueces Ejecutores, no resulta acreditada la argumentación garantista, por no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria de la libertad para los beneficiarios del presente recurso; y/o que se hubiere transgredido, por la autoridad denunciada, la protección, respeto y garantía que le es debida a su integridad personal; por lo cual, no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento; debiendo procederse a dictar fallo denegatorio a la presente acción constitucional de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 84, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por los Abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN Y PEDRO ANTONIO MEJÍA GODOY a favor de los señores JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ, HÉCTOR ANTONIO TRIGUEROS Y MARIA ESPERANZA MIRANDA Y OTROS EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD MAYA CHORTÍ DE AZACUALPA, contra actuaciones del JEFE DE LA REGIÓN SANITARIA DE OCCIDENTE (COPÁN) y del SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, JOSÉ MANUEL MATHEU. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, accionando en representación de pobladoras y pobladores Maya Chortí de Azacualpa, la Unión Copán; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que falla DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL, impetrado por los Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY a favor de los señores JOSE ANGEL LOPEZ, HECTOR ANTONIO TRIGUEROS, MARIA ESPERANZA MIRALDA Y OTROS EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD MAYA CHORTI DE AZACUALPA, contra actuaciones del JEFE DE LA REGION SANITARIA DE OCCIDENTE (COPAN) y del SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, JOSE MANUEL MATHEU. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes que los Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, accionando en representación de pobladoras y pobladores Maya Chortí de Azacualpa, la Unión Copán; comparecieron ante esta Sala en fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022), interponiendo recurso de Habeas Corpus. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), declarando sin lugar dicho Recurso de Exhibición Personal. CONSIDERANDO: Que los recurrentes, Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, accionando en representación de pobladoras y pobladores Maya Chortí de Azacualpa, la Unión Copán, en fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, elevan a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insisten en que en este caso la Sala de lo Constitucional, al aplicar leyes a pueblos indígenas tiene el deber ineludible de hacerlo revisando y respetando su cultura y religión, y sobre todo, la dignidad inherente a ellos. Es decir, la aplicación de la Institución Habeas Corpus debe hacerse en este caso conforme a la dignidad, costumbre y espiritualidad del pueblo indígena maya chorti que le atribuye vida a los cuerpos de sus familiares que yacían en el cementerio.- Continua manifestando que nuestra Constitución y el Convenio 169 de la OIT imponen un deber de respeto a las costumbres, creencias y espiritualidad indígena, que implica, respetar la concepción del pueblo Maya Chorti de que las personas que fueron arrancadas violentamente en el cementerio comunitario de Azacualpa están revestidas de energía y están conexos a la vida de la comunidad, de la naturaleza y de sus familias. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por los recurrentes, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que del estudio del informe rendido por los Jueces Ejecutores, no resulta acreditada la argumentación garantista, por no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria de la libertad para los beneficiarios del presente recurso; y/o que se hubiere transgredido por la autoridad denunciada, la protección, respeto y garantía que le es debida a su integridad personal; por lo cual no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para su otorgamiento, decisión que aún mantiene en relación con el presente Recurso de Reposición. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por los Abogados VICTOR ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN Y PEDRO ANTONIO MEJIA GODOY, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a los recurrentes para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós y reposición de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, respectivamente, recaídas en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-1618-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver la Opinión Consultiva OC-8/87, de la CorteIDH, párr. 33.
[2] Cfr. CorteIDH. Opinión Consultiva OC-8/87, párr. 35.
[3] CorteIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. (Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 65.)
[4] Ver Antecedentes 5) y 6) de la presente sentencia.