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Sentencia EP-1040-22 — Registro 15282

Resumen

Sentencia en revisión declaró sin lugar recurso de exhibición personal a favor de recurrente contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión con relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva por supornerlo responsable del delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido BB917; La Autoridad recurrida en base al Informe del Juez Ejecutor consideró que los hechos denunciados no se enmarcan en los presupuestos legales de la normativa constitucional ya que al recurrente se le decretó auto de formal procesamiento con medida cautelar de prisión preventiva por lo que no está en detención ilegal y no ha sido objeto de malos tratos, torturas, tormentos ni bejamenes no correspondiendo resolver la revisión de medida cauterlar en esta acción constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de los antecedentes resulta que la acción se origina en la Sala Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia quien se declara incompetente para conocer y a prevención nombra la juez ejecutora que se encargara de investigar los hechos denunciados en el presente Recurso abogada Josefina Pavón Durón, defensora publica de la ciudad de Tegucigalpa, para investigar los hechos denunciados y emita el informe final requiriendo de las autoridades denunciadas los informes pertinentes de conformidad a lo que dispone el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, haciendo cesar de inmediato cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo constatar la legalidad a que obedece su detención debiendo emitir las conclusiones el informe sobre lo actuado ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión por ser la competente para conocer de la acción interpuesta..."..."la motivación de la sentencia venida en revisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión comparte el criterio de la Juez Ejecutora en el sentido de que es el Tribunal de Sentencia el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalar de oficio, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término de la medida cautelar de prisión preventiva, conforme lo alegado por la defensa. La Corte es del criterio, que el caso que nos ocupa, sobre la alegación del vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal comprendida en el artículo 24 de la Ley Sobre Justica Constitucional y, por ende, no violenta la garantía Constitucional señalada por el recurrente, lo anterior se torna lógico, por cuanto el vencimiento de la presión por el simple transcurso de los plazos establecidos en los primeros tres párrafos del artículo 181 del Código Procesal Penal, no puede operar en forma automática y que por ese simple transcurso del tiempo debe dejarse en libertad a la persona acusada, sino que, por el contrario es el Órgano Jurisdiccional el que debe analizar si concurre o no alguna de la circunstancia que se aprecian en los demás párrafos de dicho artículo, como por ejemplo que dentro de dicho plazo no hayan existido demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar, o si ya se ha realizado el juicio oral público y se encuentra pendiente de emitir la correspondiente sentencia, o bien que el acusado ya haya sido condenado y la sentencia se está revisando mediante el recurso de casación, ocurriendo que en estos dos últimos casos, a criterio del Tribunal, ya se ha quebrantado la presunción de inocencia del imputado y, por ende, su situación jurídica ha cambiado, computándose un nuevo plazo de duración de la prisión preventiva, que puede prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra la sentencia pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Y concluye, que por lo expuesto de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional procede declara Sin Lugar la Exhibición Personal promovida por el abogado Fernando Josué Bonilla a favor del señor Héctor Mauricio Licona Zuniga al no constatarse la violación de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la citada Ley..."..."examinados los actos investigativos y los documentos que dan soporte al fallo venido en revisión, esta Sala es del parecer que los motivos de la sentencia se circunscriben a los requisitos formales y a la normativa vigente aplicable, tanto de la Ley Sobre Justicia Constitucional como de la Constitución de la República; se deduce de autos, que los hechos planteados en el recurso, se refieren puntualmente al vencimiento de la prisión preventiva y al escrito de solicitud de la sustitución de la misma por otra menos gravosa, sin embargo, mediante auto motivado por el tribunal que conoce de la causa de manera justificada, expone que al no estar integrado el Tribunal no pudo realizarse la audiencia en la fecha señalada, para que se determine lo concerniente en dicha audiencia, la que está pendiente de celebrarse..."..."estando pendiente la audiencia de examinación y revisión de sustitución de medidas por no estar integrado el Tribunal de Sentencias, como obra en la constancia a folio 45 de la diligencias investigativas, y siendo que al imputado se le sigue proceso por el delito de Extorsión en contra de testigo Protegido BB-917, corresponde al órgano competente que conoce la causa pronunciarse sobre la petición planteada de conformidad a lo que establece el articulo 181 del Código Procesal Civil, cabe señalar, que la detención no es ilegal pues ésta emana de autoridad competente y su proceso se encuentra garantizado, se ha seguido el juicio en todas sus etapas como resultado de un debido proceso, lo que se constató durante las investigaciones, no se han vulnerado las garantías del privado de libertad, por tanto no le comprenden los presupuestos del articulo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta Sala de lo Constitucional es del criterio que procede confirmar la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión venida en revisión de fecha veintidós (22) de junio del dos mil veintidós(2022), que declara No Ha Lugar la Acción de Habeas Corpus, por estar ajustada a derecho..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTAS: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Fernando Josué Bonilla, a favor del señor Héctor Mauricio Licona Zuniga, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra el señor Héctor Mauricio Licona Zuniga, por suponer<lo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “BB917”. A N T E C E D E N T E S 1) Que, en fecha trece de junio de dos mil veintidós, compareció el Abogado Fernando Josué Bonilla, ante esta Sala, interponiendo exhibición personal a favor del señor Héctor Mauricio Licona Zuniga, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra el señor Héctor Mauricio Licona Zuniga, por suponerlo responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “BB917”. (Folios 1-3 del antecedente) 2) En fecha trece de junio de dos mil veintidós, esta Sala, se declaró incompetente para conocer del recurso de mérito; disponiendo remitir de inmediato las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, asimismo, nombró a prevención a la Jueza Ejecutora, Abogada Josefina Pavón Durón, Defensora Pública de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folio 5-6 del antecedente) 3) La Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, tuvo por recibidas las diligencias remitidas por la Sala de lo Constitucional. (Folios 13-14 del antecedente) 4) La Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, tuvo por recibido el informe emitido por la Jueza Ejecutora nombrada, desprendiéndose del mismo, las consideraciones siguientes: “…RESOLUCION: CONSIDERANDO: Que el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO: Que la Acción Constitucional de Habeas Corpus tiene como finalidad proteger el derecho a la vida y a la libertad individual. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción violatoria de derechos individuales. CONSIDERANDO: Que de la información recibida de parte: A) Comisionado de Policía Anselmo Antonio Fajardo García en su condición de director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán se constata que el interno Héctor Mauricio Licona Zuniga, ingresa a este Centro Penitenciario Nacional de Tamara en fecha 30/10/2019 por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE BB-917, a la orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión expediente JLPCNE-TEG-277-2019.- Condición jurídica del interno es de Procesado. Al hacer revisión del expediente criminológico el cual consta de cinco folios no registra orden de excarcelación, ni carta de libertad por delito alguno. B) Informe del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional En Materia de Extorsión firmado y sellado por la secretaria del Tribunal Genesis Rivera, se desprende que en expediente No. 0801-2020-1885-02 en lo referente al caso específico contra el señor MAURICIO LICONA ZUNIGA en fecha 29 de octubre del año 2019 se le dio detención el 30 de octubre se presentó requerimiento fiscal celebrándose audiencia de Declaración de Imputado imponiéndosele la medida cautelar de Detención Judicial.- En fecha 05 de octubre del 2019 se celebró Audiencia Inicial en la cual se decretó Auto de Formal Procesamiento imponiéndosele la medida cautelar de Prisión Preventiva, seguidamente en fecha 03 de diciembre del año 2019 se celebró Audiencia Preliminar. De dicho informe se constata que la Prisión Preventiva vence el 29 de octubre del año 2021 y según Oficio No. 1606-2021-SP-CSJ de fecha 12 de octubre del 2021 la Sala de lo Penal Resuelve Ampliar por 6 meses más el termino de duración de la medida impuesta.-Que el Tribunal en Providencia de fecha 23 de mayo del año 2022 señala audiencia de examinación de diligencias y audiencia de revisión de medida cautelar para el día jueves 09 de junio del 2022 misma que no se llevó a cabo en virtud de no encontrarse INTEGRADO el tribunal; Asimismo, se desprende de la entrevista realizada al privado de libertad Mauricio Licona Zuniga que en el centro penitenciario de Tamara, él no es objeto de malos tratos ni vejámenes que lo tratan bien y pasa trabajando, actualmente se encuentra sano, y su condición es de procesado. CONSIDERANDO: Según los hechos relatados en el escrito de interposición del presente Recurso y con los informes recibidos se concluye que no se enmarca lo peticionado en los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional en virtud que no se cumple ninguno de los presupuestos legales establecidos lo anterior en razón de que ha quedado constatado: 1.-Existe auto de formal procesamiento contra el privado de libertad Mauricio Licona Zuniga por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido "BB-917", 2.-Está cumpliendo la medida cautelar de Prisión Preventiva emanada de autoridad competente que conoce de la causa expedida con las formalidades legales 3.-Se encuentra guardando prisión preventiva en un centro destinado por el estado para ello. CONSIDERANDO: Que el recurrente expone el vencimiento de la prisión preventiva y su ampliación de 6 meses y por ende una Detención Ilegal por la prescripción de la prisión preventiva. Y en virtud que la imposición, revocación y reforma de medidas cautelares es un asunto que le compete exclusivamente resolverlo a los órganos jurisdiccionales que conocen del proceso penal en su contra en este caso el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión será ante este que deberá encaminar nuevamente su petición de solicitar se señale nueva fecha para audiencia de revisión de medidas. POR TANTO: La suscrita Juez Ejecutor nombrada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras …DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus No. SCO-0909-2022 interpuesto por el abogado FERNANDO JOSUE BONILLA, a favor del señor HECTOR MAURICIO LICONA ZUNIGA.- Y RECOMIENDA: Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión se integre a efecto de revisar la medida cautelar - Se adjunta la documentación soporte de mérito para los efectos legales consiguientes. Fundamentándome en los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - NOTIFIQUESE.” (Folios 48-53 del antecedente) 4) En fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, emitió sentencia mediante la cual falló: “ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, interpuesto por el Abogado FERNANDO JOSUÉ BONILLA, a favor del señor HÉCTOR MAURICIO LICONA ZÚNIGA, a quien se les instruye proceso por suponerle responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-917…” (Folios 56-59 del antecedente) 5) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el artículo 182 de la Constitución de la República, establece que el Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, en consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla cuando: 1) Se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que el artículo 39 párrafo tercero del Ley sobre Justicia Constitucional, dispone que las resoluciones tendrán el carácter de sentencias definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional, dando cumplimiento a lo dispuesto, esta Sala revisa el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Nacional en Materia de Extorsión de fecha veintidós (22) de junio del dos mil veintidós (2022) que declara Sin Lugar el recurso de Habeas Corpus o exhibición personal interpuesto por el abogado Fernando Josué Bonilla a favor del señor Héctor Mauricio Licona Zuniga contra actuaciones del Tribunal de Sentencias con competencia Nacional en Materia de Extorsión en relación al supuesto vencimiento de la prisión preventiva en la causa instruida contra su representado por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido “BB917”. CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes resulta que la acción se origina en la Sala Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia quien se declara incompetente para conocer y a prevención nombra la juez ejecutora que se encargara de investigar los hechos denunciados en el presente Recurso abogada Josefina Pavón Durón, defensora publica de la ciudad de Tegucigalpa, para investigar los hechos denunciados y emita el informe final requiriendo de las autoridades denunciadas los informes pertinentes de conformidad a lo que dispone el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, haciendo cesar de inmediato cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo constatar la legalidad a que obedece su detención debiendo emitir las conclusiones el informe sobre lo actuado ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión por ser la competente para conocer de la acción interpuesta. CONSIDERANDO (4): Que, la Juez Ejecutora cumplimentado el proceso de investigación y realizado la entrevista y demás actos hasta cumplir con el informe respectivo, es visto que también hizo los requerimientos ante la autoridad recurrida y la revisión del expediente en las distintas etapas procesales donde se ventila la acción penal en contra del privado de libertad por el presunto delito de extorsión, expresa en el informe que el 29 de octubre del 2019 se le dio detención al imputado, el 30 del mismo mes y año se presentó requerimiento fiscal y se celebró audiencia de declaración de imputado imponiéndole la medida cautelar de detención judicial. El 5 de noviembre del 2019 se celebra audiencia inicial y le dictan auto de formal procesamiento y señalaron la audiencia preliminar. En fecha 3 de diciembre del 2019 se celebra audiencia preliminar. El 18 de septiembre del 2020 se decretó auto de apertura a juicio, se remite el expediente al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. El 25 de octubre del 2021 la Sala Penal mediante oficio 1606-2021-SP-CSJ amplia por seis meses el termino de duración de la prisión preventiva. En fecha 23 de mayo del 2022 el Tribunal dicta una providencia y resuelve señalar audiencia de examinación de diligencia y luego revisión de media cautelar para el día 9 de junio del año en curso, misma que no se celebró debido a que el Tribunal se encontraba desintegrado. Concluye el informe final, que se declare no ha lugar el recurso de habeas corpus o exhibición personal a favor del ciudadano Héctor Mauricio Licona Zuniga exhibición personal, pues no le comprenden los presupuestos establecidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional artículos 13 y 24, pues la garantía de habeas corpus tiene como finalidad proteger le derecho a la vida y a la libertad individual. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción violatoria de derechos individuales. Que la condición del privado de libertad es de procesado, en la entrevista se constata que no se le están vulnerando sus derechos individuales, existe un auto de formal procesamiento, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva emanada de autoridad competente, y se encuentra guardando prisión en un centro destinado por el Estado. Que el recurrente expone el vencimiento de la prisión preventiva y su ampliación por seis meses alegando una detención ilegal por prescripción de la prisión preventiva, asunto que es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales que conocen del proceso penal en su contra. CONSIDERANDO (5): Que la motivación de la sentencia venida en revisión de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión comparte el criterio de la Juez Ejecutora en el sentido de que es el Tribunal de Sentencia el que debe dar trámite a la solicitud de revisión o sustitución de la medida cautelar e, incluso, señalar de oficio, de tal manera que en dicha audiencia se proceda a verificar si se ha vencido o no, el término de la medida cautelar de prisión preventiva, conforme lo alegado por la defensa. La Corte es del criterio, que el caso que nos ocupa, sobre la alegación del vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no constituye una causal comprendida en el artículo 24 de la Ley Sobre Justica Constitucional y, por ende, no violenta la garantía Constitucional señalada por el recurrente, lo anterior se torna lógico, por cuanto el vencimiento de la presión por el simple transcurso de los plazos establecidos en los primeros tres párrafos del artículo 181 del Código Procesal Penal, no puede operar en forma automática y que por ese simple transcurso del tiempo debe dejarse en libertad a la persona acusada, sino que, por el contrario es el Órgano Jurisdiccional el que debe analizar si concurre o no alguna de la circunstancia que se aprecian en los demás párrafos de dicho artículo, como por ejemplo que dentro de dicho plazo no hayan existido demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar, o si ya se ha realizado el juicio oral público y se encuentra pendiente de emitir la correspondiente sentencia, o bien que el acusado ya haya sido condenado y la sentencia se está revisando mediante el recurso de casación, ocurriendo que en estos dos últimos casos, a criterio del Tribunal, ya se ha quebrantado la presunción de inocencia del imputado y, por ende, su situación jurídica ha cambiado, computándose un nuevo plazo de duración de la prisión preventiva, que puede prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra la sentencia pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Y concluye, que por lo expuesto de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional procede declara Sin Lugar la Exhibición Personal promovida por el abogado Fernando Josué Bonilla a favor del señor Héctor Mauricio Licona Zuniga al no constatarse la violación de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la citada Ley. CONSIDERANDO (6): Que el recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, procede contra aquellos actos de la autoridad en los que se vea vulnerado el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, al inobservar las normas legales y constitucionales, y también, contra los actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física. Asimismo, la Constitución de la República estipula que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral y que nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de su libertad será tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. CONSIDERANDO (7): Que examinados los actos investigativos y los documentos que dan soporte al fallo venido en revisión, esta Sala es del parecer que los motivos de la sentencia se circunscriben a los requisitos formales y a la normativa vigente aplicable, tanto de la Ley Sobre Justicia Constitucional como de la Constitución de la República; se deduce de autos, que los hechos planteados en el recurso, se refieren puntualmente al vencimiento de la prisión preventiva y al escrito de solicitud de la sustitución de la misma por otra menos gravosa, sin embargo, mediante auto motivado por el tribunal que conoce de la causa de manera justificada, expone que al no estar integrado el Tribunal no pudo realizarse la audiencia en la fecha señalada, para que se determine lo concerniente en dicha audiencia, la que está pendiente de celebrarse. CONSIDERANDO (8): Que estando pendiente la audiencia de examinación y revisión de sustitución de medidas por no estar integrado el Tribunal de Sentencias, como obra en la constancia a folio 45 de la diligencias investigativas, y siendo que al imputado se le sigue proceso por el delito de Extorsión en contra de testigo Protegido BB-917, corresponde al órgano competente que conoce la causa pronunciarse sobre la petición planteada de conformidad a lo que establece el articulo 181 del Código Procesal Civil, cabe señalar, que la detención no es ilegal pues ésta emana de autoridad competente y su proceso se encuentra garantizado, se ha seguido el juicio en todas sus etapas como resultado de un debido proceso, lo que se constató durante las investigaciones, no se han vulnerado las garantías del privado de libertad, por tanto no le comprenden los presupuestos del articulo 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta Sala de lo Constitucional es del criterio que procede confirmar la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión venida en revisión de fecha veintidós (22) de junio del dos mil veintidós(2022), que declara No Ha Lugar la Acción de Habeas Corpus, por estar ajustada a derecho. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 64, 68, 69, 182, 303, 304, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13, 14, 17, 19, 24, 37, 38, y 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: confirmando la sentencia venida en revisión, promovida por el abogado Fernando Josué Bonilla a favor de Héctor Mauricio Licona Zuniga. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Exhibición Personal venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-1040-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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