Sentencia EP-1103-22 — Registro 15313
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de Exhibición Personal, en relación a la privación ilegal de la libertad del agraviado, por vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, teniendo la recurrente la vía expedita de los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, de no compartir los argumentos expuestos por el Tribunal de Sentencia en la resolución dictada en la audiencia de revisión de medidas ..." ..." Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y del Informe emitido por el Juez Ejecutor designado se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor HOWIN ALEXIS ROMERO, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós. VISTO: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veintidós (2022), que declaró sin lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, a favor del Privado de Libertad HOWIN ALEXIS ROMERO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en relación a la privación ilegal de la libertad del agraviado, por vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa instruida contra el señor HOWIN ALEXIS ROMERO, a quien se le instruye proceso por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE MUNICION PROHIBIDA Y COMERCIAL Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR y LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del presente año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, interponiendo Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del Señor HOWIN ALEXIS ROMERO contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, argumentando la peticionaria que su representado fue detenido en fecha 27 de septiembre del año 2019, por lo que lleva privado de su libertad dos años, siete meses y veintitrés días, sin aun obtener sentencia, por ello el tiempo de efectiva prisión ya transcurrió, conforme a lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, por lo que no hay manera legal que el Tribunal no otorgue este beneficio, que fue solicitado en dos ocasiones al Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Sala primera de la ciudad de Tegucigalpa. (Folios del 01-03 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal). 2) Que mediante Auto de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), la Sala de lo Constitucional Resolvió: (Sic) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MERITO; 2º REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para los efectos legales consiguientes; 3º A PREVENCION DESIGNAR COMO JUEZ EJECUTOR para efectos del Habeas Corpus solicitado al Abogado GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien deberá de manera inmediata constituirse al lugar donde se encuentra detenido el señor HOWIN ALEXIS ROMERO, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo constatar la legalidad a que obedece su detención, asimismo deberá requerir de las autoridades recurridas el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiendo emitir sus conclusiones e informe sobre lo actuado dentro de un plazo prudencial ante la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán…” (Folios 5fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 3) Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintidós (2022), el Juez Ejecutor en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos, lo siguiente: “PRIMERO:… SEGUNDO: En fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se recibió los informes acreditados por las autoridades requeridas tanto del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal como del Director del CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA. 1) Se refiere por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal lo siguiente: *Que en fecha 28 de septiembre del año 2019, se dio efectiva detención. *En fecha 03 de octubre de 2019, se celebró audiencia inicial, en la cual se decretó Auto de Formal Procesamiento imponiéndoseles la medida cautelar de Prisión Preventiva. *En las fechas 10 de septiembre de 2020 y 15 de octubre de 2020, no se celebraron las audiencias preliminares señaladas, por no acudir la Defensa. *En fecha 26 de noviembre de 2020 se celebró la audiencia preliminar. * Tales retrasos fueron descritos por la Secretaria General, haciendo así un total de 77 días de retrasos, por lo tanto, la prisión preventiva vencería el 14 de junio de 2022, tal como lo deja establecido la Secretaria General a folio 377. 2) Se recibió informe extendido por el Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara de parte del Comisionado de Policía Anselmo Antonio Fajardo García, en el cual se establece que el Señor HOWIN ALEXIS ROMERO, ingreso a la penitenciaria por primera vez el 26 de febrero de 2004, reingresando el 11 de marzo de 2015, trasladado desde el Centro penal de San Pedro Sula, a dicho interno se le instruye proceso por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE MUNICION PROHIBIDA Y COMERCIAL, TRAFICO DE DROGA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la orden del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, no se encuentra sentencia ni computo por lo que la condición jurídica es PROCESADO. 3) De igual manera el Suscrito Juez Ejecutor constato la situación en la que se encuentra el señor HOWIN ALEXIS ROMERO, en el interior del Centro Penitenciario Nacional de Tamara en el Modulo de Máxima Seguridad quien fue puesto a la vista, entrevistado y manifestó: Tengo de estar detenido 2 años 7 meses y 23 días, no ha recibido tormento, tortura, vejámenes, me encuentro bien de salud, lo que quiero es que me revisen la prisión preventiva porque ya me venció… CONSIDERANDO: Después de haber realizado diligencias pertinentes para la averiguación de los argumentos expuestos en la interposición de la presente solicitud de Exhibición Personal o Habeas Corpus y haciendo una relación con las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, especialmente en los artículos 13, 24 y 38 se lo establecer que los hechos denunciados no se encuentran correspondencia en las normas legales referidas para declarar procedente la presente acción, POR TANTO: El Suscrito Juez Ejecutor en uso de las facultades que le confiere la ley… 1) DECLARA LA NO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL o HÁBEAS CORPUS, interpuesto por la abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES, a favor del señor HOWIN ALEXIS ROMERO, contra las actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal…” (Folios del 45-48 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 4) Que en fecha dos (02) de junio del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal o de Habeas Corpus interpuesto por la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES a favor del señor HOWIN ALEXIS ROMERO; y, MANDA: Que se remita este fallo en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios 51–52 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 5) Que en fecha veintisiete (27) de julio del presente año dos mil veintidós (2022), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES a favor del Privado de Libertad señor HOWIN ALEXIS ROMERO, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en relación a la detención ilegal del señor HOWIN ALEXIS ROMERO, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que de acuerdo a los informes anteriormente relacionados y la opinión del Juez Ejecutor Abogado Giancarlo Mendieta Moncada, se viene en conocimiento inequívoco que en el presente caso no concurre ninguno de los presupuestos o requisitos indicados, que tanto la Constitución de la República como la Ley Sobre Justicia Constitucional establecen como necesarios para acoger la presente acción en los términos indicados en los considerandos que preceden, ya que el señor Howin Alexis Romero no se encuentra ilegalmente detenido, habida cuenta que si bien es cierto el plazo máximo de la prisión preventiva que le afecta concluiría el veintiocho de marzo del presente año, no es menos cierto que en la acusa que se le sigue se han producido demoras o atrasos imputables a la defensa al no haber concurrido a varias audiencias señaladas, los cuales totalizan setenta y siete (77) días, según el computo del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal. CONSIDERANDO (3): Que consta en autos y según el informe rendido por el Juez Ejecutor nombrado, que en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia Penal, con sede en esta ciudad de Tegucigalpa, a efecto de requerir de las autoridades correspondientes informe en relación a la situación jurídica del privado de libertad Howin Alexis Romero; del que pudo constatar que se decretó medida cautelar de prisión preventiva en audiencia inicial celebrada en fecha tres de octubre del año dos mil diecinueve. Que la Audiencia Preliminar se tuvo que suspender en dos ocasiones por la insistencia de la defensa, lo que provoco demoras en el proceso atribuible a la Defensa del imputado, las que suman 77 días de retraso en el desarrollo del proceso, por ello la medica cautelar de prisión preventiva vencería en fecha 14 de junio del año 2022; por ello a criterio del Juez ejecutor los hechos denunciados no encuentran correspondencia en las normas legales para declarar procedente la presente acción. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por el juez ejecutor designado revela, que al Privado de Libertad señor HOWIN ALEXIS ROMERO, se le dio efectiva detención en fecha 28 de septiembre del año 2019; se realizó audiencia inicial resolviendo imponer la medida cautelar de Prisión Preventiva en fecha tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). De lo cual se colige a la fecha de interposición de la garantía de Exhibición personal, el referido señor ha permanecido en prisión preventiva por más de DOS (2) AÑOS, SEIS (6) MESES, haciendo el cálculo al 28 de marzo del año 2022, sin que se haya dictado sentencia; no obstante, a ello el Tribunal de Sentencia, realizó audiencia de revisión de medida, en fecha veintisiete de abril del año dos mil veintidós, resolviendo el Tribunal de Sentencia que la medida cautelar de prisión preventiva no se encuentra vencida, al existir 77 días de retraso atribuibles a gestiones de la defensa, por no acudir a las audiencias señaladas en el momento procesal oportuno, con fundamento en lo preceptuado en el párrafo sexto del artículo 181 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva a saber: “Duración de la Prisión Preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este Articulo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público…”; la norma citada determina a prima facie que el plazo de duración de la medida cautelar de la prisión preventiva, por regla general es de un año, no obstante a ello el legislador fue previendo en la norma en comento, circunstancias mediante las cuales éste plazo puede ampliarse, llegando incluso a durar hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida; en el caso sub júdice, el proceso se encuentra en la fase de sustanciación de juico, por ende no se ha emitido sentencia definitiva, sobrepasando ya el proceso, el plazo de dos años, seis meses, que señala la ley antes del dictado de sentencia definitiva; el legislador ante diferentes circunstancias que se pudiesen presentar en el desarrollo del proceso, dejó previsto en el párrafo sexto de la norma citada que “Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar”; observando del informe emitido por la autoridad recurrida, que mediante audiencia de revisión de medida celebrada en fecha 27 de abril del año 2022, se resolvió que existen 77 días de demoras en el proceso y que son atribuibles a la defensa. Conforme a ello el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, no se ha superado, atendiendo a los retrasos atribuibles a la defensa y que fueron considerados por el Tribunal de Sentencia, facultad exclusiva del órgano jurisdiccional de instancia, conforme a las potestades legales que le otorga el Código Procesal Penal, norma que atendiendo a los compromisos asumidos por el Estado ante la ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, determina las condiciones fijadas para la privación de la libertad física de una persona. CONSIDERANDO (6): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, teniendo la recurrente la vía expedita de los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición, de no compartir los argumentos expuestos por el Tribunal de Sentencia en la resolución dictada en la audiencia de revisión de medidas. CONSIDERANDO (8): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y del Informe emitido por el Juez Ejecutor designado se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor HOWIN ALEXIS ROMERO, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Consulta registrado en éste Tribunal con el número SCO-1103-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.