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Sentencia AP-781-21 — Registro 14815

Resumen

se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por que declaró con lugar el recurso de apelación con relación al antejuicio por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la economía, la fe y la administración pública del estado de Honduras.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la Lectura del Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, se desprende que ella alega que le causa agravio y lo traduce como una vulneración de derechos constitucionales, el contenido del Decreto Legislativo 116-2019, publicado en el diario Oficial la Gaceta número 35,076, este decreto contiene la Ley para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.- La recurrente hace una relación sucinta del contexto de dicho decreto y menciona básicamente el contenido que supuestamente le causa agravio, siendo este el hecho que lo referido en esa Ley, al señalar que durante se encuentre vigente la presente auditoria, es decir la auditoria e investigación especial que debe de realizar el Tribunal Superior de Cuentas y hasta que dicho Tribunal no emita la resolución definitiva, quede en suspenso cualquier tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre fondos que están siendo auditados, es decir según la recurrente esta disposición citada por la Sala de lo Penal es lo que le causa agravio.- A Partir de este momento la recurrente empieza nuevamente hacer referencia al contenido del Decreto Legislativo 116-2019, pero sin vincular en su recurso en que consiste la violación a un derecho constitucional de forma específica, es decir la recurrente centra su alegato básicamente en el contenido de una ley secundaria y no propiamente en la vulneración de un derecho constitucional; Así las cosas la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1, señala que es inadmisible la acción de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, es decir cuando el recurrente en un amparo alegue la violación o centre su alegato de vulneración en una ley secundaria y no propiamente en derechos constitucionales agraviados, circunstancia que en la norma citada anteriormente le da el carácter de inadmisible, siendo el criterio de esta Sala,  que se sobresea la acción de amparo interpuesta por la recurrente  por alegarse cuestiones de mera legalidad que no son parte de su control Constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (09): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su articulo 46 prescribe: “De la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el Recurso de Amparo. 1) cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)… El órgano jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. Como lo es el caso que nos ocupa que los alegatos alegados por la recurrente son violaciones propias de mera legalidad lo que conlleva por mandato expreso de la Ley Sobre Justicia Constitucional a que se sobresean las diligencias por existir la causa de inadmisibilidad antes descrito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, apoderada legal de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Corrupción, (como tribunal de primera instancia) de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con relación al antejuicio instruido contra los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los Abogados GELMER HUMBERTO CRUZ Y JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando procedimiento especial de antejuicio a fin de que se declare a lugar la persecución penal del Ministerio Público, contra los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 75 de la pieza del Antejuicio).-2) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, RESOLVIO: PRIMERO: Declarar CON LUGAR LA SOLICITUD DEL PROCESO ESPECIAL DE ANTEJUICIO, solicitado por el Ministerio Público, contra los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURA.-” ( Folio 356 al 412 de la pieza de antejuicio).-3) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción , ordena remitir los antecedentes del antejuicio a la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, quien actuara como corte de Apelaciones, para conocer del recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, apoderada legal de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. (Folio 521 al 522 de la pieza de antejuicio).-4)Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal FALLÓ: PRIMERO: Declara HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, apoderada legal de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ.- SEGUNDO: REVOCANDO bajo nuestra propia motivación lo resuelto por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, como tribunal de primera instancia, en sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno mediante la cual declaro con lugar el Antejuicio promovido por el Ministerio Publico, por actuaciones que realizan los ciudadanos NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, como Alcalde Municipal de Distrito Central y Regidora Municipal número 04 de la Cooperación Municipal de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, respectivamente, por quienes solicitaron autorización para presentar acción penal por suponerles responsables como autores de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS , respectivamente.- TERCERO: DECLARAR NO HA LUGAR la solicitud de autorización para presentar acción penal ciudadanos NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, como Alcalde Municipal de Distrito Central y Regidora Municipal número 04 de la Cooperación Municipal de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, respectivamente.- CUARTO: Decreta la concurrencia del principio de perjudicialidad, al ser el Tribunal superior de cuentas (TSC)quien deberá emitir resolución definitiva de la auditoria e investigación especial…”(Folios 256 al 283 de la pieza de antejuicio ).-5) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.-6) Que en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, que declaro ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, con relación al antejuicio instruido en contra del señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH Y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTO FALSO Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, considera que se le han violentado los principios Constitucionales del debido proceso y legalidad, al referir que no comparte el criterio esgrimido por el Ad-Quem en su motivación, pues el Decreto Legislativo 116-2019, en el cual se ha sustentado la concurrencia de prejudicialidad, constituye un ordenamiento jurídico secundario, con la facultad de decretar la acción penal y/o la determinación de la responsabilidad penal; excediendo las facultades del contenido esencial determinadas en el artículo 222 de la Constitución de la República, mediante el cual se concede al Tribunal Superior de Cuentas, facultades o atribuciones eminentemente administrativas/ técnicas, vinculándose mediante una sola de ellas a su actividad en la materia investigativa penal, siendo esta vinculación especifica la de facultar a dicho ente para la investigación del delito de Enriquecimiento ilícito y en ningún sentido amplía o expresa como para detener o decretar la suspensión de la acción penal y/o la determinación de la responsabilidad penal, en un sentido amplio que vaya más allá del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Restringiendo de esta forma, al no caracterizarse su actividad investigativa técnica en materia de fiscalización y auditoria, con los requerimientos científicos, criminalístico forenses o de personal investigativo, para desarrollar un proceso oficioso y objetivo (que vincule a todos estos elementos) en materia penal, estableciendo conexidades con más delitos que el enriquecimiento ilícito.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la Lectura del Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, se desprende que ella alega que le causa agravio y lo traduce como una vulneración de derechos constitucionales, el contenido del Decreto Legislativo 116-2019, publicado en el diario Oficial la Gaceta número 35,076, este decreto contiene la Ley para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.- La recurrente hace una relación sucinta del contexto de dicho decreto y menciona básicamente el contenido que supuestamente le causa agravio, siendo este el hecho que lo referido en esa Ley, al señalar que durante se encuentre vigente la presente auditoria, es decir la auditoria e investigación especial que debe de realizar el Tribunal Superior de Cuentas y hasta que dicho Tribunal no emita la resolución definitiva, quede en suspenso cualquier tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre fondos que están siendo auditados, es decir según la recurrente esta disposición citada por la Sala de lo Penal es lo que le causa agravio.- A Partir de este momento la recurrente empieza nuevamente hacer referencia al contenido del Decreto Legislativo 116-2019, pero sin vincular en su recurso en que consiste la violación a un derecho constitucional de forma específica, es decir la recurrente centra su alegato básicamente en el contenido de una ley secundaria y no propiamente en la vulneración de un derecho constitucional; Así las cosas la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1, señala que es inadmisible la acción de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, es decir cuando el recurrente en un amparo alegue la violación o centre su alegato de vulneración en una ley secundaria y no propiamente en derechos constitucionales agraviados, circunstancia que en la norma citada anteriormente le da el carácter de inadmisible, siendo el criterio de esta Sala, que se sobresea la acción de amparo interpuesta por la recurrente por alegarse cuestiones de mera legalidad que no son parte de su control Constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (09): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su articulo 46 prescribe: “De la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el Recurso de Amparo. 1) cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)… El órgano jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. Como lo es el caso que nos ocupa que los alegatos alegados por la recurrente son violaciones propias de mera legalidad lo que conlleva por mandato expreso de la Ley Sobre Justicia Constitucional a que se sobresean las diligencias por existir la causa de inadmisibilidad antes descrito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 46.1 y 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: SOBRESEER la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0781-2021 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, apoderada legal de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Corrupción, (como tribunal de primera instancia) de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con relación al antejuicio instruido contra los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los Abogados GELMER HUMBERTO CRUZ Y JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando procedimiento especial de antejuicio a fin de que se declare a lugar la persecución penal del Ministerio Público, contra los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 75 de la pieza del Antejuicio).-2) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, RESOLVIO: PRIMERO: Declarar CON LUGAR LA SOLICITUD DEL PROCESO ESPECIAL DE ANTEJUICIO, solicitado por el Ministerio Público, contra los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURA.-” ( Folio 356 al 412 de la pieza de antejuicio).-3) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción , ordena remitir los antecedentes del antejuicio a la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, quien actuara como corte de Apelaciones, para conocer del recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, apoderada legal de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. (Folio 521 al 522 de la pieza de antejuicio).-4)Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal FALLÓ: PRIMERO: Declara HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, apoderada legal de los señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ.- SEGUNDO: REVOCANDO bajo nuestra propia motivación lo resuelto por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, como tribunal de primera instancia, en sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno mediante la cual declaro con lugar el Antejuicio promovido por el Ministerio Publico, por actuaciones que realizan los ciudadanos NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, como Alcalde Municipal de Distrito Central y Regidora Municipal número 04 de la Cooperación Municipal de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, respectivamente, por quienes solicitaron autorización para presentar acción penal por suponerles responsables como autores de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS , respectivamente.- TERCERO: DECLARAR NO HA LUGAR la solicitud de autorización para presentar acción penal ciudadanos NASRY JUAN ASFURA ZABLAH y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, como Alcalde Municipal de Distrito Central y Regidora Municipal número 04 de la Cooperación Municipal de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, respectivamente.- CUARTO: Decreta la concurrencia del principio de perjudicialidad, al ser el Tribunal superior de cuentas (TSC)quien deberá emitir resolución definitiva de la auditoria e investigación especial…”(Folios 256 al 283 de la pieza de antejuicio ).-5) Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.-6) Que en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, que declaro ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, con relación al antejuicio instruido en contra del señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH Y NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTO FALSO Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ECONOMIA, LA FE Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, considera que se le han violentado los principios Constitucionales del debido proceso y legalidad, al referir que no comparte el criterio esgrimido por el Ad-Quem en su motivación, pues el Decreto Legislativo 116-2019, en el cual se ha sustentado la concurrencia de prejudicialidad, constituye un ordenamiento jurídico secundario, con la facultad de decretar la acción penal y/o la determinación de la responsabilidad penal; excediendo las facultades del contenido esencial determinadas en el artículo 222 de la Constitución de la República, mediante el cual se concede al Tribunal Superior de Cuentas, facultades o atribuciones eminentemente administrativas/ técnicas, vinculándose mediante una sola de ellas a su actividad en la materia investigativa penal, siendo esta vinculación especifica la de facultar a dicho ente para la investigación del delito de Enriquecimiento ilícito y en ningún sentido amplía o expresa como para detener o decretar la suspensión de la acción penal y/o la determinación de la responsabilidad penal, en un sentido amplio que vaya más allá del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Restringiendo de esta forma, al no caracterizarse su actividad investigativa técnica en materia de fiscalización y auditoria, con los requerimientos científicos, criminalístico forenses o de personal investigativo, para desarrollar un proceso oficioso y objetivo (que vincule a todos estos elementos) en materia penal, estableciendo conexidades con más delitos que el enriquecimiento ilícito.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la Lectura del Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, se desprende que ella alega que le causa agravio y lo traduce como una vulneración de derechos constitucionales, el contenido del Decreto Legislativo 116-2019, publicado en el diario Oficial la Gaceta número 35,076, este decreto contiene la Ley para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.- La recurrente hace una relación sucinta del contexto de dicho decreto y menciona básicamente el contenido que supuestamente le causa agravio, siendo este el hecho que lo referido en esa Ley, al señalar que durante se encuentre vigente la presente auditoria, es decir la auditoria e investigación especial que debe de realizar el Tribunal Superior de Cuentas y hasta que dicho Tribunal no emita la resolución definitiva, quede en suspenso cualquier tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que se encuentre en relación a la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre fondos que están siendo auditados, es decir según la recurrente esta disposición citada por la Sala de lo Penal es lo que le causa agravio.- A Partir de este momento la recurrente empieza nuevamente hacer referencia al contenido del Decreto Legislativo 116-2019, pero sin vincular en su recurso en que consiste la violación a un derecho constitucional de forma específica, es decir la recurrente centra su alegato básicamente en el contenido de una ley secundaria y no propiamente en la vulneración de un derecho constitucional; Así las cosas la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1, señala que es inadmisible la acción de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, es decir cuando el recurrente en un amparo alegue la violación o centre su alegato de vulneración en una ley secundaria y no propiamente en derechos constitucionales agraviados, circunstancia que en la norma citada anteriormente le da el carácter de inadmisible, siendo el criterio de esta Sala, que se sobresea la acción de amparo interpuesta por la recurrente por alegarse cuestiones de mera legalidad que no son parte de su control Constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (09): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su articulo 46 prescribe: “De la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el Recurso de Amparo. 1) cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)… El órgano jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. Como lo es el caso que nos ocupa que los alegatos alegados por la recurrente son violaciones propias de mera legalidad lo que conlleva por mandato expreso de la Ley Sobre Justicia Constitucional a que se sobresean las diligencias por existir la causa de inadmisibilidad antes descrito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 46.1 y 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: SOBRESEER la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0781-2021 .- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL