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Sentencia AP-817-20 — Registro 15876

Resumen

Resolución que revoca sobreseimiento definitivo y ordena auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra imputado por los delitos de Robo Agravado Y Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior Del Estado De Honduras Y La Industria Papelera Hondureña S.A

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(9): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; asimismo el último párrafo del artículo citado, establece que: En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Edwin Adolfo Dubón Flores, decisión que por unanimidad de votos ha sido revocada por el Tribunal de Segunda Instancia, argumentando éste órgano jurisdiccional que al revisar la audiencia inicial se ha acreditado la comisión de los hechos ilícitos tipificados como Robo y Asociación Ilícita y que en la prueba pericial y testifical se acredita que efectivamente se establecen indicios racionales de participación en relación con el imputado Edwin Adolfo Dubón Flores, por lo cual procede a revocar el sobreseimiento definitivo dictado al imputado. CONSIDERANDO (10): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[6], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[7]. CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Edwin Adolfo Dubón Flores, que fuera dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y legalidad invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JENNIFER LIZZETH BONILLA BONILLA, a favor del señor EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de marzo de dos mil veinte, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores MARÍA ANTONIO MONDRAGÓN, DENIS OMAR DUBÓN FLORES, ANACLETO AGUILERA MARTÍNEZ, EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES, ELVIN ARIEL GARCÍA, JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, OSCAR ALEXI PONCE MIDENCE y REYNALDO BARAHONA FLORES, a quienes se les supone responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y la INDUSTRIA PAPELERA HONDUREÑA S.A. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la Abogada RAMONA DOLORES VALDERRAMOS, en su condición de Agente Fiscal, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores MARÍA ANTONIO MONDRAGÓN Y SANTOS MARTIN CARDOZA, a quienes se les supone responsables de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO, ROBO AGRAVADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de GERMAN GUSTAVO RODRÍGUEZ, INDUSTRIA PAPELERA HONDUREÑA, S.A. Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-3 tomo I del antecedente) 2) En fecha seis de agosto del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, resolvió: “Primero: Declarar CON LUGAR lo solicitado por la Abogada RAMONA DOLORES VALDERRAMOS en su condición de representante del Ministerio Público, en cuanto a que se decrete Auto de Formal Procesamiento, pero únicamente contra los imputados DENIS OMAR DUBÓN FLORES y ANACLETO AGUILERA MARTINEZ por los delitos de ROBO AGRAVADO y ASOCIACIÓN ILICITA. Segundo: Declarar SIN LUGAR lo solicitado por la Abogada ZOILA EMPERATRIZ VELASQUEZ OSORIO en su condición de Apoderada Defensora Pública en cuanto que se dicte a favor de su defendido ANACLETO AGUILERA MARTINEZ un Sobreseimiento Provisional. Tercero: Declarar SIN LUGAR lo solicitado por la Abogada JENIFER LIZETH BONILLA BONILLA, en cuanto a que favor de su defendido DENIS OMAR DUBÓN FLORES, se dicte un Sobreseimiento Definitivo. Cuarto: Decretar Auto de Formal Procesamiento contra los señores DENIS OMAR DUBÓN FLORES y ANACLETO AGUILERA MARTINEZ de generales conocidas en la causa que se le ha instruido por los delitos de ROBO AGRAVADO ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de INDUSTRIAS PAPELERA HONDUREÑA, S.A. y de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. HECHO: Ocurrido el día veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Aldea Las Marías, jurisdicción del municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán. Quinto: Imponer a los señores DENIS OMAR DUBÓN FLORES y ANACLETO AGUILERA MARTINEZ, la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA por el término de DOS (2) AÑOS. Sexto: Declarar CON LUGAR lo solicitado por los Apoderados Defensores en cuanto a que favor de sus defendidos los señores OSCAR ALEXIS PONCE MIDENCE, EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES y JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, se dicte un Sobreseimiento Definitivo. Séptimo: Dictar Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores OSCAR ALEXIS PONCE MIDENCE, EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES y JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, por los delitos de ROBO AGRAVADO, ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de INDUSTRIAS PAPELERA HONDUREÑA, S.A. y de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.” (Folios 418-427 vuelto del tomo I del antecedente) 3) Conociendo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, a través de su Agente Fiscal, la Abogada RAMONA DOLORES VALDERRAMOS, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce de marzo del año dos mil veinte, resolvió: “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público.- 2) Revoca el sobreseimiento definitivo dictado a EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES.- 3) Que se dicte auto de formal procesamiento contra EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES, por los delitos de ROBO AGRAVADO y ASOCIACIÓN ILICITA.- 4) Reformar el sobreseimiento definitivo a sobreseimiento provisional dictado a favor de los señores JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, OSCAR ALEXI PONCE MIDENCE, por los delitos de ROBO AGRAVADO y ASOCIACIÓN ILICITA.” (Folios 609-619 vuelto del tomo II del antecedente) 4) Que la recurrente, Abogada JENNIFER LIZZETH BONILLA BONILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor del señor EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de cuarenta y ocho horas para formalizar el recurso de mérito, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada en fecha doce de marzo del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el proceso incoado en contra de los señores MARÍA ANTONIO MONDRAGÓN, DENIS OMAR DUBÓN FLORES, ANACLETO AGUILERA MARTÍNEZ, EDWIN ADOLFO DUBÓN FLORES, ELVIN ARIEL GARCÍA, JAIRO BLADIMIR FLORES RUIZ, OSCAR ALEXI PONCE MIDENCE y REYNALDO BARAHONA FLORES, a quienes se les supone responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y la INDUSTRIA PAPELERA HONDUREÑA S.A., resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y reforma la resolución dictada por el A-quo, en el sentido de revocar el sobreseimiento definitivo dictado a EDWIN ADOLFO DUBON FLORES, ordenando que se dicte auto de formal procesamiento en su contra por los delitos de Robo Agravado y Asociación Ilícita y por ultimo reforma el sobreseimiento definitivo a sobreseimiento provisional dictado a favor de los señores Jairo Bladimir Flores Ruiz, Oscar Alexi Ponce Midence por los delitos de Robo Agravado y Asociación Ilícita. CONSIDERANDO (3): Que a juicio de la recurrente el acto recurrido vulnera derechos constitucionales, como el debido proceso y principio de legalidad; argumenta vulneración al debido proceso por la aplicación indebida del artículo 297 del Código Procesal Penal, y la consecuente vulneración de los artículos 1 y 321 de la Constitución de la Republica, al instruirse el dictado de un Auto de Formal Procesamiento en contra del señor Edwin Adolfo Dubón Flores por el delito de asociación ilícita y Robo agravado, a pesar de que la norma establece que deben concurrir indicios racionales de las circunstancias imputadas, pues el Ministerio Publico no pudo acreditar ni el mínimo indicio racional probatorio. Argumenta que la vulneración al debido proceso también se presenta en la falta de aplicación del artículo 296 del Código Procesal Penal, siendo que lo que concurre en el presente asunto son los elementos de la aludida norma. Arguye que la errónea interpretación que la jurisdicción realiza a los preceptos legales que regulan la formación de la decisión procesal le da forma a una vulneración de magnitud constitucional, ya que se desprecia la vigencia del principio de legalidad, al atribuirle a la norma aplicable un efecto distinto del que resulta de sus propios términos. CONSIDERANDO (4): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por la abogada JENNIFER LIZZETH BONILLA BONILLA, al considerar que el Tribunal Ad-Quem ha vulnerado derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República; relacionándolas con lo dispuesto en los Artículos 296 y 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, vulnera garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de la recurrente el derecho al Debido Proceso preceptuado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; así el artículo 321 constitucional, reza: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente expone en sus argumentos que la Corte de Apelaciones realiza una aplicación indebida e interpretación errónea del contenido del artículo 297 del Código Procesal Penal e inaplica el artículo 296 del mismo cuerpo legal, al instruirse el dictado de un Auto de Formal Procesamiento en contra del señor Edwin Adolfo Dubón Flores por el delito de asociación ilícita y Robo agravado, a pesar de que el artículo 297 establece que deben concurrir indicios racionales de las circunstancias imputadas y que el Ministerio Publico no pudo acreditar el mínimo indicio racional probatorio. Argumenta que en el presente caso concurren los elementos del artículo 296 del Código Procesal Penal; en ese orden de ideas es menester señalar que el recurrente hace alusión a cuestiones de mera legalidad, cuya competencia es exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, cuando expresa que el Tribunal de Alzada ha aplicado indebidamente el contenido del artículo 297 del Código Procesal Civil, pues el ad-quo en audiencia inicial valoró de forma conjunta y armónica las pruebas ofertadas y admitidas, llego a la convicción de declarar un sobreseimiento definitivo a favor de su representado por no encontrar ni el mínimo indicio racional para fallar de diferente manera. CONSIDERANDO (8): Que la disposición constitucional contenida en el Artículo 92 de la Constitución de la República, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento sólo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (9): Que según lo preceptuado en el Artículo 294 del Código Procesal Penal, en la Audiencia Inicial el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore, dictando bien sea un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o decretando el auto de formal procesamiento o declaratoria de reo; asimismo el último párrafo del artículo citado, establece que: En esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. En el presente caso, el A-quo después de evacuada la prueba propuesta en Audiencia Inicial ha procedido a dictar Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado Edwin Adolfo Dubón Flores, decisión que por unanimidad de votos ha sido revocada por el Tribunal de Segunda Instancia, argumentando éste órgano jurisdiccional que al revisar la audiencia inicial se ha acreditado la comisión de los hechos ilícitos tipificados como Robo y Asociación Ilícita y que en la prueba pericial y testifical se acredita que efectivamente se establecen indicios racionales de participación en relación con el imputado Edwin Adolfo Dubón Flores, por lo cual procede a revocar el sobreseimiento definitivo dictado al imputado. CONSIDERANDO (10): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[6], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[7]. CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Edwin Adolfo Dubón Flores, que fuera dictada por el A-quo, no ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso y legalidad invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que se han respetado las formalidades, derechos y garantías que lleva implícito el derecho al debido proceso, ello porque el recurrente ha tenido acceso a los órganos jurisdiccionales, a proponer y evacuar prueba, a ser oído en sus alegaciones, a recurrir el fallo, el dictado de una resolución debidamente motivada, al establecer el Ad-quem los hechos y fundamentos de derecho que le llevaron a obtener la convicción y por ello ha procedido a emitir la resolución que es recurrida en Amparo. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. la Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento provisional o definitivo, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; ello luego de evacuada la prueba propuesta en audiencia inicial, debiendo garantizar los principios y derechos rectores en el proceso penal a saber: defensa, inocencia, contradicción, inmediación, igualdad de armas procesales, entre otros, a menos, claro está, que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido, reiterando este Alto Tribunal que el obtener respuestas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141, 198, y 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JENNIFER LIZZETH BONILLA BONILLA, a favor del imputado EDWIN ADOLFO DUBON FLORES, contra la resolución de fecha DOCE (12) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-817-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[5] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[7] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.