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Sentencia AP-861-20 — Registro 14816

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que denegó la recusación planteada contra la Juez Nidia Rosibel Raudales Molina del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, por el delito de asesinato. Estima el recurrente que dicha sentencia es violatoria de los derechos estipulados en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-Quem al denegar la Recusación interpuesta por los abogados Cesar Ernesto Baquedano, Milagro Suyapa Valiente, Isaías Gómez Matamoros y Juan José Oviedo, en su condición de apoderados legales y defensores privados de la señora Roxana Yasmin Rodríguez, no se ha vulnerado en perjuicio de la encausada los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ello porque el Ad-Quem ha declarado SIN LUGAR la recusación planteada, dado respuesta a cada una de las causas de recusación invocadas por el recurrente y que se encuentran establecidas en el artículo 83 numerales 2, 10 y 11 del Código Procesal Penal, concluyendo esta Sala de lo Constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada, pues no basta con enunciar las causales de recusación o la simple enunciación de normativa legal, sino que las causales invocadas deben de ser probadas tal como lo establece el artículo 86 del mismo cuerpo legal, que reza: “La recusación se presentará acompañada de las pruebas que la justifican, si son anteriores al pleito o las conoce el recusante. Si son posteriores o anteriores y no ha tenido conocimiento de ellas el recusante, se presentarán dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que llegaron a su conocimiento. No justificándose este extremo, será desestimada la recusación.” En ese sentido la Corte de Apelaciones, en la Sentencia que se conoce mediante el presente recurso de amparo, ha dejado establecido el porqué de la declaratoria sin lugar de la recusación planteada, todo ello en base al principio de legalidad y debido proceso.-CONSIDERANDO (10): En el caso sub judice, se ha constado que fueron escuchados los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por unanimidad de votos por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, no vulnera los derechos constitucionales de debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por los abogados Cesar Ernesto Baquedano y Milagro Suyapa Valiente Herrera, debe ser denegado.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en relación a la violación del Debido Proceso en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, haciendo énfasis en que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes; en ese orden de ideas, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados CESAR ERNESTO BAQUEDANO y MILAGRO SUYAPA VALIENTE HERRERA, a favor de la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ ORTIZ, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veinte (2020) que denegó la Recusación planteada contra la Juez NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA, del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, que conoce el proceso en la causa instruida contra la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ ORTIZ, por suponerla responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor ANGEL JOSUE REYES MATAMOROS. Estima el recurrente que dicha sentencia es violatoria de los derechos estipulados en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veinte (2020), los abogados CESAR ERNESTO BAQUEDANO y MILAGRO SUYAPA VALIENTE, ISAIAS GOMEZ MATAMOROS Y JUAN JOSE OVIEDO, comparecieron ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, interponiendo Recusación contra la titular del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome y Valle, abogada NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA, para que se abstuviera de seguir conociendo de la causa instruida contra la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ ORTIZ, a partir de la audiencia de revisión de medidas de fecha diecinueve (19) de agosto del dos mil veinte (2020) y se remitieran las diligencias de ambos procesos a otro Juez para que continuara conociendo las causas.(folio 01 al 09 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle FALLA: “DECLARANDO SIN LUGAR LAS CAUSAS DE RECUSACION, presentada por los Abogados CESAR ERNESTO BAQUEDANO, MILAGRO SUYAPA VALIENTE, ISAIAS GOMEZ MATAMOROS Y JUAN JOSE OVIEDO, en su condición de apoderados legales Defensores Privados de la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ, por suponerla responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor ANGEL JOSUE REYES MATAMOROS, contra la Juez Titular Abogada NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA, del Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle. (Folios 178 al 183 de los antecedentes).-3) Los recurrentes abogados CESAR ERNESTO BAQUEDANO y MILAGRO SUYAPA VALIENTE HERRERA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha dos (2) de octubre del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ ORTIZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veinte (2020), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha veintitrés (23) de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDADO, compareció en fecha dos (2) de octubre del año dos mil veinte (2020), ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ ORTIZ, al considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veinte (2020), vulnera en perjuicio de su representada, el debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por la recurrente en Amparo, es el derecho al debido proceso y legalidad contenidos en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, el primero de ellos establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” y el segundo indica: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; relacionado con el artículo 7 del Código Procesal Penal que indica: “Independencia de jueces y magistrados. El juzgamiento de los delitos de las faltas, así como, el control de la ejecución de las penas y de las medidas se seguridad, corresponderá a jueces y magistrados independientes e imparciales, solo sometidos a la Constitución de la República, a los tratados y a las leyes.” -CONSIDERANDO (4): Que en la exposición de sus argumentos el impetrante aduce que solicitó a la Juez Nidia Rosibel Raudales Molina, se abstuviera voluntariamente y se excusara de seguir conociendo el proceso instruido contra la señora Roxana Yasmin Rodríguez Ortiz, en virtud de existir causales de recusación, razón por la cual presentó formal recusación ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, quien mediante resolución de fecha nueve (9) de septiembre del dos mil veinte (2020), falló declarando SIN LUGAR las causas de recusación.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente arguye que la Corte de Apelaciones de Choluteca, vulnera el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, pues en el caso de autos existen causales de recusación, pues tanto los familiares de la imputada como sus representantes procesales han denunciado a la juez Nidia Rosibel Raudales Molina, por lo cual el razonamiento espurio de la Corte recurrida, de que es necesario que sea denunciada por delito, está al margen de la ley, pues si el funcionario como consecuencia de la denuncia ante inspectoría de tribunales, se declara procedente la denuncia, no solo es acreedor de una sanción administrativa y disciplinaria por sus faltas, sino que deja libre el camino para una acusación criminal, por otra parte, el hecho de que la A-quo anticipe criterios a las partes procesales de cuáles serán sus resoluciones la descalifica para seguir conociendo de la causa, por consecuencia existe entre la juez recusada y los representantes procesales de la parte imputada diferencias por el hecho de haber sido denunciada, pues su representada tiene derecho de ser juzgada por un juez imparcial y objetivo, que practique las diligencias con las formalidades que la ley establece y no con ocasión de violaciones de derechos fundamentales. A juicio del recurrente la corte falta a la verdad, al basarse en el argumento que no procede la recusación porque no se le ha denunciado por la comisión de un delito. Argumenta que las denuncias presentadas a inspectoría es por irregularidades que conllevan a la violación y a los deberes de los funcionarios, que la denuncia está en proceso de investigación, pero que es un argumento sólido para declarar procedente la recusación por cuanto es una de las condiciones del artículo 83 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO (6): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Roxana Yasmin Rodríguez Ortiz, bajo el argumento siguiente: (sic) “QUINTO: Esta Corte de Apelaciones hace necesario analizar cada una de las causales invocadas con respecto a la conducta de la Jueza señalada por el recurrente; en cuanto a la causa de recusación consistente en que la Jueza esta denunciada ante inspectoría; esta causal tiene que ver con la imparcialidad subjetiva del funcionario judicial, y se debe entender que si el respectivo funcionario judicial actualmente ha sido denunciado o querellado por alguna de las partes que intervienen en el proceso, supone que el funcionario puede actuar con parcialidad, ya que las circunstancias previstas provocan un estado de enemistad entre el funcionario y el denunciante o querellante. Sin embargo es importante destacar que la norma claramente establece que se debe de tratar de una denuncia o querella por delito o falta y no debe entenderse como denuncia, para estos efectos, la que promueva en las oficinas de inspectoría, o en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, pues estas dependencias no tienen competencia para conocer delitos o faltas, (Código Procesal Penal, Félix Antonio Ávila, pág. 297), tal como es el caso que nos ocupa, en razón que lo que sustenta la causa de recusación es una denuncia ante la Supervisión Nacional de los Tribunales de la República y por consiguiente debe declararse sin lugar la recusación. Respecto a la causa de recusación consistente en: Haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión sobre la causa; en razón que la Juez NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA, expreso lo siguiente: “Miren abogados, yo puedo si quiero ya denegarle la solicitud de revisión de medidas tengo el número de artículo que me da el derecho pero no lo hare pero si sépalo desde ya le voy a declarar sin lugar la revisión de medidas, todo lo que presenten” también alegan los defensores de la imputada que le dijo que no la iba a dejar libre por la presión social. Son expresiones que deben probarse y hasta el momento solo son suposiciones, por lo que debe declararse sin lugar. Respecto a la causal consistente en: Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, la cual señala el recusante que concurre por el hecho de haber vertido expresiones como las indicadas en el párrafo anterior y por haber reprogramado un audiencia y que ha sentido que el trato no es igual al de la parte contraria, es necesario referir que dicha causal se traduce en esa confianza personal que ata o une a dos personas por un sentimiento de amor a amistad que sobrepasa las barreras normales, en donde por razón de tal sentimiento, se privilegia todo lo que tenga que con su pareja u amigo, o que exista un sentimiento contrario hacia una persona mismo que debe ser patente, exteriorizado ante la sociedad, de manera que no quede duda en cuanto a ese sentimiento de enemistad. Y ello no debe confundirse con la inconformidad que tenga el abogado respecto a que el Juez no resuelva favorable, lo cual no supone enemistad ni amistad porque la inconformidad que la actividad del juzgador pudiera generar en la parte recusante, surge del obligatorio cumplimento de las funciones del Juez. En el presente caso no se ha probado que exista un sentimiento de amistad o enemistad de la jueza NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA hacia la acusada, familia o representantes legales, los Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, MILAGROS SUYAPA VALIENTE, ISAÍS GÓMES MATAMOROS Y JUAN JOSE OVIEDO, ya que solo son simples enunciados que se han hecho en un escrito de recusación, pero recordemos que en derecho se deben probar los hechos u objeto del debate.”- CONSIDERANDO (7): Esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en relación a la violación del Debido Proceso en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, haciendo énfasis en que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes; en ese orden de ideas, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (8): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con la vulneración a los derechos de debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la Republica.-CONSIDERANDO (9): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-Quem al denegar la Recusación interpuesta por los abogados Cesar Ernesto Baquedano, Milagro Suyapa Valiente, Isaías Gómez Matamoros y Juan José Oviedo, en su condición de apoderados legales y defensores privados de la señora Roxana Yasmin Rodríguez, no se ha vulnerado en perjuicio de la encausada los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ello porque el Ad-Quem ha declarado SIN LUGAR la recusación planteada, dado respuesta a cada una de las causas de recusación invocadas por el recurrente y que se encuentran establecidas en el artículo 83 numerales 2, 10 y 11 del Código Procesal Penal, concluyendo esta Sala de lo Constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada, pues no basta con enunciar las causales de recusación o la simple enunciación de normativa legal, sino que las causales invocadas deben de ser probadas tal como lo establece el artículo 86 del mismo cuerpo legal, que reza: “La recusación se presentará acompañada de las pruebas que la justifican, si son anteriores al pleito o las conoce el recusante. Si son posteriores o anteriores y no ha tenido conocimiento de ellas el recusante, se presentarán dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que llegaron a su conocimiento. No justificándose este extremo, será desestimada la recusación.” En ese sentido la Corte de Apelaciones, en la Sentencia que se conoce mediante el presente recurso de amparo, ha dejado establecido el porqué de la declaratoria sin lugar de la recusación planteada, todo ello en base al principio de legalidad y debido proceso.-CONSIDERANDO (10): En el caso sub judice, se ha constado que fueron escuchados los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por unanimidad de votos por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, no vulnera los derechos constitucionales de debido proceso y legalidad, por lo que el amparo interpuesto por los abogados Cesar Ernesto Baquedano y Milagro Suyapa Valiente Herrera, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 83 y 86 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados CESAR ERNESTO BAQUEDANO y MILAGRO SUYAPA VALIENTE HERRERA, a favor de la señora ROXANA YASMIN RODRIGUEZ ORTIZ, contra la resolución de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil veinte (2020), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0861-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.