Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-1245-22 — Registro 15365

Resumen

con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de lo anteriormente expuesto, se desprende que la Acción de Hábeas Corpus promovida por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES en su condición de apoderado legal del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, con relación a la causa instruida contra el señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, no se enmarca - tal y como fue valorado por la sentencia de mérito - en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la exhibición personal solicitada. Abundando en las consideraciones del Ad Quem, aprobatorias a lo conceptualizado jurídicamente en el informe de la Juez ejecutora; por considerar tal Informe acorde a lo preceptuado en los artículos 174, 178, |79, 180 y 184, inter alia, del Código Procesal Penal; los cuales prescriben que la revocatoria o sustitución de medidas cautelares, inclusive de la de prisión preventiva, sea prerrogativa de la instancia ordinaria, lo que deberá ser valorado puntualmente por los respectivos Jueces o Tribunales A Quo, con base a una ajustada ponderación jurídica; por lo que no resulta procedente la excarcelación que se solicita mediante el recurso de habeas corpus, que forma parte de la Justicia Constitucional;[1] más aún, habiéndose ya señalado Audiencia, por el Tribunal competente, para conocer de la solicitud de revisión de medidas, para la fecha 10 de agosto del año 2022. CONSIDERANDO (3): Que, para la Sala de lo Constitucional, asimismo, la motivación expresada en el fallo se encuentre en concordancia que emana de lo estipulado en los artículos 93 constitucional y 172 del Código Procesal Penal, referidos a la finalidad, ámbito y regulación legal de las medidas cautelares;[2] así como lo pertinente al modo de proceder en la revisión de la medida de prisión preventiva, supuestos legales en los cuales procede su revocatoria o sustitución por otras medidas, inter alia;[3] de todo lo cual resulta que es el órgano jurisdiccional el que valora, en su oportunidad legal, la idoneidad y proporcionalidad de la medida, con relación a los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y de la pena que en caso de condena se impondría, así como las circunstancias personales de los imputados; extremos que solamente pueden ser valorados por el Juez conocedor de la causa y no a través de un recurso de Habeas corpus, como fue la pretensión del recurrente. CONSIDERANDO (4): Que de todo lo anterior se colige fehacientemente no haber lugar a su otorgamiento, tal y como consta resolutivamente en la sentencia que se revisa, al no guardar relación con los supuestos cognitivos de orden jurisdiccional que encauzan y autorizan la garantía de habeas corpus o exhibición personal a la persona humana. Por todo lo cual, en complementariedad no haberse tampoco encontrado la aplicación de suplicio alguno, de torturas, tormentos o vejámenes, exacción ilegal o coacción en perjuicio del ciudadano beneficiario del recurso; o bien, la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se encuentra cumpliendo la medida privativa de libertad; se hace procedente, confirmar la sentencia de habeas corpus venida en revisión"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre del dos mil veintidós. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, de fecha ocho de agosto dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES en su condición de apoderado legal del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, con relación a la causa instruida contra el señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, en la causa se le sigue por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO; manifestando que ya se venció el término de la prisión preventiva se le impuso al beneficiario de recurso por parte del Tribunal de Sentencia; no habiéndose celebrado audiencias de revisión de medida, ni juicios, por parte de dicho Tribunal; por razón de encontrarse, desde hace varios meses, desintegrado. (Folios 01-02 de la pieza del Ad-Quem). 2) Que en la misma fecha la Corte antes citada, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada MIRNA JANETH BRICEÑO, Defensora Pública, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 04-05 de la pieza del Ad-Quem) 3) Que en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022), la Juez Ejecutor tiene por recibida la comunicación con procedencia de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: Honorables Magistradas de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia en Materia de Extorsión que el día jueves 28 de Julio del año dos mil veintidós siendo las tres con treinta y siete minutos de la tarde me constituí en las instalaciones de la Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia en Materia Extorsión con el objeto de requerir personalmente en legal y debida forma a la Secretaria General GENESIS RIVERA del Tribunal, para que el término de veinticuatro (24) horas proceda a rendir informe sobre la situación jurídica del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE sobre los extremos antes mencionados, a la vez se le solicita adjunte copias de dichas actuaciones advirtiéndole del contenido del artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Se le adjunta copia del Acta de Requerimiento SEGUNDO: Que el 29 de Julio del presente año, procedí a trasladarme a la Aldea de Tamara del Departamento Francisco Morazán; a fin de entrevistar al interno ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, siendo atendida por la Abogada Karina Mejía Rosales asesora legal de dicho centro Penitenciario, informándole que andaba con el Exhibición Personal, para que me mostrara el expediente de ingreso administrativo del interno ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, donde la Abogada MEJIA ROSALES, ordeno a la encargada del archivo que me lo buscara, donde lo constate lo siguiente está en Formulario de ingreso bajo el número de Expediente 59678... Están todas sus generales, la fecha de ingreso 07 de Septiembre 2019... Adjunto varias copias debidamente cotejadas de actuaciones realizadas. Posteriormente procedí a la entrevista siendo las 2:39 pm de tarde de ese mismo día; manifestó lo siguiente: Que no tengo conocimiento de que el abogado Alejandro interponer ninguna exhibición, mi nombre es ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, identidad 1810-1983-00598... que estoy o desde 7-septiembre 2019.... estoy actualmente en PROCESADO 2 HOGAR 13, Y TENGO 35 MESES DE ESTAR ALLI, EN UN CUARTO YO SOLO.... en esos momentos llego el abogado y me dice este mi representa. Adjunto el Acta de Entrevista TERCERO: El día lunes uno de Agosto del año 2022 siendo las dos de la tarde me persone a la Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia en Materia de Extorsión a recoger el informe de la Secretaria Génesis Rivera, de la situación jurídica del señor ALAN IVAN CERRATO MATUTE, donde me informa lo Siguiente: Que en fecha siete (7) del año dos mil diecinueve (2019), se dio efectiva DETENCION ... En fecha 27 agosto, se recibió el OFICIO NO 1344-2021-SP-CSJ, en donde la Corte Suprema de Justicia, resuelve ampliar por seis meses la duración de la prisión preventiva. *Se señaló audiencia de JUICIO ORAL PUBLICO, para el 28/2/2022, misma que no se realizó en virtud no haber comparecido el Defensor, reprogramándose Para el 14 de marzo del año 2022. *En fecha 31 de marzo del año 2022 se celebró audiencia de EXAMINACION DE DILIGENCIA Y REVISION DE MEDIDAS, señalándose audiencia de PROPOSICION DE MEDIOS DE PRUEBA para el día 19 de abril del año 2022, misma que no se realizó ya que la Defensa manifestó encontrase en otra audiencia... •15 de junio se señaló audiencia de REVISION DE MEDIDAS PARA EL DIA FECHA 10 AGOSTO 2022.- Se adjunta informe juntamente con copias del expediente 0801-2020-44-02 CUARTO: Haciendo un analices exhaustiva de las investigaciones realizadas que el señor ALAN IVAN CERRATO MATUTE se encuentra cumpliendo en la actualidad con la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por el Juez Competente en audiencia inicial, en relación a lo establecido en los artículos; 172, 173 numeral 3, 178, 294, 300, 301, 302 y demás aplicables del Código Procesal Penal. Al tenor de dicha normativa la imposición, revocación y reforma de las resoluciones sobre medidas cautelares es un asunto que le compete exclusivamente a los órganos jurisdiccionales. La finalidad de las mismas es; asegurar la eficacia del procedimiento, la presencia del imputado en el proceso y la regular obtención de las fuentes de prueba, además que están relacionadas con la realización de pronta y efectiva de la justicia penal. El órgano jurisdiccional además al seleccionar la medida aplicable deberá tener en cuenta la idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines antes descritos. El articulo 174 último párrafo del Código Procesal Penal establece que la "resolución que imponga una medida cautelar, así como la que se rechace o sustituya por otra podrá revocarse o reformase de oficio o a petición de parte cualquiera que sea el estado en que el proceso se encuentre". Si relacionamos lo anterior con lo que establece el artículo 181 del mismo cuerpo legal en relación a la duración de la prisión preventiva podemos observar que la prisión preventiva por regla general tiene como duración máxima dos años y excepcionalmente puede ampliarse dicho periodo por seis meses más, de igual forma encontramos en la norma una excepción a dicha regla es precisamente lo establecido en dicho artículo, en el párrafo sexto del mismo, donde se establece que dentro de dicho plazo no se contará con el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de las defensa, que hayan sido declaradas sin lugar, pero todo lo anterior tendrá que ser objeto de discusión en una audiencia señalada para tal efecto, como antes se dijo, o bien solicitada por las partes o de oficio señalada por el Órgano Jurisdiccional, cumpliéndose así con los principios de Contradicción, Oralidad, Lealtad para con la Justicia, Derecho a la Defensa e Igualdad de Partes(artículos; 4, 12, 13, 14 y 15 del Código Procesal Penal). Lo antes relacionado no solo es criterio de esta Suscrita Juez Ejecutora sino pues también por la Jurisprudencia de la Sala Constitucional donde se ha pronunciado en varios recursos relacionados al vencimiento de la prisión preventiva relacionando así en la resolución bajo número EP-261-19 literalmente lo siguiente: "CONSIDERANDO (4): Que aunado de lo anterior, el Código Procesal Penal precave un límite máximo objetivo para la sujeción a la medida de prisión preventiva; [3] así como los supuestos legales en los cuales resulta procedente su revocatoria o sustitución por otras medidas; [4] lo cual ha sido recapitulado en sentencias anteriores por la Sala, en el sentido de que se trata de atribuciones de revisión privativas del Juez o Tribunal de instancia conocedor del caso, cuya resolución es a la vez susceptible del recurso ordinario de apelación; [5] por lo cual no resulta procedente el otorgamiento del presente recurso de exhibición personal o habeas corpus en tal categoría de supuestos; quedándole expeditas, en su caso, las vías ordinarias al peticionario, en el tiempo, modo y forma que ya le señalan las leyes. CONSIDERANDO (5): Que asimismo, resulta para esta Sala de lo Constitucional, que los fundamentos del informe de la Juez Ejecutora [6] y de la Corte Ad Quem, que también los estima; [7] resultan coincidentes con la línea jurisprudencial adoptada por esta Sala, en el sentido que la imposición (o revisión, en su caso), de la medida cautelar de prisión preventiva es potestad exclusiva del órgano jurisdiccional en el marco de un debido proceso dotado de todas las garantías; por lo cual, la Sala de lo Constitucional, se pronuncia por confirmar la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán en fecha once de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se declara sin lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado......." (Ver también sentencias de la Sala de lo Constitucional bajo números 546-2020 y EP-251-20 para mencionar algunas). QUINTO: La Justicia Constitucional a través de la Garantía de Habeas Corpus interviene o se activan sus mecanismos de protección, cuando se constata que se ha incurrido en dos acciones: 1) una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, 2.) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia incensaría para su seguridad individual o para el orden de la prisión (art. 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional). Asimismo, el artículo 15 del referido cuerpo legal establece que cuando se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegitimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 24 establece las privaciones de la libertad que se consideran ilegales o arbitrarias, y son las siguientes: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley. 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. SEXTO: Ya para analizar la situación concreta del señor ALAN IVAN CERRATO MATUTE contraste a la normativa y jurisprudencia antes citada, los hechos objeto de la interposición del recurso de exhibición son referentes a una detención ilegal. Una vez dicho lo anterior se ha establecido que las privaciones de libertad de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional la privación de libertad se considera ilegal y arbitraria cuando se den los presupuestos allí establecidos en consonancia no solo con dicha normativa sino también con la línea Jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional. En el estudio de las presentes y una vez recabada la información pertinente está suscrita concluye que tales circunstancias no se han podido apreciar en la detención del señor ALAN IVAN CERRATO MATUTE puesto que en la actualidad se encuentra cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por juez competente y su detención no es producto de los presupuestos considerados como privaciones de libertad ilegales y arbitrarias al tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Como ya se ha establecido en el acápite segundo de este informe las medidas cautelares pueden ser revocadas o sustituidas en cualquier etapa del procedimiento ya bien sea a solicitud de parte o de oficio por el órgano Jurisdiccional, en relación a lo anterior está Suscrita ha podido apreciar que el Abogado Defensor del señor ALAN IVAN CERRATO MATUTE, presento escrito de revisión de medida cautelar la cual está señalada para el 10 de agosto del año 2022, en dicha audiencia él puede presentar los medios de prueba necesarios para acreditar que a su representado se le ha vencido el plazo del artículo 181 del Código Procesal penal, con la salvedad de cumplir con la tramitación establecida en el Código Procesal Penal para tal efecto (artículo 189 CPP). Que el hecho que le hayan señalado audiencia de revisión de medida para dicha fecha no es una detención ilegal tal y como se ha fundamentado en los anteriores acápites. POR TANTO: La Suscrita Jueza Ejecutora nombrada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia en Materia de Extorsión; en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos y en aplicación de los Artículos: 69, 71, 84 y 182 de la Constitución de la Republica; Articulo 2 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar La Tortura 4, 8, 12, 14, 15, 172, 173, 174, 178, 181, 188, 189 y 191 del Código Procesal Penal; 13.1.a, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ES DEL CRITERIO QUE HASTA LOS MOMENTOS NO SE HA COMPROBADO VIOLACIÓN ALGUNA DE LOS SUPUESTOS QUE EXIGE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS; DECLARA: NO HA LUGAR la presente EXHIBICION PERSONAL, interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, en vista de que se ha podido verificar con los informes requeridos a las autoridades competentes así como cada una de las diligencias practicadas por mi persona evidenciando que no ha existido ninguna violación de derechos y garantías constitucionales de igual manera se pudo constatar de que nunca ha existido una Detención ilegal y mucho menos vejámenes o Torturas contra la menor antes mencionada por ende no se ha violentado ninguna garantía.- Devuélvase la comunicación debidamente cumplimentada a Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia en Materia de Extorsión con la documentación soporte de la investigación.” (Folios 08-285 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que en fecha ocho (08) de agosto de dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en la cual Falló: (SIC) “UNICO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, a quien se le instruye proceso por suponerlo responsable del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO.” (Folios 287–289 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que en fecha quince (15) de agosto de dos mil veintidós (2022), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto, se desprende que la Acción de Hábeas Corpus promovida por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES en su condición de apoderado legal del señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, con relación a la causa instruida contra el señor ALLAN IVAN CERRATO MATUTE por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, no se enmarca - tal y como fue valorado por la sentencia de mérito - en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la exhibición personal solicitada. Abundando en las consideraciones del Ad Quem, aprobatorias a lo conceptualizado jurídicamente en el informe de la Juez ejecutora; por considerar tal Informe acorde a lo preceptuado en los artículos 174, 178, |79, 180 y 184, inter alia, del Código Procesal Penal; los cuales prescriben que la revocatoria o sustitución de medidas cautelares, inclusive de la de prisión preventiva, sea prerrogativa de la instancia ordinaria, lo que deberá ser valorado puntualmente por los respectivos Jueces o Tribunales A Quo, con base a una ajustada ponderación jurídica; por lo que no resulta procedente la excarcelación que se solicita mediante el recurso de habeas corpus, que forma parte de la Justicia Constitucional;[1] más aún, habiéndose ya señalado Audiencia, por el Tribunal competente, para conocer de la solicitud de revisión de medidas, para la fecha 10 de agosto del año 2022. CONSIDERANDO (3): Que, para la Sala de lo Constitucional, asimismo, la motivación expresada en el fallo se encuentre en concordancia que emana de lo estipulado en los artículos 93 constitucional y 172 del Código Procesal Penal, referidos a la finalidad, ámbito y regulación legal de las medidas cautelares;[2] así como lo pertinente al modo de proceder en la revisión de la medida de prisión preventiva, supuestos legales en los cuales procede su revocatoria o sustitución por otras medidas, inter alia;[3] de todo lo cual resulta que es el órgano jurisdiccional el que valora, en su oportunidad legal, la idoneidad y proporcionalidad de la medida, con relación a los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y de la pena que en caso de condena se impondría, así como las circunstancias personales de los imputados; extremos que solamente pueden ser valorados por el Juez conocedor de la causa y no a través de un recurso de Habeas corpus, como fue la pretensión del recurrente. CONSIDERANDO (4): Que de todo lo anterior se colige fehacientemente no haber lugar a su otorgamiento, tal y como consta resolutivamente en la sentencia que se revisa, al no guardar relación con los supuestos cognitivos de orden jurisdiccional que encauzan y autorizan la garantía de habeas corpus o exhibición personal a la persona humana. Por todo lo cual, en complementariedad no haberse tampoco encontrado la aplicación de suplicio alguno, de torturas, tormentos o vejámenes, exacción ilegal o coacción en perjuicio del ciudadano beneficiario del recurso; o bien, la imposición de restricción o molestias innecesarias para su seguridad, o para el orden de la prisión en que se encuentra cumpliendo la medida privativa de libertad; se hace procedente, confirmar la sentencia de habeas corpus venida en revisión. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 1, 60, 69, 80, 82, 84, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-1245-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Cita, a tal efecto, el Informe de la Juez Ejecutora, los recursos de exhibición personal números EP-261-19, EP-546-2020, y, EP-251-20, emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

[2] Ver, asimismo, lo expresado en los artículos 181 con relación al 184 reformado del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E).

[3] Ver el artículo 174 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99E).