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Sentencia AP-631-21 — Registro 14756

Resumen

auto de formal procesamiento en relación a la causa instruida contra impetrantes por suponerlos responsables de los delitos de Abuso de Autoridad, Allanamiento de Morada, Detención Ilegal, Falsificación de Documentos Públicos y Falso Testimonio en perjuicio de la Administración y La Fe Publica del Estado de Honduras y del señor Gustavo Adolfo García Pagoada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Enrique Panting Guerra, en contra de la resolución de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Allanamiento de Morada y Detención Ilegal, Falsificación de Documentos Públicos en Concurso Real y Falso Testimonio. En consecuencia los encartados tienen el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ENRIQUE PANTING GUERRA, a favor de los señores CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REUES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES y LAURA OFELIA SIERRA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra los señores CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REUES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES y LAURA OFELIA SIERRA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, ALLANAMIENTO DE MORADA, DETENCION ILEGAL, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FALSO TESTIMONIO en perjuicio de la ADMINISTRACION Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor GUSTAVO ADOLFO GARCIA PAGOADA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha tres de diciembre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de La Ceiba, departamento de Atlántida, al Abogado FREDDY JOEL HENRQUEZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REUES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES y LAURA OFELIA SIERRA, a quienes se les supone responsables del delito de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, ALLANAMIENTO DE MORADA, DETENCION ILEGAL, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FALSO TESTIMONIO en perjuicio de la ADMINISTRACION Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y del señor GUSTAVO ADOLFO GARCIA PAGOADA. 2).- Que en fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de La Ceiba, departamento de Atlántida, celebró Audiencia Inicial en la cual resolvió DECRETAR: PRIMERO Por tal razón está suscrita juez es del criterio de DICTAR UN AUTO FORMAL PROCESAMIENTO: contra los jóvenes: ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES, CHRISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, JAIME DAVID REYES AVILA, HECTOR DANILO VALLDARES CRUZ y LAURA OFELIA SIERRA CRUZ, a quien se les supone responsable a título de coautores de la comisión de UN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, UN DELITOO DE ALLANAMIENTO DE MORADA Y UN DELITO DE DETENCION ILEGAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y GUSTAVO ADOLFO GARCIA PAGOADA.- En contra de CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de TRES DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS EN CONCURSO REAL Y UN DELITO DE FALSO TESTIMONIO en perjuicio de LA FE PUBLICA, y contra de HECTOR DANILO VALLDARES CRUZ, SE DICTAR UN AUTO FORMAL PROCESAMIENTO por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de DOS DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN CONCURSO REAL en perjuicio de LA FE PUBLICA….” (Folios del 161 al 183 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLO: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados ALLAN LEONEL REYES PORTILLO y ENRIQUE PANTING GUERRA. SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION JUDICIAL en fecha veinticinco de diciembre del año dos mil veinte, dictado a los imputados ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES, CHRISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, JAIME DAVID REYES AVILA, HECTOR DANILO VALLDARES CRUZ Y LAURA OFELIA SIERRA CRUZ a quienes se les supone responsables d a título de coautores de la comisión de un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, UN DELITO DE ALLANMIENTO DE MORADA Y UN DELITO DE DERECHO ILEGAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y GUSTAVO ADOLFO GARCIA PAGOADA en contra de CHRISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, se dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de TRES DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS EN CONCURSO REAL Y UN DELITO DE FALSO TESTIMONIO en perjuicio de LA FE PUBLICA, y contra de HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, se dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de DOS DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN CONCURSO REAL, en perjuicio de LA FE PUBLICA. (Folios del 05 al 15 de la primera pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado ENRIQUE PATING GUERRA, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor de los señores CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REUES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES y LAURA OFELIA SIERRA, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, esta Sala admitió el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ENRIQUE PANTING GUERRA, a favor de los señores CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REYES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES Y LAURA OFELIA SIERRA CRUZ, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, que declaró sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Allan Leonel Reyes Portillo y Enrique Panting Guerra, en contra de la resolución de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinte (2020), donde el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, decreto auto de formal procesamiento, en contra de los imputados CHISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REYES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES Y LAURA OFELIA SIERRA CRUZ, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, ALLANAMIENTO DE MORADA, DEENCIÓN ILEGAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS EN CONCURSO REAL, FALSO TESTIMONIO, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, GUSTAVO ADOLFO GARCIA PAGOADA, LA FE PUBLICA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado ENRIQUE PANTING GUERRA, considera que existe una vulneración al principio Constitucional del Debido Proceso, Derecho a la Defensa y del Estado de Inocencia, al señalar que el Ministerio Público en el acto de la audiencia inicial, no aporto medios de prueba suficientes para acreditar la existencia de los tipos penales imputados, en especial del delito de Allanamiento de Morada, refiriendo que la acusación está sustentada en meras especulaciones sin fundamento, señalando a su ves que se le tomó declaración a testigos propuestos por el Ministerio Publico sin portar documentos de identificación personal denominado Tarjeta de Identidad.- Manifestando que no puede tipificarse el delito de Abuso de Autoridad, conforme a las disposiciones del Código Penal actualmente vigente y que al haberse decretado auto de formal procesamiento por esa conducta, se ha violentado el principio de legalidad, refiere que al no habérsele valorado la prueba de conformidad con lo establecido en los artículos 141 y 202 del Código Procesal Penal, y no admitirle la prueba de la defensa, el A-Quo ha producido una actuación carente de legitimidad, claramente lesiva a los intereses procesales de una de las partes en conflicto judicial y una violación al derecho de defensa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución proferida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Enrique Panting Guerra, en contra de la resolución de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndonos a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, al concluir que de la prueba aportada se desprende la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad, Allanamiento de Morada y Detención Ilegal, Falsificación de Documentos Públicos en Concurso Real y Falso Testimonio. En consecuencia los encartados tienen el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 294 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: DENEGAR la acción de amparo interpuesta por el Abogado ENRIQUE PANTING GUERRA, a favor de los señores CHRISTIAN MISAEL PINEDA VASQUEZ, HECTOR DANILO VALLADARES CRUZ, JAIME DAVID REYES AVILA, ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES Y LAURA OFELIA SIERRA CRUZ. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO Y ENRIQUE PANTING GUERRA; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-631-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL