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Sentencia AP-674-17 — Registro 15727

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 90, 92, 99 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (7) Que la Corte de Apelaciones, en la resolución impugnada motiva su resolución, párrafo de la Motivación No. 4, deja establecido: “Que en el Código Procesal Penal no se encuentra un artículo que mande que un Juez Ejecutor designado para un allanamiento deba de ser juramentado.- El artículo 213 del referido cuerpo legal establece el mandamiento y contenido de la orden de allanamiento, señalando que para practicar un allanamiento, el Juez expedirá mandamiento que contendrá los siguientes requisitos: “…. 4. La designación de Juez Ejecutor, el que en todo caso deberá estar acompañado por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), o en su defecto por la Policía Nacional Preventiva. No se señala que el Juez Ejecutor debe ser juramentado; el Juez Ejecutor cuando está practicando el allanamiento, no declara, no pericia ni traduce. Además, señala que el artículo 129 dispone la forma como debe de hacerse el juramento cunado se requiera, que es el caso de los testigos, peritos o traductores en su caso, porque son las únicas personas que deben de hacer juramento previo a rendir su declaración, pericia o realizar la traducción. El Juez Ejecutor en un allanamiento su tarea es notificar al que habita una casa, practicar el registro y cuidar que el lugar quede cerrado y protegido. En el numeral 5., señala el procedimiento para realizar el allanamiento, así como los casos de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Este Mandamiento aclara que el allanamiento se hará mediante resolución de autoridad competente, no mediante juramentación. Lo que tiene la validez es la resolución de autoridad competente, es más el Juez convalida los allanamientos en los casos de urgencia y que la resolución es ordenada por el Ministerio Público y en estos casos no se juramenta al Juez Ejecutor.” CONSIDERANDO: (8) Que, para la interpretación de la ley, debe seguirse la voluntad del legislador los fines, principios y valores de la norma, de su interpretación se derivan las consecuencias jurídicas, que atañen a la situación jurídica del imputado. Por todo ello la necesidad de aplicar la lógica y la coherencia al momento de interpretar la norma jurídica en armonía con el contexto de toda la ley, no de manera individualizada como si fueran partes independientes de la misma. Siendo así al interpretar la norma procesal penal (y cualquier otra norma jurídica) no solo se interpreta un precepto sino en total armonía con toda la ley. En relación al caso que nos ocupa, en la normativa procesal penal, se establece los casos en que podrá realizase un allanamiento, así como el procedimiento a seguir en ese orden de ideas el juzgador debe sujetarse a lo dispuesto en la misma. Así el Código Procesal Penal en el artículo 213 establece entre los requisitos del Mandamiento y Contenido de la Orden de Allanamiento, 1)…; 2)…; 3)…; “4) La designación de Juez Ejecutor, él que en todo caso deberá estar acompañado por agentes de la Investigación Policial DPI o en su defecto por la Policía Nacional Preventiva. CONSIDERANDO: (9) Que, si bien es cierto, en la práctica algunos jueces juramentan al Juez Ejecutor, lo que obviamente no vulnera ningún derecho de las partes, tampoco lo prohíbe la ley, pero lo cierto es que la norma procesal no tiene esta exigencia. La Ley establece, que el Juez expide un mandamiento, en ese mandamiento se consigna la designación del Juez Ejecutor, el motivo preciso del allanamiento con indicación concreta de las personas u objetos buscados, si son conocidos y de las diligencias por practicar…. Así lo prescribe el artículo referido 213 del Código Procesal Penal. Situación diferente se observa en lo atinente al nombramiento de peritos, el legislador determinó la exigencia de su juramentación de acuerdo al artículo 243 párrafos 2 y 3, del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO:(10) Que el artículo 92 Constitucional establece los requisitos por los que el Juzgador ha de dictar un Auto de Formal Procesamiento, a través de la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar el Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Es así que los Medios de Prueba evacuados en la Audiencia Inicial darán luz para que el Juez de Instrucción procesal pueda establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el Sobreseimiento Provisional y/o Definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO: (11) Que para dictar Auto de Formal Procesamiento bastará la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una Medida Cautelar determinada, conforme lo establece el artículo 294, párrafo 5 del Código Procesal Penal. En este sentido, el Auto de Prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare Sin Lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. CONSIDERANDO: (16) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional, aprecia que la resolución dictada por el Ad Quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado concluye que la acción de Amparo debe Denegarse. ”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice:

TE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Florencio Canales Laínez, a favor de la señora Ilda Godoy Cruz, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra la señora Ilda Godoy Cruz, por suponerla responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 90, 92, 99 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Elisa Moreno, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando solicitud de allanamiento y registro, se ordene secuestro de indicios, detención de sospechosos. (Folios 1-19 del antecedente) 2) En fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, resolvió: 1) Admitir el escrito de solicitud de allanamiento, inspección, registro, secuestro de indicios, detención de sospechosos, medidas de aseguramiento sobre inmuebles con la finalidad de incautar evidencia del delito de Tráfico de Drogas y Lavado de Activos y cualquier otro conexo…II) Que se dicte la medida cautelar de aseguramiento sobre los bienes inmuebles identificados a nombre de los investigados, para lo cual se deberá librar oficio al señor Registrador del Instituto de la Propiedad de Juticalpa, departamento de Olancho para que inscriba la medida sobre los inmuebles registrados bajo matriculas…III)DECLARAR CON LUGAR, la solicitud de las diligencias de allanamiento, inspección, registro… (Folios 42-57 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Karla Suyapa Zavala, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora Ilda Godoy Cruz por suponerla responsable de la comisión del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. (Folios 91-93 del antecedente) 4) En fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la continuación de la audiencia inicial, dictó resolución mediante la cual decretó: 1.-DECRETAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES A PARTIR DE LAS VEINTE ACTAS DE ACEPTACIÓN DE JUEZ EJECUTOR contenidas en el expediente 27-2016, por no haber sido realizado y controlado el acto por el Juez de Garantía que ordenó los allanamientos, por ende decretar la nulidad de los allanamientos ejecutados por no estar investidos en legal y debida forma los Jueces Ejecutores.-2.-DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ILDA GODOY CRUZ por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por no haber medios probatorios que valorar.-Ordenar la inmediata excarcelación de ILDA GODOY CRUZ, extendiéndole carta de liberta definitiva y ordenando al Secretario del Despacho librar oficio al señor Director del Centro de Adaptación Femenina CEFAS, ubicado en el Valle de Támara. 4.-…. (Folios 371-378 del antecedente) 5) La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Franklyn Morales y Ronal Banegas, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, contra la resolución que ha sido referida en el numeral que antecede, en fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos, resolvió: 1.-Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.-REVOCAR la resolución apelada. (Folios 444-450 vuelto del antecedente) 6) Que el recurrente, Abogado José Florencio Canales Laínez, compareció ante este Tribunal en fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Ilda Godoy Cruz, afirmando que la decisión adoptada por Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90, 92, 99 y 321 de la Constitución de la República. 7) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en el recurso de mérito, el escrito presentado por el Abogado José Florencio Canales Laínez, en su condición antes indicada; en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordena al recurrente estarse a lo dispuesto en el auto de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho que corre a folio 69 de autos, en consecuencia, continúese con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 87 del recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el Abogado JOSE FLORENCIO CANALES LAINEZ, interpuso Acción de Amparo contra la resolución dictada en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, del departamento de Francisco Morazán, que declaró CON LUGAR el Recurso de Apelación y revocó el Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación a la causa instruida contra la señora ILDA GODOY CRUZ por suponerla responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente expone en los antecedentes procesales, las actuaciones realizadas, las que inician con la petición de la Fiscal del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento, la que fue admitida por el Juez, posteriormente se realizó una audiencia para nombramiento de jueces ejecutores, audiencia de juramentación celebrada solamente con la presencia de la Secretaria del Despacho sin la presencia ni actuación del Juez, ya que no se encontraba ni firma ni sello del mismo. Posteriormente se presentó Requerimiento Fiscal por el delito de Lavado de Activos contra la recurrente, celebrada la Audiencia Inicial la defensa de la imputada presentó incidente de nulidad absoluta de actuaciones en virtud de que el nombramiento de jueces ejecutores no fue realizado en legal y debida forma, ya que fue realizada únicamente con la presencia de la Secretaria de la judicatura. Resuelto el incidente la Juez A Quo dictó nulidad de los allanamientos ejecutados por los Jueces ejecutores por violentar Garantías y Derechos Constitucionales y el Debido Proceso dictando Sobreseimiento Definitivo a favor de Ilda Godoy Cruz, por el supuesto delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. No conforme con dicha resolución el Ministerio Público presentó Recurso de Apelación, el que fue declarado Con Lugar por la Corte de Apelaciones hoy impugnada, en consecuencia, revocó la resolución apelada, interpuesto el recurso de reposición por la defensa de la recurrente, fue declarada Sin Lugar. CONSIDERANDO: (5) Que el impetrante invoca como quebrantados el artículo 92 constitucional, que tutela el límite del poder punitivo del Estado en relación con el artículo 297 No. 1 del Código Procesal Penal, cuando el Ad Quem dicta Auto de Formal Procesamiento sin sustento probatorio, solamente tomando en cuenta las aportaciones de prueba arbitrariamente obtenida (allanamiento irregular), sin fundamento y motivación suficiente que implique la reprochabilidad jurídica de la conducta, no considerando la Corte que debe existir una constatación del hecho y que a la vez esos hechos se encuentren encuadrados y que correspondan a las características del tipo penal especial de Lavado de Activos, implicando que para ello deben concurrir los elementos a que refiere el artículo 14 del Código Penal vigente al momento de iniciarse la causa, exigiendo la concurrencia de indicios de la participación de la acusada, imponiéndose un límite al poder punitivo del Estado, ya que la misma Corte establece en su resolución que existe unicidad en la función oficial, la cual aun cuando lo niegue el Ad Quem está integrada por actos, así lo establece en su articulado la Ley de Lavado de Activos. Además, señala que la Corte impugnada aun cuando expone abundantes argumentos resultan insuficientes en el encuadramiento fáctico del tipo penal de Lavado de Activos. Por todo lo expuesto considera que el Ad Quem ha extralimitado su función jurisdiccional, por cuanto se va más allá en una estimación de hechos fácticos inconsecuentes al debido proceso y respeto al domicilio. CONSIDERANDO: (6) Que el recuente además invoca como quebrantado el artículo 99 constitucional que señala que el domicilio es inviolable, en relación con los siguientes artículos del Código Procesal Penal: artículo 2 del Estado de Inocencia, artículo 18 Interpretación de los Pasajes Oscuros o Contradicciones de la Ley Penal, se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada, Artículo 19 Fuentes Auxiliares de la Actividad Judicial. Artículo 129 de la Juramentación y la Forma de Hacerse, cuando se requiera la presentación de juramento, el Juez o el Tribunal de Sentencia lo recibirá previa advertencia al deponente de las penas aplicables al falso testimonio. Artículo 131 Documentación de los Actos. Cuando un acto debe ser documentado el funcionario interviene con la asistencia del Secretario, levantará el acta respectiva. Vulneración del artículo 90 expresando su vulneración con los motivos antes expresados. CONSIDERANDO: (7) Que la Corte de Apelaciones, en la resolución impugnada motiva su resolución, párrafo de la Motivación No. 4, deja establecido: “Que en el Código Procesal Penal no se encuentra un artículo que mande que un Juez Ejecutor designado para un allanamiento deba de ser juramentado.- El artículo 213 del referido cuerpo legal establece el mandamiento y contenido de la orden de allanamiento, señalando que para practicar un allanamiento, el Juez expedirá mandamiento que contendrá los siguientes requisitos: “…. 4. La designación de Juez Ejecutor, el que en todo caso deberá estar acompañado por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), o en su defecto por la Policía Nacional Preventiva. No se señala que el Juez Ejecutor debe ser juramentado; el Juez Ejecutor cuando está practicando el allanamiento, no declara, no pericia ni traduce. Además, señala que el artículo 129 dispone la forma como debe de hacerse el juramento cunado se requiera, que es el caso de los testigos, peritos o traductores en su caso, porque son las únicas personas que deben de hacer juramento previo a rendir su declaración, pericia o realizar la traducción. El Juez Ejecutor en un allanamiento su tarea es notificar al que habita una casa, practicar el registro y cuidar que el lugar quede cerrado y protegido. En el numeral 5., señala el procedimiento para realizar el allanamiento, así como los casos de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Este Mandamiento aclara que el allanamiento se hará mediante resolución de autoridad competente, no mediante juramentación. Lo que tiene la validez es la resolución de autoridad competente, es más el Juez convalida los allanamientos en los casos de urgencia y que la resolución es ordenada por el Ministerio Público y en estos casos no se juramenta al Juez Ejecutor.” CONSIDERANDO: (8) Que, para la interpretación de la ley, debe seguirse la voluntad del legislador los fines, principios y valores de la norma, de su interpretación se derivan las consecuencias jurídicas, que atañen a la situación jurídica del imputado. Por todo ello la necesidad de aplicar la lógica y la coherencia al momento de interpretar la norma jurídica en armonía con el contexto de toda la ley, no de manera individualizada como si fueran partes independientes de la misma. Siendo así al interpretar la norma procesal penal (y cualquier otra norma jurídica) no solo se interpreta un precepto sino en total armonía con toda la ley. En relación al caso que nos ocupa, en la normativa procesal penal, se establece los casos en que podrá realizase un allanamiento, así como el procedimiento a seguir en ese orden de ideas el juzgador debe sujetarse a lo dispuesto en la misma. Así el Código Procesal Penal en el artículo 213 establece entre los requisitos del Mandamiento y Contenido de la Orden de Allanamiento, 1)…; 2)…; 3)…; “4) La designación de Juez Ejecutor, él que en todo caso deberá estar acompañado por agentes de la Investigación Policial DPI o en su defecto por la Policía Nacional Preventiva. CONSIDERANDO: (9) Que, si bien es cierto, en la práctica algunos jueces juramentan al Juez Ejecutor, lo que obviamente no vulnera ningún derecho de las partes, tampoco lo prohíbe la ley, pero lo cierto es que la norma procesal no tiene esta exigencia. La Ley establece, que el Juez expide un mandamiento, en ese mandamiento se consigna la designación del Juez Ejecutor, el motivo preciso del allanamiento con indicación concreta de las personas u objetos buscados, si son conocidos y de las diligencias por practicar…. Así lo prescribe el artículo referido 213 del Código Procesal Penal. Situación diferente se observa en lo atinente al nombramiento de peritos, el legislador determinó la exigencia de su juramentación de acuerdo al artículo 243 párrafos 2 y 3, del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO:(10) Que el artículo 92 Constitucional establece los requisitos por los que el Juzgador ha de dictar un Auto de Formal Procesamiento, a través de la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar el Auto de Formal Procesamiento, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Es así que los Medios de Prueba evacuados en la Audiencia Inicial darán luz para que el Juez de Instrucción procesal pueda establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el Sobreseimiento Provisional y/o Definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. CONSIDERANDO: (11) Que para dictar Auto de Formal Procesamiento bastará la mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una Medida Cautelar determinada, conforme lo establece el artículo 294, párrafo 5 del Código Procesal Penal. En este sentido, el Auto de Prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare Sin Lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad. CONSIDERANDO: (12) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO: (13) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Constitución de la República “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[2]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la no Retroactividad de la Ley; 24 Igualdad ante la ley; 25 Protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[3]. CONSIDERANDO: (14) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los Tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el Derecho de Defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso. CONSIDERANDO: (15) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[4]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (16) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional, aprecia que la resolución dictada por el Ad Quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado concluye que la acción de Amparo debe Denegarse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Articulo 213, 294 Y Demas aplicables del Código Procesal Penal, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por JOSE FLORENCIO CANALES LAINEZ, contra la resolución dictada en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, a favor de la señora ILDA GODOY CRUZ, supuesto responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, los catorce días del mes diciembre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0674-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[2]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[3] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[4] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod