Sentencia AP-587-22 — Registro 15726
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró incompetente para conocer de la ejecución de costas tasadas y fijadas en dicha instancia en relación al recurso de apelación que se conoció con relación al expediente judicial 48-2013.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, repetitivas de argumentos ya considerados y valorados en su momento por la jurisdicción ordinaria, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, toda vez que el artículo 223 del Código Procesal Civil dispone que la tasación de costas la practicará el órgano jurisdiccional que hubiera conocido del proceso o recurso y su liquidación, conforme el ya tantas veces mencionado en el artículo 747 del Código Procesal Civil, el órgano jurisdiccional que hubiera dictado la sentencia en primera instancia, no importando ante quien quedara firme, en consecuencia, no existiendo otro agravio, es evidente que la presente acción debe ser sobreseída. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la causa de mérito.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, repetitivas de argumentos ya considerados y valorados en su momento por la jurisdicción ordinaria, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, toda vez que el artículo 223 del Código Procesal Civil dispone que la tasación de costas la practicará el órgano jurisdiccional que hubiera conocido del proceso o recurso y su liquidación, conforme el ya tantas veces mencionado en el artículo 747 del Código Procesal Civil, el órgano jurisdiccional que hubiera dictado la sentencia en primera instancia, no importando ante quien quedara firme, en consecuencia, no existiendo otro agravio, es evidente que la presente acción debe ser sobreseída.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre del año dos mil veintidós. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIÓS PADILLA, a favor de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. (SEYCO), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno, que se declaró incompetente para conocer de la ejecución de costas tasadas y fijadas en dicha instancia en relación al recurso de apelación que se conoció con relación al expediente judicial 48-2013. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que la recurrente estima que la Alzada mediante el acto reclamado vulnera los derechos y garantías de su representada, quien además indica que solicitó la ejecución de costas una vez firme las costas conforme lo dispuesto en el artículo 747 numeral 4) del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que con la emisión del acto reclamado se han quebrantado en perjuicio de su representada entre otros los derechos y garantías contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, se advierte que la Alzada se declara incompetente de ejecutar las costas en virtud que por disposición de la ley, tasó las costas pero que la ejecución de estas corresponde al A-quo, indicándole a la recurrente que es el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca del Departamento De Choluteca, la competente de ejecutar las mismas conforme lo previsto en el artículo artículo 747 numeral 4) del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Que ésta Sala estima que el acto reclamado ha sido emitido respetando el procedimiento regulado por la ley, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que la reclamante solicita a esta Sala asuntos que deben dilucidarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente, toda vez que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en cuanto a la violación al derecho de defensa alegado es evidente, de la actividad recursiva y el acceso concedido por la autoridad recurrida a la parte recurrente, que ésta, no obstante, no haber obtenido respuesta favorable a sus peticiones, ha tenido cabal contestación a los recursos intentados y que la ley franquea; obteniendo la misma en los plazos de tiempo razonables, con las formalidades y fundamentos previstos en la normativa aplicable. Por lo cual, no se evidencia la existencia de una violación al derecho de defensa del recurrente. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo denunciada, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso de mérito. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, repetitivas de argumentos ya considerados y valorados en su momento por la jurisdicción ordinaria, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, toda vez que el artículo 223 del Código Procesal Civil dispone que la tasación de costas la practicará el órgano jurisdiccional que hubiera conocido del proceso o recurso y su liquidación, conforme el ya tantas veces mencionado en el artículo 747 del Código Procesal Civil, el órgano jurisdiccional que hubiera dictado la sentencia en primera instancia, no importando ante quien quedara firme, en consecuencia, no existiendo otro agravio, es evidente que la presente acción debe ser sobreseída. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la causa de mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SOBRESEIDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIÓS PADILLA, a favor de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. (SEYCO), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno; en virtud de apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la causa de mérito; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-587-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL