Sentencia AP-838-21 — Registro 15219
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución con relación a la causa instruida por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CC-555.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que contrario a lo que señala el recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde deberá decidirse sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que presenta el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICIACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil veintidós.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO MUNGUÍA MARTÍNEZ a favor del señor JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ZELAYA contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON JURISDICCIÓN NACIONAL, en fecha ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021), que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ZELAYA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CC-555.-CONSIDERANDO: Que se alega por parte del quejoso la existencia de violaciones al estado de inocencia, el derecho a la libertad personal, presunción de inocencia y debido proceso, derechos reconocidos en los Artículos 69, 84 , 90 Y 321 de la Constitución de la República, violaciones que se alega fueron cometidas por parte de la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON JURISDICCIÓN NACIONAL, en fecha ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual la Alzada deniega la revocación de la solicitud de cambio de medidas cautelar diferentes a la de prisión preventiva y confirma la resolución emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN.-CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y de la resolución de la Alzada, se advierte que la Alzada concluyó que en la audiencia de revisión de medidas el A-quo señaló correctamente la medida cautelar a imponer, en atención a la naturaleza del delito, que no puede ser otra que la prisión preventiva, en virtud de no existir circunstancias modificadoras de los presupuestos para la adopción de dicha medida cautelar.-CONSIDERANDO: Que la imposición de medidas cautelares en principio es una decisión de los jueces y tribunales, quienes las señalan con base en las particularidades del caso en relación a la finalidad expuesta en el artículo 172 del Código Procesal Penal,[1] siendo en consecuencia un juicio propio de instancia y por tanto no susceptible de amparo, a menos que la decisión ponga en precario los derechos que la Constitución impone, como producto de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador.-CONSIDERANDO: Que según lo dispone el artículo 172 “Medidas cautelares personales: presupuestos y finalidad; del Código procesal Penal, establece: “las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que pueda adoptarse una medida cautelar limitativa de la libertad personal, será siempre preciso: 1) Que existan suficientes indicios para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito; 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y,3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba”. Asimismo, el Código Procesal Penal en su artículo 202 dispone lo siguiente: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Esto es aplicable, no solo, a los hechos imputados; sino también a las circunstancias para la imposición de medidas cautelares.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, observándose que la resolución de mérito contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso, y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que sin perjuicio de lo expuesto, la interposición de la demanda de amparo denota que el recurrente formula alegaciones propias de instancia, que por razón de su naturaleza, deberán ser decididas durante la secuela del juicio, en el que las partes tienen plena libertad para la defensa de sus derechos.-CONSIDERANDO: Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala, que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma la imposición de medidas cautelares en principio es una decisión de los jueces y tribunales, puesto que éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente a la alegada comisión de conductas denunciadas como delitos, en el cual, dichas estimaciones han sido determinadas por parte del órgano jurisdiccional a quien por mandato expreso de la ley compete el conocimiento y decisión de las mismas. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que la decisión tomada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON JURISDICCIÓN NACIONAL, pueda considerarse lesiva a la garantía del debido proceso, al derecho de libertad y estado de inocencia de la imputada, en virtud de que es producto de un ejercicio de valoración de la prueba aportada, sobre lo cual la Corte concluye que en efecto existe la plena prueba de que se ha cometido un delito y los indicios necesarios para determinar la participación de la imputada, por lo que esta Sala aprecia que la sentencia venida en amparo, contiene en su motivación una valoración jurídica adecuada.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que contrario a lo que señala el recurrente, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde deberá decidirse sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que presenta el recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 172 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) , y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO MUNGUÍA MARTÍNEZ a favor del señor JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ZELAYA contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON JURISDICCIÓN NACIONAL, en fecha ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021), en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la persona que se ha señalado como agraviada en el presente trámite; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha seis (6) de junio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0838-2021 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.