Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-758-21 — Registro 15571

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó sobreseimiento definitivo a favor de imputada a quien se le supone ser responsable del delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública y la Comunidad Garífuna de Nueva Armenia; La Corte de Apelaciones consideró que la transmisión de dominio de los bienes inmuebles propiedad de la comunidad garífuna Nueva Armenia fue cumplida cabalmente y que la registradora no podría conocer que el donatario no pertenecía a dicha comunidad garífuna ya que la escritura fue otorgada por la Presidenta del Patronato Pro Desarrollo de dicha Comunidad; por lo que se estima que se contó con el beneplácito de dicho patronato para la expedición del instrumento público y en ese sentido la resolución apelada esta acorde con la ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.- II. Hemos insistido a su vez que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.- III. También es necesario subrayar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.- IV.En el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados primordialmente con aspectos relativos a la valoración probatoria, al desaprobar la evaluación que hizo el Tribunal de Alzada de las pruebas aportadas al proceso.- V. Esta Sala debe hacer hincapié en que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba...esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión debe limitarse en la materia que nos ocupa inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional...En el presente caso, la recurrente presenta varias alegaciones que se refieren en forma clara a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas para efecto de sustentar su acción de amparo, pues no se aprecia que para la valoración de los mismos haya sobrevenido error o arbitrariedad por parte del Tribunal de Alzada, observando esta Sala que tal valoración resulta suficiente y consecuente para justificar su decisión y para concluir que en el caso de autos no se pueden dar por cumplidos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para estimar la pertinencia de decretar un auto de formal procesamiento en contra de la imputada, decisión que a su vez anticipó el juez de instancia en la audiencia inicial...esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o de los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver...La Sala observa además que, contrario a lo alegado por la amparista, la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio...esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. -La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la confirmatoria de la decisión del juez A Quo es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho...esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la abogada DIONNE MARÍA OSORIO DERAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, que declara no ha lugar parcialmente el recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; en fecha once de febrero de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra la señora VILMA DORIS MENDOZA ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE NUEVA ARMENIA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-ANTE CEDENTES.-1) Que en fecha once de diciembre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; la abogada WALESKA VALENTINA SALGADO, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora VILMA DORIS MENDOZA ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE NUEVA ARMENIA. -2) Que en fecha once de febrero de dos mil veintiuno, en la audiencia inicial, el Juzgado de Letras citado DECRETÓ: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la abogada VILMA DORIS MÉNDEZ ROMERO, por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. (Folios 64 al 79 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLÓ: Primero: Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la resolución de fecha 11 de febrero del año 2021. Segundo: CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial en fecha 11 de febrero del año 2021 según el acta de la Audiencia Inicial. (Folios 06 al 11 de la segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente, abogada DIONNE MARÍA OSORIO DERAS, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- 1. garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona que se considere agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-2 De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.- 3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- 5.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.-OBJETO DEL RECURSO.- I .El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución emitida en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, la cual se denuncia ante esta Sala por parte de la recurrente, de ser violatoria de la garantía a un debido proceso, careciendo además de la debida motivación. – II. La sentencia objetada decidió confirmar la resolución del A Quo de fecha 11 de febrero de 2021, declarando no ha lugar, por consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la misma en la audiencia inicial correspondiente en donde se determinó el sobreseimiento definitivo de la causa a favor de la imputada VILMA DORIS MÉNDEZ ROMERO.- III. La intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inició con la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ante el ya mencionado Juzgado de Letras, en contra de la referida imputada por suponerla responsable de la comisión del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.- 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró que con los medios probatorios aportados en el proceso no se acreditó ningún indicio de participación en los hechos por parte de la imputada, encontrando que no se logró establecer la existencia de los elementos del tipo penal antes descrito. -2. El Tribunal de Alzada apreció que la resolución del A Quo estaba acorde con las disposiciones de ley, y luego de un análisis de la documentación aportada al proceso estableció que la transmisión de dominio de los bienes inmuebles propiedad de la comunidad garífuna Nueva Armenia fue cumplida cabalmente razonando que la imputada en su condición de registradora no podría conocer que el donatario en este caso no pertenecía a dicha comunidad garífuna, habida cuenta que la escritura en la que se autorizó la donación del inmueble fue otorgada por la Presidenta del Patronato Pro Desarrollo de dicha comunidad de Nueva Armenia, por lo que la Alzada estimó que se contó con el beneplácito de dicho patronato para la expedición del instrumento público en referencia.-SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.- I. Para la impetrante, la Corte de Apelaciones quebrantó la garantía a un debido proceso al derivarse su decisión de una deficiente valoración de la prueba, la cual, según el Ministerio Fiscal debió ser suficiente para acreditar la mínima actividad probatoria requerida para decretar un auto de formal procesamiento en contra de la imputada por el delito por el cual le fue iniciada causa penal. –II. La recurrente cuestionó la motivación del fallo de la Alzada, señalando al mismo como carente de la debida motivación alegando que el mismo no contiene fundamentos y tampoco argumentos claros, legítimos o lógicos.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.- I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.- II. Hemos insistido a su vez que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.- III. También es necesario subrayar que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.- IV.En el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados primordialmente con aspectos relativos a la valoración probatoria, al desaprobar la evaluación que hizo el Tribunal de Alzada de las pruebas aportadas al proceso.- V. Esta Sala debe hacer hincapié en que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba.- VI. Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. -Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. –VII. Dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión debe limitarse en la materia que nos ocupa inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.- VIII. No obstante, y como también lo hemos sostenido en previas decisiones, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente—a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-IX. En el presente caso, la recurrente presenta varias alegaciones que se refieren en forma clara a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas para efecto de sustentar su acción de amparo, pues no se aprecia que para la valoración de los mismos haya sobrevenido error o arbitrariedad por parte del Tribunal de Alzada, observando esta Sala que tal valoración resulta suficiente y consecuente para justificar su decisión y para concluir que en el caso de autos no se pueden dar por cumplidos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para estimar la pertinencia de decretar un auto de formal procesamiento en contra de la imputada, decisión que a su vez anticipó el juez de instancia en la audiencia inicial.- X.- Así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o de los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.- XI.- La Sala observa además que, contrario a lo alegado por la amparista, la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-XII. De todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. -La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la confirmatoria de la decisión del juez A Quo es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. –XIII. En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIONNE MARÍA OSORIO DERAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de 2022.-VISTO: Para resolver el recurso de reposición presentado por la abogada DIONNE DERAS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha tres agosto de dos mil veintidós, mediante la cual fue denegada la acción de amparo interpuesta por dicha peticionaria a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, en el proceso que se instruyó en contra de la señora VILMA DORIS MENDOZA ROMERO, por suponerla responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE NUEVA ARMENIA.-CONSIDERANDO (1): Que de la lectura del recurso interpuesto por la impetrante se observa que sus argumentaciones son reiterativas, mismas que ya han sido objeto de respuesta por esta Sala de lo Constitucional en su fallo.-CONSIDERANDO (2): Que, en virtud de lo anterior, esta Sala no observa que existan razones de forma o de fondo para acceder a la solicitud de reposición de la que se hace mérito, razón por la que procede declarar sin lugar la misma.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición de que se ha hecho mérito presentado por la Abogada DIONNE DERAS; Y MANDA: Que se notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, como fuera ordenado en la sentencia dictada por este Alto Tribunal. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de noviembre del año del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de agosto y Resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0758-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200