Sentencia AP-947-21 — Registro 15221
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación a un incidente de falta de competencia alegado en la causa los delitos de usurpación. Afirmando que tal decisión del Ad Quem resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 103 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, a la luz del bloque de convencionalidad, y, en interpretación pertinente del derecho positivo. Cabe mencionar que tal derecho garantía no se observa violentado por la denegatoria del referido incidente, según planteado por la Defensa Técnica de los imputados; lo cual ha sido acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, motivado en observancia a los cánones del derecho constitucional, en cuanto establece la apariencia de buen derecho a la procedibilidad de la causa penal impetrada; pudiendo la parte acusada ejercer plenamente su derecho a la defensa material en el curso del proceso penal instaurado. CONSIDERANDO (8): Que, de todo lo anteriormente expuesto, vistos los antecedentes del caso, considera esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida de conformidad a ley, con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso; el cual no se infringe, necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta del caso denegar la presente acción de Amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, a favor de los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a un incidente de falta de competencia alegado en la causa instruida contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIO y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER. Afirmando que tal decisión del Ad Quem resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, Abogada SARA CARMELINA IRIAS, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER.- (Folios 01 al 04 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION Y LA EXCEPCIÓN POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL…”. (Folios 611 al 616 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, FALLO: “1) DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Defensa Privada. 2) CONFIRMAR la resolución apelada…”; estableciendo en su motivación que se comprobó la titularidad que ostenta el señor ROBERT JAY MILLERS sobre un bien inmueble ubicado en Agua Blanca, Jurisdicción de La Sosa y La Travesía, incluido el lote número 8; siendo lo que se debe probar ante la esfera penal la apropiación del bien inmueble por personas que no ostentan el derecho para tomarlas y disponerlas como suyo; lo que ha de probarse en Juicio Oral y Público, en acopio a lo razonado por la tratadista Susana HUERTO TOCILDO, en cuanto a que, en el ámbito penal, basta la acreditación de la legítima propiedad inmobiliaria y la ocupación violenta, para que se ajusten los elementos de tipo en cuestión; siendo correcta la apreciación judicial del A Quo para desestimar las excepciones planteadas por la Defensa, debiendo proseguirse el proceso incoado contra los acusados. (Folios 649 al 651 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) El recurrente Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de los ciudadanos ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS y MARIA MEZA PINEDA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio de ROBERT JAY MILLER afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 103 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a un incidente de falta de competencia por razón de materia y falta de acción porque la causa no pueda seguirse, alegado en la causa instruida contra los señores ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE, MARLON ALEXIS GARCIA TURCIO y MARIA ALBERTINA MEZA PINEDA, por suponerles responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del señor ROBERT JAY MILLER; en la cual, por las consideraciones motivas recogidas en el Antecedente 3) de la presente sentencia, llega a concluir el Tribunal Ad Quem la concurrencia de una acción típica que debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal; desestimando el incidente planteado por la Defensa Técnica de los imputados. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado JULIO CÉSAR RAMÍREZ MEJÍA, en su condición expresada, quien ha manifestado que dicha resolución judicial contraviene y disminuye el derecho fundamental a la inviolabilidad de la defensa y a la propiedad privada, salvaguardados en los artículos 82 y 103 de la Constitución de la República. Refiere el solicitante de amparo, que percibe tal infracción por haberse violentado por parte de la jurisdicción tal dispositivo jurídico, al denegarse el incidente planteado por la Defensa Técnica de los imputados, en los términos antes expresados. CONSIDERANDO (5): Que ha manifestado el Letrado amparista, que tal actuación judicial representa infracción al derecho de defensa, al no considerar aspectos probatorios y jurídicos que dimanarían del análisis exhaustivo del expediente, que se extiende desde la relación civil contractual existente entre los señores CLIFORD ALLEN SMITH y BRUMILDA GARCÍA MIDENCE, hasta sus herederos tácitos, ab intestato, putativos, etc.; señores ROBERT JAY MILLER e ISMAEL PASTOR MARROQUÍN MIDENCE, en la causa sobre la cual recae la acción de amparo, a raíz de una mala identificación de la señora BRUMILDA GARCÍA MIDENCE, también conocida como BRUMILDA MIDENCE GARCÍA que impediría legitimar el contrato de promesa de venta del inmueble objeto de esta causa y acreditar la relación existente entre ésta y su representado, el señor ISMAEL PASTOR MARROQUÍN MIDENCE, lo cual, sin embargo, es reconocido objetivamente por el Tribunal de Sentencia; de todo lo cual se colige el enjuiciamiento de un caso contractual civil y mercantil, el cual no se ha podido perfeccionar por falencias del Registro Nacional de las Personas (RNP) y el mismo Ministerio Público del Estado de Honduras; el cual pretende penalizar conductas reguladas civil y mercantilmente, por corresponder a la jurisdicción discernir los atributos que otorga el derecho constitucional de propiedad ejercida por los contratantes CLIFORD ALLEN SMITH, haciendo uso de la facultad de libre aprovechamiento y disposición, al determinar dar en venta y ceder la posesión del bien inmueble objeto de la causa a la señora BRUMILDA GARCÍA MIDENCE, en el ejercicio de su facultad de libre adquisición; mientras que los señores ROBERT JAY MILLER e ISMAEL PASTOR MARROQUÍN MIDENCE representan la sucesión de los antes mencionados causantes, en tanto suscriptores del contrato de promesa de venta del inmueble objeto de esta causa; procediendo dirimir por la vía civil el presente caso. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, a la luz del bloque de convencionalidad, y, en interpretación pertinente del derecho positivo. Cabe mencionar que tal derecho garantía no se observa violentado por la denegatoria del referido incidente, según planteado por la Defensa Técnica de los imputados; lo cual ha sido acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, motivado en observancia a los cánones del derecho constitucional, en cuanto establece la apariencia de buen derecho a la procedibilidad de la causa penal impetrada; pudiendo la parte acusada ejercer plenamente su derecho a la defensa material en el curso del proceso penal instaurado. CONSIDERANDO (8): Que, de todo lo anteriormente expuesto, vistos los antecedentes del caso, considera esta Sala de lo Constitucional que el alegato garantista no pretende sino una revisión de instancia a una interpretación judicial emitida de conformidad a ley, con respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten a las partes (bilateralidad y audiencia, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable, a un recurso ágil y efectivo proveído conforme a Ley, etc.); habiendo la jurisdicción ordinaria fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso; el cual no se infringe, necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta del caso denegar la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0947=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL