Sentencia EP-1487-22 — Registro 15576
Resumen
Sentencia condenó a recurrente imponiéndole varias penas de reclusión por los delitos de violación especial, robo agravado en perjuicio de testigo protegido así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil pudiendo según recurrente optar a la libertad condicional el treinta de marzo de 2024; La Sala en base al informe emitido por la Juez Ejecutor concluyó que el recurrente se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme y el acceder a beneficios de Libertad Condicional no son situaciones a ser dilucidadas a travles del Habeas Corpus pues los argumentos no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutor nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por los delitos de Violación Especial y Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido, a las penas de 11 años, 3 meses y 5 años de Reclusión respectivamente; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Jaime Javier Ilovares Rodas, manifiesta que lo único que padece es del ácido úrico, pero realiza ejercicio, que compra su medicamento, como ser pastillas para calmar el dolor en las coyunturas, por el ácido úrico y que en lo demás se encuentra bien y que agradece las reformas al cómputo de su pena, pues eso le ayuda para solicitar el beneficio de preliberación. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de la privada de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos..."..."el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por la Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por la señora Geidy Santos, a favor del señor Jaime Javier Ilovares Rodas, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que se le han violentado todos sus derechos privados constitucionales e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió la condena, estuvo mal de salud por el covid-19, no se le dio tratamiento necesario, se agotaron los medicamentos, por lo que se solicita el excarcelamiento inmediato y que se le reforme cómputo de pena. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la señora Geidy Santos, interponiendo recurso de Hábeas Corpus a favor del señor Jaime Javier Ilovares Rodas, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el peticionario que se le han violentado todos sus derechos privados constitucionales e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma al Código Procesal Penal y Código Penal vigente ya cumplió la condena, estuvo mal del covid-19, no se le dio tratamiento necesario, se agotaron los medicamentos, por lo que se solicita el excarcelamiento inmediato y que se le reforme el cómputo de la pena. (Folio 1 de los autos) 2) En fecha diecisiete de octubre del presente año dos mil veintidós, esta Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Jueza Ejecutora a la Abogada Claudia Pereira, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por la recurrente y determinar la procedencia del recurso intentado, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del señor Jaime Javier Ilovares Rodas. (Folio 3 de los autos) 3) En fecha veintiocho de octubre del año dos mil veintidós, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, a rendir el informe correspondiente, mediante el cual refiere: “…CUARTO: Del informe recibido por parte del Abogado ELVIS JAVIER ALVARADO MATUTE, Juez de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se establece que actualmente la situación jurídica del señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS, con tarjeta de identidad número 0813-1990-00098, bajo el expediente número 764-2014-JET 3 es de SENTENCIADO, y se encuentra liquidado con su respetivo cómputo de sentencia de fecha veintisiete de Octubre del 2014, en el cual se hace constar que el cumplimiento total de la pena por la comisión de los delitos de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO cuya pena impuesta es de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION; y por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO cuya PENA es de CINCO AÑOS DE RECLUSION así como las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, el cumplimiento total de ambas penas será el VEINTE DE MARZO DEL 2029, pudiendo optar a la libertad condicional el treinta de marzo del 2024 si reúne los requisitos del artículo 76; sin embargo refiere en su informe que si reúne los requisitos del artículo 81 del Código Penal Vigente podría optar a la libertad condicional el veinte de diciembre del 2023, para lo cual es necesario reformar el cómputo de fecha 27 de octubre del 2014.-Por lo que habiéndose efectuado la reforma de cómputo en fecha 18 de octubre del año 2022, esto según el informe presentado, el señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS podría optar al beneficio de libertad condicional el 20 de diciembre del año 2023 si reúne los requisitos del artículo 81 del Código Penal Vigente. (Ver anexos) QUINTO: De la entrevista realizada al señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS, el mismo refirió que NO HA SIDO VICTIMA DE TORTURAS, VEJAMENES, COACCIONES, RESTRICCIONES O MOLESTIAS QUE PONGAN EN PELIGRO SU VIDA, Y QUE EL TRATO POR PARTE DEL PERSONAL HA SIDO EXCELENTE. Sí manifestó que padece del ácido úrico pero que no asiste al hospitalito que está dentro del Centro Penal por lo que él mismo compra sus medicamentos que son pastillas para calmar el dolor y que para mejorar su salud está haciendo ejercicio. Refirió que mantiene buena relación con sus compañeros y estableció que no tenía problemas con nadie. Nos manifestó que dentro del Centro Penal tiene un negocio de golosinas y que asiste a la iglesia. Finalmente exteriorizó que estaba agradecido ya que él lo que quería era la reforma al cómputo de su pena para poder optar al beneficio de pre-liberación y que su caso ha sido atendido por defensor privado. SEXTO: Del informe rendido por el Director de la Penitenciaria Nacional Sub Comisionado de Policía MELVIN ALEXANDER ALVARENGA DERAS se estable que: El privado de libertad JAIME JAVIER ILOVARES RODAS Ingresa a ese Centro Penitenciario el día 04 de Diciembre del 2012 delito de ROBO AGRAVADO, DOS DELITOS DE VIOLACION AGRAVADA EN CONCURSO REAL, PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "1", y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, F.M., expediente judicial no. 0801-2012-3013 Juez No. 20/Juez Turno 07.- Que en nota de resolución para guarda y custodia se le decretó AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por los delitos de VIOLACION ESPECIAL Y PORTACION ILEAL DE ARMAS EN CONCURSO REAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 1 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de ROBO SIMPLE EN CONCURSO IDEAL CON LA VIOLACION ESPECIAL Y LA PORTACION ILEGAL DE ARMAS, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA.- Que según sus registros el interno JAIME JAVIER ILOVARES RODAS fue condenado a la pena de ONCE (11) años, TRES (3) meses de reclusión por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO; Y a la pena de Cinco (5) años de reclusión por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, lo cual suma a 16 AÑOS, 3 MESES de reclusión, que no se registra otros proceso, cartas de libertad ni traslados. Del OFICIO número CPNT DM 152-2022 de fecha 24 de octubre del 2022, referente a la evaluación médica realizada al privado de libertad JAIME JAVIER ILOVARES RODAS por el Doctor Rafal Antonio Rodriguez Contreras se establece que el al momento de la evaluación el mismo se encuentra estable y que al mismo se le reinicia el tratamiento para niveles elevados de ácido úrico”; concluyendo la Juez Ejecutora: (Sic) “… DECLARA NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesta por la señora GEIDY SANTOS a favor del señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS, en virtud de que del informe presentado por el Juez de Ejecución de la sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, del informe rendido por el Director del Centro Nacional Penitenciario de Támara, la evaluación médica y la entrevista realizada al señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS NO QUEDO ESTABLECIDO que su situación dentro del Centro Nacional Penitenciario de Támara pueda enmarcarse dentro de los supuestos que pudieran dar lugar a una detención ilegal y arbitraria o que estando en su detención o prisión legal, sea víctima de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Lo que el peticionario quería era una reforma a su cómputo de pena (artículo 386 Código Procesal Penal Vigente). Resulta necesario establecer que el Recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus es un mecanismo de defensa para garantizar la libertad personal o individual frente a actos de autoridad realizados con inobservancia de normas constitucionales y legales; por lo que después del análisis respectivo consideramos QUE EL CASO QUE HOY NOS OCUPA NO CUMPLE CON LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 24 DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL…” (Folios del 8-12 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”; asimismo el artículo 69 constitucional dispone que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. CONSIDERANDO (4): Que en fecha diecisiete de octubre del presente año dos mil veintidós, se presentó ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, según el peticionario se le han vulnerado sus derechos constitucionales privados e internacionales, no se le permitió esperar el proceso judicial estando en libertad, con la reforma del Código Procesal Penal y Código Penal vigentes, asimismo expone que ya cumplió su condena, que estuvo bastante mal por la pandemia del Covid-19. Aunado a ello el Decreto 36-2020 dice que cuando el humano estuviese en riesgo su vida, lo primero es protegerlo, por lo que pide su excarcelación inmediata y la reforma al cómputo de la pena. CONSIDERANDO (5): Que en fecha veintiocho de octubre del presente año dos mil veintidós, la Juez Ejecutor nombrada por esta Sala de lo Constitucional, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Claudia Anabelle Pereira Flores, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye DECLARAR NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesta por la señora GEIDY SANTOS a favor del señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS, en virtud que del informe presentado por el Juez de Ejecución de la sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, del informe rendido por el Director del Centro Nacional Penitenciario de Támara, la evaluación médica y la entrevista realizada al señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS NO QUEDO ESTABLECIDO, que su situación dentro del Centro Nacional Penitenciario de Támara pueda enmarcarse dentro de los supuestos que pudieran dar lugar a una detención ilegal y arbitraria o que estando en su detención o prisión legal, sea víctima de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Asimismo, el artículo 7 de la precitada Convención en relación a la libertad personal indica: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las acusas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…” CONSIDERANDO (7): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (8): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutor nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria firme por los delitos de Violación Especial y Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido, a las penas de 11 años, 3 meses y 5 años de Reclusión respectivamente; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Jaime Javier Ilovares Rodas, manifiesta que lo único que padece es del ácido úrico, pero realiza ejercicio, que compra su medicamento, como ser pastillas para calmar el dolor en las coyunturas, por el ácido úrico y que en lo demás se encuentra bien y que agradece las reformas al cómputo de su pena, pues eso le ayuda para solicitar el beneficio de preliberación. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de la privada de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (9): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[5]. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional textualmente dispone: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.” –Énfasis suplido- CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, aprobar el informe presentado por la Juez Ejecutor y declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por la señora GEIDY SANTOS, a favor del señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, ubicado en la localidad de Támara, departamento de Francisco Morazán, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al Privado de Libertad señor JAIME JAVIER ILOVARES RODAS; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redacto la Magistrada Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-1487-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.