Sentencia EP-1230-22 — Registro 15276
Resumen
Juez Ejecutor concluyó que el recurrente fue presentado al Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional por delitos de Tráfico de Armas y Asociación para Delinquir en perjuicio del Orden Público, presenciando la Audiencia de Declaración de imputado y las heridas sufridas fueron tratadas por centro hospitalario por lo que considera que debe declararse sin lugar los hechos denunciados al no cumplir con ninguno de los presupuestos legales para incoar este recurso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal del señor RUBEN ALEXANDER SOTO, en atención a los conceptos sobre Tortura que brindan los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, ello se desprende de las diligencias de investigación realizadas por el Juez Ejecutor. De la entrevista realizada al señor RUBEN ALEXANDER SOTO y el informe brindado por el Juez Ejecutor, éste concluye que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque no existe violación algunaa derechos y garantías constitucionales del señor RUBEN ALEXANDER SOTO, en atención a que las diligencias para su aprehensión fueron conforme a la normativa legal; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de exhibición personal, interpuesto por la señora JESSICA LIZETH ORDOÑEZ MARADIAGA a favor del señor RUBEN ALEXANDER SOTO, quien se encuentra recluido en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, ubicada en las cercanías del Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa. Manifiesta la peticionaria que: “el día de ayer 14 de agosto a las 2:34 pm, interceptaron el vehículo de mi esposo en la carretera CA-5 a la altura de Támara, eran varios vehículos militares y civiles sin placa, a lo que él tuvo temor y no se detuvo, y al no detenerse le dispararon en reiteradas ocasiones y mi esposo está mal herido en su brazo y pierna izquierda con arma de fuego, y tiene esquirla de escopeta en su cuerpo, de manera violenta detuvieron el carro y lo militares empezaron a golpearlo al bajarlo del carro, él no tiene orden de captura y no se sabe el porqué de su detención, así como tampoco el allanamiento a mi hogar ayer a las 6:45 pm, y observamos un dron sobre nuestras casas invadiendo nuestra privacidad. Hoy por la mañana nos permitieron verlo por 5 minutos, y él nos manifestó que aun mal herido lo han estado torturando, golpeando en reiteradas ocasiones y teme por su vida ya que las personas que lo custodian lo amenazan contantemente”. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la señora JESSICA LIZETH ORDOÑEZ MARADIAGA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de su esposo, señor RUBEN ALEXANDER SOTO, quien se encuentra recluido en las instalaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, ubicada en las cercanías del Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, M.D.C.; manifestando la peticionaria que: “el día de ayer 14 de agosto a las 2:34 pm, interceptaron el vehículo de mi esposo en la carretera CA-5 a la altura de Támara, eran varios vehículos militares y civiles sin placa, a lo que él tuvo temor y no se detuvo y al no detenerse le dispararon en reiteradas ocasiones y mi esposo está mal herido en su brazo y pierna izquierda con arma de fuego, tiene esquirla de escopeta en su cuerpo, de manera violenta detuvieron el carro y lo militares empezaron a golpearlo al bajarlo del carro, él no tiene orden de captura y no se sabe el porqué de su detención, así como tampoco el allanamiento a mi hogar ayer a las 6:45 pm, observamos un dron sobre nuestras casas invadiendo nuestra privacidad. Hoy por la mañana nos permitieron verlo por 5 minutos y él nos manifestó que aun mal herido lo han estado torturando, golpeando en reiteradas ocasiones y teme por su vida ya que las personas que lo custodian lo amenazan contantemente”. (Folio 01 de los autos) 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el recurso en mención, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor al Abogado RAMON BENEDICTO MATAMORORS, Defensor Público de la Ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por el recurrente, debiendo constituirse en el lugar en donde se encuentra detenido el señor Rubén Alexander Soto, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen etc. asimismo ordenar se rinda el informe correspondiente de conformidad a lo establecido en el articulo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 03 de los autos) 3) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del presente año dos mil veintidós (2022), el Juez Ejecutor RAMON MATAMORORS compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otras situaciones lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que las diligencias que practicó el Juez Ejecutor se desprende de la entrevista realizada al señor RUBEN ALEXANDER SOTO en el cual manifestó que andaba conduciendo un taxi (de servicio Uber) y que a la altura de la aldea las Casitas de esta ciudad, fue interceptado por miembros de la policía militar, en el cual al hacerle parada a su vehículo hizo caso omiso, por lo cual le dieron seguimiento al hoy sospechoso haciéndole disparos de advertencia para que detuviera el vehículo, sin embargo el continuo la marcha hasta llegar hasta el Valle de Amarateca, donde las llantas de dicho automotor se quedaron sin aire producto de los impactos de proyectil, fue así que se hizo el procedimiento normal de leerle sus derechos y ponerlo a la orden del fiscal de turno de la Dirección Nacional de la Lucha Contra el Narcotráfico, hay que tomar en cuenta que este hecho acontecido el imputado estaba en flagrancia dentro de las veinticuatro horas por lo cual permite a los agentes de investigación realizar cualquier investigación para deducir responsabilidad o el desvanecimiento de los mismos fue así que el allanamiento de morada fue con el objeto de encontrar objetos del delito. Se tuvo conocimiento por parte del entrevistado que las heridas que sufrió en su integridad física dos horas después de su detención fue trasladado por parte de los agentes de la Dirección Nacional de la Lucha Contra el Narcotráfico al Hospital Escuela Universitario al señor RUBEN ALEXANDER SOTO para recibir asistencia médica por lo cual se pudo apreciar que el mismo le realizaron puntos en sus heridas para salvaguardarle su vida y que al igual tiene que presentarse dentro de ocho días para retirarle sus puntos. CONSIDERANDO: Que la versión del señor RUBEN ALEXADNER SOTO no se puede corroborar, ya que se entiende que la policía militar actúo en el cumplimiento del deber en aprehenderlo, tomando en cuenta que las circunstancias de la huida del encausado se espera una reacción de que esta persona no se vaya a fugar y que quede en la impunidad el delito, tomando en cuenta que la policía militar recibe adiestramiento para dar un buen trato a la población nacional, es decir que son personas que para ejercer su función dentro de la policía nacional, pasan las pruebas de confianza para llegar a ocupar ese cargo de brindar protección a la población del Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que este Juez Ejecutor constató que el señor RUBEN ALEXANDER SOTO, fue presentado al Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional, en el I Batallón del Cuartel General Cabañas, con su respetivo requerimiento fiscal por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas y Asociación Ilícita para Delinquir, en perjuicio del Orden Público. De fecha 15 de agosto del presente año en curso, llevándose a cabo la Audiencia de Declaración de Imputado en donde el Juez Instructor le decreto la detención judicial señalándole audiencia inicial para el día viernes 19 de agosto del presente año. CONSIDERANDO: Que no existe ninguna violación y garantía constitucional que se le haya infringido al señor RUBEN ALEXANDEER SOTO y se hacer relación que se escuchó al Fiscal de este caso en Audiencia de Declaración de Imputado, solicitarle al Juez Instructor convalidar el allanamiento de morada a su domicilio, por lo cual el procedimiento normativo penal fue legal y así no poder invocar su inviolabilidad a su domicilio. Prácticamente el hoy acusado tendrá que desvanecer los cargos que le imputa la Fiscalía del Ministerio Público.”; concluyendo el Juez Ejecutor (Sic) “No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por la señora JESSICA LIZETH ORDOÑEZ MARADIAGA, a favor de su esposo el señor RUBEN ALEXANDER SOTO; …” (Folios 21 y 22 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo 182 precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Ley Suprema declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha quince de agosto del presente año dos mil veintidós, compareció ante la Secretaria de esta Sala de lo Constitucional, la señora JESSICA LIZETH ORDOÑEZ MARADIAGA, interponiendo Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor de su esposo el señor RUBEN ALEXANDER SOTO, contra actuaciones de las autoridades de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, exponiendo que su esposo se encuentra recluido en dicha dependencia, que lo interceptaron en la carretera CA-5 a la altura de Tamara, que esta mal herido y lo han estado torturando y golpeado en reiteradas ocasiones, por lo que teme por la vida de su esposo. CONSIDERANDO (5): Que el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha dieciséis (16) de agosto del presente año dos mil veintidós (2022), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (6): Que es importante relacionar que el Hábeas Corpus es una institución jurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la persona, como estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. El hábeas corpus, tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a la libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (8): Que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[5], brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”. CONSIDERANDO (9): Que tanto la Declaración de Naciones Unidas de 1975 como la Convención contra la Tortura de 1984, definen la tortura como aquella cuyo propósito es conseguir: a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) un medio de castigo, por un hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido; c) como medio para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por razón de discriminación. Para la Abogada Liliana Galdámez[6] La Convención Interamericana, por su parte, amplia los criterios anteriores, teniendo como finalidad: a) servir como “medio de investigación criminal”; b) “castigo”; c) “medida preventiva”; d) como “pena”, o, e) “con cualquier otro fin”. También considera como tortura aquella cuya finalidad es: f) “anular la personalidad de la víctima” o, g) “disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Afirma la autora que, a diferencia de la Declaración y la Convención en contra de la Tortura del Sistema de Naciones Unidas, en el Sistema interamericano se introduce un tipo abierto: “cualquier otro fin” que implica que la conducta debe tener una finalidad, sin que sea determinante su contenido. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[7]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[8] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (11): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionados con lo establecido en el artículo 15[9] de la misma normativa legal, en virtud que, al momento de realizar las diligencias de investigación a efecto de constatar los hechos denunciados por la impetrante, el señor Rubén Alexander Soto expresó que al momento que lo interceptaron agentes de la Policía Militar, le dispararon en la pierna, pues al sentirse atemorizado decide huir, hechos ocurridos en el sector de Támara, asimismo refiere que lo trasladaron al Hospital Escuela; el Juez Ejecutor acompaña con el informe fotografías del señor Rubén Alexander Soto, en las que se aprecia las heridas sufridas, refiriendo que fueron tratadas y que dentro de 8 días le retirarían los puntos de sutura. De igual forma el Juez Ejecutor presenció la Audiencia de Declaración de imputado, ya que al referido señor se le presentó Requerimiento Fiscal por los delitos de Tráfico de Armas y Asociación para Delinquir. (folios del 09 al 20 de los autos contentivo del recurso de Hábeas Corpus) CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal del señor RUBEN ALEXANDER SOTO, en atención a los conceptos sobre Tortura que brindan los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, ello se desprende de las diligencias de investigación realizadas por el Juez Ejecutor. De la entrevista realizada al señor RUBEN ALEXANDER SOTO y el informe brindado por el Juez Ejecutor, éste concluye que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque no existe violación alguna a derechos y garantías constitucionales del señor RUBEN ALEXANDER SOTO, en atención a que las diligencias para su aprehensión fueron conforme a la normativa legal; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por la señora JESSICA LIZETH ORDOÑEZ MARADIAGA, a favor de su esposo señor RUBEN ALEXANDER SOTO, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redacto la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1230-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.
[6] www.corteidh.or.cr. Revista CEJL Debates sobre Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Artículo “La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Abogada. En ese entonces de publicación del artículo en el año 2006, cursando estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, España.
[7] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.
[8] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[9] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.