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Sentencia AP-953-22 — Registro 15879

Resumen

Con relación a la causa instruida contra recurrente, por suponerla responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido,argumentando impetrante que resolución impugnada que inadmite a tramite recurso de apelación no fue debidamente motivada, lo cual provocó indefensión al no darle trámite a recurso de apelación presentado, el cual correspondía, según su criterio porque la resolución que decida un incidente o una excepción es susceptible del recurso de apelación y habiéndose presentado en la audiencia preliminar un incidente de nulidad por parte de la defensa, debió darse trámite al recurso de apelación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."7): Que en la sentencia objeto de examen, la Alzada fue del parecer porque se denegase la acción de amparo intentada, al estimarse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, mismo que establece que es inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, entendiendo la ley como tales aquellos contra los cuales no se hubieran ejercido, dentro de los términos legales, los recursos o acciones legales, salvo los casos de probada imposibilidad para su interposición. La Alzada consideró que, en el caso de autos, le asistía a la quejosa el derecho de recurrir ante el Tribunal Superior respectivo mediante un recurso de hecho, el cual procede cuando se denegare un recurso de apelación—o en su caso de casación—que ha debido concederse. Por lo cual, siendo que se argumentó por la impetrante que la apelación presentada debió ser admitida a trámite por el A Quo, esta Sala advierte que, efectivamente, tenía la peticionaria tenía la potestad para recurrir de hecho contra tal resolución ante el Tribunal Superior, tal y como lo establece el artículo 351 del Código Procesal Penal y al no haberlo hecho así, de conformidad con la norma precitada, se debe entender que en lo que respecta a la inadmisión del recurso de apelación decidida por el A Quo—que es precisamente lo que se estableció en el auto contra el cual se reclama—el mismo ha sido evidentemente consentido por la agraviada. CONSIDERANDO (8): Que con respecto a los argumentos de falta de motivación que ha presentado la recurrente ante la Alzada, esta Sala observa que las mismas parecen estar dirigidas a lo resuelto en el auto de apertura a juicio, mismo que no es objeto de reclamo por esta vía, por cuanto la acción ha sido dirigida específicamente contra el auto de fecha 22 de abril de 2022, que no resolvió ningún incidente de nulidad, sino que únicamente la pretensión de recurrir en apelación del auto de apertura a juicio, el cual solamente puede ser recurrido en apelación por el Fiscal o el Acusador Privado cuando el juez considere que no procede la apertura a juicio, recurso que en este caso deberá ser admitido en ambos efectos según se establece en el último párrafo del artículo 302 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (9): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, como se ha dicho ya, el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO (10): Que del examen in extenso de las diligencias se observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 3º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; toda vez que ha resultado establecido en el trámite, el consentimiento por parte de la quejosa de la resolución de fecha 22 de abril de 2022, al no haber ejercitado dentro de los plazos legales el recurso de hecho que le asistía, como así lo ha dejado establecido la Corte de Alzada en su sentencia. CONSIDERANDO (11): Que, de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (13): Que al evidenciarse en el trámite de mérito la causal de inadmisibilidad ya antes relacionada, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 3), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta que fuera dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en la cual DENEGÓ el recurso de amparo promovido por la Abogada ROSA MARGARITA AMAYA ZÚNIGA, a favor de la señora BESSY JASMÍN VIERA SÁNCHEZ, contra la resolución proferida dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora BESSY JASMÍN VIERA SÁNCHEZ, por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “EG.027”; Y EN SU LUGAR SE SOBRESEE el recurso de amparo referido, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil vendidos. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que denegó el recurso de amparo promovido por la Abogada Rosa Margarita Amaya Zúniga, a favor de la señora Bessy Jasmín Viera Sánchez, contra la resolución proferida dictada por el Juzgado de Letras Penal de con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Bessy Jasmín Viera Sánchez, por suponerla responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “EG.027”. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, el Abogado Jorge Alejandro Rivas, la Abogada Rosa Margarita Amaya Zúniga, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Bessy Jasmín Viera Sánchez, contra la resolución proferida dictada por el Juzgado de Letras Penal de con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Bessy Jasmín Viera Sánchez, por suponerla responsable del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “EG.027”. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha tres de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…ÚNICO: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSA MARGARITA AMAYA ZÚNIGA, a favor de la señora BESSY JASMÍN VIERA SÁNCHEZ, en la causa que se le instruye por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “EG-027”, por concurrir una causa de inadmisibilidad….” (Folios 571-575 de la pieza del A-quo) 3) Que en fecha trece de junio de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se reclamó por medio del presente recurso de amparo contra la resolución dictada por el el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DE SAN PEDRO SULA, en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós mediante la cual se declaró no ha lugar un recurso de apelación promovido por la defensa de la persona imputada, la cual se consideró agraviada con dicha resolución por violentársele, según argumentos de su defensora, su derecho a la defensa y a un debido proceso. La decisión del A Quo determinó en su resolución que se desestimaba dicho recurso de apelación en virtud de que conforme con el artículo 354 del Código Procesal Penal el auto de apertura a juicio es inapelable. CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con los razonamientos presentados ante el Tribunal de Alzada por la peticionaria, su inconformidad surge del hecho que, según su parecer, la resolución del juzgado de instancia no fue debidamente motivada, lo cual provocó indefensión a su representada al no darle trámite al recurso de apelación presentado, el cual correspondía, según su criterio porque la resolución que decida un incidente o una excepción es susceptible del recurso de apelación conforme lo manda la ley, y habiéndose presentado en la audiencia preliminar un incidente de nulidad por parte de la defensa, debió darse trámite al recurso de apelación. CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia objeto de examen, la Alzada fue del parecer porque se denegase la acción de amparo intentada, al estimarse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, mismo que establece que es inadmisible el recurso de amparo cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, entendiendo la ley como tales aquellos contra los cuales no se hubieran ejercido, dentro de los términos legales, los recursos o acciones legales, salvo los casos de probada imposibilidad para su interposición. La Alzada consideró que, en el caso de autos, le asistía a la quejosa el derecho de recurrir ante el Tribunal Superior respectivo mediante un recurso de hecho, el cual procede cuando se denegare un recurso de apelación—o en su caso de casación—que ha debido concederse. Por lo cual, siendo que se argumentó por la impetrante que la apelación presentada debió ser admitida a trámite por el A Quo, esta Sala advierte que, efectivamente, tenía la peticionaria tenía la potestad para recurrir de hecho contra tal resolución ante el Tribunal Superior, tal y como lo establece el artículo 351 del Código Procesal Penal y al no haberlo hecho así, de conformidad con la norma precitada, se debe entender que en lo que respecta a la inadmisión del recurso de apelación decidida por el A Quo—que es precisamente lo que se estableció en el auto contra el cual se reclama—el mismo ha sido evidentemente consentido por la agraviada. CONSIDERANDO (8): Que con respecto a los argumentos de falta de motivación que ha presentado la recurrente ante la Alzada, esta Sala observa que las mismas parecen estar dirigidas a lo resuelto en el auto de apertura a juicio, mismo que no es objeto de reclamo por esta vía, por cuanto la acción ha sido dirigida específicamente contra el auto de fecha 22 de abril de 2022, que no resolvió ningún incidente de nulidad, sino que únicamente la pretensión de recurrir en apelación del auto de apertura a juicio, el cual solamente puede ser recurrido en apelación por el Fiscal o el Acusador Privado cuando el juez considere que no procede la apertura a juicio, recurso que en este caso deberá ser admitido en ambos efectos según se establece en el último párrafo del artículo 302 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (9): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, como se ha dicho ya, el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO (10): Que del examen in extenso de las diligencias se observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 3º de la Ley Sobre Justicia Constitucional; toda vez que ha resultado establecido en el trámite, el consentimiento por parte de la quejosa de la resolución de fecha 22 de abril de 2022, al no haber ejercitado dentro de los plazos legales el recurso de hecho que le asistía, como así lo ha dejado establecido la Corte de Alzada en su sentencia. CONSIDERANDO (11): Que, de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (13): Que al evidenciarse en el trámite de mérito la causal de inadmisibilidad ya antes relacionada, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 3), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta que fuera dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en la cual DENEGÓ el recurso de amparo promovido por la Abogada ROSA MARGARITA AMAYA ZÚNIGA, a favor de la señora BESSY JASMÍN VIERA SÁNCHEZ, contra la resolución proferida dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora BESSY JASMÍN VIERA SÁNCHEZ, por suponerla responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “EG.027”; Y EN SU LUGAR SE SOBRESEE el recurso de amparo referido, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-953-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL