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Sentencia AP-704-21 — Registro 15729

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución en el delito de daños a infraestructura o equipamiento, en perjuicio de la Secretaria de Seguridad (Policía Nacional Preventiva). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que el recurrente se ha limitado a hacer alegatos de instancia, que deben ser resueltos de forma exclusiva por los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Como se reitera el recurrente en amparo aduce violentados los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero no se observa que haya establecido porque la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, sea violatoria de los derechos contenidos en los artículos por él enunciados. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero únicamente se limitó a enunciar y transcribir los artículos de los Derechos Constitucionales que arguye violados, (folio 3 escrito de interposición y folio 25 y 26 escrito de formalización del recurso) no así a desarrollar cada uno, estableciendo porque la resolución emitida por el Ad-Quem es violatoria de estos derechos y así poder determinar si existe o no vulneración de los derechos aludidos.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ABRAHAM MOICES MEZA RIVERA, a favor del señor ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los señores FREDY RANUFO VALLE SOTO Y ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, por suponerlos responsables del delito de DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO, en perjuicio de LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL PREVENTIVA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Elvia Marina Zuniga Zuniga, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Fredy Ranulfo Valle Soto y Adonny Obed Alemán Zuniga (Alias el Enano), por suponerlos responsables del delito de Daños a Infraestructuras o Equipamiento en perjuicio de la Secretaría de Seguridad (Policía Nacional Preventiva). (Folios 1-2 del antecedente) 2) En fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de Talanga, departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia inicial, en la cual resolvió: “…Primero: Declarar SIN LUGAR lo solicitado por la representante del Ministerio Publico.- Segundo: Declarar CON LUGAR lo solicitado por la defensa privada en el sentido de dictar a favor de sus defendidos un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.-Tercero: Dictar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados FREDY RANULFO VALLE SOTO Y ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, por suponerlos responsables del delito de DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO en perjuicio de LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA).- Cuarto: Se ordena por medio de la secretaria del despacho se libre la nota de excarcelación al señor Director del Centro Penitenciario de Siria a fin de que ordene a quien corresponda dejar en inmediata libertad a los imputados antes mencionados, asimismo, extenderle la carta de libertad definitiva y se libre oficios al señor Jefe de la Unidad Departamental de Policía número 8 y al Jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I) a fin de que deje sin valor y efecto las órdenes de captura que fueron libradas en fecha 29 de Octubre de 2020.- Quinto:…”. (Folios 159-164 del antecedente) 3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Ramona Dolores Valderamos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, en fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, resolvió: “…1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- REVOCAR la resolución apelada…” (Folios 205-207 del antecedente) 4) Que el recurrente, Abogado Abraham Moices Meza Rivera, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del señor Adonny Obed Alemán Zuniga, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción de amparo presentado por el Abogado Abraham Moices Meza Rivera, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que el recurrente Abogado ABRAHAM MOICES MEZA RIVERA, compareció en fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, por considerar que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80 y 90. CONSIDERANDO (3): Que el caso en estudio se origina en fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Penal Sección Judicial de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELVIA MARIA ZUNIGA ZUNIGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores FREDY RANUFO VALLE SOTO Y ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, por suponerlos responsables del delito de DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO, en perjuicio de LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL PREVENTIVA). CONSIDERANDO (4): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria HA LUGAR del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; recurso de apelación que se interpone contra la resolución adoptada por el A-quo en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veinte, al decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de los encausados FREDY RANUFO VALLE SOTO Y AONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, por el delito de DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO, en perjuicio de LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, RESUELVE: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- REVOCAR la resolución apelada.”. CONSIDERANDO (5): Que el abogado ABRAHAM MOICES MEZA RIVERA, en el planteamiento y formalización de su acción constitucional, hace relación a la audiencia inicial en donde el A-Quo decidió decretar Sobreseimiento Definitivo en favor de su representado Adonny Obed Alemán Zuniga, por la evidente trasgresión y vulneración a normas procesales y sustantivas. Argumenta el recurrente que el Ministerio Publico no estaba legitimado para presentar el requerimiento fiscal, pues la víctima en este caso es la Empresa ECONO RENT A CAR y esta en ningún momento le autorizó para el ejercicio de la acción pública. Señala la impetrante que los Derechos que se consideran violados, son los establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados según el escrito de interposición del recurso de amparo, son el derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (7): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: “MOTIVACION 1.-… 2.- En los autos consta que el vehículo Marca Toyota, tipo pick up, Hilux, Motor 2GD-4396408, chasis: BAJFBBCD401586298, color blanco-azul es propiedad de la empresa ECONO RENT A Car, Pero es rentado al Comité Técnico del Fideicomiso para la administración (Folio 34), se encuentra constancia de que el vehículo descrito anteriormente es de uso exclusivo de la Policía Nacional Preventiva, asignado a la Unidad de Prevención No. 2, Tocoa, Colón, firmado por el Director de Logística.- De lo que se desprende de que el referido vehículo es utilizado y en beneficio de la Policía Nacional, habiendo dado la autorización para que el Ministerio Público presentara el respectivo requerimiento fiscal tanto el Policía Carlos Vitalicio Martínez, quien presentó la denuncia y el director de logística, Ángel Amaya Amador.- La víctima en este caso es la Policía Nacional, porque es a quien se ha perjudicado e impedido el uso del vehículo para cumplir sus tareas cotidianas de protección a la ciudadanía y demás actividades.”. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero únicamente se limitó a enunciar y transcribir los artículos de los Derechos Constitucionales que arguye violados, (folio 3 escrito de interposición y folio 25 y 26 escrito de formalización del recurso) no así a desarrollar cada uno, estableciendo porque la resolución emitida por el Ad-Quem es violatoria de estos derechos y así poder determinar si existe o no vulneración de los derechos aludidos.- En cuanto a la resolución recurrida en amparo, una vez trascritas las normas que el impetrante considera vulneradas, únicamente señala (sic) “Esto en evidente Honorable Corte Suprema de Justicia que la Corte de Apelaciones de lo Penal se aleja de la aplicación de los Preceptos legales citados y vulnera de esa forma las Garantías Constitucionales a favor de mi representando y pretende injustamente hacer ver que el Juez A-QUO al dictar el sobreseimiento definitivo a favor de mi Representado no estaba conforme a la Justicia penal y revoca el Sobreseimiento Definitivo a favor de mi representado señor ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA por suponerlo responsable del delito de DAÑOS A INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO en perjuicio de LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (POLICIA NACIONAL PREVENTIVA), La víctima en este caso es la Empresa Privada (ECONO RENT A CAR), y que hemos acreditado dicha vulneración al acudir a esta Honorable Corte de Suprema de Justicia a exigir la Tutela efectiva mediante el Tutelar del amparo.”. CONSIDERANDO (9): Que analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional observa que la Sentencia emitida se encuentra dictada conforme a derecho, pues el Tribunal de Alzada ha procedido a dar respuesta al Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la resolución emitida por el A-quo en fecha dieciséis de noviembre del del año dos mil veinte, procediendo el Ad-Quem a declarar con lugar el recurso de apelación planteado. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente se ha limitado a hacer alegatos de instancia, que deben ser resueltos de forma exclusiva por los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Como se reitera el recurrente en amparo aduce violentados los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero no se observa que haya establecido porque la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, sea violatoria de los derechos contenidos en los artículos por él enunciados. CONSIDERANDO (11): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el Abogado ABRAHAM MOICES MEZA RIVERA, a favor del señor ADONNY OBED ALEMAN ZUNIGA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la magistrada Reina A. Hercules Rosa.- Redacto la magistrada Reina Hercules Rosa. NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-704-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.