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Sentencia AP-844-21 — Registro 15923

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de Actos de Lujuria Agravados. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la foliada se observa que el recurrente en la presente acción de amparo está alegando vulneración al debido proceso, al señalar que el Juez de Primera Instancia inobservo el deber de motivación, al haber otorgado sobreseimiento definitivo en audiencia inicial sin la valoración de la prueba de cargo y tampoco por no haber establecido de manera precisa las circunstancias que lo llevaron a tomar esa determinación.- Al respecto se constata que el A-Quo motivo su resolución, ya que está acreditada la valoración realizada a la prueba propuesta llegando a la determinación de Sobreseer de manera Definitiva la presente causa, al considerar que el imputado señor Jerson Adán Zelaya López no participo en la comisión del delito de Actos de Lujuria Agravado, en perjuicio de C. E. L. G., siendo amplio en establecer que la única prueba que lo involucra con el ilícito, es la declaración rendido en sede administrativa por la madre de la ofendida, pero esta no fue valorada en vista que no se realizó ante el Juez competente, careciendo por ese efecto de principios como la mediación y contradicción, fundamentando ese criterio en lo preceptuado en la Constitución de la República en su artículo 88 al señalar que “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente”, excluyendo las declaraciones en sede administrativa, como la señalada en el presente caso; en ese sentido esta sala es del criterio que no se ha vulnerado el debido proceso, al haberse cumplido con lo preceptuado en el procedimiento penal, respetando cada una de las etapas establecidas, y que después de realizar la motivación pertinente, llevo al Juez de Primera Instancia a decretar sobreseimiento definitivo, por tal razón se debe desestimar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra Jerson Adán Zelaya López por suponerlo responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de C. E. L. G.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Miriam Yessenia Barahona Ordoñez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Jerson Adán Zelaya López, por suponerlo responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio del señor C. E. L. G.. (Folios 1-2 del antecedente) 2) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, celebró audiencia inicial, en la cual resolvió: “…I: Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de JERSON ADAN ZELAYA LOPEZ por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de C. E. L. G.. SIN LUGAR lo peticionado por el Ministerio Público en cuanto a decretar un Sobreseimiento Provisional por las razones antes expuestas. II: Líbrese Oficio a la Policía Nacional Preventiva de esta ciudad a fin de que se deje en inmediata libertad a dicho imputado y que se deje sin valor ni efecto la orden de captura de fecha tres de julio del año dos mil veinte. III: Autorícese copia del expediente de mérito a costas del solicitante. Todo lo anterior con fundamento en los Artículos: 294, 296 del Código Procesal Penal y demás aplicables. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES, QUIENES SE MANIFIESTAN: ENTENDIDAS.” (Folios 26-32 de la pieza del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Kenia Rivera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, en fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, falló: “…PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado EL Ministerio Publico, contra el AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a favor del acusado JERSON ADAN ZELAYA LOPEZ; que por el delito de ACTOS DE LUJURIA, en perjuicio del menor C. E. L. G.; ha dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.- EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.- Y MANDA: Que una vez notificadas las partes que se encuentren personadas ante este Tribunal, y firme que sea la presente resolución, se remitan las diligencias al Juzgado de su procedencia para los efectos legales supra indicados.- NOTIFÍQUESE …” (Folios 8-16 de la pieza del Ad-quem) 4) Que la recurrente, Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra Jerson Adán Zelaya López por suponerlo responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de C. E. L. G.. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que el A-Quo en la sentencia que se recurre en amparo señala que la prueba aportada por la acusación no asienta el indicio de la comisión delictiva, en razón de ello decreta un Sobreseimiento Definitivo, inobservando el deber de motivación reconocido en nuestra Constitución e Instrumentos Internacionales y desarrollados en el artículo 141 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 202 del mismo cuerpo legal, refiriendo que no se aprecia que el Ad-Quem apoyo su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, así como tampoco explica que circunstancias fueron tomadas en consideración para no atribuirles valor probatorio a la prueba de cargo aportada por el ente acusador, constituyendo una inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que requiere el debido proceso; señalando a su vez, que en la motivación de la resolución impugnada no existió concordancia entre el acervo probatorio aportado y la conclusión final a la que llego el tribunal, sin pronunciarse sobre la probanza que se presentó y evacuó en el presente proceso y que acreditaban los elementos para tipificar el delito de ACTOS DE LUJURIA, establecido en el artículo 141 del Código Penal, por tal razón refiere que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones recurrida vulnera la tutela judicial efectiva garantizada Constitucionalmente y por ende ha vulnerado la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la foliada se observa que el recurrente en la presente acción de amparo está alegando vulneración al debido proceso, al señalar que el Juez de Primera Instancia inobservo el deber de motivación, al haber otorgado sobreseimiento definitivo en audiencia inicial sin la valoración de la prueba de cargo y tampoco por no haber establecido de manera precisa las circunstancias que lo llevaron a tomar esa determinación.- Al respecto se constata que el A-Quo motivo su resolución, ya que está acreditada la valoración realizada a la prueba propuesta llegando a la determinación de Sobreseer de manera Definitiva la presente causa, al considerar que el imputado señor Jerson Adán Zelaya López no participo en la comisión del delito de Actos de Lujuria Agravado, en perjuicio de C. E. L. G., siendo amplio en establecer que la única prueba que lo involucra con el ilícito, es la declaración rendido en sede administrativa por la madre de la ofendida, pero esta no fue valorada en vista que no se realizó ante el Juez competente, careciendo por ese efecto de principios como la mediación y contradicción, fundamentando ese criterio en lo preceptuado en la Constitución de la República en su artículo 88 al señalar que “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez Competente”, excluyendo las declaraciones en sede administrativa, como la señalada en el presente caso; en ese sentido esta sala es del criterio que no se ha vulnerado el debido proceso, al haberse cumplido con lo preceptuado en el procedimiento penal, respetando cada una de las etapas establecidas, y que después de realizar la motivación pertinente, llevo al Juez de Primera Instancia a decretar sobreseimiento definitivo, por tal razón se debe desestimar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 88, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 294, 295 y 296 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-844-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL