Sentencia AP-948-21 — Registro 15222
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación con relación a los delitos de cohecho impropio y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública y la economía del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de marzo de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES y CARMEN CELINA CABALLERO a favor del señor JOSÉ RAMÓN BERTETTY OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, el quince de junio de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ RAMÓN BERTETTY OSORIO, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO IMPROPIO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, que declara parcialmente ha lugar el recurso de apelación, confirmando el auto de formal procesamiento decretado por el A-Quo contra su representado por un delito de Lavado de Activos, y modificando el auto de formal procesamiento de tres delitos de Cohecho Impropio Pasivo por un solo delito de Cohecho Pasivo Impropio continuado, lo que violenta los derechos establecidos en los artículos 89, 90, 92, 98, 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende, que el parecer de la Alzada es que en la etapa procesal que se transita, que es la etapa preparatoria, concretamente la audiencia inicial, se requiere únicamente verificar un juicio de probabilidad sobre la existencia de los hechos delictivos y la responsabilidad que le corresponde al imputado con base a la mínima actividad probatoria; además, no existe el doble juzgamiento a que alude la recurrente por no tratarse de los mismos hechos donde tiene participación el señor Bertetty Osorio y la empresa Soluciones Técnicas J.J., no habían sido judicializadas; en relación al delito de Cohecho Pasivo Impropio, resulta más beneficiosa la aplicación del nuevo Código Penal, por lo que se modifica la calificación de Tres delitos de Cohecho Pasivo impropio, por un solo delito continuado; respecto al delito de Lavado de Activos, se trata de un delito autónomo, que por regla general puede derivar de actividades ilícitas o carentes de fundamento económico o soporte legal para su posesión, por lo que analizados los hechos, conlleva a configurarse dicho tipo penal. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem, la cual fue incorporada mediante el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de dictar el auto de formal procesamiento impugnado. CONSIDERANDO: Que las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación al derecho de defensa, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha podido tener participación, ya que en esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES y CARMEN CELINA CABALLERO a favor del señor JOSÉ RAMÓN BERTETTY OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de julio de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, contra la resolución dictada por esta Sala el once de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES y CARMEN CELINA CABALLERO a favor del señor JOSÉ RAMÓN BERTETTY OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, el quince de junio de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ RAMÓN BERTETTY OSORIO, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO IMPROPIO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha once de marzo de dos mil veintidós, sobreseyó el recurso de mérito, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de reposición, establece que su representado ha quedado desprotegido pues se le han presentado más de cinco requerimientos fiscales por el delito de Lavado de Activos por las mismas líneas de crédito que la Junta Directiva del Seguro Social ordenó al señor Mario Zelaya en las diferentes instituciones del sistema financiero nacional de líneas de crédito, y, solo podrá decretarse auto de formal procesamiento cuando se acredite en un proceso penal la evidencia probatoria de un delito y de existir indicios racionales suficientes que hagan creer razonablemente que el imputado tiene participación en un determinado delito. CONSIDERANDO: Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley antes citada, establece nueve causales de inadmisibilidad de las acciones de amparo, y en su último párrafo dispone que dentro del trámite del mismo éste podrá ser sobreseído tan luego como conste en auto una causal de inadmisibilidad, y habiéndose constatado en autos la causal primera, procedía en consecuencia sobreseer la presente acción de amparo. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, contra la resolución dictada por esta Sala el once de marzo de dos mil veintidós, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fechas once de marzo de dos mil veintidós y veinticinco de julio de dos mil veintidós, recaídas en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0948=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL