Sentencia AP-616-21 — Registro 14755
Resumen
Revocatoria de medidas sustitutivas de prisión preventiva por la de presentación obligatoria con relación a la causa instruida contra impetrante, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de menor argumentando recurrente que revocatoria de dicha medida sustitutiva de manera excesiva, desproporcionada e innecesaria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, ha externado su criterio fundamentándose en que el Ministerio Público cuestiona la decisión del juez por haber otorgado medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez por el delito de violación especial, imponiendo la medida cautelar de presentación obligatoria ante el Juzgado de Paz del municipio de Omoa, departamento de Cortés por el término de dos años, no estando de acuerdo el ente fiscal por considerar que existe peligro de fuga, dado que el delito tiene señalada una pena superior a los cinco años, considerándose una pena grave (tanto en el Código Penal derogado como en el vigente). Ya el artículo 184, reformado por el decreto 56-2013 disponía que al delito de violación no se lo podía imponer medida cautelar distinta a la prisión preventiva, de manera que los actos que rigen el proceso, de acuerdo al tempus regit actum, será aplicable la ley vigente al momento en que los actos se están realizando, es decir, que bajo esta regla, no procedía imponer medida distinta de la prisión, porque ya la ley lo establecía de manera expresa y el juez tenia esa prohibición de aplicar medida distinta. En el caso de autos, al momento de la presentación del requerimiento fiscal, no se podría imponer otra medida distinta a la prisión preventiva, por ello, el órgano jurisdiccional le impuso dicha medida privativa de libertad (según artículo 184, reformado decreto 56-2013) y al momento de la presentación voluntaria del señor Darwin Pérez se encontraba vigente el decreto 36-2020 que reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal donde se restringía la facultad al juzgador para otorgar medidas distinta a la prisión preventiva en los delitos de violación especial, de manera que, conforme a ello, el juez no le podía imponer al acusado ninguna otra medida que no fuera la prisión preventiva, no llevando a una aplicación retroactiva en perjuicio del imputado, pues la observación de la norma obedece al principio de identidad.-CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que la medida de prisión preventiva para ser considerada legal y no arbitraria, debe cumplir con los cuatro elementos del test de proporcionalidad como ser: 1. Que persiga la finalidad legitima vinculada a eliminar el peligro de fuga o entorpecimiento del desarrollo del proceso, 2. Que sea la vía idónea para cumplir con esa finalidad, 3. Que resulte necesaria para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa para procurarlo, 4. Que guarde estricta proporción con el sacrificio inherente a toda restricción a la libertad. En tal sentido, la excepcionalidad de la prisión preventiva viene determinada en la ley, de manera que existe una prohibición de la ley procesal para decretar medidas distintas a la prisión preventiva en delitos como el imputado al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez.-CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 178 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, ha externado su criterio fundamentándose en que el Ministerio Público cuestiona la decisión del juez por haber otorgado medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez por el delito de violación especial, imponiendo la medida cautelar de presentación obligatoria ante el Juzgado de Paz del municipio de Omoa, departamento de Cortés por el término de dos años, no estando de acuerdo el ente fiscal por considerar que existe peligro de fuga, dado que el delito tiene señalada una pena superior a los cinco años, considerándose una pena grave (tanto en el Código Penal derogado como en el vigente). Ya el artículo 184, reformado por el decreto 56-2013 disponía que al delito de violación no se lo podía imponer medida cautelar distinta a la prisión preventiva, de manera que los actos que rigen el proceso, de acuerdo al tempus regit actum, será aplicable la ley vigente al momento en que los actos se están realizando, es decir, que bajo esta regla, no procedía imponer medida distinta de la prisión, porque ya la ley lo establecía de manera expresa y el juez tenia esa prohibición de aplicar medida distinta. En el caso de autos, al momento de la presentación del requerimiento fiscal, no se podría imponer otra medida distinta a la prisión preventiva, por ello, el órgano jurisdiccional le impuso dicha medida privativa de libertad (según artículo 184, reformado decreto 56-2013) y al momento de la presentación voluntaria del señor Darwin Pérez se encontraba vigente el decreto 36-2020 que reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal donde se restringía la facultad al juzgador para otorgar medidas distinta a la prisión preventiva en los delitos de violación especial, de manera que, conforme a ello, el juez no le podía imponer al acusado ninguna otra medida que no fuera la prisión preventiva, no llevando a una aplicación retroactiva en perjuicio del imputado, pues la observación de la norma obedece al principio de identidad.-CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que la medida de prisión preventiva para ser considerada legal y no arbitraria, debe cumplir con los cuatro elementos del test de proporcionalidad como ser: 1. Que persiga la finalidad legitima vinculada a eliminar el peligro de fuga o entorpecimiento del desarrollo del proceso, 2. Que sea la vía idónea para cumplir con esa finalidad, 3. Que resulte necesaria para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa para procurarlo, 4. Que guarde estricta proporción con el sacrificio inherente a toda restricción a la libertad. En tal sentido, la excepcionalidad de la prisión preventiva viene determinada en la ley, de manera que existe una prohibición de la ley procesal para decretar medidas distintas a la prisión preventiva en delitos como el imputado al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez.-CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 178 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, a favor del señor DARWIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional Judicial, de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticinco de marzo dos mil veintiuno, que declaró con lugar un Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional Judicial, de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiocho de noviembre dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ HÉCTOR CORTÉS, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor A. P. A.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce de febrero de mil quince, el juzgado Segundo de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el abogado OSMIN LEONEL SEVILLA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor DARWIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor A. P. A.. (Folios 01 y 03 de la primera pieza).-2) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veinte, en la continuación de la Audiencia de Presentación Voluntaria el Juzgado de Letras RESOLVIO: 1.- Imponer a el imputado DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ la medida Cautelar enmarcada en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal, por el término de Dos años consistentes en 1) Que dicha medida la cumplirá en el Juzgado de Paz, del Municipio de Omoa, departamento de Cortés, que La Secretaria del Juzgado proceda a formular el acta correspondiente de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal, antes de poner en práctica la medida cautelar impuesta sustitutiva a la Prisión Preventiva, y se advierte que: de incumplir dicha medida se procederá a su revocación, dicha medida tendrá una duración de DOS AÑOS. 2.- Se ordena a la secretaria del despacho una vez firme el presente auto, se remita el expediente al Tribunal de Sentencia de La Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara.-3) Que en fecha veinticinco de marzo dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Seccional Judicial, de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el Abogado HECTOR ADRIAN GOMEZ ARGUETA, en su condición de Fiscal Ministerio Publico. SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION impugnada de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veinte y se ORDENA que el juez a-quo proceda a imponer la medida cautelar de prisión preventiva. (Folios 13 al 21 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente Abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del señor DARWIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de marzo dos mil veintiuno, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibido el escrito de formalización de la acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo dar vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca la resolución impugnada de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte y se ordena que el juez A-Quo proceda a imponer la medida cautelar de prisión preventiva; fundamentando la misma en que en principio, antes de abordar el thema decindi se puede decir que las normas jurídicas desde que se promulgan y publican adquieren vigencia, y por tanto, se vuelven obligatorias para su cumplimiento; en el caso de las leyes penales, estas buscan regular a futuro las conductas prohibidas, es decir las acciones que se cometan durante la vigencia de esa ley, serán conocidas y juzgadas bajo el imperio de esa ley, obedeciendo al principio de identidad o legalidad. Ahora bien, en el presente caso, la discusión no está determinada sobre cual ley penal es la que debe aplicarse al caso, ya que no estamos en etapa de juicio oral y público, que es donde cobra relevancia el principio de retroactividad o irretroactividad en su caso, dado que la cuestión a dilucidar es de índole procesal pues tiene que ver con la medida cautelar aplicable al imputado, estableciéndose que a las actuaciones y diligencias relacionadas con el proceso debe aplicarse la ley procesal vigente en relación con las medidas cautelares al ser estas meramente procesales e instrumentales deben ser decididas conforme a las disposiciones procesales establecidas en la ley en el justo momento en que se han de decretar o imponer. Ya la Sala de lo Constitucional ha estimado que la ley aplicable para señalar un cambio de medida cautelar deberá ser la que se encuentra vigente en el momento en que ha de producir efectos. Desarrollándose en el proceso una reforma al articulo 184 del Código Procesal Penal, devolviéndole la atribución al juzgador de ser el quien determine la aplicación de la medida cautelar idónea para asegurar la efectiva marcha del proceso y la presencia del acusado, sin embargo, se estableció que en ningún caso procederá la aplicación de otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva en los delitos de narcotráfico, violación especial, trafico de armas o delitos relacionados con grupos criminales conocidos como maras o pandillas.-CONSIDERANDO (4): Continua manifestando la Corte de Apelaciones en los fundamentos jurídicos de su resolución, que no comparte el argumento del juzgador de imponer medida cautelar distinta a la prisión preventiva, basándose en que al momento de cometerse el hecho, no existía la prohibición de otorgar medidas diferentes a la prisión, ya que al momento en que el señor Darwin Noé Pérez Rodríguez anuncia su presentación voluntaria, la ley que se encontraba vigente era la contenida en el decreto 36-2020, por consiguiente, la medida cautelar a imponer tenía que desarrollarse conforme a dicha norma, pretendiendo dar un sentido equivocado a la ley que debe ser aplicable para la imposición de dicha medida, ya que la ley aplicable debe ser la que esté vigente, y al tratarse de un acto meramente procesal, debe observarse el principio “tempus regit actumm”, el cual orienta a desarrollar los actos o diligencias procesales conforme la ley procesal vigente en ese momento, por consiguiente, en este caso, al momento de presentación del requerimiento fiscal, no se podía imponer otra medida distinta a la prisión preventiva(según articulo 184 reformado, decreto 56-2013) y al momento de la presentación voluntaria se encontraba vigente el decreto 36-2020 que reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones destaca el principio del interés superior del niño y niña, conocido como el interés superior del menor, que es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar al máximo de bienestar posible a los niños y niñas. En ese sentido, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de estos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, y en el caso de autos, nos encontramos ante dos intereses en conflicto, por un lado el derecho a la libertad del imputado y por otro, el derecho a la tutela judicial efectiva del interés superior de la víctima, por cuanto es la menor la que ha tenido que soportar el proceso judicial que no ha logrado la finalidad de una pronta y efectiva justicia, y hasta cierto modo se ha pretendido soslayar el debido proceso y la regular obtención de los medios de prueba, por lo que en estas condiciones, debe atenderse procurar la tutela judicial a favor de la menor.- CONSIDERANDO (6): Que tanto en la interposición como en la formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado NOEL ANTONIO MENDOZA a favor del señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de A. P. A.; considerando que dicha resolución ha quebrantado los derechos constitucionales del debido proceso, libertad personal y estado de inocencia al haberse revocado las medidas distintas a la prisión preventiva impuestas de manera excesiva, desproporcionada e innecesaria. Asimismo, considera que la Corte de Apelaciones no observó lo establecido en el articulo 178 del Código Procesal Penal referente a las circunstancias que deben concurrir para ordenar la prisión preventiva y en el caso en concreto, no concurre ninguna de dichas causales, ya que no existe peligro de fuga pues el imputado se presentó voluntariamente a someterse al proceso, no hay obstrucción de la investigación porque no hay diligencias que hacer en el proceso, además de que la victima ya es mayor de edad, el imputado no pertenece a ninguna organización criminal y jamás realizaría actos que atenten contra la víctima, en consecuencia, se considera que la medida de prisión preventiva no es la idónea, sino que es excesiva y desproporcionada, afectando no solo la libertad del mismo sino también al sustento de la familia (esposa e hija) teniendo la Corte de Apelaciones, la obligación de dictar una resolución apegada a derecho y no violentando principios constitucionales de libertad personal, estado de inocencia y principio de legalidad.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, ha externado su criterio fundamentándose en que el Ministerio Público cuestiona la decisión del juez por haber otorgado medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez por el delito de violación especial, imponiendo la medida cautelar de presentación obligatoria ante el Juzgado de Paz del municipio de Omoa, departamento de Cortés por el término de dos años, no estando de acuerdo el ente fiscal por considerar que existe peligro de fuga, dado que el delito tiene señalada una pena superior a los cinco años, considerándose una pena grave (tanto en el Código Penal derogado como en el vigente). Ya el artículo 184, reformado por el decreto 56-2013 disponía que al delito de violación no se lo podía imponer medida cautelar distinta a la prisión preventiva, de manera que los actos que rigen el proceso, de acuerdo al tempus regit actum, será aplicable la ley vigente al momento en que los actos se están realizando, es decir, que bajo esta regla, no procedía imponer medida distinta de la prisión, porque ya la ley lo establecía de manera expresa y el juez tenia esa prohibición de aplicar medida distinta. En el caso de autos, al momento de la presentación del requerimiento fiscal, no se podría imponer otra medida distinta a la prisión preventiva, por ello, el órgano jurisdiccional le impuso dicha medida privativa de libertad (según artículo 184, reformado decreto 56-2013) y al momento de la presentación voluntaria del señor Darwin Pérez se encontraba vigente el decreto 36-2020 que reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal donde se restringía la facultad al juzgador para otorgar medidas distinta a la prisión preventiva en los delitos de violación especial, de manera que, conforme a ello, el juez no le podía imponer al acusado ninguna otra medida que no fuera la prisión preventiva, no llevando a una aplicación retroactiva en perjuicio del imputado, pues la observación de la norma obedece al principio de identidad.-CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que la medida de prisión preventiva para ser considerada legal y no arbitraria, debe cumplir con los cuatro elementos del test de proporcionalidad como ser: 1. Que persiga la finalidad legitima vinculada a eliminar el peligro de fuga o entorpecimiento del desarrollo del proceso, 2. Que sea la vía idónea para cumplir con esa finalidad, 3. Que resulte necesaria para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa para procurarlo, 4. Que guarde estricta proporción con el sacrificio inherente a toda restricción a la libertad. En tal sentido, la excepcionalidad de la prisión preventiva viene determinada en la ley, de manera que existe una prohibición de la ley procesal para decretar medidas distintas a la prisión preventiva en delitos como el imputado al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez.-CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0616-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, a favor del señor DARWIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional Judicial, de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticinco de marzo dos mil veintiuno, que declaró con lugar un Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional Judicial, de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintiocho de noviembre dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ HÉCTOR CORTÉS, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor A. P. A.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce de febrero de mil quince, el juzgado Segundo de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, el abogado OSMIN LEONEL SEVILLA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor DARWIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor A. P. A.. (Folios 01 y 03 de la primera pieza).-2) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veinte, en la continuación de la Audiencia de Presentación Voluntaria el Juzgado de Letras RESOLVIO: 1.- Imponer a el imputado DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ la medida Cautelar enmarcada en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal, por el término de Dos años consistentes en 1) Que dicha medida la cumplirá en el Juzgado de Paz, del Municipio de Omoa, departamento de Cortés, que La Secretaria del Juzgado proceda a formular el acta correspondiente de conformidad al artículo 187 del Código Procesal Penal, antes de poner en práctica la medida cautelar impuesta sustitutiva a la Prisión Preventiva, y se advierte que: de incumplir dicha medida se procederá a su revocación, dicha medida tendrá una duración de DOS AÑOS. 2.- Se ordena a la secretaria del despacho una vez firme el presente auto, se remita el expediente al Tribunal de Sentencia de La Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara.-3) Que en fecha veinticinco de marzo dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Seccional Judicial, de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el Abogado HECTOR ADRIAN GOMEZ ARGUETA, en su condición de Fiscal Ministerio Publico. SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION impugnada de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil veinte y se ORDENA que el juez a-quo proceda a imponer la medida cautelar de prisión preventiva. (Folios 13 al 21 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente Abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del señor DARWIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de marzo dos mil veintiuno, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por recibido el escrito de formalización de la acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo dar vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca la resolución impugnada de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinte y se ordena que el juez A-Quo proceda a imponer la medida cautelar de prisión preventiva; fundamentando la misma en que en principio, antes de abordar el thema decindi se puede decir que las normas jurídicas desde que se promulgan y publican adquieren vigencia, y por tanto, se vuelven obligatorias para su cumplimiento; en el caso de las leyes penales, estas buscan regular a futuro las conductas prohibidas, es decir las acciones que se cometan durante la vigencia de esa ley, serán conocidas y juzgadas bajo el imperio de esa ley, obedeciendo al principio de identidad o legalidad. Ahora bien, en el presente caso, la discusión no está determinada sobre cual ley penal es la que debe aplicarse al caso, ya que no estamos en etapa de juicio oral y público, que es donde cobra relevancia el principio de retroactividad o irretroactividad en su caso, dado que la cuestión a dilucidar es de índole procesal pues tiene que ver con la medida cautelar aplicable al imputado, estableciéndose que a las actuaciones y diligencias relacionadas con el proceso debe aplicarse la ley procesal vigente en relación con las medidas cautelares al ser estas meramente procesales e instrumentales deben ser decididas conforme a las disposiciones procesales establecidas en la ley en el justo momento en que se han de decretar o imponer. Ya la Sala de lo Constitucional ha estimado que la ley aplicable para señalar un cambio de medida cautelar deberá ser la que se encuentra vigente en el momento en que ha de producir efectos. Desarrollándose en el proceso una reforma al articulo 184 del Código Procesal Penal, devolviéndole la atribución al juzgador de ser el quien determine la aplicación de la medida cautelar idónea para asegurar la efectiva marcha del proceso y la presencia del acusado, sin embargo, se estableció que en ningún caso procederá la aplicación de otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva en los delitos de narcotráfico, violación especial, trafico de armas o delitos relacionados con grupos criminales conocidos como maras o pandillas.-CONSIDERANDO (4): Continua manifestando la Corte de Apelaciones en los fundamentos jurídicos de su resolución, que no comparte el argumento del juzgador de imponer medida cautelar distinta a la prisión preventiva, basándose en que al momento de cometerse el hecho, no existía la prohibición de otorgar medidas diferentes a la prisión, ya que al momento en que el señor Darwin Noé Pérez Rodríguez anuncia su presentación voluntaria, la ley que se encontraba vigente era la contenida en el decreto 36-2020, por consiguiente, la medida cautelar a imponer tenía que desarrollarse conforme a dicha norma, pretendiendo dar un sentido equivocado a la ley que debe ser aplicable para la imposición de dicha medida, ya que la ley aplicable debe ser la que esté vigente, y al tratarse de un acto meramente procesal, debe observarse el principio “tempus regit actumm”, el cual orienta a desarrollar los actos o diligencias procesales conforme la ley procesal vigente en ese momento, por consiguiente, en este caso, al momento de presentación del requerimiento fiscal, no se podía imponer otra medida distinta a la prisión preventiva(según articulo 184 reformado, decreto 56-2013) y al momento de la presentación voluntaria se encontraba vigente el decreto 36-2020 que reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones destaca el principio del interés superior del niño y niña, conocido como el interés superior del menor, que es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar al máximo de bienestar posible a los niños y niñas. En ese sentido, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de estos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, y en el caso de autos, nos encontramos ante dos intereses en conflicto, por un lado el derecho a la libertad del imputado y por otro, el derecho a la tutela judicial efectiva del interés superior de la víctima, por cuanto es la menor la que ha tenido que soportar el proceso judicial que no ha logrado la finalidad de una pronta y efectiva justicia, y hasta cierto modo se ha pretendido soslayar el debido proceso y la regular obtención de los medios de prueba, por lo que en estas condiciones, debe atenderse procurar la tutela judicial a favor de la menor.- CONSIDERANDO (6): Que tanto en la interposición como en la formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado NOEL ANTONIO MENDOZA a favor del señor DARVIN NOE PEREZ RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de A. P. A.; considerando que dicha resolución ha quebrantado los derechos constitucionales del debido proceso, libertad personal y estado de inocencia al haberse revocado las medidas distintas a la prisión preventiva impuestas de manera excesiva, desproporcionada e innecesaria. Asimismo, considera que la Corte de Apelaciones no observó lo establecido en el articulo 178 del Código Procesal Penal referente a las circunstancias que deben concurrir para ordenar la prisión preventiva y en el caso en concreto, no concurre ninguna de dichas causales, ya que no existe peligro de fuga pues el imputado se presentó voluntariamente a someterse al proceso, no hay obstrucción de la investigación porque no hay diligencias que hacer en el proceso, además de que la victima ya es mayor de edad, el imputado no pertenece a ninguna organización criminal y jamás realizaría actos que atenten contra la víctima, en consecuencia, se considera que la medida de prisión preventiva no es la idónea, sino que es excesiva y desproporcionada, afectando no solo la libertad del mismo sino también al sustento de la familia (esposa e hija) teniendo la Corte de Apelaciones, la obligación de dictar una resolución apegada a derecho y no violentando principios constitucionales de libertad personal, estado de inocencia y principio de legalidad.-CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, ha externado su criterio fundamentándose en que el Ministerio Público cuestiona la decisión del juez por haber otorgado medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez por el delito de violación especial, imponiendo la medida cautelar de presentación obligatoria ante el Juzgado de Paz del municipio de Omoa, departamento de Cortés por el término de dos años, no estando de acuerdo el ente fiscal por considerar que existe peligro de fuga, dado que el delito tiene señalada una pena superior a los cinco años, considerándose una pena grave (tanto en el Código Penal derogado como en el vigente). Ya el artículo 184, reformado por el decreto 56-2013 disponía que al delito de violación no se lo podía imponer medida cautelar distinta a la prisión preventiva, de manera que los actos que rigen el proceso, de acuerdo al tempus regit actum, será aplicable la ley vigente al momento en que los actos se están realizando, es decir, que bajo esta regla, no procedía imponer medida distinta de la prisión, porque ya la ley lo establecía de manera expresa y el juez tenia esa prohibición de aplicar medida distinta. En el caso de autos, al momento de la presentación del requerimiento fiscal, no se podría imponer otra medida distinta a la prisión preventiva, por ello, el órgano jurisdiccional le impuso dicha medida privativa de libertad (según artículo 184, reformado decreto 56-2013) y al momento de la presentación voluntaria del señor Darwin Pérez se encontraba vigente el decreto 36-2020 que reformó el articulo 184 del Código Procesal Penal donde se restringía la facultad al juzgador para otorgar medidas distinta a la prisión preventiva en los delitos de violación especial, de manera que, conforme a ello, el juez no le podía imponer al acusado ninguna otra medida que no fuera la prisión preventiva, no llevando a una aplicación retroactiva en perjuicio del imputado, pues la observación de la norma obedece al principio de identidad.-CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que la medida de prisión preventiva para ser considerada legal y no arbitraria, debe cumplir con los cuatro elementos del test de proporcionalidad como ser: 1. Que persiga la finalidad legitima vinculada a eliminar el peligro de fuga o entorpecimiento del desarrollo del proceso, 2. Que sea la vía idónea para cumplir con esa finalidad, 3. Que resulte necesaria para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa para procurarlo, 4. Que guarde estricta proporción con el sacrificio inherente a toda restricción a la libertad. En tal sentido, la excepcionalidad de la prisión preventiva viene determinada en la ley, de manera que existe una prohibición de la ley procesal para decretar medidas distintas a la prisión preventiva en delitos como el imputado al señor Darwin Noé Pérez Rodríguez.-CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0616-2021.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL