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Sentencia AP-584-21 — Registro 15218

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaró no ha lugar recurso de apelación por el delito de homicidio. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (16): Que en las palabras del Tribunal Supremo español (refiriéndose al tema de la prescripción penal), se ha dicho que existen actos procesales que implican una efectiva prosecución del proceso y aquí se incluyen aquellos que son dotados de un auténtico contenido material y sustancial.-Siguiendo este orden de ideas, esta Sala estima acertadas las aseveraciones de la recurrente en cuanto a que la parte a la que representa ha hecho y peticionado a los órganos de investigación y al juez de letras conocedor de la causa, la realización de actos procesales que pueden estar revestidos de un auténtico contenido material y sustancial y que por su naturaleza implican una efectiva prosecución del proceso, como lo ha sido la evacuación de medios probatorios, entre ellos una reconstrucción de hechos que ha venido siendo solicitada por la acusadora privada en reiterados momentos del proceso, como ya lo hemos relacionado, apreciándose por parte de esta Sala, una inexplicable demora y un constante aplazamiento de esta diligencia por parte del juez de instancia, lo que ha acontecido también para señalar la audiencia de prosecución del proceso, en algunos casos por motivos superfluos, lo cual contraviene manifiestamente la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva en perjuicio de la parte acusadora privada e incluso de la sociedad que debe representar el Ministerio Público, pues este derecho comporta a su vez el derecho de las partes a la efectividad de las resoluciones judiciales, derechos que el juez de instancia tiene el deber de proteger como parte de su papel de juez garante del debido proceso.-CONSIDERANDO (17): Que el Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por el A Quo y no garantizar la efectividad de estos derechos incurre a su vez en las mismas violaciones que aquel, las que como ya lo dijo esta Sala, han causado una afectación al derecho a la prueba y con ello se ha colocado a la víctima en una situación de indefensión cuando no ha sido practicado un medio probatorio admitido por el órgano jurisdiccional por causas no imputables a la parte que lo propuso y en definitiva de manera impropia se sanciona a la víctima con la pérdida de su acción cuando ha sido el propio órgano jurisdiccional el que ha provocado que la prosecución del proceso no se lograse, no solo por sus constantes ausencias a las diligencias que él mismo programó, sino que además por la inobservancia de normas procedimentales atinentes al caso, como lo estipulado en el artículo 233 del Código Procesal sobre la abstención injustificada de un testigo a comparecer luego de ser debidamente citado, así como las consecuencias legales que tiene el hecho de que un imputado (sin grave impedimento) no atienda una citación, contemplada en el artículo 108 del mismo cuerpo de leyes.-Esta Sala considera que independientemente de lo que logre probarse o no con este elemento de prueba no practicada, el hecho de haber sido admitido y que se haya señalado audiencia para su debida evacuación, lo constituye en un acto relevante para la prosecución del proceso, y con ello debe descartarse que no se ha reabierto la investigación como lo exige el artículo 42 numeral 5º, pues las pretensiones investigativas han sido vastas y reiteradas, más aun cuando la parte acusadora privada y ocasionalmente el Ministerio Público han instado al juez a decretar la prosecución del proceso y la continuidad de la investigación desde el año 2016, pero la ineficacia y ociosidad que el mismo juez ha dado a sus propias resoluciones han prácticamente inutilizado y saboteado el proceso, llegando al extremo de dejar pasar cinco años inobservando las reglas y principios esenciales del proceso penal y con ello la disminución patente de las garantías constitucionales y fundamentales del proceso.-En el presente caso no ha existido criterio de razonabilidad por parte del A Quo desde el momento en el que ha desconocido las constantes y relevantes pretensiones de la acusación privada para la prosecución del proceso, ignorando a su vez el juez A Quo—y por ende el Ad Quem—la existencia de resoluciones judiciales encaminadas a esta prosecución como el señalamiento de numerosas e infructuosas audiencias para la evacuación de prueba admitida por el juez, que por el hecho de haber sido admitida se entiende que fue considerada útil, relevante y pertinente para la acreditación de los hechos denunciados por el Ministerio Público, en este caso un supuesto delito de homicidio en perjuicio del señor K. E. V. S..- CONSIDERANDO (18): Que es por las razones anteriormente relacionadas que esta Sala estima que en el presente asunto ha existido vulneración manifiesta a la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, por cuanto la instrucción del proceso no se ha realizado de manera diligente por parte del órgano jurisdiccional del Estado, cuya inhibición e ineficacia han permitido la inactividad del proceso, volviendo inejecutables e inefectivas resoluciones judiciales de obligatorio cumplimiento que el propio juzgado ha ordenado y que conducen a la prosecución del proceso, desconociendo así normas y principios esenciales del proceso penal; vulneraciones que han sido conocidas y consentidas por el Tribunal de Alzada en la sentencia cuyo cumplimiento se reclama por medio del presente recurso de amparo, abandonando así el deber del Estado de prevenir y reprimir las conductas delictivas para así mantener y asegurar la paz social y la seguridad pública.-CONSIDERANDO (19): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para OTORGAR la protección y restitución de derechos constitucionales a favor de la agraviada, al advertirse violación a la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva por parte de la autoridad denunciada, la que ha ratificado y por ende consentido violaciones constitucionales permitidas por el juez de instancia, de acuerdo con los razonamientos y consideraciones plasmadas en este fallo, situación que debe ser corregida por la Alzada, la que, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación coherente y razonada de conformidad con las consideraciones de este fallo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. -La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO a favor del señora DIANA MARITZA SPILBURY LAGOS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declaró NO HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL ALEXANDER MALDONADO GONZALES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de KENY ESAÚ VALLECILLO SPILBURY.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil catorce (2014), la Abogada TANIA LETICIA CANO VEGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor SAUL ALEXANDER MALDONADO GONZÁLEZ, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del menor K. E. V. S.. (Folio 1 al 4 la pieza de los antecedentes).-2) Que en audiencia inicial celebrada en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, el juez de instancia determinó dictar un sobreseimiento provisional a favor del imputado, siendo que a su criterio no concurrían en el asunto de mérito los presupuestos para decretar auto de formal procesamiento en su contra.- Con posterioridad, se celebró Audiencia de Extinción de la Acción Penal en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), y es así que el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó resolución en la que determinó DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en el proceso que se siguió contra el señor SAUL ALEXANDER MALDONADO GONZALES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de K. E. V. S., extendiéndosele su respectiva carta de libertad definitiva.” (Folios 160 al 165 de los antecedentes).-3)Que en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) conociendo de un recurso de apelación presentado por la acusación privada contra la resolución que declaró extinta la acción penal, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “…1) DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO, en su condición de acusadora privada. 2) CONFIRMAR la resolución de fecha veinte de noviembre del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Jurisdicción Nacional…”. (Folios 214 al 219 de los antecedentes).-4) La recurrente abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO, compareció ante este Tribunal, en fecha siete (7) de junio del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de la señora DIANA MARITZA SPILBURY LAGOS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 36 del Recurso de Amparo).- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la señora DIANA MARITZA SPILBURY LAGOS, la resolución dictada por la por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, que en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno que decidió declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la acusación privada, decidiendo la Alzada confirmar un auto que determinó declarar extinta la acción penal en el proceso que se inició contra el señor SAMUEL ALEXANDER MALDONADO GONZALES por suponerlo responsable de un delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor KENY ESAÚ VALLECILLO SPILBURY.-El Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria de la decisión del A Quo, por considerar que de conformidad con el artículo 42 numeral 5) del Código Procesal Penal procedía declarar la extinción de la acción penal al haber transcurrido cinco (5) años de haberse dictado un sobreseimiento provisional, sin que se haya reabierto la investigación y por ende la prosecución del proceso penal de mérito.-ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE.-CONSIDERANDO (6): Que la impetrante estimó como violatoria del derecho de defensa, la garantía del debido proceso y del principio de legalidad, señalando que la decisión de la Corte de Apelaciones, surgió de una errónea interpretación de las leyes aplicables al caso, estimando la amparista además que se entablaron acciones y peticiones oportunas encaminadas hacia la efectiva prosecución del proceso penal, como ser la evacuación de un medio de prueba de reconstrucción de hechos admitido por el juez de letras y cuya realización no se llevó a cabo por el juez a pesar de las constantes peticiones de la acusación privada y del Ministerio Público para tal propósito.-RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía a un debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. -La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (10): Que se disputa en el presente asunto la aplicación y alcance que los órganos jurisdiccionales denunciados han hecho del artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:-“…El juez dictará sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que sí l atuvo y existe, además la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva…”-En su segundo párrafo la norma establece: “…Si dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o declaratoria de reo, el Juez, a petición del Fiscal o del Acusador Privado, podrá ordenar la prosecución del proceso. En caso contrario, se estará a lo prescrito en el artículo 42 numeral 5)”.-El artículo 42 numeral 5) del Código Procesal Penal establece que la acción penal se extingue cuando después de dictado el sobreseimiento provisional no se reabra la investigación dentro de los cinco (5) años siguientes.-CONSIDERANDO (11): Que según se advierte de lo actuado en el proceso tanto en la etapa preparatoria como en el trámite de apelación, se consideró que en el presente caso transcurrieron cinco años desde que se dictó sobreseimiento provisional sin que se reabriera la investigación, no surgiendo así nuevos elementos de prueba que dieran base para dictar un auto de formal procesamiento en contra del imputado.-CONSIDERANDO (12): Que del análisis del expediente contentivo del proceso se logra observar que, a partir del 2 de noviembre del año 2015 (F43), se insistió al juez de instancia por la parte acusadora privada la práctica de un medio probatorio denominado “reconstrucción de hechos”, así como otras diligencias investigativas, las que también fueron peticionadas por la acusación al Ministerio Público e incluso señaladas por el juez en la audiencia inicial (como ser la incorporación completa del del dictamen de autopsia 1892-14 y declaraciones testificales), sin obtener aparentemente la debida respuesta.-Fue hasta el 27 de julio del año 2016 en el que, a solicitud del Ministerio Público, el juez de letras autorizó la practica del elemento probatorio de reconstrucción de hechos, ordenándose su práctica para el día 14 de septiembre de ese mismo año a las 10:00 de la mañana (F64), no obstante, la evacuación de dicha prueba no se realizó ante la ausencia tanto del imputado como de los testigos, a pesar de haber sido citados en legal y debida forma según consta de los autos.-CONSIDERANDO (13): Que la acusadora privada solicitó de nueva cuenta al juez de letras la reprogramación de la diligencia de reconstrucción de hechos, reprogramándose la misma para el día 3 de agosto de 2017 (F91), citándose de nueva cuenta al imputado y testigo, la cual tampoco se llevó a cabo ante la ausencia del imputado y testigos, según manifestó la acusadora privada en escrito en el cual solicitó nuevamente la reprogramación de la reconstrucción autorizada por el juez de instancia y a su vez presentó solicitud para que se ordenase la prosecución del proceso la que fue admitida por el juez y señalada dicha audiencia para el día 7 de septiembre de 2017 (F102), misma que no se realizó por la ausencia del juez y su secretaria según se hizo constar en el expediente de mérito (F103).-CONSIDERANDO (14): Que, ante una nueva solicitud de evacuar la reconstrucción de hechos presentada por el Ministerio Público, el juez de letras autorizó día y hora para la misma, esta vez para el día 18 de octubre de 2018 (F109) y al no realizarse por causas no establecidas en el expediente judicial, se señaló nuevamente para 11 de abril del año 2019 (F114). -Es de hacer notar que hasta ese momento habían transcurrido seis (6) meses desde la última programación a dicha reconstrucción de hechos y más de cuatro (4) años desde que se dictó el sobreseimiento provisional en audiencia inicial. La audiencia señalada para el día 11 de abril de 2019 tampoco se llevó a cabo, esta vez por la ausencia del juez y de su secretaria conforme se hizo constar en el expediente judicial (F116). -Se señaló nuevamente dicha reconstrucción de hechos para el día 15 de mayo de 2019 (F116v) pero tampoco se llevó a cabo por la ausencia del juez y su secretaria quienes se hizo constar en el expediente judicial a folio 117 que se encontraban (SIC) “…haciendo diligencias inherentes al Juzgado”.-Posteriormente, se señaló nuevamente dicha diligencia para el 28 de junio de 2018 de manera oficiosa por el juez (F117V), pero tampoco asistió según constancia por encontrarse—nuevamente— haciendo (SIC) “…diligencias inherentes al Juzgado” (F118). -CONSIDERANDO (15): Que, del estudio del expediente judicial, se logra percibir un patrón de inactividad e indiferencia manifiesta por parte del juez de letras en el presente asunto con respecto a la prosecución del proceso, como ser la evacuación de un medio probatorio admitido por él mismo, pues se ha comprobado del expediente judicial que el juez de letras de manera incesante programó y reprogramó la reconstrucción de hechos como elemento de prueba desde el año 2016 hasta el año 2020, incluidas las rogatorias de la acusación privada de que fuese ordenada la prosecución del proceso, las que no fueron consideradas por el juez de letras. Siendo inverosímil para esta Sala que en el lapso de 4 años un juzgador de letras no tenga la capacidad o autoridad suficiente para llevar a cabo esta diligencia.-El expediente judicial evidencia que el juzgador de instancia dejó transcurrir el tiempo sin darle cumplimiento a sus propias resoluciones, en las que claramente ordenaba la evacuación de la prueba de reconstrucción de hechos, la que en muchos casos no se llevó a cabo simplemente por estar ausente el juez y sin ofrecer tampoco mayor justificación para ello. -Evidentemente este patrón de excesiva e injustificada pasividad permitió el retraso de la causa y el paso del tiempo el cual transcurrió hasta que se cumplieron los cinco años que la ley dispone y fue así que llegó a decretarse la extinción de la acción penal, sin que el juzgado de letras observase preceptos y principios esenciales del proceso penal, como ser la finalidad del mismo (la realización pronta y efectiva de la justicia penal); el respeto y acatamiento de las decisiones de los jueces y la prohibición de limitar la actividad jurisdiccional; todo esto se encaminó hacia una obstrucción del derecho a la prueba en perjuicio de la víctima, lo que desembocó en una transgresión a la tutela judicial efectiva y con ello, a la garantía a un debido proceso, derechos reconocidos por nuestra constitución y que los jueces tienen la obligación no solo de garantizar sino de hacer efectivos, estos es, de que los mismos se cumplan y acaten de manera irrestricta.-CONSIDERANDO (16): Que en las palabras del Tribunal Supremo español (refiriéndose al tema de la prescripción penal), se ha dicho que existen actos procesales que implican una efectiva prosecución del proceso y aquí se incluyen aquellos que son dotados de un auténtico contenido material y sustancial.-Siguiendo este orden de ideas, esta Sala estima acertadas las aseveraciones de la recurrente en cuanto a que la parte a la que representa ha hecho y peticionado a los órganos de investigación y al juez de letras conocedor de la causa, la realización de actos procesales que pueden estar revestidos de un auténtico contenido material y sustancial y que por su naturaleza implican una efectiva prosecución del proceso, como lo ha sido la evacuación de medios probatorios, entre ellos una reconstrucción de hechos que ha venido siendo solicitada por la acusadora privada en reiterados momentos del proceso, como ya lo hemos relacionado, apreciándose por parte de esta Sala, una inexplicable demora y un constante aplazamiento de esta diligencia por parte del juez de instancia, lo que ha acontecido también para señalar la audiencia de prosecución del proceso, en algunos casos por motivos superfluos, lo cual contraviene manifiestamente la garantía a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva en perjuicio de la parte acusadora privada e incluso de la sociedad que debe representar el Ministerio Público, pues este derecho comporta a su vez el derecho de las partes a la efectividad de las resoluciones judiciales, derechos que el juez de instancia tiene el deber de proteger como parte de su papel de juez garante del debido proceso.-CONSIDERANDO (17): Que el Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por el A Quo y no garantizar la efectividad de estos derechos incurre a su vez en las mismas violaciones que aquel, las que como ya lo dijo esta Sala, han causado una afectación al derecho a la prueba y con ello se ha colocado a la víctima en una situación de indefensión cuando no ha sido practicado un medio probatorio admitido por el órgano jurisdiccional por causas no imputables a la parte que lo propuso y en definitiva de manera impropia se sanciona a la víctima con la pérdida de su acción cuando ha sido el propio órgano jurisdiccional el que ha provocado que la prosecución del proceso no se lograse, no solo por sus constantes ausencias a las diligencias que él mismo programó, sino que además por la inobservancia de normas procedimentales atinentes al caso, como lo estipulado en el artículo 233 del Código Procesal sobre la abstención injustificada de un testigo a comparecer luego de ser debidamente citado, así como las consecuencias legales que tiene el hecho de que un imputado (sin grave impedimento) no atienda una citación, contemplada en el artículo 108 del mismo cuerpo de leyes.-Esta Sala considera que independientemente de lo que logre probarse o no con este elemento de prueba no practicada, el hecho de haber sido admitido y que se haya señalado audiencia para su debida evacuación, lo constituye en un acto relevante para la prosecución del proceso, y con ello debe descartarse que no se ha reabierto la investigación como lo exige el artículo 42 numeral 5º, pues las pretensiones investigativas han sido vastas y reiteradas, más aun cuando la parte acusadora privada y ocasionalmente el Ministerio Público han instado al juez a decretar la prosecución del proceso y la continuidad de la investigación desde el año 2016, pero la ineficacia y ociosidad que el mismo juez ha dado a sus propias resoluciones han prácticamente inutilizado y saboteado el proceso, llegando al extremo de dejar pasar cinco años inobservando las reglas y principios esenciales del proceso penal y con ello la disminución patente de las garantías constitucionales y fundamentales del proceso.-En el presente caso no ha existido criterio de razonabilidad por parte del A Quo desde el momento en el que ha desconocido las constantes y relevantes pretensiones de la acusación privada para la prosecución del proceso, ignorando a su vez el juez A Quo—y por ende el Ad Quem—la existencia de resoluciones judiciales encaminadas a esta prosecución como el señalamiento de numerosas e infructuosas audiencias para la evacuación de prueba admitida por el juez, que por el hecho de haber sido admitida se entiende que fue considerada útil, relevante y pertinente para la acreditación de los hechos denunciados por el Ministerio Público, en este caso un supuesto delito de homicidio en perjuicio del señor K. E. V. S..- CONSIDERANDO (18): Que es por las razones anteriormente relacionadas que esta Sala estima que en el presente asunto ha existido vulneración manifiesta a la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, por cuanto la instrucción del proceso no se ha realizado de manera diligente por parte del órgano jurisdiccional del Estado, cuya inhibición e ineficacia han permitido la inactividad del proceso, volviendo inejecutables e inefectivas resoluciones judiciales de obligatorio cumplimiento que el propio juzgado ha ordenado y que conducen a la prosecución del proceso, desconociendo así normas y principios esenciales del proceso penal; vulneraciones que han sido conocidas y consentidas por el Tribunal de Alzada en la sentencia cuyo cumplimiento se reclama por medio del presente recurso de amparo, abandonando así el deber del Estado de prevenir y reprimir las conductas delictivas para así mantener y asegurar la paz social y la seguridad pública.-CONSIDERANDO (19): Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala ha encontrado razones de mérito para OTORGAR la protección y restitución de derechos constitucionales a favor de la agraviada, al advertirse violación a la garantía a un debido proceso y la tutela judicial efectiva por parte de la autoridad denunciada, la que ha ratificado y por ende consentido violaciones constitucionales permitidas por el juez de instancia, de acuerdo con los razonamientos y consideraciones plasmadas en este fallo, situación que debe ser corregida por la Alzada, la que, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación coherente y razonada de conformidad con las consideraciones de este fallo. -PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: OTORGANDO la garantía de amparo invocada por la Abogada SANDRA SUYAPA CHEVEZ ANGELINO a favor del señora DIANA MARITZA SPILBURY LAGOS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declaró NO HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL ALEXANDER MALDONADO GONZALES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de KENY ESAÚ VALLECILLO SPILBURY; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0584-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11