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Sentencia AP-82-21 — Registro 14549

Resumen

Resolución que declara SIN LUGAR excepción de incompetencia del Tribunal por razón de la materia con relación a la causa instruida contra impetrante, por suponerlo responsable del delito de Estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, a la luz del bloque de convencionalidad, y, en interpretación pertinente del derecho positivo. Cabe mencionar que tal derecho garantía no se observa violentado por la denegatoria de la excepción por incompetencia del Tribunal presentada a favor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, por la defensa técnica; la cual ha sido acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, bien motivada y fundada en observancia a los cánones del derecho constitucional, en cuanto establece la apariencia de buen derecho a la procedibilidad de la causa penal impetrada, pudiendo la parte querellada ejercer su derecho a la defensa material en el curso del proceso; no resultando de recibo que la atipicidad penal, comparativamente ofrecida y razonada por el Letrado garantista, ofrezca elementos relevantes de juicio como para determinar la incompetencia de la jurisdicción penal que conoce de la causa, por el delito de resultado incoado, objeto de la presente querella. CONSIDERANDO (8): Que, por todo lo anteriormente expuesto y motivado, vistos los antecedentes del caso, resulta que la jurisdicción ordinaria ha fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso invocado por el garantista; el cual no se infringe necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción constitucional de Amparo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero del dos mil veintidós.VISTO: Visto para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, a favor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SANCHEZ, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle; con relación a la causa instruida contra el señor JORGE RAMÓN ZAPATA SANCHEZ, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRANO y LESLY SUYAPA MOTIÑO SORIANO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, los señores JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRANO y LESLY SUYAPA MOTIÑO SORIANO interponiendo Querella, por hechos constitutivos del delito de ESTAFA, contra el señor JORGE RAMÓN ZAPATA SANCHEZ, en su condición de Gerente General y Representante de la Sociedad Mercantil denominada GRUPO BRATEC S. DE R.L. (Folios 1-5 de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, compareció ante el citado Tribunal, el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, actuando en su condición de Defensor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SANCHEZ, interponiendo Excepción de Incompetencia de Tribunal por Razón de Materia, en virtud que la referida Querella debió dirimirse por la vía civil. (Folios 59-62 de la primera pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, RESOLVIÒ: (Sic) “Declarar sin lugar la excepción presentada por incompetencia del Tribunal en virtud de los siguientes extremos según los medios de prueba evacuados se pudo comprobar que si bien es cierto que el señor Jorge Ramón Zapata Sánchez, gerente del grupo Bratec, de la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, según testimonio 328 y 396, otorgada al señor Jorge Ramón Zapata Sánchez, en su condición de miembro de la sociedad denominada grupo Bratec S. de R.L. DE C.V., ; con el medio de prueba que fue evacuada por el Tribunal de la solicitud de información donde se le dio al señor José Ernesto Núñez y la señora Lesly Suyapa Motiño, la información donde se establecen las clausulas específicamente en los numerales: 1. “El cliente acepta las condiciones pactadas de crédito hasta pactar la prima del terreno y la firma del documento de promesa de venta, entre Bratec y el cliente será hasta que sea cancelada la prima completa.- 2. Bratec gestionará la documentación de SERNA y otras instituciones.- 3. Los gastos de escritura y otros serán responsabilidad del cliente cuando sea cancelada la totalidad del terreno o vivienda adquirida.- 4. El cliente acepta las condiciones en desarrollo de obras, entrega de documentación y otro, del proyecto palmeras residencial. 5. El proyecto palmeras otorga al cliente sesenta (60) días para la cancelación de la prima, en caso contrario podrá resolver unilateralmente la reserva y poder optar en venderlo a otro cliente o hacer cobro e intereses sobre saldo pendiente de pago al momento o cobro por costos de oportunidad de venta.” Este documento es el mismo documento que fue presentado a la señora Lesly Suyapa Motiño, en el cual queda debidamente establecido que cancelando dicho terreno la sociedad y el gerente de la misma Jorge Ramón Zapata, iban a extender la respectiva escritura pública, y queda confirmado con el recibo de pago de doscientos treinta y cinco mil lempiras (L235,000.00), donde el señor Jose Ernesto Núñez, y Lesly Suyapa Motiño, por concepto de cancelación por compra de un terreno en el proyecto residencial palmeras, el veinticuatro (24) de octubre del dos mil doce (2012) lote 9 bloque H, en tal sentido el representante legal de dicha sociedad en todo caso tenía la obligación de entregar la respectiva escritura pública, y que el terreno tuviera gravámenes, no es responsabilidad de los compradores si no de la empresa que dio en venta dicho terreno con las especificaciones que ellos otorgan, en tal sentido si estas personas no hubieran pagado a los sesenta (60) días la prima, dicha sociedad hubiera quitado el terreno por no haber cumplido la última clausula, de igual forma si ellos pagaron inmediatamente la empresa debió otorgar la escritura pública y dado que han pasado más de seis años y la escritura pública no ha sido otorgada…” (Folio 157 al 159 de la primera pieza de antecedentes) 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha seis de marzo de dos mil veinte, FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, en su condición de defensor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, contra el Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia de Choluteca, contra la resolución emitida en la audiencia de excepción en fecha treinta (30) de (sic) octubre del año dos mil dieciocho (2018).- Por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de JOSE ERNESTO NÚÑEZ SERRATO y LESLY SUYAPA MOTIÑO SORIANO. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución recurrida…”. (Folios 8 al 15 de la segunda pieza de Antecedentes) 5) Que el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, contra la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, de la que se ha hecho relación, por considerar que la misma es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada dicha acción, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno. (Folio 36 del recurso) 6) Que en fecha once de agosto de dos mil veintiuno se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el Dictamen a través de su Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, siendo de la opinión que “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir las vulneraciones a los artículos constitucionales denunciados por el amparista…”; lo cual tuvo basamento en la congruencia de los hechos con la esfera competencial de conocimiento de la jurisdicción penal, ya que de los medios de prueba evacuados se constata en la solicitud de información (contrato) brindada a los señores JOSÉ ERNESTO NUÑEZ SERRATO y LESLY SUYAPA MOTIÑO SORIANO, que al momento de cancelar en su totalidad el inmueble, y efectuados los avances de los trámites respectivos; se procedería, por BRATEC, a extender la escritura final del inmueble, lo cual no tuvo efectivo cumplimiento por parte de esta persona jurídica. Asimismo, consta el recibo de caja de fecha 24 de octubre de 2012, extendido a los ofendidos por el Proyecto Residencial Palmeras, por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L 235, 000.00) por concepto de cancelación total de la compra de un terreno lote 9, bloque h; transcurriendo años, hasta esa fecha, sin que se cumpliera por el representante legal de la empresa en referencia, sin que cumpliera lo pactado; a lo que se aúna que tal lote de terreno se encontraba hipotecado, aspecto plenamente conocido por el señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, que incidiría en el incumplimiento de lo pactado, mismo que no fue informado oportunamente a los compradores arriba referidos; lo cual sería constitutivo de delito. (Folio 47 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), por la cual, procede a declarar sin lugar la excepción de incompetencia formulada, por razón de la materia, por la parte querellada, a la luz de las pruebas evacuadas en la audiencia respectiva; habiéndose demostrado que el Tribunal de Sentencia tiene la competencia para seguir conociendo, no siendo asunto controvertido que el derecho real objeto del proceso se encuentra hipotecado por la Empresa BATREC S. DE R.L. DE C.V., representada por el señor JORGE RAMÓN ZAPATA, quien es el imputado en la presente causa; lo cual le impidió cumplir a los querellantes con su obligación de otorgar escritura pública del lote de terreno número 9, bloque H, ubicado en la residencial Palmera de esa ciudad, el cual es parte del inmueble hipotecado. Lo anterior, no obstante, que consta que dicho inmueble fue cancelado, en su totalidad, por los señores JOSÉ ERNESTO NUÑEZ SERRATO y LESLY SUYAPA MOTIÑO SORIANO, en fecha 24 de octubre de 2012; habiendo transcurrido casi seis años hasta la fecha de la referida Audiencia, sin que el querellado hubiere otorgado la respectiva Escritura Pública; todo lo cual lleva a concluir en la concurrencia de una acción típica que debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado LUIS ENRIQUE ESCAÑO GALO, en su condición expresada, quien ha manifestado que dicha resolución judicial contraviene y disminuye el derecho fundamental a la inviolabilidad de la defensa y al debido proceso, salvaguardados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Refiere el solicitante de amparo, que percibe tal infracción por haberse violentado por parte de la jurisdicción tal dispositivo jurídico, al denegarse la excepción por incompetencia del Tribunal presentada por la defensa técnica a favor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, en la causa penal que se sigue en su contra por suponérsele responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de los señores JOSÉ ERNESTO NUÑEZ SERRATO y LESLY SUYAPA MOTIÑO SORIANO; pese a acompañar, como sustento legal, documentos privados con un valor probatorio indubitado suficiente para dirimir la acción penal a la vía civil; los cuales enuncia en respectivo acápite. CONSIDERANDO (5): Que sigue manifestando el amparista, que tal actuación judicial representa violación a la garantía constitucional del debido proceso y al derecho de defensa, ya que ha referido la Corte Ad Quem que no se ha otorgado escritura, lo cual se contradice con el texto legal correspondiente al artículo 240 (Sic.), el cual no establece como estafa esa conducta de no entregar escritura pública, lo cual sería equivalente a crear nuevos delitos, en violencia a los artículos 92 y 98 de la Constitución de la Republica, con relación a lo establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal y varios autos acordados de la honorable Corte Suprema de Justicia en el sentido que deben dirimirse las acciones penales que provengan de relaciones civiles y mercantiles, tal el caso que nos ocupa, por ser el incumplimiento de una obligación del otorgamiento de una escritura libre de gravamen. Asimismo, contrasta el garantista con similar argumento, lo establecido en el artículo 365 del nuevo Código Penal, de todo lo cual colige la atipicidad penal de tal conducta asumida; rechazando que la disposición patrimonial de los clientes de Residencial Palmeras obedezca a engaño suficiente que haya hecho incurrir en error o desconocimiento a sus contrapartes; pues asevera que todos los clientes tenían conocimiento de que los lotes se encontraban gravados, y que fue, precisamente, el incumplimiento del pago de otros clientes, que no pagaron puntualmente sus mensualidades que no se cubrió con la cuota mensual señalada por el Banco Atlántida. Finalmente, manifiesta el amparista, que tal deuda bancaria ha sido ya honrada, de manera que la obligación civil pendiente es únicamente entregar el acta. Señala que es hasta ahora que se acompaña tal documento,[1] donde se hace constar que la Sociedad GRUPO BRATEC, no mantiene obligaciones pendientes con el Banco; soporte documental que no existía al momento de presentar el amparo, pero sí al formalizarlo. Por lo cual solicita el otorgamiento de la presente acción de amparo a favor de su representado, en el sentido que la resolución proferida por la Corte de Apelaciones, no obliga ni es aplicable por ser violatoria de los derechos y garantías constitucionales invocadas; debiendo dictar nueva resolución donde se respeten las mismas, conforme a derecho, tomando en consideración el Auto Acordado emitido mediante Oficio No. 909-SCSJ-91 Circular No. 05 que hace explícita referencia a que ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta; dirimiendo a la vía civil el presente caso. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso, garantizando los derechos de defensa y de estado de inocencia de las personas justiciables, en el marco del principio de legalidad, a la luz del bloque de convencionalidad, y, en interpretación pertinente del derecho positivo. Cabe mencionar que tal derecho garantía no se observa violentado por la denegatoria de la excepción por incompetencia del Tribunal presentada a favor del señor JORGE RAMÓN ZAPATA SÁNCHEZ, por la defensa técnica; la cual ha sido acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, bien motivada y fundada en observancia a los cánones del derecho constitucional, en cuanto establece la apariencia de buen derecho a la procedibilidad de la causa penal impetrada, pudiendo la parte querellada ejercer su derecho a la defensa material en el curso del proceso; no resultando de recibo que la atipicidad penal, comparativamente ofrecida y razonada por el Letrado garantista, ofrezca elementos relevantes de juicio como para determinar la incompetencia de la jurisdicción penal que conoce de la causa, por el delito de resultado incoado, objeto de la presente querella. CONSIDERANDO (8): Que, por todo lo anteriormente expuesto y motivado, vistos los antecedentes del caso, resulta que la jurisdicción ordinaria ha fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso invocado por el garantista; el cual no se infringe necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República. Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción constitucional de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 68, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal número SCO-0082-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Se refiere a Constancia emitida en fecha 30 de abril (Sic.) extendida por la Vicepresidenta de Socios Corporativos Banca de Empresas Choluteca, del Banco Atlántida S.A.