Sentencia AP-61-22 — Registro 16092
Resumen
En Consulta la resolución que otorgó el recurso de amparo con relación a la causa instruida por el delito de extorsión, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB-713”. Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba denominado reconocimiento fotográfico se inadmite a criterio del A quo porque no reúne los requisitos establecidos para el reconocimiento de personas en rueda (artículo 253 del CPP) soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de prueba permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite el medio de prueba.-CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad. De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no mostrar coherencia en su motivación al no contestar los argumentos del ministerio público degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución.-CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que otorga el recurso de amparo interpuesto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidos.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que otorgó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con relación a la causa instruida contra el señor YESLIN DANILO ROMERO MEJIA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB-713”.-Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), la Abogada SANDRA JOAQUIN, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, presentando Recurso de Amparo contra la resolución de fecha diecisiete de noviembre dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en relación a la causa instruida contra el señor YESLIN DANILO ROMERO MEJIA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB-713.- (Folio 01 al 03 de la pieza de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, La Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022), en la cual RESOLVIO: Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SANDRA JOAQUIN, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se le instruye contra YESLIN DANILO ROMERO MEJIA, por suponerlo responsables del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB-713” por la vulneración del derecho contemplado en el artículo 82 y de la garantía establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República.- (Folios 20 al 25 de los antecedentes).-3) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto LegislativoNo.244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta de fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que Otorgó el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que contiene la inadmisión de un medio de prueba propuesto en la Audiencia de Proposición de Pruebas; Con relación a la causa instruida contra el señor YESLIN DANILO ROMERO MEJIA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB-713”.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada: “En fecha diecisiete de noviembre del 2021, llevo a cabo audiencia de proposición de medios de prueba en el cual el honorable Tribunal resolvió inadmitiendo el medio de prueba denominado “Reconocimiento Fotográfico” tomado con las formalidades de prueba anticipada ante el juez de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia de Extorsión en fecha 14 de agosto del 2019, argumentando que es un medio de prueba sobreabundante y no se realizo utilizando correctamente el proceso, ya que se hizo sin presencia del imputado, ya que este no estaba habido.” Arguyendo la amparista que con la inadmisión de ese medio de prueba se ha violentado el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y al Debido Proceso.”-CONSIDERANDO (5): Que la Sentencia proferida por el Ad quem, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO. en el numeral catorce establece lo siguiente: “… Estima esta Corte, que el contenido esencial del derecho a la Tutela Judicial Efectiva queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial cualquiera de las parte resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Por ello estima, que también se vulnera el derecho a la Tutela Judicial Efectiva cuando el juzgador deniega la prueba atendiendo razones ajenas al juicio de inadmisibilidad que establece el artículo 199 del Código Procesa Penal, es decir, alegando causas diferentes a la condición de pertinencia, utilidad o proporcionalidad de la prueba en relación con la pretensión que se pretende probar o bien sobre su obtención (confiabilidad y licitud). Continua manifestando el Tribunal de Alzada en el numeral veinticuatro: “Si constituye vulneración al Debido Proceso que el órgano jurisdiccional decida sobre la admisión o denegatoria de los medios de prueba sin la debida motivación, en primer lugar porque debe seguirse las reglas para su admisión o rechazo, analizando los presupuestos que la ley establece, lo cual debe ser explicado por el Tribunal de Sentencia; y, en segundo lugar porque para la admisión o no de un medio de prueba se requiere que este verse sobre datos que objetivamente se puedan extraer de las actuaciones procesales. Entonces, el Tribunal de Sentencia, al no razonar adecuadamente su decisión incumple con el deber de motivación, al efectuar una interpretación subjetiva, en la que no consideró el conjunto de requisitos que se deben observar en las instancias procesales y que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” Estableciendo el numeral veinticinco: “El Tribunal de Sentencia no observo las consideraciones de hecho y derecho planteadas por la fiscalía en las que el ente acusador expone las razones por las cuales el Tribunal debe admitir el reconocimiento fotográfico realizado en sede judicial con las formalidades de prueba anticipada, teniendo como resultado, que, al inadmitir indebidamente dicho medio de prueba, el contenido esencial de la Tutela judicial efectiva queda afectado.”-CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba denominado reconocimiento fotográfico se inadmite a criterio del A quo porque no reúne los requisitos establecidos para el reconocimiento de personas en rueda (artículo 253 del CPP) soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de prueba permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite el medio de prueba.-CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad.[1] De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no mostrar coherencia en su motivación al no contestar los argumentos del ministerio público degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución.-CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que otorga el recurso de amparo interpuesto.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de fecha cinco (5) de enero del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA - NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0061-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Alvarenga, E. A. . (2021). El Principio Pro Actione como criterio de interpretación para acceder al Proceso Judicial: Un principio interpretativo que permite hacer real el acceso a la justica en la primera instancia de un proceso. La Revista De Derecho, 42(1), 111–116. https://doi.org/10.5377/lrd.v42i1.12934