Sentencia AP-658-21 — Registro 16309
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación contra la resolución que resuelve declarar con lugar la excepción por falta de acción y decreta sobreseimiento definitivo. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han infringido en perjuicio de su representado, la norma constitucional de derecho a la defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): La excepción procesal es una herramienta jurídica a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que ha interpuesto el demandante. El objetivo de la excepción procesal es impedir que el procedimiento siga su curso normal y que el juez entre a valorar el fondo del asunto por el que se demanda a una persona. Citando a Hugo Alsina, lo define como “Son la defensa que el demandado alega para paralizar o extinguir los efectos de la Demanda. Es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento”. Se llama excepción a toda defensa que el demandado opone para dilatar o destruir la acción del demandante, teniendo en cuenta estas dos opciones, la doctrina ha establecido una distinción, según que la defensa ataque al procedimiento o al fondo del derecho y las ha subdividido en dilatorias y perentorias, según que paralicen o extingan la acción o el derecho. CONSIDERANDO (8): Que el Código Procesal Penal, admite solo tres clases de excepciones en el procedimiento panal a saber: 1. La incompetencia; 2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3. La extinción de la acción penal. Conforme a la distinción establecida por la doctrina, la excepción por falta de acción puede considerarse como una excepción de carácter dilatoria, ello es así, porque ataca a la forma y no el fondo del procedimiento, en atención a que la acción no debió promoverse o no pueda proseguirse, ante la falta de requisitos en la presentación de la demanda; en el caso sub-júdice, la recurrente en Amparo expone como elemento en el planteamiento de la excepción por falta de acción, el que la autorización firmada por el ofendido -requisito para ejercer la acción penal pública a instancia particular-, en un requerimiento fiscal por el delito de Lesiones, aparece fechada un día antes de la ocurrencia de los hechos denunciados. Ante esta circunstancia, el Tribunal de Alzada en un razonamiento lógico y fundamentado en la ley penal adjetiva, declara sin lugar la excepción por falta de acción, porque al apreciar la referida autorización en su contexto y contenido, se puede observar que ésta coincide con los demás datos que se citan en el requerimiento fiscal, elementos en su conjunto que debió observar el Juez A-quo.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(9): Que yerra también el A-quo cuando decreta el sobreseimiento definitivo de la causa, por ello la Alzada procede a enmendar dicha actuación; como bien se señala en la resolución recurrida en Amparo, no es procedente sobreseer definitivamente una causa penal, cuando es procedente una excepción de falta de acción por falta de autorización a efecto de ejercer la acción penal pública a instancia particular. En ese orden de ideas el artículo 296 del Código Procesal Penal, contiene los presupuestos por los cuales procede el dictado de un sobreseimiento definitivo a saber: “Sobreseimiento Definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1. Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2. No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3. Se ha extinguido la acción penal”. En el caso en estudio, no procede decretar un sobreseimiento definitivo, pues al tenor del precepto ut supra, la audiencia inicial no se desarrolló en su totalidad, ante el planteamiento de una excepción por falta de acción, invocando la fecha en la autorización del ofendido para ejercitar la acción penal pública, planteamiento que como bien indica el Tribunal de Alzada, no representa extinción de la responsabilidad penal, en atención al contenido del artículo 42 del Código Procesal Penal, que establece las causales de extinción de la acción penal. CONSIDERANDO(10): Que el precepto legal antes enunciado incumbe al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al derecho de defensa invocados; argumentando la resolución del Tribunal de Alzada que en cuanto a la fecha que se citó en la referida autorización obedece a un lapsus calami (error involuntario) al momento de su redacción, pero que no se puede desconocer que ésta guarda relación con el caso de mérito como se ha indicado, aspecto sobre lo cual debió reparar el A-quo y no cerrar la acusa a través de un sobreseimiento definitivo; estimando que tampoco es procedente sobreseer definitivamente una causa penal cuando sea procedente una excepción de