Sentencia EP-1171-21 — Registro 15481
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, acción que interpone para que: “se verifique si se les está dando el tratamiento y que si los está evaluando médicos especialistas, ya que el fin supremo del estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.”
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que esta Sala reitera al recurrente, que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalada en la ley su origen y finalidad, y que si bien esta Sala ha admitido, gestionado y otorgado acciones de habeas corpus calificadas como correctivas, fueron interpuestas en forma reflexiva y responsable, en la que se denunció situaciones concretas en los centros penales y la condición de las personas agraviadas, lo que no está establecido en el presente recurso, al no denunciar hechos, violaciones o situaciones concretas, haciéndolo de forma general, refiriéndose a internos con padecimientos de cáncer en los diferentes centros penitenciarios del país, demostrando desconocimiento y una total falta de interés en la acción promovida, lo que dista del propósito y la generosidad de esta acción constitucional. CONSIDERSANDO (15): Que el Articulo 42 de la Ley del Sistema Penitenciario establece que toda persona privada de libertad debe recibir asistencia médica integral. La misma se debe prestar en la medida en que lo requiera la prevención, fomento y restitución de la salud de la persona privada de libertad y el 45 del mismo cuerpo legal dispone que las personas internas tienen derecho a ser asistidas por médicos de los hospitales públicos y médicos particulares o en instituciones de asistencia médica privada, en este último caso por su cuenta y costo, cuando la gravedad y urgencia lo amerite, previo dictamen favorable del médico del Centro Penitenciario, de un médico asistencial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o de un médico forense de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. En casos de que una persona interna necesite ser trasladada a una institución de asistencia médica pública o privada, las autoridades penitenciarias deben adoptar las previsiones de seguridad. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala es del parecer, que el informe rendido por la juez ejecutora recoge claramente los fundamentos de procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, y siendo que lo solicitado en la interposición del recurso no está enmarcado dentro de los presupuestos que estable el artículo 182 de la Constitución de la República, así como los artículos el 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, procede confirmar el informe final rendido, que declara No Ha Lugar la acción solicitada por los motivos ya relacionados en la presente resolución. CONSIDERANDO (17): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 que establece que el habeas corpus o exhibición personal procede en los siguientes casos: a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, se deduce de los antecedes que a los privados de libertad no le comprenden los presupuestos relacionados y que los ya comprobados sin excepción, están recibiendo atención médica y sus tratamientos, y los que se encuentran en proceso se les está brindando el seguimiento que corresponde en los centros de asistencia pública como ha quedado demostrado y de acuerdo a lo indicado por los facultativos según se detalla en el informe rendido por cada caso. CONSIDERANDO(18):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción.”
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que esta Sala reitera al recurrente, que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalada en la ley su origen y finalidad, y que si bien esta Sala ha admitido, gestionado y otorgado acciones de habeas corpus calificadas como correctivas, fueron interpuestas en forma reflexiva y responsable, en la que se denunció situaciones concretas en los centros penales y la condición de las personas agraviadas, lo que no está establecido en el presente recurso, al no denunciar hechos, violaciones o situaciones concretas, haciéndolo de forma general, refiriéndose a internos con padecimientos de cáncer en los diferentes centros penitenciarios del país, demostrando desconocimiento y una total falta de interés en la acción promovida, lo que dista del propósito y la generosidad de esta acción constitucional. CONSIDERSANDO (15): Que el Articulo 42 de la Ley del Sistema Penitenciario establece que toda persona privada de libertad debe recibir asistencia médica integral. La misma se debe prestar en la medida en que lo requiera la prevención, fomento y restitución de la salud de la persona privada de libertad y el 45 del mismo cuerpo legal dispone que las personas internas tienen derecho a ser asistidas por médicos de los hospitales públicos y médicos particulares o en instituciones de asistencia médica privada, en este último caso por su cuenta y costo, cuando la gravedad y urgencia lo amerite, previo dictamen favorable del médico del Centro Penitenciario, de un médico asistencial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o de un médico forense de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. En casos de que una persona interna necesite ser trasladada a una institución de asistencia médica pública o privada, las autoridades penitenciarias deben adoptar las previsiones de seguridad. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala es del parecer, que el informe rendido por la juez ejecutora recoge claramente los fundamentos de procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, y siendo que lo solicitado en la interposición del recurso no está enmarcado dentro de los presupuestos que estable el artículo 182 de la Constitución de la República, así como los artículos el 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, procede confirmar el informe final rendido, que declara No Ha Lugar la acción solicitada por los motivos ya relacionados en la presente resolución. CONSIDERANDO (17): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 que establece que el habeas corpus o exhibición personal procede en los siguientes casos: a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, se deduce de los antecedes que a los privados de libertad no le comprenden los presupuestos relacionados y que los ya comprobados sin excepción, están recibiendo atención médica y sus tratamientos, y los que se encuentran en proceso se les está brindando el seguimiento que corresponde en los centros de asistencia pública como ha quedado demostrado y de acuerdo a lo indicado por los facultativos según se detalla en el informe rendido por cada caso. CONSIDERANDO(18):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que esta Sala reitera al recurrente, que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalada en la ley su origen y finalidad, y que si bien esta Sala ha admitido, gestionado y otorgado acciones de habeas corpus calificadas como correctivas, fueron interpuestas en forma reflexiva y responsable, en la que se denunció situaciones concretas en los centros penales y la condición de las personas agraviadas, lo que no está establecido en el presente recurso, al no denunciar hechos, violaciones o situaciones concretas, haciéndolo de forma general, refiriéndose a internos con padecimientos de cáncer en los diferentes centros penitenciarios del país, demostrando desconocimiento y una total falta de interés en la acción promovida, lo que dista del propósito y la generosidad de esta acción constitucional. CONSIDERSANDO (15): Que el Articulo 42 de la Ley del Sistema Penitenciario establece que toda persona privada de libertad debe recibir asistencia médica integral. La misma se debe prestar en la medida en que lo requiera la prevención, fomento y restitución de la salud de la persona privada de libertad y el 45 del mismo cuerpo legal dispone que las personas internas tienen derecho a ser asistidas por médicos de los hospitales públicos y médicos particulares o en instituciones de asistencia médica privada, en este último caso por su cuenta y costo, cuando la gravedad y urgencia lo amerite, previo dictamen favorable del médico del Centro Penitenciario, de un médico asistencial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o de un médico forense de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. En casos de que una persona interna necesite ser trasladada a una institución de asistencia médica pública o privada, las autoridades penitenciarias deben adoptar las previsiones de seguridad. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala es del parecer, que el informe rendido por la juez ejecutora recoge claramente los fundamentos de procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, y siendo que lo solicitado en la interposición del recurso no está enmarcado dentro de los presupuestos que estable el artículo 182 de la Constitución de la República, así como los artículos el 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, procede confirmar el informe final rendido, que declara No Ha Lugar la acción solicitada por los motivos ya relacionados en la presente resolución. CONSIDERANDO (17): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 que establece que el habeas corpus o exhibición personal procede en los siguientes casos: a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, se deduce de los antecedes que a los privados de libertad no le comprenden los presupuestos relacionados y que los ya comprobados sin excepción, están recibiendo atención médica y sus tratamientos, y los que se encuentran en proceso se les está brindando el seguimiento que corresponde en los centros de asistencia pública como ha quedado demostrado y de acuerdo a lo indicado por los facultativos según se detalla en el informe rendido por cada caso. CONSIDERANDO(18):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 14 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, a favor de los Privados de Libertad que tienen Enfermedad de Cáncer, contra actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, acción que interpone para que: “se verifique si se les está dando el tratamiento y que si los está evaluando médicos especialistas, ya que el fin supremo del estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.” A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, interponiendo recurso de exhibición personal a favor de los Privados de Libertad que tienen Enfermedad de Cáncer, contra actuaciones del Director del Instituto Nacional Penitenciario, acción que interpone para que: “se verifique si se les está dando el tratamiento y que si los está evaluando médicos especialistas, ya que el fin supremo del estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla.” (Folio 1 del recurso) 2) En fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, esta Sala, admitió el recurso de mérito, asimismo, nombró como Juez Ejecutor al Abogado Marvin Mejía, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa. (Folio 3 del recurso) 3) En fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…PRIMERO: Que el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, interpone un recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus a favor de Privados de Libertad que tienen la enfermedad del cáncer, que se verifique si se les está dando el tratamiento y si los están evaluando médicos especialistas y que guardan prisión en todos los centros penitenciarios, sin establecer de una forma clara y precisa la identificación plena de cada uno de los privados de libertad que padecen de la enfermedad de cáncer; lo hace de manera generalizada sin establecer datos personalizados de cada persona que a su criterio son agraviadas; debió establecer con precisión el nombre y apellidos y de las personas en favor de quien se interpone el recurso, siendo que el nombre es un atributo de la personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada, para el ejercicio legítimo de sus derechos. En las personas naturales, el nombre es uno de los derechos fundamentales, desde el nacimiento y se integra al sujeto de derecho durante toda su existencia y continua incluso después de su muerte, el nombre del individuo tiene las funciones de particularización o individualización al extremo que solo aquella persona puede ser reconocida con aquel nombre e identificación donde tiene una atribución social que permite identificar, por un nombre, el individuo que lo posee; agregado a ello la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 27 nos establece de la exhibición obligatoria del agraviado, lo cual para el caso que nos ocupa se desconocen nombres de los supuestos agraviados por lo que es imposible entrevistar personas sin conocer datos específicos puesto que es de conocimiento público que cada persona agraviada deberá ser entrevistada de manera personal para poder constatar los extremos del cual nos reza el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y así establecer si estas personas se encuentran sufriendo privación de libertad arbitraria o que siendo legal están siendo objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, requisito indispensable para interponer este tipo de recurso como lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.- SEGUNDO: Al no establecer sobre qué persona debe recaer el recurso y exactamente en qué Centro Penal se encuentra cada una de ellas, además es improcedente que el suscrito Juez Ejecutor nombre a su vez otros Jueces Ejecutores sin tener precisión de las personas agraviadas y bajo qué aspecto de La Ley Sobre Justicia Constitucional se consideran agraviadas, además que en estas condiciones indefinidas se estaría sub utilizando los recursos limitados tanto humanos como económicos del Poder Judicial, mismos que pueden ser utilizados en una área o servicio que si realmente se necesitan; aunado en lo anterior el presente recurso es improcedente porque una enfermedad (cáncer) no constituye un vejamen ni una detención ilegal tal y como lo establece el artículo 13 de la Ley de Justicia Constitucional; que si bien es cierto el Estado tiene la obligación de garantizar la preservación de la vida, es por ello que para garantizar este Derecho Constitucional, tal y como lo establece el Artículo 42 y 43 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, se preserva la vida dentro de los centros penales con el hecho de que en cada uno de ellos existe una Clínica que cuenta con personal médico asignado para atender las urgencias médicas que se presentan, así como cualquier tipo de consulta médica en caso que alguno de los privados de libertad se encuentre enfermo, para que de acuerdo al dictamen médico rendido los Directores de dichos Centros Penitenciarios de ser necesario ordenen lo que en derecho corresponda a fin de garantizar la vida de los privados de libertad, en su caso ordenando el traslado de los privados de libertad a un hospital público para los efectos del tratamiento correspondiente,….” (Folios 9 v-10 del recurso) 4) En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala, dispuso: “Que la Jueza Ejecutora, requiera al Abogado Cesar Arturo Heller Portillo, para que consigne de forma expedita los datos indispensables para proseguir con el trámite de la acción de mérito y consignadas estas y otras que considere necesarias, coherentes con los derechos a la libertad o integridad como con la finalidad y alcance del recurso de exhibición personal.” (Folio 13 vuelto del recurso de mérito) 5) En fecha uno de marzo de dos mil veintidós, el Juez Ejecutor nombrado, compareció ante esta Sala, ampliando su informe, mediante el cual concluyó: “CONSIDERANDO: Con fecha veintidós de febrero del año dos mil veintidós, el Abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO rindió informe al suscrito Juez Ejecutor estableciendo que las personas que tienen enfermedad de cáncer se encuentran en todos los centros penitenciarios a nivel nacional y referente a los nombres de los privados de libertad que tienen la enfermedad de cáncer esos datos los tienen el Instituto Nacional Penitenciario y los Juzgados de Ejecución. No dándole cumplimiento a lo requerido por el suscrito Juez ejecutor, ya que en el informe recibido no establece los derechos tutelados por el Habeas Corpus sea por la libertad personal o la integridad de los Agraviados con el objeto de lograr restituir o asegurar estos derechos de los beneficiarios mediante la acción de mérito tal como se establece en la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 13 numeral 1…POR TANTO: El Suscrito Juez Ejecutor en atención a lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 13, 24 y 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, devuelve la presente comunicación…” (Folios 22-23 del recurso de mérito) 6) Que en fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Sala ordenó se enviara nueva comunicación al Juez Ejecutor Abogado Marvin Mejía, a efecto de que requiriera a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, para que rindieran un informe sobre los privados de libertad que padecían cáncer a nivel nacional, si éstos recibían atención médica y tratamiento, y si estaban siendo controlados por médicos especialistas, se amplió informe. 7) Que sin embargo, en fecha tres de junio de dos mil veintidós, la Sala ordena se envíe nuevamente comunicación al Juez Ejecutor, para que ampliara su informe en el sentido de proceder a entrevistar a los internos afectados por el cáncer.- el 12 de agosto de dos mil veintidós, el Juez Ejecutor rindió informe, en el cual junto con las actas respectivas, hace constar lo siguiente: Que constituido en los centros penitenciarios, a efecto de entrevistar a los internos con padecimiento de cáncer, Donaldo Núñez Rodríguez, Centro Penal de El Porvenir, Atlántida; Josué Daniel Orellana, Centro Penal de Tela, Atlántida; Karla Yamileth Fúnez Amador, Centro Penal de El Progreso, Yoro; Melvin Josué Ramírez Ávila y José Ángel Maldonado Bardales, Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, Reina Patricia Linares, M. Reina Serrano Meléndez y Martha Luz Hernández Cartagena, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán; constatando en la entrevista, que los privados de libertad, señalados con la enfermedad de cáncer, reciben el control y seguimiento por personal de las clínicas de los centros penales, remitiéndolos a los centros de especialización para que recibieran el tratamiento correspondiente y que el estado de los mismos al momento de la entrevista era estable. (Folios 59v-60) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocer la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo 39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, por cuanto la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse en caso necesario y sin demora las medidas necesarias a través de la investigación del caso denunciado de conformidad con lo que dispone la ley. CONSIDERANDO (3): Que el abogado Arturo Heller Portillo en fecha 01 de noviembre del 2021, interpuso acción de habeas corpus o exhibición personal ante la Sala de lo Constitucional a favor de privados de libertad que tiene enfermedades de cáncer y que se verifique si se les está dando el tratamiento y si están siendo evaluados por médicos especialistas, ya que el fin supremo del estado es la vida humana y todos tenemos la obligación de protegerla y salvaguardarla”, acción que interpone contra el Director del Instituto Nacional Penitenciario, fundando su petición en los artículos 59, 80 y 321 de la Constitución de la República, 1, 2, 3, 4, 7, 9 No.1, 13 inciso a) 19, 21, 22, 25, 26 27 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional seguidos los procedimientos de ley, admite el recurso en la misma fecha, y designa como juez ejecutor para los efectos del habeas corpus al abogado Marvin Mejía, defensor público de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien deberá constatar los extremos narrados por el recurrente, a efecto de determinar la procedencia del recurso intentado, para una tutela por parte de la Sala mediante la garantía específica indicada, como acción para garantizar el derecho a la salud y a la vida, debiendo de considerarlo procedente, constituirse a los centros penitenciarios a nivel nacional solicitando el apoyo necesario a los demás defensores públicos que se encuentren de turno a nivel nacional, para hacer cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los supuestos agraviados, asimismo, deberá requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la ley Sobre Justicia Constitucional, ordenando libramiento de la respectiva comunicación con las inserciones de estilo, notificando al fiscal del despacho para el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Artículos 182, 313 atribución 5ta. Y 316 numeral 1) de la constitución de la República y demás aplicables Sobre la Ley de Justicia Constitucional. CONSNDIERANDO (5): Que, en cumplimento de las funciones inherentes a su cargo el Juez Ejecutor designado, visto y analizado el recurso interpuesto por el recurrente, en cuanto a las personas privadas de libertad con enfermedades de cáncer y que se encuentran en prisión, solicitando evaluación médica, si están siendo atendidos por médicos especialistas y si reciben sus tratamientos, petición que hace de manera generalizada sin establecer datos personalizados de cada privado de libertad que a su criterio son agraviados, debió establecer con precisión los datos de cada persona privada de libertad. El artículo 27 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece la exhibición obligatoria del agraviado, lo cual para el caso que nos ocupa se desconocen nombres de las personas supuestamente agraviadas, lo que hace imposible para entrevistar de manera personal, y establecer los extremos denunciados, tal como reza el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para verificar su privación de libertad arbitraria o que siendo legal están siendo objeto de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda la coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión. Que alude, además, que, si bien el Estado está en la obligación de garantizar la preservación de la salud y por ende de la vida, tal como lo disponen los artículos 42 y 45 de la Ley del Sistema Penitenciario, a través de servicios médicos brindados en las clínicas dotadas con personal médico asignado en cada Centro penitenciario, con lo que se garantiza la vida de los privados de libertad a los que son atendidos de conformidad a sus padecimientos, así como la atención a las urgencias médicas que se presentan. CONSIDERANDO (6): Que, conforme a la doctrina, la Ley Sobre Justicia Constitucional y a la petición del escrito de interposición del recurso, se determina que no se cumple con ninguno de los requisitos para incoar un habeas corpus o exhibición personal, según artículos 13 y 24 de dicha ley, por lo que no es necesario requerir a ninguna autoridad para que rindan un informe y concluye que es del parecer que se declare No Ha Lugar el Recurso intentado por el abogado Cesar Arturo Heller Portillo. CONSIDERANDO (7): Que, revisado el informe rendido por el Juez Ejecutor, esta Sala de lo Constitucional dispone mediante auto de fecha 18 de abril del 2022, que de conformidad a la motivación expresada en el mismo, y que declara no ha lugar el recurso por no cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; que si bien es cierto no se cumplen los presupuestos, debido a la importancia y el alcance que tiene el recurso presentado relativo a los derechos que el Estado garantiza a los privados de libertad que se encuentran bajo su custodia en los Centros penitenciarios destinados para el cumplimiento de penas privativas de libertad ordenadas por autoridad competente, que el Juez Ejecutor amplíe el informe y proceda a requerir al director del Instituto Nacional Penitenciario para que brinde información sobre la población con padecimientos de cáncer, sus evaluaciones y tratamientos, consignando entre otras las que considere pertinentes coherentes con los derechos a las libertades y/o integridad como con la finalidad y alcance del recurso presentado. CONSIDERANDO (8): Que requerido el Instituto Nacional Penitenciario para que informe: 1) Sobre la salud de todos los privados de libertad en los diferentes centros penales que padecen de cancere; 2) Si reciben atención medica rutinaria; 3) Los tratamientos suministrados, y 4) Si están atendidos por médicos especialistas. Que deberá rendir informe en el término de 24 horas según lo dispone el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (9): Que, el Instituto Nacional Penitenciario, a través de su Director Nacional, mediante Oficio 228-DN-INP-2022 de fecha 25 de mayo del 2022, informa lo siguiente: Que el Sistema Nacional Penitenciario cuenta con 25 centros penitenciarios a nivel nacional, donde están recluidas más de 21 mil personas privadas de libertad, de los cuales se tiene diagnostico medico por cáncer tres (3) casos confirmados y que están cursando con algún tipo de proceso neoplásico cuatro (4) casos en remisión; y uno (1) que se encuentra en estudio histopatológico, distribuidos en los centros penitenciarios así: El Progreso, Yoro un (1) caso; El Porvenir, Departamento de Atlántida un (1) caso; Tela, Departamento de Atlántida un (1) caso y Centro Penitenciario de Tamara, Francisco Morazán dos (2) casos. Estos pacientes son atendidos por médicos generales en cada centro penitenciario y referidos a los distintos hospitales regionales en donde están ubicados los centros penitenciarios para que sean atendidos por profesionales de la salud especializados en dicha enfermedad, quienes les indican el tratamiento médico correspondiente. Cabe señalar que solo el Centro Penitenciario Nacional de Tamara cuenta con un médico especialista en Medicina Interna. Se adjuntan informes médicos de los diagnosticados con cáncer. CONSIDERANDO (10): Que a continuación se muestran los casos diagnósticos y sus evaluaciones médicas, así como su seguimiento y tratamiento:1) Karla Yamileth Fúnez Amador. Centro Penitenciario El Progreso-Yoro. Diagnóstico: Carcinoma Epidermoide de células grandes, no queratinizadas, pobremente diferenciado e infiltrante. Atención: Hospital de El Progreso, Hospital Catarino Rivas, referida Hospital General San Felipe. Observaciones: Paciente se rehusó a recibir tratamiento de quimioterapia. Conocimiento del Consejo Técnico firmando la privada de libertad, se informó también al juzgado de Ejecución y organismos de protección de los derechos humanos. Se le brinda asesoramiento psicológico, dietas, tratamiento para enfermedades de base, manejo paliativo del dolor y de episodios ocasionales de sangrado. Actualmente buen estado general. (Evaluación médica completa anexada. 2)Donaldo Núñez Rodríguez. Centro Penitenciario El Porvenir-Atlántida. Diagnóstico: Lesión Ojo Derecho, un año de evolución sin presentar síntomas según paciente. Neoplasia en Ojo Derecho (fotografía). Atención: Hospital General Atlántida, consulta externa de oftalmología, medico lo refiere Centro Atención Especializado, para procedimiento quirúrgico. 3)Josué Daniel Orellana. Centro penitenciario de Tela, Atlántida. Diagnóstico: Lesiones nodulares en cuello de predominio izquierdo en región submaxilar de larga evolución. Atención: Hospital de Tela Integrado, realizándole ultrasonido de cuello el 11 de abril 2022, adenopatías cervicales izquierdas, submaxilar izquierda de características benignas. Sugiere se realizar BAAF para adecuada caracterización. En estudio para determinar si presenta algún proceso orgánico benigno o neoplásico. 4)Melvin José Ramírez Ávila. Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán. Diagnóstico: Cáncer Oro Faríngeo, hipertensión no controlada, con abandono al tratamiento, Pterigión en ojo izquierdo. Obesidad grado II. Atención: Continuar cita control por el servicio de Otorrino Hospital Escuela, gestión de cita para oftalmología, toma de presión arterial por 5 días, cita con nutricionista. Recibe algunos medicamentos y tratamiento. 5) José Ángel Maldonado Bardales. Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Diagnóstico: Hipertensión Arterial, Carcinoma Baso Celular, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de sueño insuficiencia venosa grado II. Recibe tratamiento y medicamentos para padecimientos. 6)Reina Patricia Linares Mejía. Centro Nacional Penitenciario Femenina de Adaptación Social (Tamara). Diagnóstico: VIH Positivo, Carcinoma de Cellas Escamosas IIIB. Atención: Hospital General San Felipe por Cáncer iniciando radioterapias desde el 23/821 con múltiples citas y seguimiento, en ocasiones referida al HGSF indican radioterapia y quimioterapia debido a falta de medicamentos y paciente no cuenta con recursos económicos para la compra de dicho tratamiento, remitida al CE de ginecología del HEU, programada cita para exámenes pendientes y asistir cita radioterapia. El 25 de abril 2022 recibió visita por servicio de medicina forense a las instalaciones de la clínica médica de PNFAS pendiente dictamen. 7) Reyna Serrano Meléndez. Centro Nacional Penitenciario Femenina de Adaptación Social (Tamara). Diagnóstico: Cáncer de Mama Lobulillar y canicular infiltrante izquierdo estadio HI-A luminal A alto riesgo diagnosticado en el 2019. Diabetes Mellitus tipo II. Recibió quimioterapia (4) sesiones de las siete requeridas administradas a una sesión cada semana en Hospital en El Salvador, se le realizo mastectomía y disección axilar ipsilateral hace dos años, afirma no continuar con su quimioterapia ni haber recibido radioterapia debido a la pandemia. Manifiesta utiliza Tamoxifen 20 Mg vía oral cada día, debido a sus antecedentes referida al servicio de oncología del Hospital General San Felipe, médicos solicitaron información sobre el centro de atención en El Salvador, el tipo de quimioterapia recibida y los ciclos que se le administraron, pendiente la información por parte de familiares. Se ordenaron varios exámenes. 8)Martha Luz Hernández Cartagena. Centro Nacional Penitenciario Femenina de Adaptación Social (Tamara). Diagnóstico: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial crónica controlada, neuropatía diabética, insuficiencia cardiaca funcional grado 1, insuficiencia renal crónica. Tratamiento continuo para cada padecimiento. Atención: paciente acude 3 veces por semana con carácter de urgente al servicio de Diálisis de Honduras por su condición de salud con diagnostico reservado ya que es una patología que requiere vigilancia médica constante. Es atendida por los servicios de Medicina Interna Nefrología del HEU, se le proporcionan sus medicamentos. Nota Paciente privada de libertad que se le realiza procedimiento médico, en diálisis de Honduras tres veces a la semana y con app de fistula en brazo izquierdo secundario a la mismas y se le realizan exámenes de laboratorio semanal para valoración de niveles de hemoglobina, electrolitos PPL que está siendo evaluada en el HEU por los servicios de Nefrología y Medicina Interna constantemente, paciente puede presentar complicaciones que comprometan su vida. Recomendación: evaluación por Medicina Forense. COSNIDERANDO (11): Que para remachar los informes rendidos en cuanto a las evaluaciones médicas, se entrevistó a cada uno de los privados de libertad, quienes ratificaron sus padecimientos, la atención medica recibida, los tratamientos y las remisiones a los hospitales regionales y en otros casos, al Hospital San Felipe y Hospital Escuela Universitario, para el seguimiento y control de sus enfermedades, especialmente la referidas por cáncer y que son el motivo principal del recurso intentado, constatándose que los privados de libertad gozan de las atenciones, medicamentos y seguimiento, con lo que el Estado les garantiza a través del órgano encargado, el Derecho a la Salud tal como lo dispone el artículo 145 constitucional, a todos los privados de libertad a nivel nacional. CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Habeas Corpus o de Exhibición Personal es una Garantía (Derecho) Constitucional que protege el derecho a la libertad de un ciudadano, está regulado en la Constitución de la República y su proceso en la Ley sobre Justicia Constitucional, si bien su interposición no requiere formalidades procedimentales ante los órganos jurisdiccionales para admitirlo, no menos cierto es que el recurrente en los hechos denunciados tendrá claridad de lo que pide y se enmarcará dentro de los presupuestos que ordena la ley, en el caso que no ocupa, denuncia padecimientos de cáncer en forma general, sin designar los nombres y apellidos de los supuestos privados de libertad a favor de que personas recurre, lo que dificulta al Juez Ejecutor investigar y toma el tiempo suficiente porque se trata de privados de libertad a nivel nacional, pues el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional especifica con claridad en su incisos a) y b) los presupuestos de procedencia de la acción que hoy intenta el recurrente. CONSIDERANDO (13): Que, el artículo 145 de la Constitución de la República establece: “se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”. En aras de que el recurrente conozca que el Estado si garantiza el derecho a la protección de la salud a todos los privados de libertad bajo su custodia en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, que cumplen con una prisión preventiva o penas privativas de libertad por la comisión de delitos y que pesa sobre ellos una pena, en el caso específico de los privados de libertad con padecimientos de cáncer, suman ocho (8) casos a nivel nacional, como se detalla en las evaluaciones medicas anexadas, se reflejan las condiciones de salud de cada uno, estos reciben atención médica, los tratamientos indicados y el suministro de los medicamentos, como ha quedado despejado con los actos investigativos, protegiéndoles el derecho a la salud y por ende a la vida, así como sus decisiones propias en cuanto a recibir o no sus tratamientos. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala reitera al recurrente, que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalada en la ley su origen y finalidad, y que si bien esta Sala ha admitido, gestionado y otorgado acciones de habeas corpus calificadas como correctivas, fueron interpuestas en forma reflexiva y responsable, en la que se denunció situaciones concretas en los centros penales y la condición de las personas agraviadas, lo que no está establecido en el presente recurso, al no denunciar hechos, violaciones o situaciones concretas, haciéndolo de forma general, refiriéndose a internos con padecimientos de cáncer en los diferentes centros penitenciarios del país, demostrando desconocimiento y una total falta de interés en la acción promovida, lo que dista del propósito y la generosidad de esta acción constitucional. CONSIDERSANDO (15): Que el Articulo 42 de la Ley del Sistema Penitenciario establece que toda persona privada de libertad debe recibir asistencia médica integral. La misma se debe prestar en la medida en que lo requiera la prevención, fomento y restitución de la salud de la persona privada de libertad y el 45 del mismo cuerpo legal dispone que las personas internas tienen derecho a ser asistidas por médicos de los hospitales públicos y médicos particulares o en instituciones de asistencia médica privada, en este último caso por su cuenta y costo, cuando la gravedad y urgencia lo amerite, previo dictamen favorable del médico del Centro Penitenciario, de un médico asistencial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o de un médico forense de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público. En casos de que una persona interna necesite ser trasladada a una institución de asistencia médica pública o privada, las autoridades penitenciarias deben adoptar las previsiones de seguridad. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala es del parecer, que el informe rendido por la juez ejecutora recoge claramente los fundamentos de procedencia de la acción de exhibición personal o habeas corpus, y siendo que lo solicitado en la interposición del recurso no está enmarcado dentro de los presupuestos que estable el artículo 182 de la Constitución de la República, así como los artículos el 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional, procede confirmar el informe final rendido, que declara No Ha Lugar la acción solicitada por los motivos ya relacionados en la presente resolución. CONSIDERANDO (17): Que de acuerdo al contenido del artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 que establece que el habeas corpus o exhibición personal procede en los siguientes casos: a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión, se deduce de los antecedes que a los privados de libertad no le comprenden los presupuestos relacionados y que los ya comprobados sin excepción, están recibiendo atención médica y sus tratamientos, y los que se encuentran en proceso se les está brindando el seguimiento que corresponde en los centros de asistencia pública como ha quedado demostrado y de acuerdo a lo indicado por los facultativos según se detalla en el informe rendido por cada caso. CONSIDERANDO(18):Que la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República está garantizada por el Estado de Honduras, en consecuencia, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las disposiciones contenidas en la misma, cuya eficacia es asegurar una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional, esta Sala de lo Constitucional ratifica el informe rendido por la Juez Ejecutora que declara Sin Lugar la acción; POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por el abogado Cesar Augusto Heller Portillo a favor de privados de libertad, recluidos en centros penales a nivel nacional con padecimientos de cáncer. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-1171-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL