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Sentencia AP-614-22 — Registro 15229

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo con relación a la causa instruida el delito de Homicidio. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo con el control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales. Pues del estudio de la foliada esta Sala aprecia que el A-Quo al declarar sin lugar lo peticionado por el Ministerio Publico no estimo lo estipulado en el artículo 99 de nuestra Constitución de la República, así como tampoco el artículo 212 del Código Procesal Penal que señala los requisitos para practicar un allanamiento, en el caso subjudice el allanamiento solicitado por el ente acusador iba encaminado a la búsqueda de indicios o elementos probatorios (arma de fuego tipo escopeta) que se utilizó en un hecho violento donde perdió la vida el señor José Ramiro Rodríguez y que serían parte del acervo probatorio en la causa instruida contra el hoy imputado. Siguiendo ese orden de ideas, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto, por existir violación a las garantías invocadas por la amparista.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICIACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo promovido por la Abogada Leticia Quiroz, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra Reynaldo Yánez Alvarado a quien se le supone responsable a título de Autor Directo del delito de Homicidio, en perjuicio de José Ramiro Rodríguez Ortiz. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiséis de junio de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Leticia Quiroz, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Reynaldo Yánez Alvarado por suponerlo responsable del delito de Homicidio en perjuicio del señor José Ramiro Rodríguez Ortiz. (Folios 26-29 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “…1) Tener por admitido el presente requerimiento fiscal, presentado por la Abogada LETICIA QUIROZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en las diligencias instruidas en contra de REYNALDO YANEZ GARCÍA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSÉ RAMIRO RODRIGUE ORTÍZ. 2)Líbrese cuantas órdenes de captura sean necesarias en contra del imputado REYNALDO YANEZ GARCÍA, las que serán dirigidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal D. G. I. C., y la Policía Nacional, una vez habido el imputado, deberá ser puesto a la orden de este Juzgado, a fin de que se realice Audiencia de Declaración de Imputado, en la que se le hará saber los hechos que se les imputan, los derechos que le asisten como ser el de nombrar un Defensor, para que lo presente en el proceso. 2) Declarar sin lugar el allanamiento de morada, en virtud que, de acuerdo a la Constitución de la República, el allanamiento se ordena para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o la propiedad. NOTIFÍQUESE.” (Folios 58-59 de la pieza del A-quo) 3) En fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Leticia Quiróz, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, en contra de la resolución de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, considerando que el mismo le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 de la pieza del A-quo) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LETICIA QUIROZ, por las razones que se dejan señaladas. Y MANDA: Remitir en consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los presentes autos con la sentencia recaída en los mismos para los efectos de Ley. NOTIFÍQUESE.” (Folios 30-31 de la pieza del A-quo) 5) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO:(1) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO:(2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Consulta la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LETICIA QUIROZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, mediante la cual se OTORGÓ el Recurso de Amparo interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal, de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor REINALDO YANEZ GARCIA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de José Ramiro Rodríguez. CONSIDERANDO (4): Que el Ad Quem, expone en su resolución en el Considerando 2 lo siguiente: “Que se analiza nuestra ley primaria artículo 99 de la Constitución de la Republica que establece: “El domicilio es inviolable, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delito o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.” Asimismo, el artículo 212 del Código Procesal Penal señala los requisitos para practicar un allanamiento: “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que vive una persona solo podrá efectuarse previa orden descrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de fragancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y que no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Publico, una vez practicado el allanamiento lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicara las razones que lo determinaron. El Juez, por auto motivado, convalidara o anulara, total o parcialmente lo actuado.” CONSIDERANDO: (5) Continua exponiendo el Ad-Quem que de acuerdo a la solicitud que en su momento planteara el Ministerio Publico ante los Juzgados de Letra de lo Penal, con el objetivo de ingresar a la casa de habitación según consta geo-referenciación en el expediente investigativo, ubicado en la aldea El Escalón del municipio de Curaren, departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de encontrar un arma de fuego tipo escopeta la cual en su tesis se utilizó para dar muerte al señor José Ramiro Rodríguez Ortiz, revisada que fue la motivación del A-Quo sin encontrar asidero y fundamentación jurídico para denegarlo, ya que precisamente el allanamiento solicitado en este caso particular tiene como propósito descubrir, localizar y encontrar elementos probatorios que sostengan la acusación respectiva, que es verificar los hallazgos que fuera el caso del arma como objeto del delito en la casa de habitación referida, y así evitar la impunidad de delito de Homicidio como lo previene nuestra Carta Magna, en consonancia con los derechos fundamentales invocados de Debido Proceso, Principio de Legalidad y una Tutela Judicial Efectiva que se han violentado. Por todo ello, el A-Quem falla OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (6) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala observa que ciertamente los motivos invocados por la impetrante para recurrir en Amparo son constitutivos del quebrantamiento de los Derechos – fundamentales señalados por la amparista. Desde el prisma de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno, especialmente los que tratan sobre los Derechos Humanos, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual, el Estado y por ende toda autoridad debe observar, respetar, aplicar en todo momento, de acuerdo con el control de convencionalidad que devienen obligados a cumplir los órganos jurisdiccionales. Pues del estudio de la foliada esta Sala aprecia que el A-Quo al declarar sin lugar lo peticionado por el Ministerio Publico no estimo lo estipulado en el artículo 99 de nuestra Constitución de la República, así como tampoco el artículo 212 del Código Procesal Penal que señala los requisitos para practicar un allanamiento, en el caso subjudice el allanamiento solicitado por el ente acusador iba encaminado a la búsqueda de indicios o elementos probatorios (arma de fuego tipo escopeta) que se utilizó en un hecho violento donde perdió la vida el señor José Ramiro Rodríguez y que serían parte del acervo probatorio en la causa instruida contra el hoy imputado. Siguiendo ese orden de ideas, el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la Tutela Judicial Efectiva. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia venida en Consulta que OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto, por existir violación a las garantías invocadas por la amparista. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 99, 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 50, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 212 del Codigo Procesal Penal; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintidós, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LETICIA QUIROZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal en Consulta bajo el número SCO-614-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL