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Sentencia AP-818-22 — Registro 15684

Resumen

Acto recurrido que resuelve apelación contra la del a-quo, con relación al proceso por los delitos de Maltrato Familiar y Desobediencia, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad  corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional, advierte que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes..." ..." Que esta Sala no aprecia que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..." ..." Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de agosto del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELVA MARCELA DÍAZ MARTINEZ, a favor de ANDRÉS RIGOBERTO HERRERA DÍAZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra de ANDRÉS RIGOBERTO HERRERA DÍAZ, por suponerlo responsable de los delitos de MALTRATO FAMILIAR y DESOBEDIENCIA, en perjuicio de ROCIO ESMERALDA RAMOS BARAHONA y ORDEN PÚBLICO respectivamente. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se aprecia que la recurrente indica que la resolución del Ad-quem no contaba con soporte probatorio suficiente para revocar la decisión del A-quo, estimando además la impetrante que el acto reclamado es incongruente al no plasmar con claridad los hechos o fundamentos de derecho y de las pruebas tenidas en cuenta para dictar el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se observa que la peticionaria estima que el acto reclamado vulnera el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, estableciendo con cuales de los medios de prueba evacuados, logró determinar la concurrencia de cada uno de los elementos de la tipificación legal de los tipos penales por los que se acusa al imputado, refiriendo además sobre los indicios racionales de que el acusado ha tenido participación en los mismos, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada. CONSIDERANDO: Que por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el Juzgador considerará primero, la evidencia probatoria de la existencia de un delito; y segundo, los indicios racionales de que el imputado es su autor o cómplice, conforme lo dispone el artículo 92 constitucional. En ese orden de ideas, en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, así como la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, advierte que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no aprecia que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá sobre las cuestiones y argumentaciones de instancia que menciona la recurrente, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que han sido debidamente motivados, respetando en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 297 Numeral 1) párrafo segundo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada ELVA MARCELA DÍAZ MARTINEZ, a favor de ANDRÉS RIGOBERTO HERRERA DÍAZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintidós, por existir ya un pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que expone el recurrente en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-818-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL