Sentencia AP-777-21 — Registro 14639
Resumen
Acto recurrido que declaró con lugar el Recurso de Amparo, contra actuaciones del a-quo, con relación a la causa instruida contra los señores Juan Ramón Madariaga franco y otros por suponerlos responsables de los delitos de Violación de los deberes de los funcionarios, Fraude, Uso de Documentos Públicos Falsos en perjuicio de La Administración Pública del estado de honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales,
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, Tribunal que a inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 139 del Código Procesal Penal, precepto que en su párrafo tercero establece: “Los autos decidirán motivadamente las cuestiones incidentales, la competencia de un órgano jurisdiccional, la procedencia o improcedencia de una recusación, los recursos de reposición contra providencias, la admisión o denegación de cualquier medio de prueba, la nulidad del procedimiento o de algún acto procesal, la adopción, modificación o cesación de una medida cautelar privativa de libertad y en general, cualesquiera situaciones que no sean de mero trámite o que impliquen limitación de derechos y que no deban ser resueltas mediante sentencia.”; siendo aplicable también al caso concreto lo dispuesto en el artículo 141 del mismo cuerpo legal que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; Así el último párrafo del artículo 317 relacionado a la proposición de prueba en el debate, reza: “Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación a la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita.” De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo carece de motivación y fundamentación jurídica.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mi veintidós.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, que declaró con lugar el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores JUAN RAMON MARADIAGA FRANCO, DAVID EDUARDO ORTIZ HAWIT, GONZALO MOLINA SOLORZANO ESPINAL, ELMER JEOVANNY ORDOÑEZ ESPINAL, CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE y CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALES, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS PUBLIBOS FALSOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, las Abogadas ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, interpusieron ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno; manifestando las recurrentes que a su representado se le han violentado garantías constitucionales.-2) Que en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó sentencia en la cual: FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA PRESENTE ACCION DE AMPARO. (Folios 58 al 63 de la segunda pieza de antecedentes).-3) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, interpuesta por el MINISTERIO PUBLICO a través de las agentes de tribunales ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO Y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, actuando en representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, contra las actuaciones realizadas por el TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que inadmite medios de prueba propuestos por el ente fiscal en la audiencia de proposición de prueba para la etapa del Juicio Oral y Público, en el proceso seguido en contra de los señores JUAN RAMON MARADIAGA FRANCO, DAVID EDUARDO ORTIZ HAWIT, ELMER JEOVANY ORDOÑEZ ESPINAL, GONZALO MOLINA SOLORZANO, CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE Y CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALES, por suponerlos responsables de delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.-CONSIDERANDO 2: Que las recurrentes han expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, que inadmite medios de prueba propuestos por el ente fiscal en la audiencia de proposición de prueba para la etapa del Juicio Oral y Público, argumentando el Tribunal de sentencia en relación al informe pericial UFERCO-DERAIC-IPDE-08-2019, que no se admite por considerarlo desproporcional; referente al testigo protegido TP23 el Tribunal argumenta, que no se admite por considerarlo desproporcional, ya que la información conforme a la finalidad probatoria, guarda relación con lo que ya consta en el documental 35 propuesto por el Ministerio Publico.- A esta resolución se interpuso recurso de reposición el cual fue declarado sin lugar, argumentando el Tribunal que el informe pericial no se admite ya que considera que hay otra información tanto documental como pericial que puede aportar la misma información; sobre la declaración del testigo protegido el Tribunal manifestó que se mantiene la decisión, en el sentido de no admitir su declaración. Arguyen las pedidoras que al transgredir el artículo 139, 198 y 317 del Código Procesal Penal, se está transgrediendo el debido proceso y derecho de defensa, pues el Tribunal de Sentencia deja en indefensión al Ministerio Publico al inadmitir el medio de prueba pericial UFERCO-DERAIC-IPDE-08-2019 y la declaración del testigo protegido TP23, quebranta el derecho a la defensa y el debido proceso el cual tiene entre sus alcances el derecho a un proceso con todas las garantías como el derecho de igualdad de armas procesales, por lo cual la no admisión de los medios de prueba señalados coloca al Ministerio Público en un plano de desigualdad, al no poder contar con todos los elementos probatorios esenciales para acreditar su tesis acusatoria, ya que no existe otro medio de prueba con el cual pueda acreditarse la misma.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual resuelve Otorgando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por las Abogadas ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO Y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, al estimar el Ad-Quem que la inadmisión de los medios de prueba, conlleva una posible vulneración del derecho de defensa derivada de una actuación jurisdiccional, cuyo control se solicita. Ese derecho de defensa, que es un derecho fundamental de una persona física o jurídica o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se le imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, debe asegurarse, pero bajo los controles jurisdiccionales, uno de ellos es la admisión de la prueba considerada pertinente y útil e impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, en la resolución que se cuestiona, no se encuentra en la decisión primaria, ni la que resuelve el recurso de reposición, razones de hecho y derecho para rechazar tales medios de prueba, observando contravención de normas procesales de cumplimiento obligatorio que conllevan vulneración de un derecho fundamental, por tanto la resolución del tribunal A-Quo vulnera los derechos de defensa y debido proceso, en virtud que no se dan razones de hecho y derecho para declarar inadmisible por desproporcionales los medios de prueba.-CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que las recurrentes relacionan en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan, en el orden, el primero: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; el segundo, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO 6: Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, Tribunal que a inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 139 del Código Procesal Penal, precepto que en su párrafo tercero establece: “Los autos decidirán motivadamente las cuestiones incidentales, la competencia de un órgano jurisdiccional, la procedencia o improcedencia de una recusación, los recursos de reposición contra providencias, la admisión o denegación de cualquier medio de prueba, la nulidad del procedimiento o de algún acto procesal, la adopción, modificación o cesación de una medida cautelar privativa de libertad y en general, cualesquiera situaciones que no sean de mero trámite o que impliquen limitación de derechos y que no deban ser resueltas mediante sentencia.”; siendo aplicable también al caso concreto lo dispuesto en el artículo 141 del mismo cuerpo legal que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; Así el último párrafo del artículo 317 relacionado a la proposición de prueba en el debate, reza: “Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación a la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita.” De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo carece de motivación y fundamentación jurídica.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141 y 317 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0777-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mi veintidós.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, que declaró con lugar el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores JUAN RAMON MARADIAGA FRANCO, DAVID EDUARDO ORTIZ HAWIT, GONZALO MOLINA SOLORZANO ESPINAL, ELMER JEOVANNY ORDOÑEZ ESPINAL, CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE y CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALES, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS PUBLIBOS FALSOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, las Abogadas ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, interpusieron ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno; manifestando las recurrentes que a su representado se le han violentado garantías constitucionales.-2) Que en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó sentencia en la cual: FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA PRESENTE ACCION DE AMPARO. (Folios 58 al 63 de la segunda pieza de antecedentes).-3) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, interpuesta por el MINISTERIO PUBLICO a través de las agentes de tribunales ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO Y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, actuando en representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, contra las actuaciones realizadas por el TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que inadmite medios de prueba propuestos por el ente fiscal en la audiencia de proposición de prueba para la etapa del Juicio Oral y Público, en el proceso seguido en contra de los señores JUAN RAMON MARADIAGA FRANCO, DAVID EDUARDO ORTIZ HAWIT, ELMER JEOVANY ORDOÑEZ ESPINAL, GONZALO MOLINA SOLORZANO, CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE Y CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALES, por suponerlos responsables de delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS Y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.-CONSIDERANDO 2: Que las recurrentes han expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, que inadmite medios de prueba propuestos por el ente fiscal en la audiencia de proposición de prueba para la etapa del Juicio Oral y Público, argumentando el Tribunal de sentencia en relación al informe pericial UFERCO-DERAIC-IPDE-08-2019, que no se admite por considerarlo desproporcional; referente al testigo protegido TP23 el Tribunal argumenta, que no se admite por considerarlo desproporcional, ya que la información conforme a la finalidad probatoria, guarda relación con lo que ya consta en el documental 35 propuesto por el Ministerio Publico.- A esta resolución se interpuso recurso de reposición el cual fue declarado sin lugar, argumentando el Tribunal que el informe pericial no se admite ya que considera que hay otra información tanto documental como pericial que puede aportar la misma información; sobre la declaración del testigo protegido el Tribunal manifestó que se mantiene la decisión, en el sentido de no admitir su declaración. Arguyen las pedidoras que al transgredir el artículo 139, 198 y 317 del Código Procesal Penal, se está transgrediendo el debido proceso y derecho de defensa, pues el Tribunal de Sentencia deja en indefensión al Ministerio Publico al inadmitir el medio de prueba pericial UFERCO-DERAIC-IPDE-08-2019 y la declaración del testigo protegido TP23, quebranta el derecho a la defensa y el debido proceso el cual tiene entre sus alcances el derecho a un proceso con todas las garantías como el derecho de igualdad de armas procesales, por lo cual la no admisión de los medios de prueba señalados coloca al Ministerio Público en un plano de desigualdad, al no poder contar con todos los elementos probatorios esenciales para acreditar su tesis acusatoria, ya que no existe otro medio de prueba con el cual pueda acreditarse la misma.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual resuelve Otorgando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por las Abogadas ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO Y TANIA ARACELY PAVON SOLIS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, al estimar el Ad-Quem que la inadmisión de los medios de prueba, conlleva una posible vulneración del derecho de defensa derivada de una actuación jurisdiccional, cuyo control se solicita. Ese derecho de defensa, que es un derecho fundamental de una persona física o jurídica o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se le imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, debe asegurarse, pero bajo los controles jurisdiccionales, uno de ellos es la admisión de la prueba considerada pertinente y útil e impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, en la resolución que se cuestiona, no se encuentra en la decisión primaria, ni la que resuelve el recurso de reposición, razones de hecho y derecho para rechazar tales medios de prueba, observando contravención de normas procesales de cumplimiento obligatorio que conllevan vulneración de un derecho fundamental, por tanto la resolución del tribunal A-Quo vulnera los derechos de defensa y debido proceso, en virtud que no se dan razones de hecho y derecho para declarar inadmisible por desproporcionales los medios de prueba.-CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que las recurrentes relacionan en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan, en el orden, el primero: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; el segundo, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO 6: Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, al otorgar la acción de amparo promovida, Tribunal que a inobservado el debido proceso, pues el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 139 del Código Procesal Penal, precepto que en su párrafo tercero establece: “Los autos decidirán motivadamente las cuestiones incidentales, la competencia de un órgano jurisdiccional, la procedencia o improcedencia de una recusación, los recursos de reposición contra providencias, la admisión o denegación de cualquier medio de prueba, la nulidad del procedimiento o de algún acto procesal, la adopción, modificación o cesación de una medida cautelar privativa de libertad y en general, cualesquiera situaciones que no sean de mero trámite o que impliquen limitación de derechos y que no deban ser resueltas mediante sentencia.”; siendo aplicable también al caso concreto lo dispuesto en el artículo 141 del mismo cuerpo legal que se refiere a la motivación de la resoluciones judiciales, precepto que en su párrafo segundo y tercero establecen: “Los autos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”; Así el último párrafo del artículo 317 relacionado a la proposición de prueba en el debate, reza: “Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación a la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita.” De la lectura armónica de los preceptos señalados, es claro que la motivación de los actos procesales es de carácter obligatorio. Por ello esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo carece de motivación y fundamentación jurídica.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 139, 141 y 317 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de Abril del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0777-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL