Sentencia EP-1539-22 — Registro 15772
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de mérito a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión en causa en su contra por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido; La Corte de Apelaciones en base a las investigaciones e Informe del Juez Ejecutor denegó el recurso de mérito ya que se comprobo que el recurrente no ha sido objeto de torturas, vejámenes, coacciones encontrándose bien; Además, se verificó que tiene más de dos años seis meses de estar encerrado y no le han hecho juicio superando el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva; Dicha Corte indicó que el Tribunal de Sentencia debe realizar audiencia de Revisión de Medida Cautelar, a más tardar, dentro de los tres días siguientes de haber tenido conocimiento del fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Acción de Hábeas Corpus intentada por el Abogado NARVY ELMY RIVERA ORTEZ a favor del Privado de Libertad señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, contra actuaciones de las autoridades del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en relación a la detención ilegal del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que comparte el criterio establecido por la Jueza Ejecutora, en el sentido que el Tribunal de Sentencia es el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalar de oficio, lo más pronto posible, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término de la medida cautelar de prisión preventiva, conforme lo alegado por la defensa..."..."para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que el supuesto agraviado, señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, en ningún momento se encontró detenido en forma ilegal, según lo expuesto por el pedidor de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues la detención del referido señor, responde a un proceso iniciado en su contra por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido, no obstante a ello, la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta, se encuentra ya vencida, siendo procedente la revisión inmediata de la Medida Cautelar, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR no se considera arbitraria[2] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva es ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP, debiendo en consecuencia el Tribunal de Sentencia proceder a su revisión inmediata; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal en contra del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte de Apelaciones..."..."esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley..."..."la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 181 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 189 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, que declaró Sin Lugar el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado NARVY ELMY RIVERA ORTEZ, a favor del Privado de Libertad VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en relación a la posible detención ilegal por vencimiento de la medida cautelar de la prisión preventiva, en la causa instruida contra el señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, el Abogado NARVY ELMY RIVERA ORTEZ, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, manifestando el peticionario que su representado se encuentra guardando prisión desde el 16 de marzo del año 2020, acusado injustamente por un delito de extorsión, y desde esa fecha hasta el día de interposición del recurso, sigue recluido en la prisión Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán, habiendo transcurrido DOS AÑOS SEIS MESES SIETE DIAS, sin que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, haya realizado el Juicio Oral y Público y emitido sentencia, por lo que en base a ello ya prescribió la prisión preventiva, al haberse vencido el plazo máximo que es el de dos años, seis meses, tal como lo establece nuestra ley procesal. (Folios 1-2 de la pieza de antecedentes de Hábeas Corpus) 2) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, resolvió recibir las diligencias contentivas del Recurso de Hábeas Corpus interpuesto, designando como Juez Ejecutor a la Abogada YENSI BARRIENTOS, Defensora Pública, a efecto de rendir el informe correspondiente en el menor tiempo posible, el cual debe recaer sobre las indagaciones que se realicen ante el órgano jurisdiccional a cuyo cargo se encuentre la causa, en los centros penales respectivos, así como cualquier otra diligencia que dicha Jueza Ejecutora estime pertinentes para verificar las situaciones denunciadas. (Folios 4-5 de la pieza de antecedentes de Hábeas Corpus) 3) Que la Abogada YENSI MARIA BARRIENTOS, en su condición antes indicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha once de octubre del año dos mil veintidós, en el cual consignó entre otras situaciones lo siguiente: A) Que la Juez Ejecutora en fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, solicitando un informe sobre la situación jurídica del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, rindiendo su informe en fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, informando lo siguiente: En fecha 16 de marzo de 2020, se presentó Requerimiento Fiscal contra el señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en Audiencia Inicial de fecha 20 de marzo de 2020, se le decretó Auto de Formal Procesamiento, imponiéndole la medida cautelar de Prisión Preventiva; la Audiencia Preliminar se celebró el 5 de mayo de 2021, decretándose el Auto de Apertura a Juicio Oral y Público, remitiendo el expediente al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Se señaló una Audiencia de Proposición de Medios de Prueba para el 2 de noviembre de 2022. B) Que la Juez Ejecutora procedió a revisar el expediente de la causa instruida contra el señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, en la cual pudo constatar que mediante oficio de fecha 8 de marzo de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resuelve ampliar la Prisión Preventiva por seis meses más, señalando que dicha ampliación se contará a partir de la finalización del término de duración de la medida que le fuera impuesta. C) Que de la entrevista realizada al señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, la Juez Ejecutora no evidenció que éste haya sido objeto de Torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para seguridad individual o para el orden de la prisión, pues el privado de libertad señaló que en dicho centro penitenciario se encontraba bien, solo que cansado de estar encerrado y esperando salir, y que quiere respuesta ya que tiene más de dos años seis meses de estar encerrado y no le han hecho juicio, y que su inconformidad es en relación al tiempo de cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, pero sin indicar ningún tipo de molestia o situación de restricción o vulneración de derechos dentro del centro penitenciario. D) Que al analizar la situación concreta, la Juez Ejecutora argumenta que una vez recabada la información pertinente, la detención del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR obedece a que se encuentra cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por juez competente, en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, el cual es un centro destinado por el Estado para tal efecto y su detención no es producto de los presupuestos considerados como privaciones de libertad ilegales y arbitrarias al tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional antes mencionado. Que las medidas cautelares pueden ser revocadas o sustituidas en cualquier etapa del procedimiento ya bien sea a solicitud de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional competente; en relación a lo anterior la Juez Ejecutora señala que ha podido apreciar que según el informe rendido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, existe en el expediente una providencia en donde se señala audiencia de proposición de medios de prueba y revisión de medidas para el día miércoles 02 de noviembre del año dos mil veintidós. Audiencia Oral en la que la defensa podrá exponer sus argumentos pertinentes en relación al vencimiento del plazo de prisión preventiva establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal y en la que las partes harán sus planteamientos respectivos, teniendo el Tribunal de Sentencia que hacer la valoración correspondiente y resolver lo que estime procedente según lo dispone el artículo 189 del Código Procesal Penal. E) Por todo lo anterior la Juez Ejecutora resuelve: (Sic) “DECLARA: 1. NO HA LUGAR la Acción de HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL presentada por el abogado NARVY ELMY RIVERA ORTEZ a favor del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR…” (Folios del 8-13 de la pieza de antecedentes de Hábeas Corpus) 4) Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “ÚNICO: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado NARVY ELMY RIVERA ORTÉZ, favor del señor VÍCTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, a quien se le instruye proceso por suponerle responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. Y MANDA PRIMERO: Que la Secretaria del Despacho notifique esta resolución al recurrente, en el día de su emisión o al día siguiente hábil; y, no siendo ello posible, que la notificación se realice mediante el número de teléfono móvil o al correo electrónico designado por la impetrante en el escrito de interposición de la acción de Habeas Corpus. SEGUNDO: Una vez notificada esta sentencia, líbrese certificación de ésta a la Jueza Ejecutora y al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Extorsión, como autoridad recurrida, para que tenga conocimiento sobre ella y para que realice la audiencia de Revisión de Medida Cautelar, a mas tardar, dentro de los tres días siguientes de haber tenido conocimiento de este fallo. TERCERO: Remitir el expediente a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que proceda a la revisión de la sentencia, a efecto de que adquiera el carácter de definitiva…”. (Folios del 116-118fv de la pieza de antecedentes de Hábeas Corpus) 5) Que en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional tuvo por recibidas las diligencias del recurso de mérito, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el Abogado NARVY ELMY RIVERA ORTEZ a favor del Privado de Libertad señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, contra actuaciones de las autoridades del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en relación a la detención ilegal del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que comparte el criterio establecido por la Jueza Ejecutora, en el sentido que el Tribunal de Sentencia es el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalar de oficio, lo más pronto posible, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término de la medida cautelar de prisión preventiva, conforme lo alegado por la defensa. CONSIDERANDO (3): Que consta en autos y según el informe rendido por la Juez Ejecutor, que ésta, en fecha veintisiete de septiembre del presente año dos mil veintidós, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, a solicitar informe en relación a la situación jurídica del señor Víctor Alexander Guevara Escobar, asimismo tuvo a la vista el expediente en relación al proceso instruido en contra del señor Víctor Alexander Guevara Escobar; en el que pudo constatar que al Privado de Libertad se le impuso medida cautelar de Prisión Preventiva en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020), fecha en la que se celebró audiencia inicial y se le decretó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Extorsión, por ello a criterio de la Juez Ejecutor el Privado de Libertad señor Víctor Alexander Guevara Escobar, se encuentra detenido por orden de juez competente cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva y corresponde al Tribunal de Sentencia en audiencia que al efecto se realice, determinar si procede cesar o revocar la medida cautelar impuesta, por el vencimiento del plazo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por la juez ejecutora designada revela, que al Privado de Libertad señor Víctor Alexander Guevara Escobar, se le impuso medida cautelar de Prisión Preventiva en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinte (2020). De lo cual se colige a la fecha de interposición de la garantía de Hábeas Corpus, el referido señor ha permanecido en prisión preventiva por DOS (2) AÑOS, SEIS (6) MESES, haciendo el cálculo al 21 de septiembre del año 2022, sin que hasta el momento exista pronunciamiento en cuanto a decidir en juicio oral y público su culpabilidad por el hecho de Extorsión acusado. De ello, se advierte que se ha superado así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, que inicialmente es por el plazo de un año por regla general, con las excepciones que el mismo precepto establece. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal). CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva. CONSIDERANDO (6): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha expresado ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no sólo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en un plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. CONSIDERANDO (8): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que el supuesto agraviado, señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, en ningún momento se encontró detenido en forma ilegal, según lo expuesto por el pedidor de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues la detención del referido señor, responde a un proceso iniciado en su contra por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido, no obstante a ello, la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta, se encuentra ya vencida, siendo procedente la revisión inmediata de la Medida Cautelar, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR no se considera arbitraria[2] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva es ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP, debiendo en consecuencia el Tribunal de Sentencia proceder a su revisión inmediata; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal en contra del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley. CONSIDERANDO (10): Que en suma, de la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión y del Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor VICTOR ALEXANDER GUEVARA ESCOBAR, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-1539-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.
[2] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y procedimental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.