falta de autorización, porque ello no representa exención de responsabilidad penal, sino una inhabilitación para el ejercicio de la acción penal; procediendo la Alzada a revocar el fallo emitido en primera instancia que decretaba un sobreseimiento definitivo, invocando el A-quo la procedencia de la excepción de falta de acción en cuanto a la autorización firmada por el ofendido para el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público. … CONSIDERANDO(13): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(14): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 358 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, a favor del señor Niebes Melgar Bonilla, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, que por unanimidad de votos, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en audiencia inicial por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, que resuelve declarar con lugar la excepción por falta de acción y decreta sobreseimiento definitivo, en relación a la causa instruida contra el señor Niebes Melgar Bonilla, por suponerlo responsable del delito de Lesiones en perjuicio de Gerson Noel García Chavarría. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han infringido en perjuicio de su representado, la norma constitucional de derecho a la defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta de julio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Niebes Melgar Bonilla, por considerarlo responsable del delito de Lesiones, en perjuicio de Gerson Noel García Chavarría. (Folios del 1-3fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) En fecha catorce de agosto del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, celebró audiencia inicial, mediante la cual resolvió: (Sic) “…POR TANTO ESTE JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DECRETA: 1) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE ACCION en la causa que se le sigue al Imputado NIEBES MELGAR BONILLA a quien se le supone responsable del delito de LESIONES en perjuicio de GERSON NOEL GARCIA CHAVARRIA.- 2)DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado NIEBES MELGAR BONILLA a quien se le supone responsable del delito de LESIONES en perjuicio de GERSON NOEEL GARCIA CHAVARRIA.- 3)Deja sin ningún valor y efecto las medidas cautelares decretadas en audiencia de declaración indagatoria de fecha 31 de julio del año 2020…” (Folios del 34-36 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Keysi Archaga, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede y dictada en audiencia inicial, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, falló: (Sic) “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Abogada KEYSI YADIRA ARCHAGA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la causa penal incoada contra el señor NIEBES MELGAR BONILLA, por suponerlo responsable del delito de LESIONES, en perjuicio de GERSON NOEL GARCIA CHAVARRIA.-SEGUNDO: REVOCA LA RESOLUCION IMPUGNADA.-TERCERO: Declara SIN LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE ACCION opuesta por la defensa del imputado, y se ordena se continúe con el desarrollo de la audiencia inicial a efecto que la defensa proponga su prueba de fondo, se evacue la propuesta por ambas partes, se hagan las conclusiones del caso y se dicte la resolución que en derecho corresponda…” (Folios del 11-15 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 4) Que la recurrente, Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Niebes Melgar Bonilla, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, infringe la norma constitucional del derecho a la defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, ésta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, compareció en fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor del señor NIEBES MELGAR BONILLA, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veintiuno (2021), vulnera en perjuicio de su representado, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello al dictarse una resolución que resuelve declarar con lugar el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público y revoca el sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo, cuando en el caso en comento, la Agente Fiscal incorporó en el momento de la audiencia inicial una autorización para ejercer la acción, pero la misma fue firmada por el ofendido un día antes de suceder los hechos, acción que se considera impredecible, pues nadie tiene capacidad de determinar qué sucederá un hecho sin haber llegado la fecha del mismo. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos la impetrante aduce que se infringen las normas constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso; en defensa de su tesis la recurrente indica que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle perjudicó los intereses de su representado al emitir du fallo revocando la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, quien había dictado sobreseimiento definitivo por el delito de lesiones a favor de su representado; lo anterior en virtud que la apreciación del Tribunal Ad-quem constituyó que se debió a un lapsus calami (error involuntario) al momento de su redacción; violentando se esta forma el Tribunal Ad-quem los artículos 26 No.1, 46 No.2, 47 y 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal; 82 y 90 de la Constitución de la República. A criterio de la recurrente, el tribunal de alzada debió considerar otros aspectos importantes como ser, hablando en forma genérica en el caso particular no se debió promover requerimiento fiscal por haber sido iniciado ilegalmente al presentar autorización para ejercer la acción penal en un delito de acción privada con una fecha anterior a la comisión del hecho, es decir en el legajo investigativo y como prueba documental en audiencia inicial se incorporó la autorización del ofendido que fue firmada en fecha veintinueve de julio del año dos mil veinte, de unos hechos ocurridos el treinta de julio del mismo año. CONSIDERANDO (4): Que en la Motivación de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en relación a declarar sin lugar la excepción por falta de acción, promovida por la defensa, en el acápite quinto de la referida resolución al argumentar: (Sic) “Que esta Corte considera que si bien, en la autorización que obra a folio treinta (30) de la primera pieza de autos, en donde se autoriza al Ente Fiscal para ejercer la acción penal en la causa penal que nos ocupa, tienen como fecha 29 de julio del año 2020 y los hechos según denuncia ocurrieron el 30 de julio del año 2020, es decir un día después de la fecha que se cita en la referida autorización, también es de considerar que el Ente Fiscal al contestar la excepción de falta de acción opuesta por la defensa, ha argumentado que esto se debió a un error involuntario al momento de consignarse la fecha en dicha autorización, aspecto que esta Corte tiene a bien considerar, ya que al apreciar la referida autorización en su contexto y contenido se puede observar que esta coincide con los demás datos que se citan en el requerimiento fiscal y denuncia que obra a folio (7) de la pieza en referencia, sobre los nombres tanto del ofendido GERSON NOEL GARCIA CHAVARRIA como del imputado NIEBES MELGAR BONILLA, la causa penal y numero de denuncia que corresponde al mismo número 1675 que se señala en la autorización. De lo que se desprende que se trata del caso de mérito, y que lo que sucedió en cuanto a la fecha que se citó en la referida autorización obedece a un lapsus calami (error involuntario) al momento de su redacción, pero que no se puede desconocer que esta guarda relación con el caso de mérito como se ha indicado, aspecto sobre lo cual debió reparar el A-quo y no cerrar la causa a través de un sobreseimiento definitivo; estimando esta Corte que tampoco es procedente sobreseer definitivamente una causa penal cuando sea procedente una excepción de falta de acción por falta de autorización, porque ello no representa excepción de responsabilidad penal, sino una inhabilidad para ejercer la acción penal, al grado que su procedibilidad solo daría lugar anular los autos para que el Ente fiscal vuelva a incoar la acción penal, pero nunca cerrar el caso con un sobreseimiento definitivo. Que por los motivos anteriores es procedente declarar con lugar el recurso y revocar la resolución venida en apelación...” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (5): Que, de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a revocar la resolución dictada por el A-quo y en su lugar declarar sin lugar la excepción de falta de acción promovida por la defensa, a favor del encausado señor Niebes Melgar Bonilla, por lo que a criterio de la recurrente en Amparo, se debió mantener la excepción por falta de acción y el sobreseimiento definitivo dictada a favor del encausado, al considerar que se revoca la decisión adoptada por el A-quo infringiendo normativa constitucional. CONSIDERANDO(6): Que la recurrente en Amparo aduce como vulnerados los artículos 26.1, 46.2, 47 y 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, en atención a la infracción del contenido constitucional del derecho a la defensa y el debido proceso. Articulado que hace referencia a las acciones públicas dependientes de instancia particular, la excepción por falta de acción, el momento procesal para interponerla y la evacuación de prueba en audiencia inicial. Que, como fundamento legal de la resolución en comento, atendiendo las razones por las cuales procedería declarar sin lugar la excepción de falta de acción promovida por la defensa, la alzada expone un razonamiento lógico en cuanto a la autorización firmada por el ofendido a efecto que el Ministerio Público ejerza la acción penal pública ante el juzgado competente; razonamiento que no comparte la recurrente en Amparo, pues a su criterio se han inobservado preceptos contenidos en el Código Procesal Penal, como el que se haya iniciado el proceso con una autorización fechada un día antes de los hechos denunciados. CONSIDERANDO(7): La excepción procesal es una herramienta jurídica a disposición de la persona demandada para resistirse a la acción que ha interpuesto el demandante. El objetivo de la excepción procesal es impedir que el procedimiento siga su curso normal y que el juez entre a valorar el fondo del asunto por el que se demanda a una persona. Citando a Hugo Alsina, lo define como “Son la defensa que el demandado alega para paralizar o extinguir los efectos de la Demanda. Es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento”[3]. Se llama excepción a toda defensa que el demandado opone para dilatar o destruir la acción del demandante, teniendo en cuneta estas dos opciones, la doctrina ha establecido una distinción, según que la defensa ataque al procedimiento o al fondo del derecho y las ha subdividido en dilatorias y perentorias, según que paralicen o extingan la acción o el derecho. CONSIDERANDO(8): Que el Código Procesal Penal, admite solo tres clases de excepciones en el procedimiento panal a saber: 1. La incompetencia; 2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3. La extinción de la acción penal. Conforme a la distinción establecida por la doctrina, la excepción por falta de acción puede considerarse como una excepción de carácter dilatoria, ello es así, porque ataca a la forma y no el fondo del procedimiento, en atención a que la acción no debió promoverse o no pueda proseguirse, ante la falta de requisitos en la presentación de la demanda; en el caso sub-júdice, la recurrente en Amparo expone como elemento en el planteamiento de la excepción por falta de acción, el que la autorización firmada por el ofendido -requisito para ejercer la acción penal pública a instancia particular-, en un requerimiento fiscal por el delito de Lesiones, aparece fechada un día antes de la ocurrencia de los hechos denunciados. Ante esta circunstancia, el Tribunal de Alzada en un razonamiento lógico y fundamentado en la ley penal adjetiva, declara sin lugar la excepción por falta de acción, porque al apreciar la referida autorización en su contexto y contenido, se puede observar que ésta coincide con los demás datos que se citan en el requerimiento fiscal, elementos en su conjunto que debió observar el Juez A-quo. CONSIDERANDO(9): Que yerra también el A-quo cuando decreta el sobreseimiento definitivo de la causa, por ello la Alzada procede a enmendar dicha actuación; como bien se señala en la resolución recurrida en Amparo, no es procedente sobreseer definitivamente una causa penal, cuando es procedente una excepción de falta de acción por falta de autorización a efecto de ejercer la acción penal pública a instancia particular. En ese orden de ideas el artículo 296 del Código Procesal Penal, contiene los presupuestos por los cuales procede el dictado de un sobreseimiento definitivo a saber: “Sobreseimiento Definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1. Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2. No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3. Se ha extinguido la acción penal”. En el caso en estudio, no procede decretar un sobreseimiento definitivo, pues al tenor del precepto ut supra, la audiencia inicial no se desarrolló en su totalidad, ante el planteamiento de una excepción por falta de acción, invocando la fecha en la autorización del ofendido para ejercitar la acción penal pública, planteamiento que como bien indica el Tribunal de Alzada, no representa extinción de la responsabilidad penal, en atención al contenido del artículo 42[4] del Código Procesal Penal, que establece las causales de extinción de la acción penal. CONSIDERANDO(10): Que el precepto legal antes enunciado incumbe al caso bajo estudio; pues son requisitos de aplicación congruente y en atención al principio del iura novit curia; tal lo motivado por la Alzada, ello según lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, no habiéndose evidenciado en la presente demanda de Amparo, trascendencia alguna hacia la integridad de los derechos constitucionales que asisten al Amparista; atendiendo a la no evidencia de lesión al principio derecho del debido proceso, ni al derecho de defensa invocados; argumentando la resolución del Tribunal de Alzada que en cuanto a la fecha que se citó en la referida autorización obedece a un lapsus calami (error involuntario) al momento de su redacción, pero que no se puede desconocer que ésta guarda relación con el caso de mérito como se ha indicado, aspecto sobre lo cual debió reparar el A-quo y no cerrar la acusa a través de un sobreseimiento definitivo; estimando que tampoco es procedente sobreseer definitivamente una causa penal cuando sea procedente una excepción de falta de autorización, porque ello no representa exención de responsabilidad penal, sino una inhabilitación para el ejercicio de la acción penal; procediendo la Alzada a revocar el fallo emitido en primera instancia que decretaba un sobreseimiento definitivo, invocando el A-quo la procedencia de la excepción de falta de acción en cuanto a la autorización firmada por el ofendido para el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público. CONSIDERANDO (11): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, la recurrente se limita a enunciar que la Agente Fiscal incorporó en el momento de la audiencia inicial una autorización para ejercer tal acción, pero que la misma fue firmada por el ofendido un día antes de suceder los hechos, acción que la recurrente considera impredecible, pues nadie tiene capacidad de determinar qué sucederá un hecho sin haber llegado la fecha del mismo, no obstante a ello la Alzada establece un razonamiento lógico y coherente en relación al por qué considera que fue un error involuntario al momento de redactar la autorización, conclusión a la que arriba la alzada de la apreciación de los demás elementos que acompañan al requerimiento fiscal presentado y que fueron obviados por el A-quo, no evidenciándose con lo expuesto por la recurrente en Amparo, la vulneración a los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (12): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO(13): Que lo anteriormente fundamentado se entiende sin perjuicio de las posibilidades de defensa y debido proceso que le asisten en sede jurisdiccional, las cuales no se han visto vulnerados con el tenor de la resolución motivada de apelación, recurrida en Amparo; desprendiéndose de su lectura, que se trata de una resolución emitida en tiempo y forma, por órgano jurisdiccional competente, sustentada en legalidad en sus fundamentos jurídicos, además de motivada en derecho vigente; pronunciada en congruencia precisa con el objeto o personalidad de la apelación, en vías del recurso ordinario en moción y acorde a las facultades que expresamente le concede la ley al Tribunal de Apelación. CONSIDERANDO(14): Que acorde al artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la sustanciación de la acción, la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida, lo cual se tiene en consideración a la vista del presente recurso de Amparo y en particular, a que se siga manteniendo la estricta observancia del debido proceso; procede por ende dictar fallo denegatorio al presente recurso de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 16, 26, 42, 46, 139, 141 y 296 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a favor del señor NIEBES MELGAR BONILLA, contra la resolución de fecha DIECISÉIS (16) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-658-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] José Maria Palacios Mejía y Jesús Fernández Entralgo (Coordinadores); Código Procesal Penal Comentado Honduras. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Consejo General del Poder Judicial de España. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000. LITOCOM, S de R. L. de C.V. Pág. 198.
[4] Causas de Extinción de la Acción Penal. La acción penal se extingue: 1. Por las causas que, con arreglo al Código Penal, extinguen la responsabilidad penal, y con los efectos que en dicho Código se establecen; 2. Por abstención del ejercicio de la acción penal, de conformidad con lo establecido por el Articulo 28 de este Código, salvo las excepciones establecidas en el Articulo citado; 3. Por el cumplimiento del plazo señalado en el párrafo primero del Artículo 37; 4. Por el desistimiento o abandono de la querella respecto de los delitos de acción privada o de los de acción pública que, por conversión de ésta, a tenor de lo dispuesto en el Articulo anterior, hayan sido sometidas al procedimiento especial previsto en este Código para las acciones privadas; 5. Cuando después de dictado el sobreseimiento provisional no se reabra la investigación dentro de los cinco (5) años siguientes; y, 6. Por efecto de la cosa juzgada.