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Sentencia AP-613-22 — Registro 15690

Resumen

Acto recurrido que otorga amparo, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario con relación a la orden de trasladar al imputado del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, al Segundo Batallón de Infantería, ambos ubicados en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos. en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al haber otorgado el recurso de amparo, por considerar que al recurrente se le violento el derecho de defensa y seguridad personal, en vista que existiendo una sentencia emitida el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado de Ejecución con Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, mediante la cual ordena la reubicación del privado de libertad Alvaro Ernesto García Calderón en el área de Celdas de Policía del Centro Penitenciario Nacional de Tamara; el Director del Instituto Nacional Penitenciario mediante resolución de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021), ordena el traslado de dicho privado de libertad al Segundo Batallón de Infantería del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, incumpliendo de esa manera lo referido en la sentencia dictada por el tribunal competente; si bien no se discute que dicho director tiene potestades de trasladar a los privados de libertad, pero eso se debe de realizar respetando el procedimiento requerido para ese efecto, lo cual no sucedió en la presente causa, al no estar determinada la causal que justificara esa decisión, por lo que nos lleva a confirmar lo referido por la Corte de Apelaciones en cuanto a la existencia de las violaciones antes señaladas y por las cuales se ha declarado con lugar el recurso de amparo que se conoce en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintidós.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KEILA VANESSA LUNA ORELLANA, en su condición de apoderada legal del señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario con relación a la orden de trasladar al imputado del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, al Segundo Batallón de Infantería, ambos ubicados en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 Y 303 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1).- Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KEILA VANESSA LUNA ORELLANA, interponiendo recurso de Amparo a favor del señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario con relación a la orden de trasladar al imputado del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, al Segundo Batallón de Infantería, ambos ubicados en la Aldea de Tamara, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-Folio 01 al 11 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2).- Que en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLÓ: OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada KEYLA VANESSA LUNA ORELLANA a favor del señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON.- (Folio 73 al 74 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3).- Que en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KEILA VANESSA LUNA ORELLANA, en su condición de apodera legal del señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario con relación a la orden de trasladar al imputado del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, al Segundo Batallón de Infantería, ambos ubicados en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, manifestando que el mismo obedece a reclamar la restitución de un derecho conculcado por el Instituto Nacional Penitenciario a favor del señor Alvaro Ernesto García Calderón, en una clara violación y desobediencia a una sentencia judicial, la cual ordeno su permanencia en el módulo destinado para Policías, y el Instituto Nacional Penitenciario, ordeno y ejecuto un traslado, mediante resolución de fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil veintiuno (2021) que no fue notificada conforme los canales correspondientes. Por lo que no está de acuerdo y en total disconformidad con las autoridades que el Instituto Nacional Penitenciario resolvió y ordeno el traslado de su representado antes referido, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, en virtud de que ya existía una sentencia interlocutoria de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, donde se ordena trasladar al señor Alvaro Ernesto García Calderón al Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, específicamente al módulo de Celdas de Policía, apegándonos a los motivos y consideraciones del fallo de fecha 05 de diciembre de 2019, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, al haber otorgado el recurso de amparo, por considerar que al recurrente se le violento el derecho de defensa y seguridad personal, en vista que existiendo una sentencia emitida el cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado de Ejecución con Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, mediante la cual ordena la reubicación del privado de libertad Alvaro Ernesto García Calderón en el área de Celdas de Policía del Centro Penitenciario Nacional de Tamara; el Director del Instituto Nacional Penitenciario mediante resolución de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021), ordena el traslado de dicho privado de libertad al Segundo Batallón de Infantería del Centro Penitenciario Marco Aurelio Soto, incumpliendo de esa manera lo referido en la sentencia dictada por el tribunal competente; si bien no se discute que dicho director tiene potestades de trasladar a los privados de libertad, pero eso se debe de realizar respetando el procedimiento requerido para ese efecto, lo cual no sucedió en la presente causa, al no estar determinada la causal que justificara esa decisión, por lo que nos lleva a confirmar lo referido por la Corte de Apelaciones en cuanto a la existencia de las violaciones antes señaladas y por las cuales se ha declarado con lugar el recurso de amparo que se conoce en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 381, 382 y 383 del Código Procesal Penal; FALLA: Confirmado la sentencia de fecha diecisiete (17) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos ml veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0613-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL