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Sentencia AP-974-20 — Registro 15759

Resumen

Resolución declaró ha lugar parcialmente recurso de Apelación contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia que Denegó Nulidad Absoluta de Actuaciones; Declaró Sin Lugar Excepción de Falta de Acción; Declaró Sin Lugar Excepción por Incompetencia de Tribunal por razón de la materia por considerar que es competente para conocer de delitos de Estafa; En relación a Querella contra varios imputados (personas naturales y Banco Lafise Honduras) por suponerlos responsables del delito de Estafa en perjuicio de recurrente; La Autoridad Recurrida Confirmó Denegatoria de Nulidad; Declaró Ha Lugar Excepción de Incompetencia del Tribunal por razón de materia debiéndose deferir a la vía civil; y Revocó Sobreseimiento Defintivo a favor del Querellado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"como lo señala la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se desprende que la controversia radica entre los litigantes, señores PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA y ROBERT JOSEPH ZAMORA (Presidente del Consejo de Administración del BANCO LAFISE (HONDURAS), por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor DELMER FRANCISCO MUNGUA PAGOADA, es más una circunstancia de índole civil que penal. Se señala lo anterior en vista que DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA al momento de comprar el inmueble financiado por Banco LAFISE como comprador, tal y como la Corte de Apelaciones lo apunta, no solo estaba en la obligación de cerciorarse de los gravámenes que pesaban sobre el inmueble, circunstancia que es fácilmente demostrable con una certificación del asiento del referido inmueble en el Instituto de la Propiedad, sino que él sabía que el inmueble tenía esa hipoteca como lo refiere la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán (Motivación 3 de la sentencia que se recurre), por consiguiente el procedimiento civil es el idóneo para que un comprador que está siendo privado del goce de la cosa que ha adquirido, pueda reclamar del vendedor el saneamiento de los defectos ocasionados si este fuera el caso o reclamar la nulidad del contrato respectivo.- En ese efecto señalamos que la vía correcta para que el señor Delmer Francisco Munguía Paguada ventile su pretensión es de índole civil, porque de la lectura del proceso que está siendo sometido en recurso de amparo, no se desprende con ningún medio de prueba, ni con documento alguno y mucho menos en los argumentos del recurrente, que al efecto haya habido una intencionalidad en cometer un delito de Estafa, en este caso en perjuicio del señor Delmer Francisco Munguía Paguada, por consiguiente esta Sala es del criterio que la controversia radica entre PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES y JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA como vendedores; DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA, como comprador y BANCO LAFISE (HONDURAS) como garante hipotecario, es una circunstancia que debe de ser como efectivamente está siendo, conocida por la Jurisdicción Civil, por lo tanto no procede la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, a favor del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró HA LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por la JUEZ UNIPERSONAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); con relación a una solicitud de nulidad absoluta de actuaciones y excepciones de falta de acción cuando no ha debido promoverse e incompetencia por razón de la materia alegada por la parte querellada en audiencia de examinación de diligencias en la causa instruida contra los señores PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA y ROBERT JOSEPH ZAMORA (Presidente del Consejo De Administración del BANCO LAFISE (HONDURAS), por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 , 90, 303 Y 321 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado el abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, actuando en representación del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA, Presentando querella contra los señores PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES y JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA, (Presidente del Consejo De Administración del BANCO LAFISE (HONDURAS), por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOAD.-(Folios 1–2 de la pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), concluyendo en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), en la Audiencia de Exanimación de diligencias dicho Tribunal de Sentencia Resolvió:… PRIMERO: Se admiten los medios de prueba de la defensa.- SEGUNDO: Se admite el medio de prueba de la parte querellante que consiste en instrumento 172 del 13 de diciembre del 2013, instrumento 321 de fecha 3 de septiembre del año 2018.- TERCERO: Se declara Sin Lugar la Nulidad planteada por la defensa de señor ROBERTH JOSEPH ZAMORA, en relación que el mismo debe ser excluido de este proceso, dado que dicha defensa alega quien debe ser requerido es el Abogado Arturo Eugenio Giacomin, dado que fue quien intervino en la transacción mercantil (PRESTAMO CON GARANTIO HIPOTECARIA), entre los señores Delmer Francisco Munguía, Paola Elizabeth Martinez y Jorge Alberto Carbajal Sevilla; sin embargo considero, salvo mejor criterio que la persona que debería ser requerida en el presente caso es el señor ROBERTH JOSEPH ZAMORA, de acuerdo a lo que se consigna en la SECCION (VYVI) Quinta y Sexta del Código de Comercio, en el cual se ESTIPULA LO DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, EN ESTE CASO LA REPRESENTACIÓN DEL BANCO LAFISE S.A (SOCIEDAD ANONIMA)… CUARTO: En relación a la EXCEPCIÓN POR INCOPETENCIA DE TRIBUNAL, se declara Sin Lugar los Tribunales de Sentencias de lo Penal, son competentes para conocer de los delitos por ESTAFA; No obstante y de acuerdo a lo que establece el artículo 41 del Código Procesal Penal (Conversión de las acciones públicas), en el presente caso la parte Querellante resolvió ejercitar el ejecutamiento de dicho delito por ESTAFA, por su cuenta evidentemente ha renunciado a ejercitar la acción a través del Ministerio Público, conforme a lo que establece el artículo 28 del Código Procesal Penal, en consecuencia esa competencia la confieren los artículos 54 numeral 1, 99 406, del Código Procesal Penal.- QUINTO: SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCION CUANDO NO HAYA DEBIDO PROMOVERSE O CUANDO NOPUEDA PROSEGIRSE, en virtud de que este4 Tribunal consideró que efectivamente de acuerdo a los hechos re analizados conforme al recurso de reposición interpuesto con claridad por parte del Querellante, se apreció la apariencia de un delito de ESTAFA, cuyo fondo del asunto será develado durante la audiencia de juicio oral y público, una vez que sea evacuada la prueba que se proponga y sea admitida oportunamente; que si bien, se está ventilando causa en los Tribunales de lo civil , no menos cierto que allá se configuran intereses patrimoniales y por razones de ser una demanda ordinaria de nulidad, por supuestamente adolecer vicios en el consentimiento dolo, error los daño y perjuicios dado los actos contractuales e incumplimiento de los mismo de los cuales es evidentemente competencia en materia civil; no obstante, en esta instancia se discutirán bajo los principios de la oralidad si existen o no elementos objetivos y subjetivos en el accionar de los querellados conforme al tipo penal de ESTAFA, de lo cual no es procedente tocar el fondo del asunto en este momento.- SEXTO : Lo anterior, sin Perjuicio de los Recursos que en Derecho correspondan.- Quedan notificadas las partes de esta resolución…”.-(Folios 329 al 335 de la pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, en su condición de Defensor Privado, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán Resolvió: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante Abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS. 2.- CONFIRMAR la Negativa de la Nulidad dictada por el A-Quo.- 2) HA LUGAR la excepción por Incompetencia del Tribunal por razón de la materia por lo que se debe diferir a la vía civil….” falta de acción dictada y 3.- REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo a favor del Querellado por ser improcedente. (Folios 43–45v de la pieza de antecedentes).- 4) Que el abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA, contra la Resolución de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 , 90, 303 Y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). (Folios 78 del presente Recurso).- 5) Que en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 81–86 del presente Recurso.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, a favor del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA, se dirige contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con relación a una solicitud de nulidad absoluta de actuaciones y excepciones de falta de acción, cuando no ha debido promoverse e incompetencia por razón de la materia alegada por la parte querellada en audiencia de examinación de diligencias en la causa instruida contra los señores PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA y ROBERT JOSEPH ZAMORA (Presidente del Consejo de Administración del BANCO LAFISE (HONDURAS), por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que en el caso que nos ocupa encontramos una Corte de Apelaciones de lo Penal alejada totalmente del mandato constitucional, ya que ha emitido una resolución que no es clara, precisa y exhaustiva, defectos que le han servido para emitir una resolución arbitraria con la cual difiere el litigio a la vía civil, sin tener razones legales o fundamentos de derecho que la amparen para tal determinación, refiere que de conformidad con la Ley del Registro Nacional de las Personas no es aplicable al caso de autos, ya que la querella promovida contra ROBERTH JOSEPH ZAMORA, es en su condición de Representante Legal del Banco Lafise, no por su condición personal, por tanto este presupuesto no es causa que faculte a la Corte de Apelaciones de lo Penal para dirimir a vía civil el litigio, señalando a su vez que dicha querella esta incoada por el delito de estafa, no por el delito de usurpación por lo tanto al no tener relación alguna con el derecho de propiedad en el caso de usurpación, no faculta a la Corte de Apelaciones de lo Penal para dirimir a vía civil el litigio, mencionando que siendo la querella por el delito de estafa en ningún momento se entiende que es por relaciones con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, lo que de igual manera no faculta a dicho tribunal de alzada para que el conocimiento de esta acción sea en la vía civil.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, otorgándole la vista de los autos al Fiscal del Despacho, quien estableció mediante dictamen rendido el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que de la revisión de la causa se observa que la acción presentada ante la vía penal deviene de acciones civiles y no de un hecho ilícito, en virtud que el bien inmueble que adquiere el señor MUNGUIA fue registrado en el instituto de la propiedad, lo que le ha permitido a dicha entidad crediticia solicitar la ejecución de hipoteca por la falta de pago, haciendo posible que prosperara el proceso hasta la subasta del bien, por tal razón es del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la lectura de los antecedentes, tal y como lo señala la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se desprende que la controversia radica entre los litigantes, señores PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES, JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA y ROBERT JOSEPH ZAMORA (Presidente del Consejo de Administración del BANCO LAFISE (HONDURAS), por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor DELMER FRANCISCO MUNGUA PAGOADA, es más una circunstancia de índole civil que penal. Se señala lo anterior en vista que DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA al momento de comprar el inmueble financiado por Banco LAFISE como comprador, tal y como la Corte de Apelaciones lo apunta, no solo estaba en la obligación de cerciorarse de los gravámenes que pesaban sobre el inmueble, circunstancia que es fácilmente demostrable con una certificación del asiento del referido inmueble en el Instituto de la Propiedad, sino que él sabía que el inmueble tenía esa hipoteca como lo refiere la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán (Motivación 3 de la sentencia que se recurre), por consiguiente el procedimiento civil es el idóneo para que un comprador que está siendo privado del goce de la cosa que ha adquirido, pueda reclamar del vendedor el saneamiento de los defectos ocasionados si este fuera el caso o reclamar la nulidad del contrato respectivo.- En ese efecto señalamos que la vía correcta para que el señor Delmer Francisco Munguía Paguada ventile su pretensión es de índole civil, porque de la lectura del proceso que está siendo sometido en recurso de amparo, no se desprende con ningún medio de prueba, ni con documento alguno y mucho menos en los argumentos del recurrente, que al efecto haya habido una intencionalidad en cometer un delito de Estafa, en este caso en perjuicio del señor Delmer Francisco Munguía Paguada, por consiguiente esta Sala es del criterio que la controversia radica entre PAOLA ELIZABETH MARTINEZ VIDES y JORGE ALBERTO CARBAJAL SEVILLA como vendedores; DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGOADA, como comprador y BANCO LAFISE (HONDURAS) como garante hipotecario, es una circunstancia que debe de ser como efectivamente está siendo, conocida por la Jurisdicción Civil, por lo tanto no procede la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 25, 26, 27, 54 y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CÁLIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SCO-0974-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CÁLIX.

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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