Sentencia AP-947-20 — Registro 15021
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró ha lugar recurso de apelación con relación a la causa por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en perjuicio de la economía y la seguridad interior del estado de Honduras.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 Y 92 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… III.- También es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.- IV.-En el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados primordialmente con aspectos relativos a la valoración probatoria, al desaprobar la evaluación que hizo el Tribunal de Alzada de las pruebas aportadas al proceso.- XI.- El artículo 46 del Código Procesal Penal, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, que contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: 1) cuando ésta no haya debido promoverse, y 2) cuando no puede proseguirse.-Esta Sala de lo Constitucional también ha establecido de manera reiterada que en el primer caso, es decir, cuando la acción no haya debido promoverse, quedan incluidos a manera de ejemplo, supuestos como los siguientes: a) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público; b) En los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento; c) En los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado; d) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal.- En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste, así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que “…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….”.-Por ende, de acuerdo con la motivación que ha establecido la Alzada en su resolución, esta Sala advierte que sus consideraciones son consecuentes con los razonamientos previamente estipulados y que han sido establecidos por esta Sala en reiterados antecedentes.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GABRIELA NICOLLE BUESO MORALES a favor del señor ALDO ASFURA LACA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra el señor ALDO ASFURA LACA, por suponerlo responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 Y 92 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada ROSA AMALIA ZAVALA ZAVALA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentó ante la Secretaría del JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, Requerimiento Fiscal contra de los señores ALDO ASFURA LACA y ELMY VALLADARES RUIZ, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 01 AL 15 la pieza de los antecedentes).- 2) Que en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), concluyendo en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado en audiencia Inicial, dictó resolución mediante la cual RESOLVIÓ: “…SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del ciudadano ALDO ASFURA LACA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, procediendo a ordenar su excarcelación inmediato, entregando su carta de libertad provisional, de igual manera no pronunciándose el tribunal en relación a os bienes que fueron objeto de la medida cautelar de aseguramiento y otros actos, hasta tanto no se concluya con la presente investigación…”. (Folios 94 al 159 de los antecedentes).- 3) Que en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público. 2. REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL; 3) Que se dicte auto de formal procesamiento por unanimidad; 4) NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada, Abogado ELVIN NOEL CARILLO HERRERA…”. (Folios 956 al 974 de los antecedentes).-4) La recurrente abogada GABRIELA NICOLLE BUESO MORALES, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor del señor ALDO ASFURA LACA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 48 del Recurso de Amparo).-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- 1.- La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona que se considere agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2.- La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-4 .-En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- 5.- A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- OBJETO DEL RECURSO .- I.- El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución emitida en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, la cual se denuncia ante esta Sala por parte de la recurrente, de ser violatoria de la garantía a un debido en perjuicio del imputado Aldo Asfura Laca. II.- La sentencia impugnada decidió declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, que había determinado dictar un sobreseimiento provisional a favor del referido imputado. III.-La intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inició con la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ante el ya mencionado Juzgado de Letras, en contra del señor Aldo Asfura Laca, a quien se imputó la comisión del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. IV.-En la audiencia inicial celebrada ante el juzgado de instancia, se decidió por un lado desestimar una excepción por falta de acción opuesta por la defensa del imputado Asfura Laca, y por el otro, estimar un sobreseimiento provisional a favor de este, al considerar el juzgador que no logró acreditarse la participación del imputado en los hechos..- V.-Como ya queda dicho, la decisión del A Quo fue recurrida en apelación por parte del Ministerio Público ante la Corte de Alzada, revocándose por vía de apelación el sobreseimiento provisional en referencia, y ordenando que el juzgado de letras procediera a dictar auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de lavado de activos por el cual fue iniciado el proceso en su contra.-SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.- 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró que con los medios probatorios aportados en el proceso se logró establecer tanto la existencia de los elementos del tipo penal antes descrito, así como los indicios racionales de participación del imputado en el mismo. -Para el Tribunal de Alzada, en el proceso existió la mínima evidencia probatoria con la que se acreditaron los hechos imputados, al considerar la Alzada que no se logró justificar el origen de los dineros ni los movimientos financieros por las cantidades de dinero señaladas por el Ministerio Público en su requerimiento fiscal.-2.- El Tribunal de Alzada apreció que la resolución del A Quo se contrapuso a las disposiciones de ley, determinando que en el proceso fueron acreditados los elementos del tipo penal de lavado de activos, así como el indicio de participación del imputado en el mismo, de conformidad con los elementos probatorios presentados en la audiencia inicial, de ahí que resultase procedente la reforma de la decisión apelada. -SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE.- 1.- Para el impetrante, la Corte de Apelaciones quebrantó la garantía a un debido proceso al reformar en perjuicio del imputado la resolución impugnada, lo cual consideró como violatorio al artículo 90 constitucional, manifestando además que la Alzada aplicó indebidamente el artículo 297.1 del Código Procesal Penal referente al auto de formal procesamiento.- 2.- El recurrente a su vez cuestionó la valoración de los elementos probatorios que hiciera el Tribunal de Alzada, objetando que el Ministerio Público no logró acreditar los elementos del tipo en el proceso de mérito, censurando que en el proceso lo que se demostró fue la actividad cotidiana de su representado como empresario, argumentando que la defensa logró justificar el origen de las cuestionadas cantidades de dinero lo cual no fue observado por el Tribunal de Apelaciones.- 3.- Para el quejoso la decisión de la Alzada no estableció ningún acto que tuviese conexión con el delito de lavado de activos por cuanto consideró que en el proceso se demostró la actividad comercial de su representado.- RAZONAMIENTO DE LA SALA.- 1.- Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión..- II.- Hemos insistido a su vez que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.
III.- También es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.- IV.-En el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados primordialmente con aspectos relativos a la valoración probatoria, al desaprobar la evaluación que hizo el Tribunal de Alzada de las pruebas aportadas al proceso.- V.- Esta Sala debe insistir que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba.- VI.- Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. -Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. – VII.- Dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.- VIII.- No obstante, y como también lo hemos sostenido en previas decisiones, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-IX.- En el presente caso, el recurrente presenta varias alegaciones que se refieren en forma clara a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas para efecto de sustentar su acción de amparo, pues no se aprecia que para la valoración de los mismos haya sobrevenido error o arbitrariedad por parte del Tribunal de Alzada, observando esta Sala que tal valoración resulta suficiente, al menos en este momento procesal, para acreditar la mínima actividad probatoria requerida para demostrar la concurrencia de los elementos del tipo penal, así como para establecer la probabilidad de la participación del imputado en los hechos atribuidos, esto para dar por cumplidos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para estimar la pertinencia de decretar un auto de formal procesamiento en contra del inculpado por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado.- X.- Con respecto a la decisión de desestimar la excepción de falta de acción que fue opuesta por la defensa, esta Sala asiente igualmente con el criterio externado por el Tribunal de Apelación por cuanto esta Sala ha dejado establecido en reiterada jurisprudencia que las excepciones, como medios de defensa en el proceso penal, deben estar relacionadas a aspectos de naturaleza procesal y no a los elementos constitutivos de delito o del tipo, de tal manera que no es viable oponer excepción, cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes en el proceso.- XI.- El artículo 46 del Código Procesal Penal, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, que contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: 1) cuando ésta no haya debido promoverse, y 2) cuando no puede proseguirse.-Esta Sala de lo Constitucional también ha establecido de manera reiterada que en el primer caso, es decir, cuando la acción no haya debido promoverse, quedan incluidos a manera de ejemplo, supuestos como los siguientes: a) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público; b) En los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento; c) En los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado; d) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal.- En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste, así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que “…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….”.-Por ende, de acuerdo con la motivación que ha establecido la Alzada en su resolución, esta Sala advierte que sus consideraciones son consecuentes con los razonamientos previamente estipulados y que han sido establecidos por esta Sala en reiterados antecedentes.- XII.- Siendo así, esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual condujo razonablemente al Tribunal a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo.- XIII.- Así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o de los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. XIV.- La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al imputado en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.- XV.- De todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. – XVI.- En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse.- PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GABRIELA NICOLLE BUESO MORALES a favor del señor ALDO ASFURA LACA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0947-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200