Sentencia AP-677-21 — Registro 15691
Resumen
Acto recurrido que declara inadmisible amparo contra la del a-quo, quien en su oportunidad no admitio un Reconocimiento como Tercero de Buena Fe; en relación a la solicitud de Privación Definitiva de Bienes de origen Ilícito. En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que como bien lo expone la Corte de Apelaciones en sus argumentos a efecto de declarar inadmisible la acción constitucional de Amparo, el recurrente invoca en sus argumentos cuestiones de mera legalidad. Es criterio de este Alto Tribunal que son cuestiones de mera legalidad, aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional deben ser resueltos en las instancias ordinarias, ejemplo de ello la valoración de prueba aportada en audiencia conforme los principios rectores en el proceso penal, a efecto de decidir el asunto puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional. En atención a ello, el impetrante en sendas exposiciones realiza una cronología de todas las diligencias administrativas que realizó en el Ministerio Público, específicamente en la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción de la Impunidad a efecto de solicitar la revocatoria de una medida precautoria, cautelar o de aseguramiento. Solicitud que ha sido denegada según lo expuesto por el peticionario de la garantía de Amparo, es por ello que acude ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, quien una vez realizada audiencia Ad-Hod, resuelve declarar sin lugar lo peticionado por el Apoderado Legal de la Corporación Flores S.A., previo a la documentación que fue analizada y presentada por el Apoderado Legal de Corporación Flores S.A.; aunado a ello el impetrante se esmera en realizar apreciaciones subjetivas en cuanto al accionar de los operadores de justicia, específicamente de la Juez A-quo a quien alude de la forma siguiente (Sic) “… y es lógico que así piensen estas funcionarias públicas porque la lamentable sumisión legislativa que dejo muchas ambigüedades en la redacción de esas leyes sobre lavados de activos y privación de dominio, en otro país con cultura jurídica, rápida y justamente se hubieren superado mediante la interpretación justa de la ley por parte de jueces y magistrados independientes, pero en manos de jueces sumisos, cobardes y timoratos es caldo para que emerjan todo tipo de interpretaciones donde se legitiman y autorizan abusos y arbitrariedades contra los derechos y garantías constitucionales…”, argumentos subjetivos que no coadyuvan a demostrar en forma lógica, racional y fundamentada la vulneración a los derechos fundamentales invocados por el amparista. -Lo subrayado y negrita es nuestro-..." Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la resolución venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece dias del mes de octubre de año dos muil vientidos. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Resolución de fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que declaró Inadmisible el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, favor de la empresa mercantil Corporación Flores S.A., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha ocho (8) de enero del año dos mil veintiuno (2021), que declara sin lugar la solicitud de Reconocimiento como Tercero de Buena Fe, solicitada por el representante de la empresa Corporación Flores S.A., en relación a la solicitud de Privación Definitiva de Bienes de origen Ilícito, radicada por el Ministerio Público contra el deudor principal Valeria Alejandra Mora Bonilla.- Estima el recurrente que el acto emitido vulnera el derecho a la propiedad privada como derecho fundamental inherente al debido proceso, señalando como marco normativa los artículos 61, 63, 64, 90, 103, 104, 105 y 106 de la Constitución de la República. Relacionadas con las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Ley Especial contra el Lavado de Activos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el Abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de la Empresa Corporación Flores S.A., contra la resolución de fecha ocho (8) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que resuelve: (Sic) “1) Téngase por habilitado el día de hoy viernes 8 de enero del año 2021, con fin de notificar el presente auto a las partes procesales a través del receptor del despacho. 2) Se declara sin lugar la solicitud de Reconocimiento como Tercero de Buena Fe, solicitada por el representante de la empresa Corporación Flores abogado DAVID ARTURO DUARTE, será hasta sentencia definitiva que se dilucidará tal reconocimiento…” (Folios del 01 al 50 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Que mediante providencia de fecha veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán resolvió que, previo a pronunciarse sobre la admisión o no del recurso, se librase atenta comunicación al Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción nacional, a fin de que en el término de un día remitiese a esa Corte testimonio de la resolución recurrida y actuaciones subsiguientes que guardan relación con la misma. (Folio 51 de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) Que en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), seguido que fue el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, emitió resolución mediante la cual RESUELVE: (Sic) “Declarar INADMISIBLE la acción de Amparo interpuesta por el Abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS. Y MANDA: Que se notifique la presente resolución a los recurrentes y una vez firme se devuelvan las diligencias al A-Quo y se archive la presente pieza de autos…” (Folios del 59-61fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que en fecha cinco de abril del año dos mil veinte, el recurrente en Amparo, Abogado David Arturo Duarte Lagos, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, solicitando en fundamento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, se requiera a la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio para que remita en trámite de consulta obligatoria, la sentencia de fecha 11 de marzo del año 2021 emitida en el expediente número CAP/AMPARO 147-21, la cual declara inadmisible la acción constitucional de Amparo, que se interpuso contra la resolución judicial de fecha 8 de enero del año 2021, pronunciada en el expediente judicial N. 169-2019 por parte del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional. 5) Que en fecha ocho de abril del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo constitucional en respuesta a la petición del Abogado David Arturo Duarte Lagos, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Corporación Flores S.A., resolvió: (Sic) “Remitir la solicitud de remisión en tramite de consulta obligatoria, descrita en el preámbulo de la presente resolución, a la CORTE DE APELACIONES CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACION DE DOMINIO para que este Tribunal le dé el curso legal pertinente a la misma…” (Folios 68-69 de la pieza de antecedentes de Amparo). 6) Que mediante auto de fecha diecisiete de junio del año dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, y con Competencia Territorial Nacional, resolvió: (Sic) “…, en el caso de AUTOS, no se dictó SENTENCIA, NI SOBRESEIMIENTO, sino únicamente se resolvió la inadmisibilidad del recurso; pero en virtud del oficio librado por la Honorable SALA DE LO CONSTITUCIONAL, se da cumplimiento y se remiten las diligencias relacionadas, dejando el respectivo testimonio. MANDA Envíese como lo ordena La Sala de lo Constitucional, sin dilación…” (Folio 124fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 7) Que en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiuno (2021), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, decidido por la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, interpuesto por el Abogado DAVID ARTURO DUARTE LAGOS, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, que declara sin lugar la solicitud de Reconocimiento como Tercero de Buena Fe, solicitada por el Apoderado legal de la Empresa Corporación Flores S.A., en relación a la solicitud de Privación Definitiva de Bienes de origen Ilícito, radicada por el Ministerio Público contra el deudor principal Valeria Alejandra Mora Bonilla. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con jurisdicción nacional, que en audiencia Ad-Hoc celebrada en fecha ocho de enero del año dos mil veintiuno, declaró sin lugar la solicitud de reconocimiento como tercero de buena fe, solicitada por el Apoderado Legal de la Empresa Corporación Flores S.A.; en la explicación de la violación de la declaración constitucional a la propiedad privada, el recurrente expone que las leyes sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito y contra el lavado de activos, promulgadas por nuestros legisladores, siempre fueron orientadas con un enfoque diferencial de aplicación de las misma, es decir que ambas leyes surgen para ser aplicadas a determinadas personas que bajo incuestionables conductas ilícitas se les proyecta controlar y sancionar punitivamente la obtención ilícita de activos, ya que esa conducta ilícita viene en detrimento de una economía sana que realizan los ciudadanos honestos quienes adquieren ilícitamente los incrementos de sus patrimonios que a la vez fortalecen con el pago de sus tributos e impuestos, ayudando al desarrollo del bienestar social de la nación. CONSIDERANDO 3: Que en esencia cuestiona el recurrente que cuando se haya acreditado fehacientemente la debida diligencia, el origen licito de sus activos y la condición jurídica de terceros de buena fe por ser legitimo propietario y titular de derechos y estar ajenos a cualquier participación delictiva en los hechos por los cuales son sometidos los sujetos procesales a investigación, proceso penal o especial de que trata las leyes sobre privación Definitiva del dominio de Bienes de Origen Ilícito y Contra el Lavado de Activos , no debe sometérseles imperativamente a los terceros de buena fe los términos y plazos del procedimiento especial, como tampoco debe sometérsele al tercero de buena fe imperativamente a solo resolver sus petitorias de restitución y reconocimiento de derechos hasta la sentencia firme, ya que ambas leyes, permiten en cualquier momento procesal se pueda revocar mediante auto o resolución judicial esa medida de aseguramiento, incluso hasta en sede fiscal. -Lo subrayado es del recurrente- CONSIDERANDO 4: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), proferida por la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, mediante la cual resuelve declarar Inadmisible el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAVID ARTURO DUARTE LASGOS a favor de la Empresa Corporación Flores S.A., contra actuaciones del Juzgado de privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera el derecho a la propiedad privada como derecho fundamental inherente al debido proceso, señalando como marco normativa los artículos 61, 63, 64, 90, 103, 104, 105 y 106 de la Constitución de la República. Relacionadas con las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Ley Especial contra el Lavado de Activos. CONSIDERANDO 5: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 6: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho a la propiedad los artículos 4, 6, 12, 30, 35, 39, 40, 41, 42 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y los artículos 2, 6, 7, 64, 69 y 70 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, en relación al derecho individual contenido en el artículo 103 de la Constitución de la República que establece: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley.”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al declarar si lugar la solicitud de Reconocimiento como tercero de Buena Fe, al estimar el garantista que se ha actuado mediante planteamientos jurídicos arcaicos en la interpretación de la ley, en donde se razona el espíritu de la normativa vigente de manera restrictiva, tergiversada y limitativa, proscriben el método de interpretación que resulta valido para darle sentido a la norma desde su composición gramatical, ubicándola en el ordenamiento jurídico en armonía con la declaración constitucional que sobre propiedad privada se impone sobre cualquier otra ley que pretenda regularla, la juez despliega argumentos incoherentes y contradictorios, de los que se han dejado constancia en los diversos momentos de las etapas procesales que se les ha exigido resolver los derechos de su representada. CONSIDERANDO 7: Que del examen de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque el Tribunal de Apelaciones ha procedido a declarar inadmisible el Recurso de Amparo promovido al detectar que se están alegando cuestiones de mera legalidad, como lo ha dejado establecido en uno de los considerandos de la resolución emitida, al argumentar que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones jurisdiccionales o administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. CONSIDERANDO 8: Que como bien lo expone la Corte de Apelaciones en sus argumentos a efecto de declarar inadmisible la acción constitucional de Amparo, el recurrente invoca en sus argumentos cuestiones de mera legalidad. Es criterio de este Alto Tribunal que son cuestiones de mera legalidad, aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional deben ser resueltos en las instancias ordinarias, ejemplo de ello la valoración de prueba aportada en audiencia conforme los principios rectores en el proceso penal, a efecto de decidir el asunto puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional. En atención a ello, el impetrante en sendas exposiciones realiza una cronología de todas las diligencias administrativas que realizó en el Ministerio Público, específicamente en la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción de la Impunidad a efecto de solicitar la revocatoria de una medida precautoria, cautelar o de aseguramiento. Solicitud que ha sido denegada según lo expuesto por el peticionario de la garantía de Amparo, es por ello que acude ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, quien una vez realizada audiencia Ad-Hod, resuelve declarar sin lugar lo peticionado por el Apoderado Legal de la Corporación Flores S.A., previo a la documentación que fue analizada y presentada por el Apoderado Legal de Corporación Flores S.A.; aunado a ello el impetrante se esmera en realizar apreciaciones subjetivas en cuanto al accionar de los operadores de justicia, específicamente de la Juez A-quo a quien alude de la forma siguiente (Sic) “… y es lógico que así piensen estas funcionarias públicas porque la lamentable sumisión legislativa que dejo muchas ambigüedades en la redacción de esas leyes sobre lavados de activos y privación de dominio, en otro país con cultura jurídica, rápida y justamente se hubieren superado mediante la interpretación justa de la ley por parte de jueces y magistrados independientes, pero en manos de jueces sumisos, cobardes y timoratos es caldo para que emerjan todo tipo de interpretaciones donde se legitiman y autorizan abusos y arbitrariedades contra los derechos y garantías constitucionales…”, argumentos subjetivos que no coadyuvan a demostrar en forma lógica, racional y fundamentada la vulneración a los derechos fundamentales invocados por el amparista. -Lo subrayado y negrita es nuestro- CONSIDERANDO 9: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la resolución venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la resolución venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-677-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL